MODELOS DE ESCRITOS

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MODELOS DE ESCRITOS

Notapor SOL DE OTOÑO » Mié May 21, 2008 10:58 am

Podrían pasarme algún modelo donde se embarguen derechos y acciones de un boleto de compra venta?
SOL DE OTOÑO
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Re: MODELOS DE ESCRITOS

Notapor Gabriela Vanesa » Jue May 22, 2008 7:42 pm

PROMUEVE ACCION POR AMPARO – REQUIERE MEDIDA CAUTELAR

Sr. Juez:
PABLO C, por derecho propio, con domicilio real en la calle Av. xxxxxxxxxxxxx, Capital Federal y constituyendo el procesal conjuntamente con mi letrado patrocinante Dr. xxxxxxxxxxxxxxx C.P.A.C.P. en la calle Talcahuano 550, 8° piso, Consultorio Juridico Gratuito de la Facultad de Derecho, de esta Capital, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I - OBJETO
Que vengo en tiempo y forma a interponer acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional (en adelante, CN) y ley 16.986 en lo pertinente, contra el Poder Ejecutivo Nacional –Ministerio de Salud y Acción de la Nación–, con domicilio real en la Avenida 9 de Julio 1925 de esta Capital Federal, a fin de que condene a la demandada a tomar todas las medidas pertinentes para obtener e implantar al suscripto un cardiodesfibrilador implantable en posición pectoral, con caja activa, onda de choque bifásica y almacenamiento de electrogramas endocavitarios con estimulación bicameral con respuesta en frecuencia (tipo DDDR) marca CPI modelo PRIZM DR, marca Ventritex modelo PHOTON o marca Medtronic modelo GEM SR. La falta del implante del cardiodesfibrilador en mi persona, ha generado dos nuevos episodios sincopes, circunstancia que pone en grave peligro mi salud y mi vida.

La no entrega por parte del Estado del cardiodesfibrilador mancionado y solicitado importaría una flagrante violación al derecho a la salud y a la vida, estando estos tutelados en los arts. 14, 14 bis, 75 inc. 22 CN (arts. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales – en adelante PIDESC – arts. I y XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre –en adelante, DADDH-, arts. 3 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –en adelante, DUDH).

En consecuencia, y en virtud de la legitimación reconocida en el art. 43 de la Constitución Nacional tanto a mi persona, como a las asociaciones y a la Defensoría del Pueblo en materia de derechos colectivos, solicito a V.S. condene al Estado Nacional a que estime los medios necesarios a efectos que se me otorgue e implante el cardiodesfibrilador, como así, la adecuada asistencia médica, la que no puede ser costeada por mi parte.

Finalmente, vengo también a solicitar que se decrete en forma
urgente la medida cautelar detallada en el capítulo correspondiente, notificando la misma tanto al Ministerio de Salud de la Nación como a la Sindicatura General de la Nación.

II - Legitimación
Baso mi legitimación para interponer la presente acción en función de lo normado por el art. 43 de C.N. y demás derechos constitucionales reconocidos en el plexo legal de aquella.
Me encuentro legitimado para interponer la presente acción de amparo, toda vez que mi derecho a la salud y a la vida se encuentran reconocidos en nuestra Carta Magna, como así también por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.

III - HECHOS
Que el 6 de abril de 2001, fui internado en la Fundación Favaloro por padecer una patología clínica diagnosticada como “comunicación interventricular (CIV)” y “comunicación interauricular (CIA)”, motivo por el cual se me efectuó coronariografía, ventriculograma, cateterismo derecho e izquierdo, cavografía e oximetrías que informaron arteria coronaria derecha sin lesiones, tronco de coronaria izquierda sin lesiones, descendente anterior y circunfleja sin lesiones, ventrículo izquierdo con deterioro moderado a severo de la función sistólica. En el resumen de internación consta la realización de una cirugía cardiaca en mayo de ese mismo año. Además, se me realizó cierre de CIV y CIA.
Sin perjuicio de ello, el 9 de mayo de 2001 comencé a padecer trastornos de la conducción intraventricular y pausas sinusales. Posteriormente, se me informó que mi sistema cardíaco sufría una dilatación biventricular con severo deterioro de la función biventricular, evolucionando con mareos relacionados con la deambulación.
Reingresé reiteradas veces a la Fundación Favaloro durante el mes de mayo de ese mismo año por un cuadro presincopal constatándose un aleteo auricular por el cual se me colocó marcapasos transitorio para luego implantarme marcapasos definitivo tipo DDDR con posterior recambio de los cables del sistema, procedimiento que se realizó sin complicaciones el 20 de julio de 2001.
Sin embargo, el 25 de julio, presenté un nuevo cuadro de síncope y se constató aleteo auricular que fue tratado mediante radiofrecuencia en forma exitosa. Asimismo en ese mismo procedimiento se me realizó estimulación ventricular programada la cual fue positiva en virtud de la presencia de taquicardia ventricular monomorfa sostenida con descompensación hemodinámica.
Asimismo, se me otorgó el alta médica con control ambulatorio con el Servicio de Electrofisiología con fecha 6 de agosto de 2001.
Que por seguir padeciendo trastornos en mí sistema cardíaco, y con motivo de obtener una adecuada asistencia médica que me permitiera sanar de manera definitiva, concurrí desde el mes de septiembre del año 2001 al Hospital Municipal "Cirujano Mayor Cosme Argerich", división cardiología, sección electrofisiología, a cargo del Dr. Alberto O. Ramos, donde se me indicó que me debería someter a una nueva intervención quirúrgica con motivo de implantarme un cardiodesfibrilador. Así también, la Junta Médica del mismo nosocomio, presentó un nuevo dictamen, con fecha 15 de noviembre de 2001, por el cual se reiteraba el pedido de cardiodesfibrilador, remarcando la urgencia de esa solicitud.
Desde ese momento, fueron constantes mis esfuerzos a efectos que distintas entidades públicas y privadas me proporcionaran el mentado cardiodesfibrilador, sin tener resultado positivo ante mí pedido, debido a que por el costo del mismo y mis actuales condiciones económicas que no me permiten obtenerlo, como así no tener una cobertura médica adecuada por no contar con trabajo estable, me presenté ante el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación a efectos que el ente mencionado me proporcionara dicho cardiodesfibrilador.
En efecto, con fecha de noviembre de 2001 me presenté ante la Administración Pública para gestionar y formalizar el pedido, iniciando el correspondiente trámite administrativo que, sin perjuicio de ello, me informaron en forma verbal “que el Ministerio no contaba con el cardiodesfibrilador que les estaba solicitando”. No obstante lo expuesto, seguí concurriendo cotidianamente al Ministerio de Salud a efectos de verificar si mí pedido había sido acogido. Pero mis frecuentes visitas no fueron más que una mera pérdida de tiempo, puesto que en todas las ocasiones se me informaba verbalmente que no se había resulto la petición.
Por ello y atento a mí delicado estado de salud y la urgencia con la que cuento para que se me realice el implante del cardiodesfibrilador mencionado y la postura indiferente de la Administración Pública ante dicho pedido al no resolver con la celeridad que mí estado de salud requiere, es que concurro ante VS a efectos que se haga lugar a mí petición y en forma urgente se ordene la medida cautelar solicitada, puesto que de esperar la manifestación de la voluntad administrativa al reclamo incoado, configuraría de suyo además de un ritualismo inútil, (dado que recuerdo a SS que se me ha informado verbalmente que no cuenta el Ministerio con lo solicitado por mí parte) , un tiempo excesivo que podría agravar aún más mí actual estado de salud, dado que de no obtener en forma inmediata el cardiodesfribilador solicitado, me costará la vida.
Note SS la necesidad y la urgencia del presente pedido, por lo que solicito se haga lugar al mismo y ordene la medida cautelar mencionada en el capítulo correspondiente.

