Doctrina- Derecho Laboral

Despidos, indemnizaciones, reclamos, sindicatos, consultas y otros temas relacionados con el derecho del trabajo.

Moderador: Moderadores Ramas

Doctrina- Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Jue Ene 22, 2009 11:39 pm

El fraude a la ley - la responsabilidad social empresaria - la ética. (1)
Ponencia presentada al VI Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL - IIº Encuentro Nacional de Maestrandos - Mar del Plata, 7 y 8 de noviembre de 2008. (Texto completo)
FERREIRÓS, ESTELA MILAGROS
Publicación: www.saij.jus.gov.ar, NOVIEMBRE DE 2008

TEMA

LEYES:CARACTERISTICAS-JERARQUIA DE LAS LEYES-NORMA DE ORDEN PUBLICO-DERECHOLABORAL-CONTRATO DE TRABAJO-APLICACION DE LA LEY LABORAL-IUS VARIANDI-FRAUDELABORAL-PERIODO DE PRUEBA-DESPIDO-RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

TEXTO

PRIMERO QUÉ ES LA LEY Y QUE ES EL FRAUDE A LA LEY. Se suele afirmar, a mi modo de ver, con bastante acierto, que la ley es unprecepto común, justo, estable y promulgado. En suma, encierra igualdad detratamiento en situaciones iguales; se formula en términos generales y estáestablecido por la autoridad competente. De tal manera, encontramos en ella, obligatoriedad, generalidad, justicia yautenticidad. Entre ellas existen algunas que excluyen la voluntad privada, y a aquellos que,en determinadas circunstancias quedan aprehendidos por ellas, se les impone, sinque puedan modificarla o sustraerse a su designios y consecuencias. He allí lasleyes imperativas, a las que gran parte de la doctrina identifica con las leyesde orden público, de gran importancia en el Derecho del Trabajo. Empero, esimportante tener presente, que no es tan así y que si bien toda norma de ordenpúblico es imperativa, no toda ley imperativa es de orden público, como las queimponen formas solemnes para determinados actos. Lo cierto y que nos importa especialmente, es que, hoy por hoy, la doctrina esunánime en sostener que el juez puede decir que una ley es inderogable para losparticulares, con lo cual la incluye entre las normas imperativas, una de cuyasespecies es, sin lugar a dudas, el orden público. Cuando nos encontramos con leyes imperativas abundantes, como las que seadvierten en el Derecho del Trabajo, suele ocurrir que no siempre esaimperatividad, sea aceptada de buen grado por todos los ciudadanos, más allá deque sea lo mejor para el conjunto social. Es importante tenerlo en cuenta, habida cuenta que podemos considerar una seriede enfoques que conducen a una importante clasificación de las leyes en general,dando lugar a que podamos considerar las leyes en sentido material y formal,abarcando el primer concepto toda norma general y obligatoria, mientras elsegundo refiere a aquellas que han sido sancionadas por el Congreso de la Nación. También podemos referirnos a las leyes de derecho estricto y de derechoequitativo, siendo en las primeras, el precepto taxativo, sin dejar margen paraapreciar las circunstancias del caso concreto ni graduar sus consecuencias,mientras en las segundas, resultan menos indeterminados los requisitos del casoregulado, dejando un cierto margen para regular las circunstancias de hecho,situaciones en las que el legislador da margen para una posible graduación de lasanción. Encontramos, las leyes imperativas y las supletorias, en las cuales, lasprimeras, como dije, excluyen o suprimen la voluntad privada, imponiendo suregulación a los interesados, que no pueden modificarlas, ni sustraerse a susconsecuencias. Las supletorias, en cambio, respetan la iniciativa y la voluntadde los particulares o permiten introducir efectos de una regulacióncomplementaria, para los casos en que esa voluntad no se haya exteriorizado. Se puede hablar también, de leyes perceptivas y prohibitivas, dentro de lasleyes imperativas; la primera es la que ordena una consecuencia jurídica forzosa,imponiendo determinados actos o prestaciones, como los alimentos; y las leyesprohibitivas; son las que prohiben algo sin pronunciar una norma jurídicapositiva que haya de regir en lugar de lo prohibido. Y dentro de las leyes supletorias, encontramos, las leyes complementarias y lasinterpretativas. Las complementarias suplen la falta o carencia de la expresiónde voluntad de las partes, y las segundas, son las que tienden a determinar lavoluntad de las partes cuando ella se ha manifestado de manera dudosa oincompleta. Por otra parte, las leyes pueden ser imperfectas, cuando no consignan sanción;perfectas cuando sí la consignan y más que perfectas, cuando a la sanción comúnacumulan la nulidad del acto. La importancia de poseer un cabal conocimiento de la ley y sus distintos tipos,nos ayuda, no sólo a interpretarla, sino a tener una clara visión de cuándo y cómose ha violado. Y es también central, para el tema que abordamos, comprender claramente uno delos conceptos más difíciles del derecho, tal como es el orden público. Tancompleja es su conceptualización, que a su alrededor se han elaborado una seriede doctrinas no muy claras. Empero, puede arrimarse uno a tal conocimiento,señalando que, en la actualidad, el orden público coincide con lo que interesa alorden social, o a las instituciones fundamentales del Estado. Por eso, es absurdo pensar, que el orden público puede ser, jamás, un conceptoajeno al mundo jurídico, aclaro esto, porque en épocas recientes, se ha intentadointroducir el concepto de orden público económico, sin advertir que la economía esuna ciencia instrumental, que no pertenece al núcleo de lo institucional, sinoque ayuda a su funcionamiento, y todo lo que es orden público, es núcleo. En rigor de verdad, es imposible hablar de actos contrarios a la ley, como esel fraude, sin una cercanía a la ley misma, acerca de la cual, se explayaran,Platón, Aristóteles y Montesquieu mismo, cuando elabora: "Del Espíritu de las Leyes, y se refiere a ellas como elementos de pacificación, al expresar que: "Desde elmomento en que los hombres se reúnen en sociedad, pierden el sentimiento de sudebilidad; la igualdad en que se encontraban antes deja de existir y comienza elestado de guerra..., la ley, en general, es la razón humana en cuanto gobierna atodos los pueblos de la tierra; las leyes políticas y civiles de cada nación, nodeben ser más que los casos particulares, a los que se aplica la razón humana." Siguiendo la idea de Montesquieu, y la del propio Platón, la ley, resulta unelemento conductor de pacificación entre los hombres, a los que el propio Hobbes,consideró como "lobos", por el deseo de dominarse los unos a los otros. De tal manera, propiamente en la naturaleza humana, yace la imperfección, quetrae, necesariamente, aunque también excepcionalmente, actos contrarios a la ley. De tal manera, la consecuencia de la infracción a la ley, es aplicar la sanciónque ella misma señala, a los efectos de retornar al orden jurídico, que se havisto perturbado y desestabilizado, con clara tendencia, por lo expuesto desdeantiguo, a la ruptura de la pacificación. Es que la violación de la ley, irrumpe en el mundo jurídico, como un elemento dedestrucción del tejido social; y desde siempre, el legislador, ha sabido de susefectos altamente dañinos, tanto, para los directamente afectados, como para lasociedad toda, que aparece amenazada en su riqueza vital. De allí, que el artículo 18 del Código Civil, en una norma de aplicación general,señale que: "los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor; si la ley nodesigna otro efecto para el caso de la contravención." Este artículo 18, se está refiriendo, a las leyes prohibitivas imperativas, y lesimpone la nulidad, la cual consiste en la privación de los efectos normales delacto, como consecuencia de un vicio originario. Obviamente existen otros tipos de sanciones, ya sean de carácter positivo onegativo, siendo las primeras las que imponen una conducta, y las segundas, lasque persiguen por medios indirectos, coaccionar al infractor, al cumplimiento dela norma. En ese andarivel, es bueno recordar, ya que algunos lo han olvidado, que elcitado artículo 18 del CC, al señalar la ausencia de valor de los actos prohibidospor las leyes, se refiere a que carecen de valor como actos jurídicos, dejandoabierta la vía para la acción que como actos ilícitos pudiera caberles. Por otraparte, lo expuesto debe comparecerse, con el artículo 1037 del mismo cuerpo legal ya que si este último prohíbe a los jueces declarar otras nulidades de los actosjurídicos de las que en este código se establecen, a tal fin, debe tenerse encuenta que, la nulidad genéricamente establecida en el artículo 18 de referencia,elimina toda posibilidad de contradicción y otorga a los jueces, algo que raravez se recuerda, que es la facultad de crear nulidades virtuales. Es que lanorma de nulidades general, se considera parte integrante de todas las normasde carácter prohibitivo, evitando la necesidad de establecer en cada una de ellasla nulidad correspondiente. La LCT, detenta el artículo 13, que reza: " Las cláusulas del contrato de trabajoque modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas porleyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se consideraránsustituidas de pleno derecho por éstas." De cualquier manera, y he de volver sobre el tema, existe, dentro del mundojurídico, un ámbito de ineficacia, donde no sólo encontramos nulidades, sino queéstas, son un territorio, dentro de un contexto más amplio de ineficacia negocial,como concepto más abarcativo, del cual, la nulidad participa. Allí encontramos también el concepto: " inoponibilidad", aparecido recién en elsiglo XX, en Francia, con Japiot y Bastian y que refiere a un supuesto deineficacia establecido por la ley, que priva a un negocio válido y eficaz, de susefectos, respecto de determinados sujetos, a los que la ley dirige su protección. Ese sujeto, especialmente protegido, como es el caso del trabajador, recibe elderecho de ignorar para sí, la existencia del negocio jurídico, impidiendo a otrosejercer las pretensiones jurídicas emanadas del acto, con respecto a él. Este artículo 13 de la LCT, establece la sustitución de pleno derecho, en unreemplazo automático de la cláusula que se haya introducido en el contrato,modificando en perjuicio del trabajador los mejores beneficios establecidos enla ley, produciendo con dicho reemplazo, la imposición de la norma legal oconvencional más favorable, en una operación que se realiza, en conjunción con elartículo 7 de la misma ley. Claro está que, todo ello, sin perder de vista, que en nuestra disciplina, lanulidad por objeto prohibido está siempre dirigida al empleador, mientras que lanulidad por objeto ilícito, no permite que las partes se reclamen nada conmotivo del contrato. En suma que, en el Derecho del Trabajo, no siempre una nulidad conlleva lacesación de efectos y muchas veces, se trata de la supresión de los efectosaviesos o "in pejus" que se pretenden, con un reemplazo automático de lasconsecuencias correspondientes. 2.- EL FRAUDE A LA LEY. Tengo dicho antes de ahora que el fraude a la ley, se produce cuando, ennegocios jurídicos aparentemente lícitos, por realizarse al amparo de unadeterminada ley vigente, denominada ley de cobertura, se persigue la obtención deun resultado analógico o equivalente al prohibido por otra norma imperativa,denominada ley defraudada. (Conf. Ferreirós-Olavarría- López Palomero, Vaquez; El fraude y sus consecuencias jurídicas", Ed La Rocca, Buenos Aires, 2007) El vicio puede darse, tanto en la interpretación de la ley, en la eficacia o enla aplicación. Y no es lo mismo que la in fracción a la ley, ya que una cosa esel acto "contra legem", y otra, el acto "fraude legem" Son elementos insoslayables del fraude a la ley: a) Existencia de un negocio formalmente lícito. Allí se utiliza la norma decobertura. b) Existencia de una ley imperativa que veda el resultado análogo No se requiere la intención de defraudar, sino que resulta suficiente que hayauna vulneración objetiva de los fines de la norma imperativa. Tal como enseñaMosset Iturraspe, entre otros, no se requiere ningún elemento subjetivo. En ese andarivel se ha señalado, a mi modo de ver, con acierto, que paradeterminar si un acto es o no en fraude a la ley, hay que acudir a la causa finy comparar los fines con los intereses. Si lo fines o los intereses de laspartes, son análogos, a los prohibidos por la ley imperativa, el negocio es enfraude a ella, aunque aparezca formalmente lícito, al amparo de la ley decobertura. Es que no se busca castigar la mala fe, sino, proteger los fines delas leyes y, aunque parezca mentira, esto trae a la mente la idea, anteriormenteexpresada, de Montesquieu, de cumplimiento para la pacificación, de lapostergación de intereses personales, sobre los que prevalecen los interesessociales. En suma, debe haber una correspondencia entre el negocio querido por las partesy la razón de ser jurídica del negocio. Hay un tipo, al que se debe responder. Si no es así, si en el tipo legal, que es la razón de ser del negocio, seintroduce un defecto que distorsiona la causa, hay fraude. Así la Corte de Casación Italiana, considera que el contrato en fraude a la leyse caracteriza por las divergencias entre la causa típica del contrato elegido yla determinación causal de las partes enderezadas a eludir la norma imperativa. CASOS CLAROS DE FRAUDE A LA LEY, FRECUENTES EN EL DERECHO DEL TRABAJO Y SUSCONSECUENCIAS. A.- EL PERIODO DE PRUEBA. El artículo 92 bis de la LCT, refiere, en lo pertinente: "Cualquiera de laspartes podrá extinguir la relación durante ese lapso (se refiere a los tres mesesdel período de prueba), sin expresión de causa, sin derecho a indemnización conmotivo de la extinción, pero con obligación de preavisar, según lo establecido enlos artículo 231 y 232." En el caso que nos ocupa, nadie discute que el contrato de trabajo se encuentracon vida desde la celebración misma; empero, el legislador establece un periodode carencia durante el cual, se encuentra suspendido un efecto del contrato detrabajo, que es la estabilidad. Eso se establece, con la finalidad de que sepueda probar la aptitud, en el caso del trabajador, para la función para la cualse la requiere. Nos encontramos con una modalidad, que es el plazo por tres meses, que marca eltiempo de carencia del efecto indicado, y dentro del plazo con una condición quepor prohibición legal, no puede ser meramente potestativa, porque sería nula; esdecir no puede depender la finalidad del instituto, de la sola voluntad delempleador-obligado. La condición es que no sea apto para la función; de locontrario, no puede aplicarse la licencia que el artículo confiere. La finalidad del instituto, es la prueba; no el capricho de alguna de laspartes, ni, en el caso, del empleador, por eso, ante indicios de que el despidose produce por otro motivo, corresponde la inversión de la carga de la prueba yacreditada una causal distinta de la ineptitud, el instituto cae y el contratoretoma automáticamente la estabilidad, en razón de que la suspensión de ese efecto,desaparece. Se habría producido un fraude a la ley, por la utilización de ella, con unafinalidad distinta de la establecida por el legislador. Se estaría violando elartículo 90 de la LCT y el artículo 14 bis de la CN. B.- EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LCT. La norma en cuestión, señala, en lo pertinente:"Cuando el empleador dispongamedidas vedadas por este artículo (es decir cuando se produzca el abuso del iusvariandi), al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarsedespedido sin causa, o accionar persiguiendo el restablecimiento de lascondiciones alteradas. En este último supuesto, la acción se substanciará por elprocedimiento sumarísimo, no pudiendo innovar en las condiciones y modalidades detrabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección, hastaque recaiga sentencia definitiva". En estos casos, se suele ver con cierta frecuencia que ante la intimación deltrabajador al empleador o ante la promoción de la demanda, el principal acude alartículo 245 de la LCT y despide al reclamante. En rigor de verdad, la finalidad del novel instituto, es brindar al trabajadoruna protección especial, mientras se ventila en los estrados judiciales, siexiste abuso o no en el ius variandi. De manera tal, que, si a la vez, se tiene en cuenta, que la norma del artículo245, tiene por objeto una sanción ante el despido arbitrario como acto ilícito, noes tolerable burlar la protección del artículo 66, segundo párrafo, en su finalidad acudiendo a la intermediación ilícita. En rigor de verdad, en este caso, no nos encontramos, ante un despidoarbitrario, sino ante un despido fraudulento, que no puede serle oponible altrabajador. El mismo debe caer aprehendido por el artículo 18 del CC, y eltrabajador, debe ser reinstalado, por lo menos, hasta que se haya cumplido lafinalidad del artículo 66, segundo párrafo que no puede ser burlada, con lautilización de otra norma. Y por qué digo "por lo menos"; porque podría ocurrir que se despidiera altrabajador, al retomar éste sus tareas Es oportuno recordar que la sanción que impone el artículo 245, se correspondecon los despidos, según reza la propia ley: "sin justa causa", pero no incluyelos despidos que claramente, se lleven a cabo, como un acto "de fraude" o comouna "represalia", por haber debido cumplir con un precepto legal. Igualsituación se produciría, si a penas terminada la gestión de un representante legal,se lo despido sin justa causa. En estos casos, existe una fuerte presunción de que existe una causa, que no es,por otra parte, discriminación, sino un claro afán de separar de la fuente detrabajo, un dependiente, que ha mantenido una protección especial que le habrindado la ley, y que ha resultado una imposición no deseada. En tal caso, la presencia de indicios de esta situación, conlleva, a mi modo dever, la inversión de la carga de la prueba, y deberá ser el empleador, el quedeberá probar, que no lo despidió como "represalia" por la detección inmediata deun derecho protectorio, que le ha molestado. Después de todo, no olvidemos que el empleador no pose un "derecho a despedir" acambio del pago de una sanción, porque esto no sería ni jurídico, ni moral, sinoque, cuando despide sin justa causa es sancionado con una indemnización de daños yperjuicios, que, en muchas ocasiones es tarifada. De tal manera, el despido fraudulento, es decir aquel que se produce burlandouna ley de cobertura, como en el caso del segundo párrafo del artículo 66 de laLCT, conlleva la reinstalación y el despido represalia también, porque ellos noestán contemplados en la sanción del artículo 245 de la LCT, que es sólo para eldespido sin causa, según lo expresa la propia ley Claro está que el trabajador, a los efectos, del "despido represalia", deberáarrimar los "indicios", conducentes a la inversión de la carga de la prueba. Esuna situación similar a la que suele ocurrir con la discriminación, donde laprueba suele sufrir graves dificultades. En ese andarivel, es bueno recordar, que el principio protectorio, aunque no serecuerde tanto como se debiera, está también constituido por la regla de "lafacilitación de la prueba en el proceso"; y, justamente, allí, es donde cobranespecial dimensión las presunciones y los indicios. Las presunciones, fueron primeramente introducidas por la jurisprudencia en elDerecho del Trabajo y luego receptadas por la propia ley Son operaciones intelectuales, nacidas de la observación de la realidad y, enese sentido, al igual que los indicios, se fundan en la observación de hechoscorrientes, de los cuales normalmente se derivan otros. Así, se veo humo, esporque hay fuego; ese es un signo indiciario. Y, por otra parte, si un menoradulto trabaja, se presume que está autorizado. No termina allí, la cuestión, ya que la propia ley señala que, cuando hayprestación de servicios para otro a título personal, se presume la existencia delpropio contrato de trabajo; también se generó una protección especial para la mujerembarazada, porque la realidad ha mostrado que se presume que el empleadortiende a despedirla. Hasta aquí se trata de presunciones relativas que admiten prueba en contrario,al igual que la que se consigna en el artículo 55 de la LCT, cuando el empleadorcarece de libros o no los exhibe; asimismo la presunción de que el contrato detrabajo se celebra por tiempo indeterminado (art 90 LCT); de igual manera elsilencio del empleador frente a las intimaciones del trabajador, la presuncióndel despido por causa de matrimonio, etc. Claro está que también existen en nuestra disciplina, indicios y presuncionesabsolutas que no admiten siquiera prueba en contrario. En ese sentido elartículo 28 de la LCT, considera que si el trabajador estuviese autorizado aservirse de auxiliares, éstos serán considerados como en relación directa con elempleador de aquél salvo excepción expresa prevista por la ley o regímenes legaleso convencionales aplicables. De igual manera, obsérvese, que el artículo 36, reputa, a los fines de lacelebración del contrato de trabajo, actos de las personas jurídicas, los de surepresentantes legales o de quienes sin serlo aparezcan como facultados paraello, Hay muchos otros casos. En suma, sería bueno recordar, en materia de discriminación y de despidorepresalia, la regla de la facilitación de la prueba, como parte del principioprotectorio, en materia probatoria, lo que le da nivel constitucional. C.- LA INTERPOSICIÓN DE PERSONAS. No es ocioso recordar, que el artículo 28 de auxiliares del trabajador; elartículo 29 sobre interposición y mediación, el artículo 29 bis sobre empresas deservicios eventuales, el artículo 30 sobre subcontratación y delegación y elartículo 31, sobre empresas subordinadas o relacionadas, son verdades normasantifraude, y por eso están, para el caso de su violación, las sanciones con lasolidaridad. Sabido es que, generalmente, la solidaridad legal funciona de manerasancionatoria. Se trata, en muchos casos, de fraude, a través de las funciones de terceros, queaparecen utilizando normas de cobertura, para violar el orden público laboral. Claro ejemplo de ello, es la utilización de empresas de servicios eventuales,para tareas no eventuales, o la cesión del establecimiento, o la subcontrataciónpara tareas normales y específicas propias del establecimiento, sin ejercer elcontrol, que deseche la violación de las normas correspondientes. El fraude por interposición de personas, ha sido una vieja y aviesa burla a lasleyes imperativas, que encierran nada menos, que la responsabilidad frente altrabajador, cuyo desplazamiento se pretende, a través de una norma de cobertura. Muchos otros casos de fraude se ven a diario en nuestra disciplina, en un afán dejar de lado el orden público laboral, a través actos burladores, nonecesariamente con contenido subjetivo, que van carcomiendo, no sólo loscontratos de trabajo, sino, lo que es más grave, el tejido social. SEGUNDO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA. No es ocioso recordar que las empresas buscan resultados económicos, porqueposeen fines de lucro, pero es absolutamente necesario, acompañar tal afirmación,con la consideración que le corresponde, en el sentido de que no es ese su únicofin, ni está fincada esencialmente allí su responsabilidad. Recordemos, si no, que Friedman, sostuvo que una empresa sólo tiene unaresponsabilidad, obtener resultados económicos y que si no logra obtenerbeneficios, por lo menos iguales al coste de capital, es socialmenteirresponsable y despilfarra los recursos de la sociedad. En la actualidad hasido desplazado este tipo de pensamiento. Es que, pensar así, es renunciar a un razonamiento amplio, fecundo y social Las empresas, poseen también una responsabilidad, nacida de la influencia quegenera en la sociedad su propia actividad, y, por tanto, ellas generanrelaciones con los ciudadanos, con la autoridades, con sus dependientes y conlas familias de ellos, con el medio ambiente, con los medios de difusión ,etc. La Responsabilidad Social Empresaria, (RSE), que también tiene que ver con lasubsistencia de la democracia, de la educación, de la cultura, de las relacionesnacionales e internacionales, resulta de vital importancia, por su vinculacióncon la ética, sobre todo cuando entre la década del cincuenta y del sesenta, surgeun nuevo modelo de empresa. La globalización, y las crisis que se viven en distintos países, tienen mucho quever con esto; tanto, como el alto grado de corrupción que se advierte en vastaszonas del mundo. La complejidad de la situación, la expansión del hambre y de la pobreza,generaron una demanda social e inclusive una verdadera presión en el seño dealgunas de ellas. Ha surgido, entonces, un marco histórico, geográfico, ambiental, social, cultural que se mueve de manera crítica y reflexiva y que trae nuevas exigencias éticas. Se comenzó a requerir una gestión orientada a esa ética; una gestión transparente. Así el Instituto Ethos de Brasil, Forum Empresa, como entidad representativa delas responsabilidad social de las Américas, la Fundación Prehumana de Chile, ElCentro Mexicano para la Filantropía de México, el Consejo Empresario Argentinopara el Desarrollo Sostenible, etc, son instituciones claves, que bregan por eldesarrollo de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable, quese preocupan por la preservación del ambiente y de la cultura para las futurasgeneraciones y una visión de los negocios que incorpora el respeto por losvalores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente. Se busca obtener un amplio "set" de políticas, prácticas y programas que,integrados en la operación empresarial, soportan dignamente el peso de la toma dedecisiones, respetando, de la empresa, sus dimensiones económica, social yambiental y también la participación de grupos de interés, a fin de mejorar lacalidad de vida de la sociedad en su conjunto. Se recorre el andarivel de los valores, de la transparencia, de la calidad devida,, en un triángulo virtuoso de gestionar sustentablemente la relación entrelos recursos económicos, ambientales y sociales, aplicados al desarrollo de suactividad. La idea es lograr, una visión de integralidad, un ritmo de gradualidad, unaconciencia triple de creación de valor y noción de proporcionalidad, una mirada detotalidad, una orientación estratégica, un modelo de gestión y una lógica deautoaplicación y anticipación. De esta manera, se reducen los costos operativos, se mejora el desempeñofinanciero, se fortalece la marca y la reputación, aumenta la lealtad de losconsumidores, se incrementan las ventas y la productividad, junto con la calidad se mejora la capacidad de retener y contratar los mejores empleados, sefavorece el acceso al capital, etc. Hay estudios serios, hecho en nuestro país, donde se concluyó que a la hora deadquirir productos, los ciudadanos evaluaron como importante, el conocimientode los proyectos empresarios, dirigidos a la infancia, los discapacitados, lascomunidades, los pobres, la tercera edad y la drogadependencia, en ese orden. TERCERO LA ÉTICA Bienvenidos al mundo jurídico y a la sociedad nacional e internacional, los quecreen en la ética para el desarrollo de las empresas y para la convivencia de lasmismas con el resto de los ciudadanos. En cuanto a esa "ética", dice Aranguren, que el objeto material de ella loconstituyen los actos, los hábitos, la vida en su totalidad unitaria y lo que deella retenemos apropiándonoslo; es que se trata de una forma de vida. Uno no puede ser ético como padre y no ético como empresario o como dependiente, o como profesional, abogado, o juez, ya que la virtud, abarca al hombre en todasu dimensión. Ella refiere necesariamente a la moral o a lo moral y debiéramos preguntarnos,si se puede ser ético omoral, violando o burlando la ley o cayendo en una anomiadestructiva de la sociedad. Es por eso que el fraude; la burla, la violación de la norma jurídica, destruyeel tejido social y la responsabilidad y la búsqueda del cumplimiento sonsanadores. En ese sentido, lo reflejaba bien Ortega, que tenía como centro de su filosofíala tarea o el quehacer y que nos dejó dicho: "La moral no es una performancesuplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sinoque es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital eficacia. Un hombre desmoralizado, es simplemente un hombre que no está en posesión de símismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida, ypor ello no crea, ni fecunda, ni hinche su destino." Tal vez debiéramos abordar una seria reflexión, entre todos, porque la mejormanera de honrar a los demás y honrarse a sí mismo, es henchir ese destino que nosreclama Ortega. No hemos de lograrlo, por el camino de la anomia, ni de lavisión fraudulenta de nuestro quehacer, sino, entrando en quicio, en posesión denosotros mismo, viviendo nuestra vida de manera fecunda. Nota al pie: 1)Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Derecho Laboral y IIEncuentro Nacional de Maestrandos, realizado en Mar del Plata los días 7 y 8 denoviembre, organizado por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y la Maestríaen Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UniversidadNacional de Tres de Febrero (UNTREF).