IV - DERECHO VULNERADO
El derecho a la salud. El derecho a la vida.

Según los organismos especializados en materia de salud, se entiende por salud “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades” (Organización Panamericana de la Salud: Constitución de la Organización Mundial de la Salud. En Documentos Básicos, Documento oficial Nº 240, Washington, 1991, p. 23).

Paralelamente, la salud ha sido reconocida –en el ámbito nacional e internacional– como un derecho humano, inherente a la dignidad humana, de forma tal que el bienestar físico, mental y social que pueda alcanzar el ser humano constituye un derecho que el Estado está obligado a garantizar.

La primera norma internacional que consagra expresamente el derecho a la salud data de 1946 y es la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) que refiere como uno de los derechos fundamentales “... el disfrute del más alto nivel posible de salud”.

Luego de ello, diversos instrumentos internacionales de derechos humanos han consagrado el derecho a la salud. Dichos instrumentos se encuentran en lo más alto del ordenamiento jurídico argentino, es decir, gozan de jerarquía constitucional (CN, art. 75, inciso 22).

En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 25 establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure (...) la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica...”.

El derecho a la salud también se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su art. 12 establece que en los estados parte “deberán tomarse las medidas necesarias para la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad para asegurar a toda persona el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (art. 12. párr. 1ro. y 2.c).

En el ámbito americano la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en su art. XI proclama que “Toda persona tiene derecho a que la salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado “Protocolo de San Salvador”, firmado por la República Argentina, establece en su art. 10.1 el derecho a la salud en los siguientes términos “toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. Dice en el punto 10.2 que “Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los estados parte se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a) la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la de asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b) la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del estado;
c) la total inmunización con las principales enfermedades infecciosas;
d) la prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas...”.

Tres aspectos del derecho a la salud se han plasmado en los instrumentos internacionales de derechos humanos: “la declaración del derecho a la salud en cuanto derecho básico; la sanción de normas con miras a subvenir las necesidades de salud de grupos de personas concretos y la prescripción de vías y medios para dar efecto al derecho a la salud” (Theo Van Boven “The right to health as a Human Right”, Workshop, 1979; p. 54-55).

El concepto de salud en tanto derecho humano pone el énfasis en los aspectos sociales y éticos de la atención de salud del estado y revela que su negación, al igual que a la de cualquier otro derecho se puede impugnar legítimamente.

A su vez, el derecho a la salud constituye un presupuesto esencial del inalienable derecho a la vida. En relación con ello, cabe señalar lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/ Recurso de Hecho"(Sentencia del 24 de octubre de 2000):

“... el Tribunal ha considerado que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284; 310:1112). También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos 316: 479, votos concurrentes). Que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Ley Suprema), reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud –comprendido dentro del derecho a la vida– y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas... (Fallos: 321:1684 y causa A.186 XXXIV "Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986" del 1 de junio de 2000, mayoría y votos concurrentes y dictamen del señor Procurador General de la Nación a cuyos fundamentos se remiten)”.

V - APLICACIÓN DIRECTA DE NORMAS INTERNACIONALES
OBLIGACIONES DEL ESTADO.
Existe un marco conformado por tratados Internacionales, con rango constitucional, –Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales–, Convenios Internacionales, que garantizan el derecho a la salud sin discriminación.

Cabe agregar que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde la reforma del año 1994 poseen jerarquía constitucional por imperio del art. 75 inc. 22 de la C.N. Ello significa que comparte con la Constitución su supremacía y que, por lo tanto, se sitúa en el vértice de nuestro ordenamiento jurídico.

Ello implica, también, que leyes, decretos, y reglamentos del poder ejecutivo, resoluciones administrativas, actos administrativos de alcances individuales, y sentencias deban aplicarlas en un doble sentido, no sólo no contradiciéndola con las normas de las Convenciones sino en sentido positivo, adecuándose a lo prescripto por el tratado de modo que el tratado se desarrolle a través de esos dispositivos. (Bidart Campos, G. "Constitución, Tratados y normas infraconstitucionales sobre derechos humanos en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño", en Derecho y los chicos, María del Carmen Binchi (comp.), Espacio, Buenos Aires, 1995, p. 37).

En este sentido, se ha señalado que: "...a los tratados internacionales –mucho más cuando, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen jerarquía constitucional– hay que adjudicarles lo que se da en denominar "fuerza normativa" (Bidart Campos, ob. Cit.). Quiere decir, en otras palabras, que son normas jurídicas, que tienen aplicabilidad directa.

La vigencia de los tratados de derechos humanos, reiteramos, no está destinada solamente a servir de complemento del derecho interno sino que, necesariamente, implica condicionar el ejercicio de todo el poder público, incluido el que ejerce el poder judicial, al pleno respeto y garantía de estos instrumentos.

VI - PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Conforme lo determina el art. 43 de la Constitución Nacional, la procedencia de la acción de amparo se encuentra supeditada a la existencia de determinados requisitos, a saber:

1. Acto u omisión de autoridad pública

De acuerdo a lo detallado en los acápites precedentes, sin bien no existe por parte de la Administración “acto firme”, sí existe omisión, puesto que el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación ha informado en forma verbal que carecía del aparato cardiológico solicitado, haciendo a priori caso omiso a mí petición, siendo excesivo el plazo de espera que la resolución administrativa importa.
Sin perjuicio de lo expresado ut-supra, me permito mencionar los dichos del Dr. Osvaldo Alfredo Gozaíni “...Obsérvese que el acto lesivo que caracteriza el artículo 43 de la CN expande la atención al juzgamiento de hechos, actos u omisiones de autoridades públicas o de particulares...” (GOZAINI, Osvaldo Alfredo, “El derecho de amparo”, Ed. Depalma, página 79) , y abunda dicha postura, los expresado por el Dr. Quiroga Lavie “ ... las circunstancias siempre gobiernan la vida del derecho. Que el derecho no pretenda negar las circunstancias, con el resultado de instalar el desamparo de los derechos”( QIROGA LAVIE, Héctor, “ Actualidad en la jurisprudencia sobre amparo”, pág. 1057)

En este sentido, el art. 1 de la ley 16.986 requería que el acto u omisión impugnado lesione, restrinja, altere o amenace, en forma actual o inminente, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. Este principio fue reforzado y ampliado por la reforma constitucional de 1.994, abarcando en el presente todos lo derechos y garantías reconocidos por la Constitución, los tratados y las leyes.

La conducta del Ministerio de Salud de la Nación encuadra dentro de las previsiones tanto del art. 1 de la ley 16.986 como del art. 43 de la Constitución Nacional, toda vez que a raíz de la falta de la provisión del cardiodesfibrilador se lesionan mís derechos constitucionales, privándome de manera arbitraria del acceso a la salud, que como se expuso resulta ser un derecho fundamental, reconocido tanto por la Constitución Nacional (art. 14, 14 bis y 75 inc. 22 CN) como por los distintos pactos internacionales de los que la República Argentina es parte (arts. 12 del PIDESC, arts. I y XI de la DADDH, arts. 3 y 25 de la DUDH).

Por todo ello es que estimo que V.S. debe arbitrar las medidas necesarias a fin de que la demandada cese en su conducta lesiva, garantizándome los medios suficientes a efectos de proceder a mí intervención quirúrgica.

2. Daño real y actual a los derechos de acceso a la salud y el derecho a la vida.

El acto u omisión lesivo causa un daño real y actual a los derechos de acceso a la salud y al derecho a la vida, garantizados por el artículo 75, incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional.

Finalmente, aún cuando la naturaleza de los derechos, conjuntamente con los claros precedentes jurisprudenciales, me eximiría de toda explicación, es conveniente señalar que el art. 43 de la CN ha extendido la procedencia del amparo a aquellos derechos que surgen de los tratados internacionales; de esta forma queda indudablemente ampliado el marco más acotado que disponía el art.1 de la ley 16.986.

Más allá de ello, y dado que los derechos comprometidos se encuentran consagrados en forma explícita por la Constitución Nacional, resulta innecesario extendernos acerca de la procedencia del amparo por razón de la materia.

3. Arbitrariedad o ilegalidad manifiesta

El accionar del Ministerio de Salud de la Nación resulta manifiestamente contrario a la orden jurídico vigente, lo que surge del mero ejercicio comparativo entre la conducta atacada y la normativa aplicable en la materia, potenciando la gravedad de mí salud, la demora en la resolución administrativa que me otorgaría la posibilidad de obtener el aparato cardiólogo.

De esta manera, la demandada violenta abiertamente el ordenamiento legal al no garantizar la prestación básica que nuestro sistema de seguridad social basado en el principio de solidaridad otorga a todos los ciudadanos que no cuentan con obra social ni sistema de salud privado, contradiciendo su accionar con la legislación aplicable, lo que aparece a todas luces como una ilegalidad manifiesta, como fue expuesto anteriormente.

Nos permitimos recordar que al existir una palmaria lesión a los derechos constitucionales, el principio de la supremacía constitucional resulta de aplicación inevitable, ya que los magistrados tienen por función primordial velar por el debido respeto a los derechos y garantías constitucionales (Fallos 306:400). La "manifiesta" arbitrariedad o ilegalidad exigida por la ley 16.986 no requiere "... que sólo sea posible atacarlos cuando el vicio denunciado posea una entidad de tal magnitud que resulte posible reconocerlo sin el menor análisis. Lo que exige la ley en este aspecto para abrir la competencia de los órganos judiciales es, simplemente, que la restricción de los derechos constitucionales provocada por un acto u omisión de autoridad pública sea claramente individualizada por el accionante, que se indique con precisión el o los derechos lesionados, resulte verosímil su existencia y pueda evidenciarse con nitidez en el curso de un breve debate" (CN Cont. Adm., Sala II, 13-7-76, ED 69-293, el subrayado es propio).

Sin embargo, y por un principio de eventualidad, recordamos que la Corte Suprema había interpretado dicha parte del inc. d) en forma favorable a la procedencia de la vía procesal, al afirmar que "... siempre que aparezca de un modo cla¬ro y ma¬nifiesto la ilegitimidad de una restricción cual¬quiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remi¬tiendo el examen de la cuestión a los proce¬dimientos or¬di¬narios admi¬nistrativos o judiciales, corresponde que los jueces resta¬blezcan de inmediato el derecho restrin¬gido por la rápida vía del amparo ("María Teresa Mayorca de Ingrone c/ Consejo Nacional de Educa¬ción y otro", voto del Dr. Risolía 7.7.67, Fallos 268: 159; causa "Carlos José Outon y otros", 29.3.67, Fallos 267: 215; "Arenzón, ...", ya citado, (Fa¬llos 306:399); "Radio Universidad del Litoral, ..." (Fallos 306:1253); entre muchísimos otros).

4. Inexistencia de un medio judicial más idóneo

Respecto de la inexistencia de un medio judicial más idóneo a los fines de tutelar el derecho constitucional de acceder a la salud y al derecho a la vida, resulta ilustrativo citar el siguiente fallo por demás esclarecedor sobre el tema: “Apareciendo de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de la restricción, la existencia de procedimientos administrativos previos o paralelos no son, en el caso, obstáculo para la procedencia del amparo, en razón de estimarse que el tránsito por ellos traería aparejado un daño grave e irreparable, cual sería la pérdida del período lectivo...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de Mendoza del 22 de junio de 1983 "Moreno, Juan J." La Ley, 1984-A, 118); por otro lado en autos “Ballestero, José s/ Acción de Amparo” C.S. octubre 4/994, se sostuvo que “la Acción de Amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pueda afectar derechos constitucionales, máxime cuando su apertura requiere circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, y la demostración, por añadidura, de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del citado proceso constitucional”.

Cabe señalar también que la jurisprudencia anterior a la reforma constitucional no requería el agotamiento de los procedimientos administrativos y por ende mucho menos se lo podría exigir ahora debido a que la reforma de 1994 ha eliminado como requisito para la viabilidad del amparo la inexistencia de procedimiento administrativo dejando solamente subsistente aquél que hace referencia a la inexistencia de otro medio judicial más idóneo.

Con respecto a la posibilidad de utilizar otro medio judicial más idóneo, la demora que se produciría esperando la resolución administrativa oportunamente iniciada y en atención a la urgencia que requiero para someterme a la intervención quirúrgica, impediría la tutela efectiva de mis derechos en cuestión, puesto que el presente caso requiere una solución urgente dado mí delicado estado de salud.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de las controversias (Fallos 300:1033 –La Ley, 1979-C, 605–) su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos 299:358, 417 y 305:307)" (CS, Julio 8-997 .- Mases de Díaz Colodrero, María A. C/ Provincia de Corrientes, Doctrina Judicial, Año XIV, Nº 20, p. 168, Buenos Aires, La Ley, 1998).

La alternativa de recurrir a recurso judicial ordinario no sería eficaz ante la proximidad de la lesión irreparable a los derechos y garantías constitucionales antes referidos, dada la extrema urgencia que el caso merece.

La Sala III de la Excma. Cá¬mara Nacional Federal Contencioso Administrativo, (17.9.84, La Ley 1984-D-360) admitió que demostrada que fuere la irreparabilidad del perjuicio derivado de la espera de una decisión en el ámbito administrativo, resulta procedente la vía judicial de la acción de amparo. También se ha admitido la viabilidad del amparo cuando no existan otras vías (judiciales o no) que permitan obtener "adecuada" protección jurisdiccional (LL 112-796, "Olmedo, Héctor" C. Nac. Civil, Sala F, 7-5-83). Es más, lo indispensable a analizar no es que exista una vía procesal alternativa, sino que lo que hay que considerar inexcusablemente, es si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo (Sagües, ob. cit. pág. 169).