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Publicación: www.saij.jus.gov.arFecha: NOVIEMBRE DE 2008:
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Re: Doctrina- Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Jue Ene 22, 2009 11:42 pm

El derecho de permanencia del trabajador de temporada y la precarización laboral.
Ponencia presentada al VI Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL - IIº Encuentro Nacional de Maestrandos - Mar del Plata, 7 y 8 de noviembre de 2008. (Texto completo)
LAVIN, ANALIA ANDREA
Publicación: www.saij.jus.gov.ar, NOVIEMBRE DE 2008
TEMA

CONTRATO DE TRABAJO-CONTRATO DE TRABAJO DE TEMPORADA-POLITICA LABORALFLEXIBILIZACION LABORAL-RELACION LABORAL PERMANENTE DISCONTINUA-DERECHOS DELTRABAJADOR-ESTABILIDAD LABORAL-FRAUDE LABORAL-DESPIDO-INDEMNIZACION POR DESPIDO

TEXTO

I) Introducción: Como pudimos observar en la Argentina de finales del siglo XX, las exigenciasde mayor productividad en el ámbito de un mercado globalizado, así como ladesregulación del mismo con el imperativo de reducir los costos laborales,llevaron a que las relaciones de trabajo se establecieran en un marco decreciente precariedad contractual, favoreciendo la diferenciación y lasegmentación del mercado laboral. Ello fue consecuencia de la flexibilización tecnológica y contractual. Laprimera de ellas, alude a la necesidad de una reorganización de los procesos deproducción, a través de la eliminación de categorías profesionales y la adopción deformas polivalentes o multifuncionales en la actividad de los trabajadores, conexigencias de mayor calificación. La flexibilización laboral contractual se refiere al modo en el que eltrabajador ingresa y sale del puesto de trabajo, tratando de modificar elesquema rígido de la relación laboral, afectando particularmente la estabilidaddel trabajador. Aparecen nuevas modalidades contractuales, formas deintermediación y tercerización con la consiguiente precarización del contrato detrabajo. En conjunto, se trata de dos tipos de procesos y de sus potenciales relaciones,que producen diversas conexiones, de tipo tales como "modernizaciónflexibilización" y "flexibilización-precarización", que provocan diferentescondiciones de empleo y salarios. En este contexto, sostenemos que el contrato de trabajo de temporada se havisto fuertemente modificado como resultado del importante proceso dereestructuración productiva en nuestro país, dado que las nuevas tecnologías y elcontexto normativo institucional facilitaron la flexibilización, lo que provocóproblemas de segmentación de la fuerza de trabajo, desigualdades sociales,exclusión y aumento de la vulnerabilidad. Nuestro trabajo consistirá en realizar un análisis del contrato de trabajo detemporada, y preguntarnos, si pese a la garantía de permanencia del trabajador,pueden vislumbrarse situaciones de fraude a la ley, con la consiguienteprecarización laboral. II) Naturaleza Jurídica: El contrato de trabajo de temporada se encuentra regulado en el Capítulo III dela Ley de contrato de trabajo. El artículo 96 L.C.T. dispone que "Habrá contratode trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada poractividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla endeterminadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo enrazón de la naturaleza de la actividad. " Podemos señalar que se trata de un contrato celebrado por tiempo indeterminadode ejecución o prestación discontinua, a diferencia de lo que ocurre en elcontrato de trabajo común, en que lo es en forma continuada, salvo excepcioneslegalmente autorizadas. Se verifican, entonces, durante el desarrollo delcontrato períodos de actividad y períodos de recesos que no dependen de lavoluntad de las partes sino de las condiciones de producción. En virtud de ello,podemos afirmar que no se verifica contrato de temporada en condiciones devalidez si el contrato se presta sólo en algunas épocas del año por decisión delempleador (1). Refiere Ackerman (2) que para arribar a tal caracterización fue necesario unimportante debate doctrinario, con proyecciones jurisprudenciales. En un primermomento se confundieron dos conceptos jurídicos distintos: el de permanencia y elde continuidad, estimándose que el trabajo de temporada no podía generar unarelación de tiempo indeterminado, en cuanto los servicios de pactaban en formadiscontinua, llegándose a considerar esta figura como una relación accidental otransitoria, semejante al contrato a plazo fijo, que concluía cada año alfinalizar el período de actividad o ciclo de temporada. Posteriormente, alquedar clarificada la distinción entre la permanencia (que se refiere al vínculo)y la continuidad (que alude a la prestación), se caracterizó correctamente elcontrato de trabajo de temporada, como contrato de tiempo indeterminado (quegenera un vínculo permanente), y que se diferencia del contrato común, por ladiscontinuidad de las prestaciones (se cumplen sólo en determinadas épocas del año,mientras dure la temporada). El contrato de temporada es de tiempo indeterminado aún cuando la prestación delservicio sea discontinua. La continuidad de la función en la cual se desenvuelveel trabajador apunta al vínculo y no a las prestaciones. Así, el contrato será decarácter permanente, aunque las prestaciones del trabajador sean discontinuas. SCJBA 4/6/74, LT, 23-829). Lo que le falta a la actividad de temporada no es lapermanencia sino la continuidad lineal, ya que la primera se da mediante lo quese podría llamar una continuidad por ciclos (CNAT, Sala II, 29/2/1968 L.L., 133948). En efecto, permanente es la necesidad del establecimiento de atenderdeterminada actividad productiva, es decir comporta el giro normal, pero lastareas deben concretarse en forma discontinua en períodos o ciclos determinadosdentro del año que se repiten sucesivamente de un año a otro. El trabajador gozade la estabilidad que ese empleo le proporciona gracias a esa permanencia, entanto el empleador convoque nuevamente al trabajador, antes del inicio de lapróxima temporada, que ya cumplió un primer ciclo; durante el tiempo de receso,donde no hay prestaciones de trabajo efectivo, se suspenden las obligacionesprincipales del contrato, pero el vínculo laboral continúa vigente, de allí queexista el derecho y la expectativa cierta para el trabajador de volver en lapróxima temporada a prestar servicios y obtener su remuneración. Hay un derechoadquirido por cumplir con un primer ciclo. En cambio, durante el periodo de receso, refiere Aronna (3), si bien el vínculojurídico subsiste, la relación se mantiene latente, suspendiéndose las principalesobligaciones de las partes, y manteniéndose sólo aquellas que resulten compatiblescon la situación; fundamentalmente subsisten los deberes de conducta y buena fepara ambas partes. Sostienen López, Centeno y Fernández Madrid (4) que ".los derechos que la leyasigna a los trabajadores permanentes de prestación continua, corresponderán a losde prestación discontinua a partir de su contratación en la primera temporada,siempre que esto último responda a necesidades también permanentes de la empresa oexplotación; de allí que esté sujeta a repetirse por un lapso dado en cada ciclo,teniendo en consideración la naturaleza de la actividad. La reiteración de lascontrataciones no sería, en tal caso, sino demostración de lo permanente (aunquediscontinuo) de aquellas necesidades." Así, la jurisprudencia ha dicho que: "La reiteración de las prestaciones entemporadas sucesivas constituye la mejor demostración de la permanencia de lasnecesidades que satisface el trabajador y no parece dudoso que quien prestóservicios durante catorce años deba ser calificado como dependiente permanente,aunque con prestación discontinua. " (Conf. CNAT, Sala II, 11/10/1988, "Mojmadel Elisa. c/ Armada Argentina, Dirección de Bienestar de la Armada", T. y S.S. -1989-244). En igual sentido, la CNT, Sala III, 28/09/1984, in re "Córdoba, Carlos E. c/Compañía Embotelladora Argentina S.A.", D.T. 985 -A-207; D.J. 985-22, expresó que: Si la actividad del trabajador era de carácter temporario, ello no implica que larelación que lo unía a la demandada no fuera permanente, sino que ésta sedesarrollaba en forma discontinua." En autos "Palacio, Salomón A. y otro. c/ Hijos de Santiago Baldi Cifinsa", laSala II de la Cám. Trab. Córdoba, del 31/10/1978, BJC XXII-793, dijo que: Cualquiera fuere la forma de prestación, en el contrato de trabajo por temporadase admite la existencia de un vínculo permanente a pesar del carácter discontinuode aquella." Así en autos "Coronel, Evelina del Valle. C/ Elite Empresa de SeguridadPrivada y/u otros. S/ Diferencias de sueldos., etc.", del 23/06/2006, la Excma. Cámara del Trabajo y Minas de I Nominación de Santiago del Estero, consideró que: .Consecuente, la demandada debió probar esa necesidad de carácter temporario de laactividad en cada una de las contrataciones, ya que una cosa es que se trate deuna empresa que preste servicios en forma discontinua, como lo alega lademandada y otra muy distinta que la actividad de la empresa sea discontinua. En éste último caso, la LCT contempla la posibilidad de contratación detrabajadores a través de contratos de temporada. En el caso de la demandada, altratarse de una empresa de carácter permanente, que pueda prestar serviciosdiscontinuos, tal posible discontinuidad en los servicios prestados, solojustifica la contratación de trabajadores bajo modalidad temporaria cuando elempleador, demuestra fehacientemente una exigencia extraordinaria desde que esadiscontinuidad denunciada, no es la excepcionalidad, sino la normalidad en laforma de prestación del servicio. Con ello quiero significar, que no puedeconcebirse que una empresa, aún cuando en su modalidad prestacional contempleservicios discontinuos, exista sin que organice el mismo, de modo tal demantener una plantilla de trabajadores en condiciones de cumplir con lasexigencias normales del servicio que presta y que como en el presente caso, lamodalidad del servicio prestado (servicios discontinuos) hace a la formahabitual o normal de la prestación. Por ello, resulta absurdo suponer, que lacontratación de la trabajadora en forma reiterada y continua lo sea comoconsecuencia de exigencias extraordinarias de la organización, sino más bien, debeconcluirse que la misma responde a las necesidades de la organización que hacen asu modalidad normal de prestación de servicios. Consecuentemente, sostengo loresuelto por al considerar el contrato que vinculara a las partes bajo lamodalidad por tiempo indeterminado." Al respecto, Vázquez Vialard (5) refirió que "la especial configuración de estamodalidad determina que una vez iniciada la temporada asiste al trabajador laexpectativa de cumplimiento completo, es decir que las prestaciones continuaránhasta la fecha de su culminación." El empleador patronal no puede disolver el vínculo sin indemnización, nireservarse una cláusula de reactivación, estableciendo una prerrogativa a su favor consistente en la notificación de su voluntad de reiterar la temporada al añosiguiente, pues ello se contrapone con la naturaleza del contrato contemplado enel artículo 96 L.C.T. En caso de que no se respetaran o se violaran las obligaciones subsistentes deltiempo de receso darían lugar a la denuncia del contrato por injurias yconsecuentemente indemnizables. El art. 97 L.C.T. regula las consecuenciasresarcitorias de la frustración de aquella expectativa de completar el ciclo, ypor lo tanto es dable requerir que el despido tenga lugar durante el transcursode la prestación de servicios, no asistiéndole al trabajador el derecho al cobrodel resarcimiento previsto para la ruptura ante tempus de los contratos a plazofijo, cuando el empleador se ha negado a reanudar el vínculo. Tal criterio se desprende de la interpretación predominante en la doctrina yjurisprudencia nacional. Al respecto, Fernández Madrid (6) considera que ".laindemnización por daños y perjuicios prevista por el art. 95 de la LCT, sólo puedeotorgársela al trabajador por temporada cuyo despido se produce durante el cursode la prestación, pero no al dependiente cuyo contrato no se reinicia al comienzode un nuevo ciclo." III) Clases de contratos: Podemos distinguir dos tipos de contrato de trabajo por temporada, a saber: a) Típico: Es aquel en el cual la fijación de cada ciclo de trabajo tieneprecisos límites temporales, ya que la empresa sólo opera o abre suestablecimiento en determinadas épocas del año y el establecimiento ingresa en unfranco receso en los períodos de inactividad. El contrato se cumple en una épocadeterminada y cierta del año (por ejemplo, recolección de frutas, cosechas,trabajos de guardavidas, profesores y personal de colonias de vacaciones,instructores de ski, etc.). b) Atípico: Es aquel en el cual existe un incremento periódico-estacional de lastareas, que obliga a la parte empresaria a incrementar, durante determinada épocadel año, el número de trabajadores para responder a la exigencia extraordinaria dela actividad (por ejemplo, hoteles ubicados en zonas turísticas, comercios encentros turísticos, choferes de larga distancia contratados en vacaciones, etc.). En este caso en las empresas coexisten trabajadores que presentan tareasdurante la temporada con aquellos que lo hacen durante todo el año. FernándezMadrid (7) entiende que también hay contrato de temporada atípico cuando existencircunstancias objetivas ajenas pero sujetas a repetición que no tiene límitesprecisos de duración, ni fecha de iniciación. IV) Requisitos: La normativa del artículo 96 de la ley de contrato de trabajo exige tresrequisitos para la configuración de la modalidad de trabajo por temporada: a) necesidad permanente de la empresa o explotación, b) que la tarea se cumpla en determinadas épocas del año, y c) que la tarea esté sujeta a repetirse por un lapso dado en cada ciclo, en razónde la naturaleza de la actividad. (8) Respecto del primer requisito, las necesidades de la empresa o industria debenser permanentes, es decir que están sujetas a repetirse cíclicamente en un lapsodado, por lo común anual. La circunstancia de que el contrato de trabajo de temporada se base ennecesidades permanentes de la empresa, sujetas a repetirse en cada ciclo,posibilita su distinción con relación a otras figuras contractuales, como lostrabajos eventuales o transitorios, que no presentan esa nota de perdurabilidadtemporal. Ello implica que los ciclos de temporada deben responder a causas objetivas,ajenas a la voluntad de las partes, ya que la calificación del vínculo no dependedel encuadre jurídico que aquéllas le hayan querido imprimir a la vinculación, sinoa las características de la relación en función de las necesidades o requerimientosque justifiquen la modalidad adoptada. Dentro de las actividades propias del giro normal de la empresa o explotación,Aronna (9) señala como supuestos de aplicación, entre otros, a los siguientes: a)trabajos de hoteles y establecimientos gastronómicos en general, en los centrosde turismo; b) tareas cumplidas en balnearios en épocas de verano; c) edición detextos escolares y material didáctico y venta de los mismos cuando aumenta sudemanda a la iniciación de clases; d) tareas de cosecha o empaque de frutas (apartir de la Ley 23.088 se rigen por la L.C.T.); e) caza de ballena; f)fabricación de helados durante la época de verano; g) guías turísticos o conductoresde transporte de excursión durante vacaciones escolares, estudiantiles o deverano; h) instructores de esquí en temporada de nieve en los centros de deportesinvernales; i) instructores