Este criterio fue también adoptado por la Corte Suprema de Justicia desde hace muchos años, resultando hoy doctrina pacífica y de inevitable aplicación al caso de autos, aquel pasaje ya citado que sostiene que "... siempre que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios administrativos o judiciales, corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del amparo (Fallos: 241:291; 280:228; 147:738;) ("Arenzón, ...", ; el subrayado no está en el original).ob.cit., cons. 4

En este sentido se ha sostenido que "Al exigirse la existencia de otros medios judiciales para negar in limine el acceso al amparo, ello significa que aquellos deben ostentar la misma eficacia, la cual no se logra si la demora en los trámites pudiera hacer ilusoria o mas gravosa la decisión que en definitiva se dicte, pues, ello importaría el cercenamiento de los derechos de defensa" (Voto del Dr. Coviello CNFed. Cont.Adm., Sala V, nov 22 -1996- "Metrogas S.A. c/Ente Nacional Regulador del Gas"). Este mismo criterio fue adoptado por la sala D de la Cámara Nacional en lo Civil al sostener que "siendo el amparo el medio eficaz no es posible lograr ese objeto por otras vías legales mas lentas" (CNCiv., Sala D, 19 abr. 1968 - E.D. 23-427).

Por su parte, Augusto Morello, opina que a partir de la reforma de la CN de 1994, la acción de amparo juega como una alternativa principal y no subsidiaria, utilizándose otras vías solo cuando sean mas idóneas, eficaces, útiles y efectivas, circunstancia esta ultima que considera excepcional (Morello, Augusto en "Diario de J.A." 28 de diciembre de 1994). En este mismo sentido se ha pronunciado Gordillo: "la mayor o menor idoneidad de una vía judicial para ser preferida a otra ha de estar dada por su mayor menor brevedad, sencillez y eficacia para la tutela de los derechos constitucionales" (Gordillo, Agustín "Tratado de Derecho Administrativo" T. 1 Ed. Macchi.).

Se ha demostrado ya el daño irreparable que produciría remitir la cuestión a los procedimientos ordinarios, por lo que entendemos que resultaría manifiestamente improcedente que se formulen objeciones a la procedencia del amparo sobre esta base.

VII – COMPETENCIA
En atención a que el demandado resulta ser el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, y que se requiera la continuación de la prestación de un servicio por parte del demandado, V.S. es competente para entender en la presente acción de amparo.


VIII - MEDIDA CAUTELAR
Por las razones expuestas en el presente escrito, en los términos del Libro I - Titulo IV - Capitulo III del CPCCN, y en atención a la gravedad y urgencia del caso, solicito que, como medida cautelar, se ordene al Estado Nacional que de forma inmediata estime los medios necesarios para que pueda obtener el cardiodesfibrilador, como así se me asigne turno inmediato en el Hospital Cirujano Mayor Cosme Argerich a efectos de proceder a la intervención quirúrgica solicitada, hasta tanto quede resuelta la cuestión aquí planteada.

En efecto, se configuran en la especie los recaudos exigidos por la ley ritual para admitir la procedencia de esta medida cautelar, por cuanto:

a) la verosimilitud del derecho surge de las todas las disposiciones constitucionales, internacionales y legales mencionadas en el presente recurso. Al respecto he hecho amplias consideraciones en los capítulos precedentes, los que, según creo, demuestran acabadamente mi derecho, mucho más allá, incluso, de lo requerido para el dictado de la medida cautelar solicitada;

b) El "peligro en la demora" consiste, como ya se señaló, en la indudable gravedad del caso dado el delicado estado de salud del suscripto, y en los daños irreparables que se podrían causar a mi salud –y a mi vida– si la demandada continúa sin garantizar la provisión del cardiodesfibrilador.

En consecuencia, la denegatoria de la medida cautelar significaría, sin más, la imposibilidad de seguir viviendo por lo que note SS que de su decisión depende mi vida y el sustento de mi familia.

La jurisprudencia ha sido conteste en resolver en el sentido solicitado: “... en relación al caso aquí traído a decisión judicial, cabe destacar la jurisprudencia sentada por parte del Tribunal de Familia de Lomas de Zamora (decisorio de fecha 21/05/99, ‘S., M. I.’, en JA, Nº 6197, 7 de junio de 2000, ps. 82/4, con nota aprobatoria de Carlos A. Ghersi, bajo el título ‘Derecho Civil Constitucional a la Salud. Medidas Autosatisfactivas’), en el sentido que ante una madre que solicitaba la cobertura social del servicio médico asistencial de su hijo oxigenodependiente, el tribunal con muy buen criterio aplica el procedimiento previsto para las medidas cautelares genéricas previstas en el art. 232 del C.P.C.C. to. De la Provincia de Buenos Aires ... adaptado a las exigencias de sencillez y urgencia de las medidas autosatisfactivas, sosteniendo: ‘Comparte la medida autosatisfactiva con las medidas cautelares su carácter urgente, su ejecutabilidad inmediata y la circunstancia de que, en determinados casos –como el de autos– sea despachable inaudita parte’, evitando por demoras indebidas la consecuencia de un daño irreparable a bienes esencialísimos, como lo son la salud y la vida Asimismo y de manera concordante, entre otros, puede verse sentencia del Juzgado Nacional Civil, Nº 67, del 08/9/99, ‘R. D., J. S. c. Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica’ ... Que la medida autosatisfactiva aquí planteada, responde a la imperiosa necesidad de brindar una tutela integral y oportuna al derecho a la atención sanitaria, frente a un cuadro en el cual la demora en la sustanciación del proceso podría tornar ilusorio el derecho material” (“B., A.”, Juzg. Crim. y Correc. De Transición Nº 1, Mar del Plata, 23 de mayo de 2001, consid. XII.g.).

c) No existe otra medida cautelar disponible en lo inmediato para alcanzar el objetivo perseguido. De lo expuesto anteriormente, solicito a V.S. que, como medida precautoria, ordene de forma inmediata que se me otogue el cardiodesfibrilador implantable en posición pectoral, con caja activa, onda de choque bifásica y almacenamiento de electrogramas endocavitarios con estimulación bicameral con respuesta en frecuencia (tipo DDDR) marca CPI modelo PRIZM DR, marca Ventritex modelo PHOTON o marca Medtronic modelo GEM SR.
La presente solicitud halla su fundamento en que la violación al derecho a la salud y el derecho a la vida, surge claramente de los hechos y derecho expuestos y tiende a impedir que los derechos cuyo reconocimiento pretendemos obtener a través de la acción de amparo, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurra entre la iniciación de la acción y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Más allá que la doctrina y la jurisprudencia sostienen que alcanza con “la simple apariencia o verosimilitud del derecho, a cuyo efecto el procedimiento probatorio es meramente informativo y sin intervención de la persona contra la cual se pide la medida” (Palacio, Lino Enrique, Manual de Derecho procesal civil, 12 ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996, p. 771), cabe afirmar que de la alegación de los hechos, del derecho y de la prueba acompañada, surge que no nos encontramos ante una simple apariencia sino ante una certeza indubitable: El Estado Nacional ha conculcado, mediante una omisión arbitraria y manifiestamente ilegal, el derecho a la salud y a la vida.
Sin perjuicio de ello, cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre esta cuestión es conteste al exigir solamente la mera verosimilitud del derecho pretendido. En un reciente pronunciamiento –en un caso sobre derecho a la salud– expresó: “Que esta Corte ha señalado reiteradamente que como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30 y 532; 323:1877)” (CSJN, Originario, “Alvarez, Oscar Juan c. Provincia de Buenos Aires y otro s/acción de amparo”, sentencia del 12 de julio de 2001).


IX - PRUEBA
Se ofrecen los siguientes medios probatorios:

1) Documental
a) Resumen de internación de la Fundación Favaloro con fecha 6/4/2001.
b) Resumen de internación de la Fundación Favaloro con fecha 25/7/2001.
c) Resúmenes de historia clínica correspondiente al Sr. C. Pablo, del Hospital Municipal Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich, de fecha 17/9/2001 y de fecha 15/11/2001.
d) Documentación de tramite administrativo por ante el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, solicitando el pedido de cardiodesfibrilador.

2) Testimonial:
Se cite a declarar a:
a) ERNANDO A. S con domicilio en Avda. xxxxxxxx 000 (división cardiología, sección electrofisiología) de Capital Federal.
b) ALDO ALBERTO F, con domicilio en Avda. xxxxxxxxxxx 000 (división cardiología, sección electrofisiología) de Capital Federal.

3) Informativa:
Se libre oficio a las siguientes instituciones
a) A la Fundación Favaloro, a los efectos que remita la historia clinica Nro. 000.000
b) Al Hospital Argerich, a efectos de remitir la historia clínica y demás documentación correspondiente al Sr. C Pablo.

X - RESERVA DEL CASO FEDERAL
En virtud de requerir, la presente demanda, la interpretación de normas de carácter constitucional, hacemos en legal tiempo y forma expresa reserva de accionar por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme artículo 14 de la Ley Nº 48, en el supuesto de no hacerse lugar a nuestra petición, ya que se verían conculcados el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Así también, en caso de ser rechazada la presente demanda, la sentencia prescindiría de la aplicación de normas legales y constitucionales expresas, circunstancia que también suscita cuestión federal y de la que hago reserva expresa de someter a conocimiento del máximo tribunal.

XI - TASA DE JUSTICIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 13 inciso b) de la ley 23.898 la acción de amparo está exenta del pago de tasa judicial.
XII - Autorizaciones
Solicitamos se autorice indistintamente a la Dra. Roxana Tomo , Fo. C.P.A.C.F., y a las Srtas. xxxxxxxxxxxxxx y los Sres. xxxxxxxxxxxxxxx a realizar los siguientes actos: 1) consultar el expediente o retirarlo en préstamo; 2) diligenciar oficios, mandamientos y cédulas; 3) retirar certificados, testimonios o copias de escritos, documentación o resoluciones; 4) extraer fotocopias, y 5) cumplir cualquier otro trámite necesario para impulsar las presentes actuaciones.

XIII - Petitorio

Por las razones expuestas, solicitamos a V.S.:

1. Me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio indicado;
2. Se corra traslado de la demanda;
3. Se agregue la prueba documental ofrecida;
4. Se haga lugar a la medida cautelar solicitada, librándose cédula a diligenciarse en el día y con habilitación de días y horas al Ministerio de Salud de la Nación.
5. Se haga lugar a la acción presentada.


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Re: MODELOS DE ESCRITOS

Notapor Gabriela Vanesa » Vie May 30, 2008 10:55 pm

PROMUEVE INFORMACIÓN SUMARIA
Señor Juez:
XXXXXXXXXXX, por mi propio derecho, con domicilio real en la calle XXXXXXXXXXXX, Capital Federal, constituyendo allí mismo el legal conjuntamente con mi letrada patrocinante, Dra. XXXXXXXXXXXX- a V. S. respetuosamente me presento y digo :

I. OBJETO.-
Que vengo a promover información sumaria a fin que V.S. ordene rectificar el apellido de XXXXXXXXXXXX, que fue inscripto erróneamente en el certificado de nacimiento de su hija XXXXXXX, como XXXXXXXXX, así como su edad que también figura de manera errónea, por las circunstancias de hecho y derecho que seguidamente se exponen.
II. HECHOS.-
En el certificado de nacimiento de FLORENCIA MAYLEN XXXXXXXXX, hija de DELFINA XXXXXXy RAMIRO XXXXXXXXXX, se asentaron los datos de la madre de manera errónea, dado que su nombre es DELFINA XXXXXXXXXy no DELFINA XXXXXXXXXXXcomo allí figura, y tampoco alcanzaba, en ese momento, la edad de 25 años como consta en dicho certificado.
Por ello pido a V.S. ordene las correcciones pertinentes, es decir, el apellido de la peticionante como DELFINA XXXXXXXXXXX, y su edad, la cual al momento de la inscripción del nacimiento en el registro era de 19 años.
Téngase en consideración que la rectificación solicitada precedentemente resulta de fundamental importancia, a los efectos de que la suscripta pueda tramitar su documento nacional de identidad argentino.
III.- PRUEBA
Se ofrece la siguiente prueba:
1.DOCUMENTAL: Se acompañan: Certificado de nacimiento de XXXXXX; Certificado de nacimiento de XXXXXXXX, legalizado y certificado; Certificado de bautismo de XXXXXXXXX; fotocopia de la cedula de identidad boliviana de XXXXXXXXXXX.
2.INFORMATIVA: Se libre oficio al Hospital Materno Infantil “XXXXXXX” a fin de que remita copia de la historia clínica de XXXXXXXXXX.

IV. DERECHO
Fundo mi derecho en las leyes 18.248 y 14.586.
V. AUTORIZACIÓN
Que a fin de compulsar el expediente, tomar notas, obtener fotocopias, presentar y desglosar documentación, diligenciar oficios, exhortos y en fin todo acto tendiente a la prosecución y finalización del presente, se autorice a las siguientes personas:
XXXXXXXXX
VI. PETITORIO
Por todo lo expuesto a V.S. solicito:
1) Me tenga por presentada, por parte y por constituido el domicilio indicado.
2) Apruebe la información sumaria promovida, ordenando rectificar los errores señalados, que figuran en el certificado arriba agregado, librando el correspondiente oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas.
3) Autorice a las personas indicadas.

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Re: MODELOS DE ESCRITOS

por Solo Derecho » Lun Oct 22, 2018 6:54 am

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Re: MODELOS DE ESCRITOS

Notapor Gabriela Vanesa » Dom Jul 13, 2008 3:15 pm

OFRECE INFORMACIÓN SUMARIA


Señor Juez:

…………………., por derecho propio, con domicilio real en ……………………….., con el patrocinio letrado de ………….., constituyendo domicilio en …………….., a V.S. me presento y respetuosamente digo:

I - OBJETO.

Que vengo a ofrecer información sumaria a fin de solicitar se declare judicialmente por acreditada mi convivencia con el Sr. ……………, ininterrumpida desde el mes de febrero del año 1964 hasta el momento de su fallecimiento ocurrido el 19 de diciembre de 2007.
La petición se efectúa a fin de iniciar los trámites tendientes a obtener la pensión por fallecimiento ante Orígenes AFJP.