de deportes náuticos en temporada de verano en laszonas marítimas; j) personal dedicado a la elaboración y reparto de cerveza obebidas sin alcohol en las épocas de mayor consumo. En cuanto al segundo requisito, cabe señalar que la prestación de servicios solose produce durante determinadas épocas del año por circunstancias ajenas a lavoluntad de las partes. De acuerdo a la naturaleza de la actividad de que se trate la empresa trabajasolo durante la temporada y entra en receso al terminar ésta o simplementedurante la temporada toma un ritmo de trabajo más intenso y por eso requieremayor cantidad de trabajadores ligados por un vínculo de trabajo discontinuo hotelería, elaboración de cerveza, helados, etc.). Durante el ciclo de actividad, la relación entre ambas partes del contrato sedesarrolla normalmente y las mismas están obligadas a cumplir con todas lasprestaciones y deberes que les imponen la ley y el contrato, como sucede con loscontratos permanentes continuos. En lo que respecta al tercer requisito, cabe admitir que se trata de uncontrato de prestación discontinua, que si bien algunos autores asimilan alconcepto de permanencia el de continuidad, cabe aclarar que el primero serefiere al vínculo, y el segundo se relaciona con la prestación nacida de aquél. Lo normal en una vinculación permanente es que su ejecución sea continua, es decir todos los días de la semana, o bien alguno o algunos de ellos; pero existenciertas actividades que, si bien se organizan para permanecer indeterminadamenteen el tiempo, sólo pueden llevarse a cabo dentro de un período determinado en elaño a cuya finalización desaparece la necesidad de la explotación para renacer conla llegada del nuevo período. Se trata de actividades que corresponden a larepetición de determinados ciclos de la naturaleza como gran parte de lasactividades rurales (siembras, cosechas, etc.), caza o pesca de determinadasespecies, o a la explotación de ciertas necesidades estacionales como lasturísticas en los centros de veraneo e invernales. Que las prestaciones sean cíclicas, significa que las necesidades de laexplotación en estos casos sólo duran un breve período en el año (algunos días, uno odos meses, etc.) concluido el cual desaparecen por completo hasta la llegada delsiguiente que necesariamente se producirá luego de haber transcurrido un ciertotiempo. Precisamente, lo cíclico o estacional está en la mayoría de los casos, influidopor la presencia de condicionamientos impuestos por la naturaleza (factoresclimáticos: frío o calor, nacimiento de frutos y vegetales, aparición de cardumen,etc.) que es esperable se repitan inexorablemente cada año. El contrato de trabajo por temporada dura, en cada ciclo lo que exige lasatisfacción de las necesidades de la empresa o explotación, conforme a lanaturaleza de la actividad. Ruprecht (10) señala que la ley habla de ciclo y no de año y explica que laexpresión "ciclo" usada en la ley es más correcta que "año", pues "puede sucederque el trabajo sea necesario dos veces al año". Por su parte, Fernández Madrid 11) señala que las necesidades de la industria "de temporada" son permanentes, esdecir que están sujetas a repetirse en un lapso dado, por lo común anual. Si algo regularmente "se cumple en determinadas épocas del año", es porque serepite todos los años, no cada dos, tres o diez. Ramírez Gronda (12) precisamentecaracteriza este contrato por la realización de tareas durante determinadas épocasdel año y que se repiten para la misma época todos los años. Sin embargo, no podría admitirse que la temporada puede producirse en períodossuperiores al año, no se sabría dónde está el límite (podría ser temporada larealización de un censo cada diez años). No parece lógico que por una contrataciónbreve, acaso de unos días, la empresa asuma obligaciones durante años de receso. La relación entre las partes está originada en razones objetivas: actividadespropias del giro normal de la empresa, relacionada su actividad con laestacionalidad, que se lleva a cabo en determinadas épocas del año. La celebración del contrato está condicionada a la existencia de esas necesidadescíclicamente repetidas y no a la voluntad de las partes que no podrían encualquier caso fijar una "temporada de trabajo" si ésta no viniera dada porcircunstancias objetivas ajenas a su decisión. Quiere decirse con esto que la necesidad temporal y cíclica surge y desapareceindependientemente de la intención de las partes, pues no sería admisible dejarlibrada a éstas la fijación de un período de ejecución aun en actividades connecesidades continuas de explotación. No basta para la configuración de uncontrato de trabajo de temporada el hecho de que el trabajador preste serviciosen una época determinada del año sino que es necesario, además, que la naturalezade la industria haga que en determinadas épocas deba incrementarse la producciónen porcentajes tales que no sea posible hacerlo con el plantel habitual deobreros y deba recurrirse a la contratación por temporada de personal de refuerzo. IV) El derecho de permanencia del trabajador y el fraude a la ley. Dado que este tipo de contrato constituye una variedad del contrato de trabajode duración indeterminada, en virtud de lo dispuesto por el Art. 97 L.C.T. eltrabajador adquiere derechos que dicho plexo legal asigna a los trabajadorespermanentes de prestación continua "a partir de su contratación en la primeratemporada, si ello respondiera a necesidades también permanentes de la empresa oexplotación ejercida. " Es decir, que en principio, le resultan aplicables lasnormas laborales comunes en cuanto resulten compatibles con la especial situaciónque se crea a causa de que las principales prestaciones se cumplen de una maneradiscontinua y cíclica. Arribar a tal conclusión implicó un arduo debate doctrinario y jurisprudencial,puesto que antes de la sanción de la L.C.T. se desarrolló una controversiarespecto al momento en que el trabajador de temporada adquiría el derecho apermanencia en su empleo, predominando la interpretación jurisprudencial a partirde los autos "Peruzzaro, Felisa. c/ Automóvil Club Argentino" (SCJBA, 24/04/1962,DT-1963-327), que requería la contratación, cuando menos de dos temporadassucesivas para considerar permanente al trabajador. Tal criterio es abandonado con la sanción de la L.C.T. al disponer su derecho apermanencia a partir de la primera temporada, siempre que esto corresponda a lasnecesidades también permanentes de la empresa o explotación. Y precisamente estasituación de "necesidad" de la empresa, es la que sostenemos, puede encubrirsituaciones de fraude a la ley, los que desembocarían sobre todo en laprecarización del trabajo y en la violación de los derechos propios de lostrabajadores permanentes desde la primera temporada. Bobbio sostiene que una norma es eficaz cuando es observada por aquellos aquienes está destinada. Sin embargo la realidad nos demuestra la históricainobservancia de las normas por parte del empleador en este tipo especial derelación de trabajo, en lo concerniente a la estabilidad, duración de la jornada,escaso cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene y precariedadhabitacional, como asimismo diversas formas de tercerización de la oferta detrabajo, en especial el de las cooperativas de trabajo y las empresas deservicios eventuales. Ello sumado a la contratación de trabajadores golondrinas extranjeros queingresan a nuestro país sin un contrato previo y sin cumplimentar con losrequisitos de permiso de trabajo. Para ellos, la única forma de contratarse esen negro, exponiéndose de esta manera a la desprotección laboral. Por otra parte, dado que el art. 98 L.C.T., modificado por el art. 67 de la Ley24.013, pone a cargo del empleador el llamado a reintegro del trabajador, previoal inicio de la temporada, la cual debe hacerse "personalmente o por mediospúblicos idóneos"; lo que puede encubrir una situación de fraude a la ley por partedel empleador al desplegar éste una serie de conductas que analizaremosseguidamente. Al respecto sostenemos que dicha obligación puesta únicamente en la cabeza delempleador, puede resultar perjudicial para el trabajador, puesto sólo esobligatorio realizar el llamado por medios locales, lo que obviamente impide quelos trabajadores golondrinas puedan informarse en sus lugares de origen, ya sea,porque han variado su domicilio o que por ser migrantes se encuentran en unlugar alejado y no toman conocimiento de la comunicación. Lo que puede ocurrires que los empresarios o productores, en fraude a la ley y vulnerando elprincipio de buena fe, recurran a formas de convocatorias diversas,principalmente informales o locales, sin que el trabajador tome conocimiento dela misma por las razones antes expuestas, y dado que el art. 98 L.C.T. determinala obligación de respuesta a cargo del trabajador en un plazo de cinco díascontados a partir de la recepción de la notificación, debiendo manifestar alempleador su decisión de continuar o no la relación laboral, ya sea por escrito opresentándose ante aquel, y frente a la falta de respuesta por parte deltrabajador en el plazo indicado, nos preguntamos si ello puede acarrearconsecuencias beneficiosas para el empleador en materia de indemnización. Frente al silencio que guarda la ley respecto de dicho tema, al no configurarselos presupuestos de renuncia previstos por el art. 240 L.C.T., ni de abandono art. 244 L.C.T., salvo que hubiere mediado intimación al respecto), se discute endoctrina el encuadre que se le debe dar a tal omisión. Según expresa Etala (13),se debe interpretar la actitud del trabajador de no presentarse a retomar sustareas como un comportamiento inequívoco, en el sentido de la última parte del art 58 L.C.T., asimilable a una renuncia tácita del empleo. En cambio, Aronna (14) considera que se debe aplicar la misma solucióncontemplada para el caso de incumplimiento del empleador, y tener por extinguidoel vínculo contractual, puesto que no se trata de establecer una presunción derenuncia al empleo, sino de incumplimiento del requisito al que la ley subordinala subsistencia del contrato. Por su parte, Livellara (15) sostiene que atento que la renuncia no se presume,si la omisión de trabajador es seguida por la conducta del empleador que hasta elcomienzo del ciclo no lo intima a presentarse, será de aplicación el art. 241,tercer párrafo, L.C.T. es decir, la extinción del contrato por mutuo acuerdo tácito en tanto ello importe un comportamiento concluyente y recíproco de ambos, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación." Al respecto, Vázquez Vialard (16) ha dicho que: "La norma hace una interpretaciónauténtica de los efectos que deben asignarse al silencio del empleador, entendidocomo omisión de comunicar en tiempo oportuno (y forma hábil), su voluntad dereconducir la relación ante la inminencia del nuevo ciclo. Dice que, en tal caso debe entenderse que ha rescindido unilateral e incausadamente el vínculoasumiendo las consecuencias propias de la extinción de un contrato por tiempoindeterminado bajo tales condiciones. Los términos taxativos de la redacción, quedan por finiquitado el vínculo, tornan innecesario que el trabajador se considereindirectamente despedido y obstan la invocación del mutuo acuerdo tácito del art.241 de la LCT por la inacción posterior del dependiente." Suele ocurrir en la práctica que la mayor parte de los trabajadores estacionalestoman conocimiento de las oportunidades laborales a través de parientes, amigos o"conocidos del pueblo". La existencia de estos mecanismos interpersonalesconfigura cadenas migratorias y redes sociales e institucionales tanto para lostrabajadores locales como para los extrarregionales. Otro de los mecanismos de intermediación es la figura del "transportista". Esteactor social difunde y amplía las posibilidades de trabajo en los lugares deorigen de los trabajadores no locales o "afuerinos" a través de diferentes formasde convocatoria -medios locales de comunicación (radio, televisión), o bien pormedio de un llamado telefónico a un referente de amplia trayectoria laboral, elque se convierte en "convocante" de otros trabajadores. El transportista resulta la figura clave de mediación entre las áreas de origende estos trabajadores estacionales y los productores familiares o grandesempresas integradas demandadoras de mano de obra en las áreas de destino,configurando de ésta manera, un sistema dinámico de enlace laboral. En cuanto a los medios para practicar la notificación, la ley establece quedeberá ser "personalmente o por medios públicos idóneos. " En cuanto a la primera,la notificación se podrá cumplimentar por instrumentos privados, sea una notadirigida al trabajador constancia de recepción suscripta por éste, o en formaverbal, pero debe admitirse que ésta última forma, a pesar de ser muy utilizada enla práctica, puede ocurrir que en el futuro, sea de difícil probanza. Respecto dela segunda modalidad, Aronna (17) expresa que quedan comprendidos la cartadocumento y el telegrama colacionado, mientras que Etala (18) refiere que tambiénpueden utilizarse la publicación en diarios del lugar, la difusión del mensaje porradio y televisión. A nivel jurisprudencial, refiere Carcavallo (19) se ha condicionado de lapublicación periodística a que el trabajador tenga noticia cierta acerca del día ydel medio en que la convocatoria ha de ser publicada. Así lo ha dicho el TribTrab. Nº 1 de Mar del Plata, 20/10/1997 en autos "Brandán Ramón A. c/ HoteleraAmericana S.A. "(T. y S.S. 1998-602), al expresar que ".Si bien la publicaciónperiodística puede ser idónea para formular el llamado a reiterar la relaciónlaboral con sus trabajadores de temporada, no lo es cuando el trabajador notiene una exacta información del momento ni del medio en que ha de ser efectuada." La CNAT, Sala VIII, 07/07/2000, en autos "Gómez, Juan Francisco. c/ SaenzBriones y Cia. S.A. " (20) dijo que ".Si la parte empresaria opta por unaconvocatoria pública para renovar la relación laboral con sus trabajadores detemporada, debe optar una posición flexible frente a la respuesta tardía de susoperarios, con concordancia del principio de buena fe, llegándose a considerarlegítimo el despido directo impuesto por el operario, que aunque con ciertatardanza, manifestó en reiteradas ocasiones, su voluntad de renovar el vínculoexpresando no haber leído los diarios, lo que descalificará el accionar empresario apoyado en una aplicación rígida del art. 98 L.C.T." La CSTucumán, Sala laboral y contencioso-administrativa, en autos "Lizardo, JuanManuel y otros c. Santillana del Mar S.R.L"., del 12/02/2008 (LLNOA Abril/2008,260 - DJ 23/07/2008, 892) expresó que ".Con anterioridad a la reforma efectuadapor ley 24.013, el mentado art. 98 LCT colocaba en cabeza del trabajador lacarga de explicitar el interés en reconducir la relación, mientras que actualmente a raíz de la reforma operada, este deber se desplaza hacia el empleador, quienresulta obligado a preavisar, por alguno de los medios previstos legalmente ycon una antelación no menor a treinta días, su voluntad de reiterar la relación enlos términos del ciclo anterior. En el esquema legal actual, el cumplimiento deesta comunicación resulta de fundamental importancia, a punto tal que si elempleador no la realiza, se debe considerar rescindido unilateralmente elcontrato, resultando el mismo responsable del pago de las indemnizaciones queacarrea esta extinción. En el caso que nos ocupa, la Cámara no examinó si elempleador dio cumplimiento con la notificación exigida legalmente, limitándose