II - HECHOS.

Conocí al causante a comienzos de ………………………….contás la historia de la pareja.

III - PRUEBA.

1 – Documental:
a) Partida de defunción (original y copia).
b) 3 fotografías de la pareja, una en la cual está la pareja en el año XXX, otra en la cual está la pareja y sus nietas en común cuando las mismas tenían XXX años de edad y otra en la cual está la pareja y sus nietas cuando las mismas tenían 14 años de edad (originales y copias).
c) Fotocopias del D.N.I. de la peticionante donde constan los cambios de domicilio a los mismos domicilios en los que habitaba el causante.
…………………adjuntás toda la documental que tengas y pruebe que estaban domiciliados en el mismo lugar.

2 - Testimonial:

Ofrezco asimismo el testimonio de las siguientes personas:

Los testigos depondrán a tenor del siguiente interrogatorio:
Para que diga el testigo
1- Por las generales de la ley
2 - Si conoce a la requirente.
3 - Si conoció a ……… y ………………..
4 - (En caso afirmativo a las preguntas 2 y/o 3) en qué circunstancias.
5 – (En caso afirmativo a las preguntas 2 y/o 3y desde cuándo?
6 - Si sabe el estado civil de las personas mencionadas.
7 - Si saben dónde se domiciliaban.
8 – En caso afirmativo, desde cuándo.
9 – Qué tipo de relación existía entre las personas mencionadas.
10 - Qué tipo de trato se daban públicamente entre sí estas personas.
11 – Desde qué época se daban ese trato.
12- Si la señora ……………….. continúa viviendo en el mismo domicilio.
13 - Cómo le constan los hechos expuestos.
14 - Si lo expuesto es de público y notorio conocimiento.


IV – NOTIFICACIÓN.

En virtud de lo dispuesto expresamente por el Dec. 1290/94 y la Resolución de la SAFJP Nº 373/94 en concordancia con lo establecido en el art.53 de la Ley 24.241, deberá notificarse necesariamente a Orígenes AFJP, con domicilio en xxxxxxxxxx Capital Federal, ya que el causante se encontraba afiliado a la misma. Y por existir aportes anteriores a 1994, también deberá notificarse a ANSES, con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxx.

V - LEY 23.187

Acompaño bono con lo que cumplimenta el art. 51 inc. "d" de la ley 23.187.

VI - EXENCION PAGO TASA DE JUSTICIA
Las presentes actuaciones se encuentran exentas del pago de la tasa de justicia conforme lo determina el art 13 inciso “f” Ley 23.898.

VII - PETITORIO.
Por lo expuesto, a V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentada, por parte y por constituido el domicilio procesal indicado.
2) Se tenga por agregada la prueba documental ofrecida y sus copias para su posterior desglose.
3) Se fije audiencia a fin de que depongan los testigos propuestos.
4) Oportunamente se dicte sentencia, teniendo por acreditada la convivencia en los términos solicitados, dejando constancia de la notificación a la AFJP y a ANSES.
5) Asimismo solicito la expedición del correspondiente testimonio a los efectos de peticionar la pensión directa en carácter de conviviente ante Orígenes AFJP.


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Re: MODELOS DE ESCRITOS

Notapor MARU » Lun Jul 14, 2008 10:41 pm

INICIA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL.-


Señor Juez:
Ana Clara , por derecho propio, con domicilio real en la calle , de la Capital Federal, con el patrocinio letrado de la Dra. Vanesa, Inscripta al , C.P.A.C.F., constituyendo domicilio procesal en la Av. Corrientes 1723, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

1) OBJETO:
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 254 y Concs. del Código Civil, y en representación legal de mi hijo Enrique, comparezco ante V.S. promoviendo demanda por reclamación de la filiación extramatrimonial contra José González, con domicilio real en la calle de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.
En virtud de los hechos y prueba a rendirse, así como del derecho aplicable, pido que resolver esta causa se declare que Enrique es hijo del demandado y en consecuencia se ordene inscribir la sentencia en el Registro del Estado Civil y capacidad de las Personas como nota marginal de la partida de nacimiento.

2) COMPETENCIA:
Aunque el demandado tiene su domicilio real en la Ciudad de Rosario, Provincia de santa Fe, V.S. es competente para entender en este juicio en razón de que el actor tiene su domicilio, junto a su madre en esta jurisdicción. Tiene, por eso, la opción de demandar ante los jueces de ésta, como lo dispone el Art. 5, Inc. 5º, del CPCCN.

3) HECHOS:
Como surge del certificado que acompaño, mi hijo Enrique nació en la Capital Federal el día 21 de octubre de 2000. La inscripción del nacimiento se hizo sin mención del padre.
Conocí a José González, aquí demandado, en el año 1997. Un año antes, aproximadamente, yo me había radicado en la Ciudad de Rosario, para comenzar mis estudios universitarios. Por aquel entonces tenía escasos diecinueve años y vivía en un departamento que alquilábamos una amiga y yo.
Al año siguiente conocí ocasionalmente al demandado en una reunión en casa de una compañera de estudio. Después tuvimos otros encuentros que nos unieron afectivamente, lo que determinó que estableciéramos una relación íntima que se prolongó durante más de dos años, aunque sin hacer vida en común. No tuve durante ese tiempo relación con otro hombre.
Hacia el mes de enero del año 2000 quedé embarazada lo que denoté claramente que la concepción sucedió mientras manteníamos relaciones sexuales comenzadas mucho antes. Comuniqué al demandado que esperaba un hijo suyo pero él, alegando que se trataba de un embarazo no deseado, intentó persuadirme de que abortara. Por mi parte, si bien es cierto que no entraba en mis planes ser madre, me negué a abortar. Entonces, el demandado me pidió que abandonara Rosario, pues si me quedaba, mi embarazo lo comprometería socialmente.
Así fue que poco tiempo después vine a vivir y a proseguir mis estudios en la Capital Federal. Me instalé en un pequeño departamento que era pagado por el Sr. González. Después de algunos meses de haber nacido nuestro hijo, me di cuenta que mantener esa relación afectiva a la distancia era inútil, sobretodo porque el demandado no demostraba cariño alguno hacia su hijo.
A pesar de todo, en varias oportunidades él viajó a la Capital Federal y tuvimos encuentros, aunque él no mostró interés alguno en Enrique.
Tiempo atrás, el demandado se comunicó conmigo pidiéndome que nos reuniéramos para hablar. Accedí pensando que quizá había decidido interesarse por nuestro hijo, quien ya tenía dos años. Me equivoqué una vez más. Mantuvo su negativa en reconocer a Carlos Enrique y a mantener todo contacto con él.
Hace poco más de un mes, por última vez volví a hablar con el demandado, rogándole que reconociera a nuestro hijo, pero como era de esperar, la respuesta fue negativa. Ante tal estado de cosas y en el entendimiento de que mi hijo tiene derecho a establecer su filiación paterna, promuevo la presente acción para que se determine y declare la paternidad.

4) OFRECIMIENTO DE PRUEBAS:
Ofrezco las siguientes pruebas que hacen a los hechos y derechos invocados:
a) DOCUMENTAL: Acompaño en calidad de prueba documental el certificado de nacimiento de Enrique Fernández.
b) CONFESIONAL: Se cite al demandado a la audiencia que se fije para absolver posiciones.
c) PERICIAL: Ofrezco en primer término la realización de la prueba de HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA), y en su caso si ésta no diere resultado satisfactorio en razón de los índices de inclusión de paternidad del demandado, pido subsidiariamente la realización de la prueba de tipificación del ADN.
En ambos casos solicito se designe Perito Único de Oficio para que realice en la persona del demandado, de mi hijo y mía, las extracciones necesarias para la realización de la pericia.
Como el domicilio del demandado está en la Ciudad de Rosario, pido que sea citado a esta Capital Federal a fin de concurrir al centro que el Perito indique. Por mi parte ofrezco abonar sus gastos de traslado, si éste adujere carecer de posibilidades económicas para hacerlo.
En este caso actuará como Consultor Técnico de mi parte el Dr. Juan Pérez, con domicilio en la calle , Capital Federal, a quien solicito se le haga saber el día y hora en que se llevarán acabo las extracciones de sangre necesarias para la realización de las pruebas, autorizándosele a retener una muestra de aquella a los fines del debido control de los estudios que se realicen.
d) TESTIMONIAL: Se cite a prestar declaración a las siguientes personas:
d.1.- Martin Manzú, comerciante, domiciliada en la Av. Santa Fe 1220, Capital Federal.
d.2.- Diego Moreno, Comerciante, domiciliado en la calle PPerón 9564, Capital Federal.
Los testigos declararán a tenor del interrogatorio que acompañaré en el acto de la audiencia.
e) SE DISPONGA LA PRUEBA PERICIAL COMO PREVIA A LA RESTANTE PRUEBA OFRECIDA:
Solicito que, por razones de economía procesal antes de fijar las audiencias para que el demandado absuelva posiciones y declaren los testigos, se ordene la realización de la prueba pericial, pues su resultado puede hacer innecesarias la confesional y la testimonial ofrecidas aquí.

PETITORIO:
Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:
I. Me tenga por presentada, por parte en el carácter de representante legal de Enrique Fernández y por constituido el domicilio legal indicado.
II. Tenga por promovida la acción de reclamación de filiación extramatrimonial contra el demandado, disponiendo correr traslado de ella por el término y apercibimiento de ley.
III. Se tenga presente el ofrecimiento de pruebas.
IV. Se ordene notificar el traslado de la demanda al domicilio real denunciado, mediante cédula librada de conformidad con lo dispuesto por la Ley 22.172, quedando autorizada la Dra. Vanesa, para su diligenciamiento.
V. Oportunamente se haga lugar a la demanda, con costas.




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Re: MODELOS DE ESCRITOS

Notapor MARU » Lun Jul 14, 2008 10:43 pm

INICIO JUICIO POR INSANIA



Sr. Juez:



..........., constituyendo domicilio legal en la calle........., en nombre y representación de............ con domicilio real en la calle ......... de.........., conforme lo justifico con la fotocopia del poder general que adjunto acompaño, debidamente certificada y bajo juramento de ser fiel a su original vigente a V.S. me presento y digo:



1.

Que en nombre de mi mandante, y en su carácter de "Parentesco del cliente con el insano" de ........., como se establece con la documentación adjuntada, inicio el presente juicio a fin de que, conforme a los arts. 140 y sigs. del C. Civil, se declare la interdicción de ........, con domicilio en la calle ......., de ......... con todos los alcances legales pertinentes.



2. HECHOS.

Narrar los Hechos



3. DERECHO

Que con el objeto de salvaguardar la persona y los intereses del presunto demente, es que vengo a solicitar su declaración de insania fundada en los arts. 140 a 152 del C.Civil y 624 y conc. del C.P.C.C.



4. PRUEBA

Ofrezco desde ya los siguientes medios de prueba, sin perjuicio de ampliarlos conforme a la facultad otorgada por el código ritual, solicitando se ordene su oportuna producción.

a) PERICIAL: Acompaño los certificados médicos expedidos por facultativos alienistas que lo atienden.

b) DOCUMENTAL:Detallar prueba documental



5. PETITORIO

Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

a) Me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal indicado a mérito del poder que adjunto.

b) Se agreguen los certificados médicos que se adjuntan y se tenga por formulada la presente demanda.

c) Se fije plazo a los efectos de producir la pertinente prueba que demostrará la insania denunciada, de acuerdo al art. 627 del C.P.C.C.

d) Se designen tres médicos de oficio, para que informen sobre el estado actual de las facultades mentales del presunto insano, de acuerdo al art. 626 inc. 3º del C.P.C.C.

e) Se proceda conforme a lo dispuesto en los arts. 148 del C.Civil y 629 del C.P.C.C. disponiendo el libramiento de oficios y demás que allí se enuncian.

f) Oportunamente se declare la interdicción de ......... calificando la demencia en su respectivo carácter, con arreglo a lo que disponen los arts. 143 del C.Civil y art. 632 C.P.C.C. y art. 633 C.P.C.C.



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Re: MODELOS DE ESCRITOS

Notapor MARU » Lun Jul 14, 2008 10:43 pm

PROMUEVE INCIDENTE POR AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA. CONEXIDAD CON EXPEDIENTE Nº de Expte. con Conexidad.



Señor Juez:



........., constituyendo domicilio legal en la calle ........., a V.S. respetuosamente digo:



1. PERSONERIA

Que vengo en nombre y representación de ........... con domicilio real en la calle......... de ..........., conforme lo justifico con la fotocopia del poder general que adjunto acompaño, debidamente certificada y bajo juramento de ser fiel a su original vigente. La presente acción es promovida por el derecho de mi mandante de ser esposa legítima del accionado y en ejercicio de la representación que la Patria Potestad le confiere sobre la persona de "Nombre de el o los hijos", ! del accionado, todo lo cual se acredita con las partidas de matrimonio y nacimiento que se acompañan.



2. OBJETO

Que en el carácter invocado vengo a promover incidente de los autos caratulados "Carátula del expediente principal" en trámite ante V.S. por Expte. "Nº de Expte. con Conexidad", por aumento de la cuota alimentaria pactada en esos autos para el menor, contra su padre ......., con domicilio en la calle ......., ......., solicitando que al dignarse V.S. dictar sentencia haga lugar al mismo. Ello en base a los hechos y al derecho que seguidamente expongo.



3. HECHOS

.........................................

4. DERECHO

Que baso el derecho de mi parte en lo establecido por los arts. 267 y ccds. del Código Civil así como 650 del CPCC.



5. PRUEBA

Que ofrezco la siguiente que hace al derecho de mi mandante:

a) DOCUMENTAL: "Detallar la Prueba documental".

b) TESTIMONIAL: Se ordene la citación de las siguientes personas que declararán como testigos en la audiencia que se señale:

........,.......,............, con domicilio en ..........

c) INFORMATIVA: Se libre oficio a: "Se libren oficios a ..."