apuntualizar que los actores incumplieron el deber de manifestar su decisión decontinuar con la relación laboral, interpretando que resultaría aplicable al casoel supuesto de extinción previsto por el art. 241, 3er. párrafo, de la LCT. Laconsideración de la cuestión relativa a si el empleador dio cumplimiento o no conla notificación que le impone la primera parte del art. 98 LCT, resulta dedecisiva importancia para la decisión de la causa, atento a los particularesefectos que la falta de notificación acarrea en orden a la ruptura del contratode trabajo. En relación a ello, debe señalarse que al fijar su posición sobre laverdad de los hechos en el responde, la demandada aseguró haber publicado duranteel mes de abril, los avisos de ley para que los trabajadores se presentaran alfichaje y prescripción médica (ver fs. 100 in fine). Tendiente a la acreditaciónde este hecho, la accionada únicamente solicitó que se libre oficio al diario "LaGaceta", a fin de que informe si Santillana del Mar S.R.L. publicó aviso duranteel mes de abril del año 2002, por el que llamaba al fichaje y revisación médica alos trabajadores temporarios, conforme al art. 98 LCT (ver fs. 149). Enrespuesta al oficio cursado, se informó que pese a la búsqueda realizada en lasediciones del mes de abril de 2002, no se pudo localizar información relativa aeste tema, poniéndose a disposición de la persona que el juzgado indique lacolección completa de diarios publicados, para que se sirvan indicarespecialmente a cuales de ellos se refiere la información solicitada (ver fs. 156. Ante esto, no se observa que la demandada cumpliera actividad procesal algunatendiente a la obtención de dicha información. El contenido del informe brindadopor el diario "La Gaceta" y la ausencia de alguna otra prueba relevanteproducida a tales efectos, evidencian que el empleador no demostró haber cumplidocon el deber de notificar a los actores sobre su voluntad de reiterar la relacióno contrato en los términos del ciclo anterior, tal como lo requiere el art. 98LCT. El incumplimiento de este deber por parte de la demandada, impideconsiderar su conducta como un comportamiento inequívoco de abandono de larelación; por el contrario, a tenor de lo expresamente dispuesto por el art. 98LCT in fine, la omisión de efectuar la referida notificación, debe ser tomada comouna rescisión unilateral e injustificada de la relación laboral, resultando elempleador responsable por las consecuencias de su extinción. Al respecto,calificada doctrina tiene dicho que "La norma hace una interpretación auténtica delos efectos que deben asignarse al silencio del empleador, entendido como omisiónde comunicar en tiempo oportuno (y forma hábil), su voluntad de reconducir larelación ante la inminencia del nuevo ciclo. Dice que, en tal caso, debeentenderse que ha rescindido unilateral e incausadamente el vínculo asumiendo lasconsecuencias propias de la extinción de un contrato por tiempo indeterminadobajo tales condiciones. Los términos taxativos de la redacción, que dan porfiniquitado el vínculo, tornan innecesario que el trabajador se considereindirectamente despedido y obstan la invocación del mutuo acuerdo tácito del art.241 de la LCT por la inacción posterior del dependiente" (Vázquez Vialard, Ley deContrato de Trabajo comentada, Tomo II; p. 40). Por lo demás, a nivel nacionalse ha sostenido que resulta procedente la indemnización por despido, cuando no seprodujo prueba alguna que acredite la notificación personal que la empleadorahabría efectuado al trabajador para reiterar la relación en los términos de latemporada anterior, lo cual permite considerar que el contrato fue resuelto porel principal." Al respecto, sostenemos que resulta procedente la indemnización por despido,cuando no se produjo prueba alguna que acredite la notificación personal que laempleadora habría efectuado al trabajador para reiterar la relación en los términosde la temporada anterior, lo cual permite considerar que el contrato fueresuelto por el principal. En dicho sentido se ha pronunciado la CNAT, Sala X,sent. del 23/3/1999, en la causa "Magyar, Andrés G. c. Unión Obrera Metalúrgica dela República Argentina." Por su parte, la Cám.Civ., Sala II de Neuquén, 21/08/2001, en autos "Urrutia,Susana Rosa. c/ Moño Azul S.A. s/ Despido" expresó que: ".El art.98 de la L.C.T.,en su redacción actual impone al empleador, con una antelación no menor a 30 díasdel inicio de cada temporada, notificar en forma personal o por medios públicosidóneos a los trabajadores, su voluntad de reiterar la relación laboral e imponeal trabajador la carga de manifestar su decisión de continuar o no, en el plazode 5 días de notificado, sea por escrito o presentándose ante el empleador. Conforme dicha norma, de no acreditarse la puesta a disposición por parte deltrabajador, su silencio debe reputarse como una conclusión del vínculo laboral,que queda sin efecto, atento la particular modalidad del contrato de que setrata (ver Ley de Contrato de Trabajo, Sardegna, 6ta. Edic., pág. 230)."; ".seha acreditado que su parte a través de un medio público, efectúo la convocatoriaque le impone la norma y las actoras no han probado de manera alguna, nisiquiera lo han alegado, que dentro del plazo de 5 días de dicha convocatoria sehubieran puesto a disposición de la empleadora, por lo que conforme lo señalado utsupra, el vinculo laboral ha quedado sin efecto.";".también le asiste razón alapelante, siendo jurisprudencia reiterada y concordante de esta Cámara que nocorresponde la indemnización del art. 95 de la LCT si el trabajador no seencuentra desempeñando tareas, cualquiera sea el avance de la temporada: "Laindemnización por daños prevista por el art. 95 LCT solo puede otorgársele altrabajador por temporada cuyo despido se produjo durante el curso de laprestación, pero no al dependiente cuyo contrato no se reinicia al comienzo delnuevo ciclo." Intentando dar una solución para el caso de los trabajadores migrantes, calidadque muchas veces tienen los de temporada, Martínez Vivot (21) sugiere que antesde terminar la temporada el trabajador exprese por escrito cuál es su domicilioreal o fije uno especial, para que allí se cursen las comunicaciones que la leyimponga al empleador. A nuestro juicio sostenemos que debe imperar el principio de supremacía oprevalencia de realidad que permite que los hechos se impongan sobre laconveniencia de alguna de las partes. Tal como considera Villavicencio (22),una de las múltiples aplicaciones del principio de primacía de la realidad estáfundada en el reconocimiento del llamado elemento objetivo calificante, queimpide que las partes desfiguren los hechos con estipulaciones que no sean laconsecuencia natural de la relación contractual. V) Conclusión: Teniendo en cuenta los tremendos resultados de la fallida experienciaflexibilizadora, consideramos la necesidad de un debate en torno a larecuperación de los valores y principios informadores del trabajador de temporada Ello en virtud de la garantía del Art. 14 bis C.N. y particularmente de lanueva jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re Vizzoti c/ AMSA, Aquino c/Cargo y Milone c/Asociart) en la que reconoce altrabajador como "sujeto de preferente tutela" por el ordenamiento constitucional Entre los objetivos jurídicos y sociales que motivaron la reforma laboralplasmada en la Ley 25.877 merecen destacarse la creación del "empleo decente", esdecir un trabajo de calidad, realizado en condiciones de libertad, equidad,seguridad y dignidad humana, y el rechazo al empleo precario. Dada la especial naturaleza del trabajador de temporada, con derecho aestabilidad en un marco de los requisitos analizados supra, corresponderácompatibilizar a la luz de la Norma Fundamental, esta especial relación entreempleadores y trabajadores a fin de evitar la utilización fraudulenta delinstituto, en la cual el trabajador quedaría irremediablemente desprotegido. La garantía de permanencia del trabajador por temporada puede sufrir, y de hechoha ocurrido, los embates de esta modalidad contractual, mediante el usoirregular y abusivo por parte de los empleadores, quienes en fraude a la ley yviolando el deber de buena fe, utilizan ésta figura para obtener una disminuciónde las indemnizaciones por despido, o no responder por el mismo. La realidad nos indica que un gran porcentaje de los trabajadores bajo estudio,están "en negro" o no han sido declarados por los empleadores como tales. Cabedestacar, que existen empleadores que toman trabajadores "transitorios" que enrealidad son de temporada. En otros casos también utilizan figuras jurídicas muycreativas, para negar una verdadera relación laboral. En virtud de ello,sostenemos que juega un papel fundamental el principio de primacía de la realidad quedando librado a ponderación judicial, por medio de la investigación de loshechos, teniendo en cuenta la verdad intrínseca que caracteriza el vínculo, a losfines de definir la nota de permanencia o transitoriedad de los contratos detrabajo. Aquello de ".procesos temporales propios de la actividad", constituye, una delas múltiples aplicaciones del principio de primacía de la realidad y está fundadaen el reconocimiento del llamado elemento objetivo calificante, que impiden, talcomo expresa Villavicencio (23), "que las partes desfiguren los hechos conestipulaciones que -en este caso- establezcan interrupciones periódicas en laprestación de los servicios que no sean la consecuencia natural de las necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional" o de "procesostemporales propios de la actividad". El principio de supremacía o prevalencia derealidad permite que los hechos se impongan sobre los pactos. El elementoobjetivo calificante posibilita que la configuración del carácter temporario deuna prestación no se sustente en lo que convencionalmente las partes acuerden,sino en la existencia de factores objetivos, por completo ajenos a su voluntad." En suma, el contrato de temporada goza del principio protector de lacontinuidad de la relación laboral, aunque sea por ciclos, que vincula alempresario con el trabajador, su real compañero de viaje histórico, según reseñaPalomeque (24). De reconocible parentesco con el principio protector, en tanto se haestablecido en favor del trabajador, la estabilidad en la relación de trabajo seha desarrollado como principio general independiente por su incuestionable valorsocial y laboral, en base al cual ha afirmado De Moraes Filho (25), que "todo enel derecho del trabajo contemporáneo lleva a la estabilidad en el empleo, a hacerque el empleado quede adherido al organismo empresarial mientras éste dure ytenga una posibilidad mínima de prosecución". Sin embargo con el proceso flexibilizador de nuestro país, fueron más lasrelaciones de trabajo destruidas que las recuperadas y la calidad de la ocupaciónse contaminó de clandestinidad y temporalidad bajo el acoso moral de unintimidante margen de desempleo. Al respecto expresa García (26) que ".opacado tras la sombra del contrato portiempo indeterminado o desatendido a causa de los desaguisados generados por loscontratos precarios, el contrato de temporada mereció que la doctrina coincidieraen remarcar su situación de no favorito del legislador y cometiera la injusticiade no valorar que llevó con coherencia y dignidad tal condición, resistiendo a latentación de trascender mediante concesiones a la desprotección o la precariedad,aun en el momento en que arreció el oleaje flexibilizador en favor de lamodalización contractual y en contra de la estabilidad de la relación de trabajo." El contrato de temporada, sostenemos, conserva bajo su modestia, el galardón deser la institución legal en la que el ordenamiento jurídico vigente consiguearmonizar con mayor eficacia las arduas coincidencias entre la cobertura de lasnecesidades permanentes de la empresa y la protección de la estabilidad de larelación. En síntesis, dada la presunción de la indeterminación de la relación contractual,principio fundamental de esta relación laboral, requiere una toma de concienciade que no es una mera fórmula, sino además una garantía reconocidaconstitucionalmente, para evitar casos de fraude laboral. Notas al pie: 1) Posición compartida por: Jorge Rodríguez Mancini. Ley de Contrato de Trabajo. Comentada, anotada y concordada. Tomo III. Ed. La Ley, págs. 118/123. De laFuente, Horacio. Contrato de Trabajo, Tomo III, pág. 560. Etala, Carlos. Leyde Contrato de Trabajo. Comentada. Anotada y concordada. Pág. 276. 2) Ackerman, Mario E. Tratado de Derecho del Trabajo. Tomo II. RubinzalCulzoni Editores, 1º Ed...2005. 3) Aronna, Carlos C. Modalidades del contrato de trabajo, Ed. Platense, LaPlata, 1996. 4) López, Justo - Centeno, Norberto O. - Fernández Madrid, Juan C. Ley deContrato de Trabajo Comentada. Tomo I, págs. 421-426, Ed. Contabilidad Moderna,mayo de 1977. 5) Vázquez Vialard, Antonio. - Ojeda, Raúl H. Ley de Contrato de Trabajocomentada, Tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As. 2005, pág. 34. 6) Fernández Madrid, Juan Carlos. Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 2da. Ed. Actualizada, Tomo I, pág. 844). En idénticos términos se ha pronunciado laCámara Nacional del Trabajo, Sala I, in re "Chacón, José L. c. de De Lorenzo, RosaSebastiana", sent. del 30/9/86, DT 1986-B, 1648; y en "Tossi, Ernesto Domingo c Transportes Automotores La Estrella y otros", sent. del 17/4/86, DT 1986-B,1273." 7) Fernández Madrid, Juan Carlos. Tratado Práctico de Derecho del Trabajo. Ed. La Ley, Buenos Aires, 1989-1992, Tomo I. 8) CNTrab., Sala VIII, Agosto 8-996.- Kaplan, Marcelo A. c/ Bolos, Alberto yotro: DT, 1996 - B, 2773. 9) Aronna, Carlos C. ob. cit. pág. 63. 10) Ruprecht, Alfredo. Contrato de Trabajo. Ley 20.744. Ed. Lerner. BuenosAires, 1974. 11) López, Justo, Centeno, Norberto y Fernández Madrid, Juan Carlos. Ley deContrato de Trabajo Comentada. Ediciones de Contabilidad Moderna, Bs. As.,1977, t. 1, p. 412. 12) Ramírez Gronda, Juan D. Tratado de Derecho del Trabajo. 2º Edición. Dir. porMario Deveali. Ed. La Ley. Buenos Aires, 1971. 13) Etala, Carlos Alberto. Contrato de Trabajo. Ed. Astrea. Buenos Aires,2002, pág. 225. 14) Aronna, Carlos C. op. cit., págs. 80/81. 15) Livellara, Carlos Alberto. Contrato de temporada. Revista de DerechoLaboral. Rubinzal Culzoni Editores, Año 2005, Tomo 2. 16) Vázquez Vialard, Antonio. Ley de Contrato de Trabajo comentada. Tomo II;pág. 40. 17) Aronna, Carlos C. oport. cit. pág. 70. 18) Etala, Carlos A. oport. cit. pág. 226. 19) Carcavallo, Hugo R. El aviso del empleador en el contrato de temporada. Nota a fallo de los autos "Brandan c/ Hotelera Americana S.A.". T. y S.S. 1998602. 20) D.L.E. Errepar, marzo 2001, con nota de Pose, Carlos. El principio de labuena fe a la figura del contrato de temporada. 21) Martínez Vivot, Julio. Ley Nacional de Empleo. Editorial Astrea, BuenosAires, 1992, pág. 85. 22) Villavicencio, Marcelo A. F. El contrato de trabajo de temporada en elnuevo régimen de trabajo agrario, DT- T. XI, Año 1980, págs. 1477/1487. 23) Villavicencio, Marcelo A. Oport. cit. pág. 1480. 24) Palomeque López, Manuel Carlos, "Derecho del Trabajo e Ideología", 5º Edic.revisada, Tecnos, Madrid, 1995, p. 23. 25) Plá Rodríguez, Américo. Los principios de derecho del trabajo. Cit., p. 217,con cita de DE MORAES FILHO, Evaristo. "Sucessão nas obrigações e a theoría daempresa", Río, 1960, t. II, p. 116. 26) García, Héctor Omar. Autonomía individual y estabilidad en el contrato detrabajo a plazo fijo. Obtenido vía Intranet en www.equipofederaldetrabajo.com.ar.

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Publicación: www.saij.jus.gov.arFecha: NOVIEMBRE DE 2008: Editorial:
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Re: Doctrina- Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Vie Ene 23, 2009 12:07 am

La reforma de la LRT debe ser concordante con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1).
Ponencia presentada al VI Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL - IIº Encuentro Nacional de Maestrandos - Mar del Plata, 7 y 8 de noviembre de 2008. (Texto completo)
SCHICK, HORACIO
Publicación: www.saij.jus.gov.ar, NOVIEMBRE DE 2008

I.- Introducción. En estos días se presenta la oportunidad histórica de debatir los contenidos deuna nueva ley de accidentes de trabajo. Cabe aspirar que este proceso serealice con la participación pluralista de todos los sectores involucrados, comocorresponde a una democracia verdaderamente representativa y no como ocurrió enel año 1995, cuando la sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo fue fruto dedeliberaciones cupulares, a espaldas de los principales destinatarios: lostrabajadores, y con el rechazo de la inmensa mayoría de la doctrina especializada Es de esperar que quienes están presionando para que se cometan nuevamenteerrores de este tipo, no logren incidir en los mecanismos del poder democrático yel parlamento advierta la ignominia de la experiencia pasada. En última instancia está por verse si los corresponsables del sistema vigentelogran erosionar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación através de la nueva ley o si por el contrario se respetan los derechos reconocidospor el Máximo Tribunal del País. II.- Filosofía que debe sustentar la reforma. A diferencia de los contratos de contenido patrimonial, en el contrato detrabajo el objeto es la persona física del trabajador. Es éste el que expone sucuerpo para cumplir con el débito laboral. Por su parte la primera obligación delempleador es garantizar que el trabajador regrese íntegro de su empleo, de allíque es esencial la función del sistema de riesgos de trabajo a fin de establecerun eficaz sistema preventivo que reduzca los infortunios laborales. En este sentido vale recordar lo dicho por la Dra. Carmen Argibay en la causa Díaz c/ Vaspia" en la que señaló que: "En la prestación laboral, el empleadoasalariado aporta su fuerza de trabajo y ésta depende directamente de suintegridad física. Dicha circunstancia tiene dos implicaciones casi obvias: una,que el nivel de exposición de su cuerpo, en tanto medio o instrumento de lostrabajadores para ganarse la vida, es alto y, otra, que el riesgo de undeterioro físico implica la marginación total o parcial de la actividad económicaal perder en esa medida la posibilidad de seguir utilizando su cuerpo paraobtener el sustento. Es decir, las probabilidades de daño físico son más elevadas"(2) El abordaje de la temática de accidentes del trabajo debe tomar en consideraciónque el bien jurídico a tutelar es la integridad psicofísica del trabajador y, sino puede evitarse que éste salga indemne de su empleo, debe lograrse que los dañossufridos sean reparados en forma integral. El bien jurídico protegido por el sistema de infortunios laborales estáconformado por la vida y la salud de los trabajadores y a ello debe atender elEstado. La situación de riesgo, la inseguridad y la imprevisión refieren a lapersona que trabaja y a las condiciones en las que realiza su labor. El capitalde la empresa no es el bien por el que se deben orientar con prioridad lasprescripciones que regulan el mundo del trabajo dado que "el cumplimiento de lasobligaciones patronales no se supedita al éxito de la empresa" (considerando 13ºdel voto de los Dres. Petracchi y Zaffaroni en la causa "Aquino"). Por esto mismo, en caso de fracasar la evitación de los daños a través demecanismos de prevención, es función de la ley repararlos en forma justa. Ello selogra a través del resarcimiento completo de todos los perjuicios sufridos por lavíctima, al margen de los que puedan corresponder por el menoscabo de laactividad productiva: la incapacidad física, la psíquica y el daño moral; la pérdidade ganancias y los perjuicios de la vida de relación social, deportiva y artística la pérdida de chance de ascenso en la actividad profesional y la lesión estética;etc. (cf. considerando 3º, causa "Aquino"). La cuestión de la reparación es central en la medida en que los datos sobresiniestralidad laboral -exclusivamente respecto del personal registrado queinforma anualmente la Superintendencia de Riesgos del Trabajo- demuestren sucrecimiento año a año, incluso por encima de las cifras de crecimiento económico. Existe indudablemente un déficit en la prevención como lo han reconocido el actualy el anterior Superintendente de Riesgos del Trabajo, en diferentesdeclaraciones públicas. Por nuestra parte sostenemos que esta insuficiencia preventiva estuvorelacionada con la falta de incentivos para invertir en esa dirección. Ellodebido a la displicencia que estimuló el régimen de riesgos del trabajo en esa áreay también como fruto de las contradicciones intrasistémicas de la ley, en lamedida en que el empleador tenía frente a la ART la doble condición de cliente ycontrolado. En este contexto no puede dejar de señalarse la irregularidad y las seriasdeficiencias de la Inspección del Trabajo vinculada con su desactivación, como porla carencia de operatividad de las disposiciones de la LRT. Por el contrario, un dato de la realidad llamativamente silenciado es que unode los méritos mayores de la jurisprudencia de los Tribunales -y, principalmente,de la emanada de la Corte Suprema-, a través del carácter ejemplificador ydisuasivo de sus sentencias, fue el de estimular a los obligados del sistema aadoptar medidas preventivas, que no se habían verificado en los primeros años devigencia de la ley. Es sabido que en el ámbito de la responsabilidad civil en los siglos XX y XXI,las condenas de reparación de daños dejaron de ser simbólicas para tener un fuertecontenido económico y así cumplir el fin resarcitorio que el derecho les impone. Se produjo un cambio de óptica, la consideración de la situación de la víctima vinoa reemplazar la anterior estimación desde el lado del victimario. Es decir, dejóde mirarse al victimario para mirar a la víctima, buscando su reparación. La Ley 24.557, sancionada en 1995 en pleno auge del "neolaboralismo", marchó ensentido contrario, lo que se vislumbró claramente en el discurso de sus creadoresy defensores acerca de que el objetivo principal del nuevo sistema era limitarlos juicios y reducir los costos empresariales, conjuntamente con la ampliacióndel mercado asegurador. En verdad, la LRT adoptaba la ultraliberal y, también, contemporáneainterpretación económica del derecho, que se dedica a contemplar la situaciónpatrimonial de las empresas causantes de los daños y a determinar la incidenciaen los costos de producción. Y, desde el punto de vista del mercado, se preocupapor las consecuencias de la litigiosidad, la descapitalización empresaria, eldesempleo, etcétera. Según esta concepción, las disposiciones normativas deliberación de cargas indemnizatorias al dañador estimularían la productividad delas empresas. Se trató de un retroceso intencionado con el fin de eludir responsabilidades. El proceso recesivo al que ingresó nuestro país a partir de 1998 y que hizo crisisen el fenomenal colapso de los años 2001 y 2002, con una caída de un 25 % del PBI,demuestra las falacias de esta doctrina economicista. Ni la LRT ni las demásleyes desprotectorias laborales dictadas en aquellos años impidieron la crisis,aunque dejaron al sector asalariado en un estado de vulnerabilidad nunca vistocon anterioridad. Desde el punto de vista normativo, la LRT estableció disposiciones abiertamenteinconstitucionales e injustas, convirtiendo a los trabajadores en verdaderosciudadanos de segunda. Por un lado estableció mezquinas indemnizaciones tarifadas, con adicionalesimposiciones de percepción de las mismas en forma de renta, en los casos de altasincapacidades y de la muerte. A su vez cerró a los trabajadores la posibilidad de acceder a una reparacióncivil de carácter integral, vulnerando un derecho existente desde la sanción delCódigo Civil. También sustituyó a los Jueces Provinciales del Trabajo -que históricamentedirimían los conflictos en materia de accidentes entre los trabajadores, losempleadores y las aseguradoras- por organismos administrativos de carácternacional compuestos por médicos y por la Justicia Federal. Se estableció un nuevoprincipio procesal, el de la justicia distante e inespecífica. Desde la sanción de la ley, la inmensa mayoría de los académicos la criticó, luegolos jueces de primera y segunda instancia de todo el país fueron declarandoinconstitucionales numerosas disposiciones de la misma. Pero a partir de septiembre de 2004 se produce un inmenso salto cualitativocuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su nueva composición dictó lostrascendentales e históricos fallos "Castillo", "Aquino" y "Milone" que hicieroncolapsar los pilares de una de las leyes mas cuestionadas, no ya de la historiadel derecho del trabajo, sino de las instituciones jurídicas en general. Estas sentencias implicaron un retorno a la juridicidad, disipando erroresconceptuales tan intensos que producían perplejidad a los observadores jurídicosiniciados, no ya de una disciplina esencialmente protectoria como es el Derechodel Trabajo, sino del más tradicional Derecho de Daños.(3) Estos fallos cerraron un largo debate, perdido por aquellos que trataron dejustificar ese cuerpo normativo y, paradójicamente, a los mismos sectores que sebeneficiaron con su aplicación. Las sentencias del Superior Tribunal de la Nación mejoraron sustancialmente laposición de los damnificados por accidentes y enfermedades del trabajo, pudiéndoseafirmar que, desde entonces, rige un sistema de reparación de infortunioslaborales sustancialmente diferente a la ley original. Uno de los aspectos más relevantes fue consagrar definitivamente el carácterconstitucional del derecho a la reparación plena y otorgar igual rango alprincipio "alterum non laedere" que prohíbe a los hombres dañar los derechos de untercero, interpretando así al artículo 19 de la Constitución Nacional, con laconsecuente declaración de inconstitucionalidad del artículo 39, párrafo 1ero., dela LRT. Estas correcciones de la Corte Suprema provocaron críticas vulgares, mediáticas ymetas jurídicas que vinculan las sentencias del alto Tribunal con el aumento dela litigiosidad, con la imposibilidad de las empresas de asumir los costosindemnizatorios y seguir produciendo, como si el funcionamiento del sistemaproductivo estuviese condicionado a que los trabajadores accidentados nopudieran acceder a la reparación integral de los daños sufridos. También se cuestionan las sentencias aludiendo inseguridad jurídica ydificultades de interpretación. Estas críticas nos merecen una primera respuesta y es que durante los primerosocho años de vigencia del sistema, en los que centenares de miles de trabajadoresperdieron para siempre derechos irrecuperables por aplicación directa de lasdisposiciones inconstitucionales de la ley 24.557, no se escucharon voces dereclamo respecto a esas pérdidas de beneficios, certeras, no hipotéticas. En segundo orden, luce evidente que la Corte Suprema ha desenmarañado lacompleja y tortuosa ley original, a su vez ampliada y corregida por infinidad dedecretos y resoluciones, que tenía el adicional componente perverso de no admitirel patrocinio jurídico de los trabajadores para actuar ante las poderosas ART yante las Comisiones Médicas en el procedimiento administrativo contencioso fijadopor la ley. Acerca del supuesto caos por el aumento de la litigiosidad laboral aconsecuencia de los fallos del Tribunal Supremo, nos hemos encargado de señalarque el nivel de juicios por enfermedades y accidentes del trabajo no alcanza al2% de la cifras registradas de siniestros por la Superintendencia de Riesgos delTrabajo, con el agregado del otro 40% de infortunios correspondiente al sectorno registrado de trabajadores que también se accidentan y son incluidos en lasestadísticas de juicios en trámite.