6. PETITORIO

Por lo expuesto a V.S. solicito:

a) Me tenga por presentada, por parte y por constituido el domicilio legal indicado.

b) Se agregue la documentación adjunta reservándose los originales en Secretaría.

c) Se corra traslado del presente incidente por el término y bajo apercibimiento de ley.

d) Se tenga presente la prueba ofrecida, con reserva de ampliarla.

e) Oportunamente, se digne V.S. dictar sentencia, haciendo lugar al aumento de cuota alimentaria.



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Re: MODELOS DE ESCRITOS

Notapor MARU » Lun Jul 14, 2008 10:44 pm

PROMUEVE INCIDENTE DE EXCLUSION DEL HOGAR CONYUGAL



Señor Juez:



............, constituyendo domicilio legal en la calle ........., a V.S. respetuosamente digo:



1. PERSONERIA

Que vengo en nombre y representación de............. con domicilio real en la calle ........... de..........., conforme lo justifico con la fotocopia del poder general que adjunto acompaño, debidamente certificada y bajo juramento de ser fiel a su original vigente.



2. OBJETO

Que en los términos del art. 199 del Código Civil (t.o. ley 23.515) vengo a promover incidente de exclusión del hogar conyugal contra mi esposo ........., con domicilio en la calle ..........., ........... Ello en base a las razones de hecho y de derecho que seguidamente expongo.



3. HECHOS

.......................

4. DERECHO

Que fundo el derecho de mi parte en lo establecido por el art. 199 del C.C. así como 175 y ss. del CPCC.



5. PRUEBA

A fin de probar los hechos expuestos ofrezco la siguiente prueba:

a) TESTIMONIAL:

Se ofrece la declaración de las siguientes testigos:

..........,.........,.........., con domicilio en ..............

b) INFORMATIVA:

Se libren oficios a los siguientes: Se libren oficios a ........



6. PETITORIO

Por lo expuesto a V.S. solicito:

a) Admita la promoción del presente incidente de exclusión del hogar conyugal contra el demandado .............

b) Tenga por indicadas las piezas pertinentes para su formación.

c) Disponga de considerarlo la producción de la prueba ofrecida.

d) En su oportunidad decrete la exclusión del hogar conyugal del demandado en el término que V.S. fije y bajo apercibimiento de lanzamiento forzado.



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Re: MODELOS DE ESCRITOS

Notapor MARU » Lun Jul 14, 2008 10:46 pm

PETICIONAN POR ADOPCION



Sr. Juez:



............, constituyendo domicilio legal en la calle ........, a V.S. respetuosamente digo:



1. PERSONERIA

Que vengo en nombre y representación de .......... con domicilio real en la calle .......... de ..........., conforme lo justifico con la fotocopia del poder general que adjunto acompaño, debidamente certificada y bajo juramento de ser fiel a su original vigente.



2. OBJETO

Que por las consideraciones de hecho y de derecho que se expondrán y amparándose en la ley de adopción, venimos en tiempo y forma ante S.S. para que nos conceda la adopción del menor ...........



3.

Que el menor es hijo de "Nombre de los padres del menor", el que es nacido el "Fecha de nacimiento del menor" en "Lugar de nacimiento".



4.

Dicho menor se encuentra bajo nuestra guarda, por concesión del Consejo Nacional del Menor, desde "Fecha desde la cual se tiene al menor bajo guarda", como lo probaremos, de ello a la fecha de presentación de éste pedido han pasado "Años de guarda" años.

Demás está manifestar a V.S. que a ..... se le ha facilitado educación, estudios, atención médica. Además mi esposa es ama de casa por lo cual está permanentemente en la casa. Estamos casados desde el "Fecha de casamiento" como lo comprobaremos. No tenemos más elogios para el menor, quien nos demuestra un cariño que excede a toda ponderación.



5.

Que la solicitud que realizaremos a V.S. es de nuestra entera necesidad, ya que el menor es merecedor de nuestra protección con derechos para él, presentes y futuros dada nuestra posición económica, solvente de todo punto de vista, por otra parte no olvidamos que ........ se ha encontrado sin el cariño de sus padres, hasta que entró en nuestro hogar en el que creció fuerte y espiritualmente noble.



6.

Manifiesto a V.S. que nuestras entradas superan los $"Entrada mensual de los cónyuges" mensualmente.



7. PRUEBAS

a) Partida de matrimonio;

b) Certificado de buena conducta;

c) Certificado de trabajo;

d) Partida de nacimiento del menor que solicitamos en adopción;

e) Certificado otorgado por el Consejo del Menor.

f) Testimonial: Nombre, profesión, domicilio (art. 429 C.P.C.C.; y testimonial de tres testigos.



8. PETITORIO

a) Me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal indicado a mérito del poder que adjunto.

b) Se agregue la documentación acompañada.

c) Se otorgue la adopción que solicitamos, previa vista al Asesor de Menores.



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Re: MODELOS DE ESCRITOS

Notapor MARU » Lun Jul 14, 2008 10:46 pm

INICIA DEMANDA SUCESION TESTAMENTARIA



Señor Juez:



.........., constituyendo domicilio legal en la calle .........., a V.S. respetuosamente digo:



1. PERSONERIA

Que vengo en nombre y representación de........... con domicilio real en la calle ........... de ............, conforme lo justifico con la fotocopia del poder general que adjunto acompaño, debidamente certificada y bajo juramento de ser fiel a su original vigente.



2. OBJETO

Que en mi carácter de heredero vengo a promover juicio sucesorio testamentario de ..........., en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que en adelante se expondrán.



3. HECHOS

Narrar los hechos



4. CARACTER DEL HEREDERO

Del testamento, cuyo testimonio se acompaña, que fuera "Testam: ológrafo, cerrado o acto pco y partic.", surge que mi mandante es "único o coheredero", carácter que acepta y en virtud del cual se promueve la presente sucesión.



5. COMPETENCIA

La competencia de V.S. resulta del último domicilio del causante sito en ........, .........



6. ACERVO HEREDITARIO

El acervo hereditario se compone por:

Acervo hereditario constituido por ...

De estos objetos oportunamente se determinará el valor mediante los montos que les asignen las valuaciones especiales que se practicarán.

Se acompañan, asimismo, los siguientes títulos "títulos que se acompañan".



7. DERECHO

Fundo el derecho que me asiste en las disposiciones del Libro IV, Sección I de las Sucesiones, art. 3279 y sgtes. del Código Civil.



8. AUTORIZACION

Se autoriza a consultar el expediente, practicar desgloses, diligenciar cédulas, oficios y testimonios a "Se autoriza a...".



9. PETITORIO

Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

a) Me tenga por presentado, por parte en mérito a la copia de poder acompañada y por constituido el domicilio procesal.

b) Previa vista fiscal se declare válido, en cuanto a sus formas el testamento que se acompaña y se abra el juicio sucesorio testamentario de .........

c) Se agregue la documentación acompañada.

d) Se libre oficio al Registro de Juicios Universales.

e) Se libre oficio ley 10.205.

º) Se ordene efectuar la publicación de edictos.

f) Se tenga presente la autorización conferida.

g) Oportunamente se dicte declaratoria de herederos ordenándose la correspondiente inscripción.



Proveer de conformidad,



Será Justicia
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