(4) No obstante estas cifras razonables de litigiosidad en un sistema democráticocon división de poderes, donde el acceso a la justicia es un derecho fundamental,no puede dejar de señalarse la existencia de una campaña de descrédito hacia losoperadores jurídicos iniciada hace 18 años, que está empeñada en colocar lasestructuras de producción por delante del ordenamiento jurídico. Una comprensiónimperialista de la economía se encuentra detrás de estas campañas, preocupadas porimponer sus propias reglas y desplazar al derecho al papel de "pieza de museo".5) Estos ataques economicistas cuestionan la función de los abogados y el rol de lajusticia. La litigiosidad, la industria del juicio y una supuestacondescendencia de los tribunales son los temas centrales El telón de fondo lointegran el "desprecio por el Derecho" como normativa de convivencia, lasubestimación de la actividad de los abogados -desestabilizadora y contestataria-y el descreimiento en los jueces del Estado. De allí se pasa a la privatizaciónde la justicia a través de los medios alternativos, la habilitación parasolucionar las controversias a profesionales ajenos al derecho y a la denunciadel litigio como costo desestabilizador.(6) La Corte Suprema con sus históricas sentencias ha cuestionado esta concepcióneconomicista, recuperando escalas axiológicas olvidadas por el legislador de 1995 Así lo recordó en el caso "Vizzotti" cuando señaló que: "No debe ser el mercado elque someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidosy alcances de los derechos humanos. Por el contrario es el mercado el que debeadaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacionalbajo pena de caer en la ilegalidad".(7) Ahora bien, la Corte Suprema no cesó en su función correctiva de la LRT con latríada de históricos fallos referidos, sino que a lo largo de los años 2007 y 2008ha continuado dictando importantes sentencias prosiguiendo iniciada en laprimavera del 2004. Si hoy se está discutiendo la reforma a la inconstitucional LRT, ello ha sidoposible por la labor de la Corte Suprema que en los hechos ha diseñado una nuevaley, adaptando la original a las garantías constitucionales. De tal modo que no se trata de construir un escudo contra esa jurisprudenciaconstitucional del más alto Tribunal, sino que por el contrario debe reafirmarsela necesaria consideración que cada una de la sentencias de la Corte Supremadeberá tener en la reforma de la ley a fin de que no se repitan situaciones deinconstitucionalidad. Es esta la filosofía que debe sustentar la reforma legal en ciernes. III.- La Prevención.- Frente al escenario reformista aunque no ha de ser objeto de análisis profundo en esta ponencia no puede dejar de mencionarse que las políticas de prevencióndepositadas en exclusivos criterios privatistas y de mercado han demostrado suineficacia. La hipótesis de que el interés de las ART en minimizar lasprestaciones las iba a tornar eficientes en cuanto a la prevención de lossiniestros laborales, no se ha corroborado con los resultados empíricos delfuncionamiento del sistema. La subsistencia de un alto nivel de siniestralidadasí lo indica. Es indispensable entonces, el diseño de un nuevo sistema de prevención de losRiesgos Laborales, donde el Estado, en su instancia nacional y provincialreasuma un rol primario, protagónico e insustituible para la aplicación de laHigiene y Seguridad Industrial y sus decretos reglamentarios, así como lasResoluciones de la SRT en esta materia. Por tal motivo debe ser provisto de lainfraestructura y los medios necesarios para que esa función sea efectiva. LaJusticia del Trabajo y los órganos competentes de la Administración debenpropender al efectivo cumplimiento de las normas vigentes sobre prevención. Los deberes legales que se les impongan a las Aseguradoras de Riegos delTrabajo, en cuanto se refiere a la prevención de los riesgos, deben estarsustentados en la responsabilidad plena frente a las víctimas, por los daños quesus conductas omisivas generen. Finalmente, los trabajadores y sus organizaciones representativas deberán tener derecho a participar en el diseño de las políticas de prevención a través de losComités de Higiene y Seguridad del Trabajo que deben constituirse en la mayorcantidad de establecimientos posibles, pero en modo alguno deben sercorresponsables del cumplimiento del deber de seguridad, cuyos obligados debenseguir siendo los empleadores y las ART. IV. La responsabilidad civil en la reforma de la ley. 4.1. La Corte Suprema y la reparación civil de los accidentes laborales. Con posterioridad al dictado de los fallos "Aquino"(8), "Díaz"(9) y "AvillaJuchami"(10) la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió con fecha del 12 dejunio de 2007 un nuevo pronunciamiento en la causa "Llosco" (11) determinandoque la víctima de un accidente del trabajo pueda percibir de la Aseguradora deRiesgos del Trabajo (ART) las indemnizaciones tarifadas del sistema de la LRT,sin que ello implique la renuncia a reclamar al empleador la reparación civil, nocontemplada en la tarifa, planteando la inconstitucionalidad del artículo 39,párrafo primero, de la LRT. La Corte en esta importante sentencia señaló -l ratificando y profundizando lo yadicho en "Aquino"-, que el acogimiento a ciertas disposiciones de la LRT noimplica la renuncia tácita a impugnar otros aspectos de la misma norma quecontuvieran disposiciones de carácter inconstitucional. Así señala la Corte que: "un código, una ley o un reglamento pueden contenerpreceptos nulos que no invalidan el resto del estatuto ni inhabilitan a losinteresados para amparar en éstos sus pretensiones, salvo que entre unos y otrosexista interdependencia o solidaridad inexcusable". (Fallos: 175:262, 267) Precisamente en este caso señaló la Corte que no se presenta este vínculo quedetermina la aplicación de la llamada doctrina de los actos propios, que es laque sostiene que "el voluntario sometimiento, sin reserva expresa, a un régimenjurídico, a una decisión judicial o a una determinada jurisdicción, comporta uninequívoco acatamiento que fija la improcedencia de impugnación posterior con baseconstitucional". (Considerando 7º) La Corte sostiene la inaplicabilidad de la doctrina de los actos propios, porentender que la percepción de la indemnización tarifada adeudada por la ART noobsta al cuestionamiento constitucional al artículo 39, párrafo primero, de la LRTen cuando impide reclamar, no ya a la aseguradora por la indemnización satisfecha sino al empleador responsable por los demás daños civiles sufridos y nocontemplados en la tarifa. Así se señala que "al seguir el trámite previsto por la LRT para obtener laindemnización por incapacidad permanente que ésta le reconoce y, aun, al percibirel importe correspondiente, no hizo otra cosa que ejercer el derecho que leasistía en el mencionado marco legal y frente a la responsable de la prestación,esto es, la aseguradora de riesgos del trabajo. (Considerando cuarto) El trabajador sólo se sometió a las normas que determinaban la reparación de losdaños de acuerdo al sistema, pero eso no significaba someterse a otrasdisposiciones de la misma ley porque entre ellas no existe "interdependencia osolidaridad inexcusable" criterio que fuera referido en el precedente "Cubas" dela misma Corte Suprema.(12) Por estos fundamentos la Corte Suprema, revocó la sentencia del SuperiorTribunal de Justicia de Jujuy, el que sobre la base de la doctrina de los actospropios había decidido que el sometimiento voluntario al régimen administrativo dela LRT y la percepción de las indemnizaciones tarifadas del sistema, implicabanun acatamiento inequívoco que impedía su impugnación posterior con sustentoconstitucional. La decisión de la Corte Suprema en "Llosco" se ajusta al diseño legal de la LRT,con las correcciones dispuestas en el caso "Aquino", ya que el trabajadorconforme las pautas de la ley 24.557 puede percibir sin reserva alguna loadeudado por la ART, no pudiendo considerarse que ello implique una exoneraciónde responsabilidad al dañante, por cuanto la LRT no prevé ninguna opción derivadade ello y el trabajador siempre tiene derecho a las prestaciones.(13) Debe recordarse que en la causa "Aquino" la Corte Suprema deja expresamenteclaro que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 de la LRT noimplica la censura de todo el régimen legal y que por lo tanto subsisten las demásobligaciones que la LRT pone en cabeza de las ART, en especial, el otorgamientode las prestaciones dinerarias y en especie. A diferencia de los regímenes legales preexistentes, el de la ley 24.557 noestablece respecto de la responsabilidad civil el criterio de "opción conrenuncia", sino el de "cúmulo", el cual significa que las prestaciones dinerariasse consideran 'a cuenta' de las que emerjan de la reparación civil que pudieracorresponder al trabajador por el hecho de su empleador o de un tercero, esdecir se acumulan ambas indemnizaciones. Claro está, que existía una trampa legal en el régimen originario y es que no habíauna real posibilidad de acceder a la reparación integral -en el estrecho marco dela ley- por cuanto no se daba en el mundo del trabajo, el supuesto del artículo1072 del Código Civil, al que refiere el párrafo primero del artículo 39 de la LRT. Sin embargo, una vez declarada la inconstitucionalidad de este apartado primerodel artículo 39, en el ya referido caso "Aquino" no existe obstáculo legal queinhiba al trabajador a percibir las prestaciones de la ley y luego accionar enprocura de la reparación integral. A su vez, el artículo 11, apartado primero, de la LRT establece taxativamenteque las "prestaciones dinerarias de esta ley son irrenunciables". Se trata deun refuerzo de la regla de irrenunciabilidad establecida en el artículo 12 de laLCT, implicando la nulidad absoluta de todo acuerdo de las partes que suprima oreduzca los derechos reconocidos por la norma. Como se ha visto en el caso "Llosco" la Corte Suprema ha establecido los claroslímites que tiene la aplicación de la doctrina de los actos propios al derecholaboral y especialmente en materia de accidentes del trabajo. Pero también ha aclarado definitivamente la relación existente entre la acciónfundada en el derecho civil, encaminada a obtener la reparación integral y laacción sistémica dirigida a percibir las prestaciones dinerarias de la LRT. Eneste sentido ha quedado definitivamente consagrado el modelo de acumulación entreambas acciones.
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Re: Doctrina- Derecho Laboral

por Solo Derecho » Dom Abr 30, 2017 2:04 am

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Re: Doctrina- Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Vie Ene 23, 2009 12:10 am

Así, de la línea de los fallos "Aquino" y "Llosco" se desprende que eltrabajador que haya sufrido daños no resarcidos por la ART, por no estarcontemplados en el referido subsistema, puede demandar al empleador eseplusperjuicio. Pero ese modo de presentar las cosas soslaya que, aceptada ahorala inconstitucionalidad del artículo 39.1, nada impide a la víctima accionardirectamente contra el dañador en procura de la reparación integral o, dicho deotra manera, nada lo obliga a que previamente deba intentar el cobro de latarifa contra la aseguradora. De suerte que queda habilitada, activamente, unasuerte de doble vía configurada por dos pretensiones distintas, cada una confundamentos autónomos y dirigidos contra diferentes deudores. Cuando la Cortesostiene en "Llosco" que no existe "interdependencia ni solidaridad inexcusable"entre ambas posibilidades, ni entre las normas que respectivamente las regulan,tiene a la mira esa autonomía genética y funcional.(14) De acuerdo a la última posición de la Corte Suprema en la causa "Avila Juchami",parece como mayoritaria dentro del superior Tribunal la posición que consideraque la limitación del artículo 39, párrafo primero, de la LRT constituye unainconstitucionalidad absoluta, lo que determina la sola demostración de lospresupuestos de la responsabilidad civil, para la admisibilidad de la reparaciónintegral. En conclusión, existen varios escenarios posibles, todos válidos. El trabajadorpuede demandar civilmente al empleador planteando la inconstitucionalidad delartículo 39, párrafo primero, de la LRT sin perjuicio de reclamar por la víasistémica a la ART, en forma previa o simultanea, el cobro de las indemnizacionestarifadas de la LRT. Pero también, en virtud de la doctrina de la Corte Suprema en los casos Castillo", "Venialgo" y "Marchetti", puede acumular en la misma acción judiciallaboral contra el empleador la dirigida contra la ART para la percepción de lasllamadas prestaciones dinerarias de la ley. En ambos supuestos está claro que del resarcimiento integral se deberán descontarlas prestaciones dinerarias a las que fuera condenada la ART. Sin embargo, en estos casos sólo cabe deducir las emergentes de la incapacidaddefinitiva permanente abonadas por la ART y no las prestaciones dinerarias decarácter provisorias, ni las provenientes de la incapacidad laboral temporaria ymucho menos las valoradas en especie, como se referirá más adelante. 4.2 La Opción. Con esta serie de fallos queda sepultado el conocido criterio reformista de laley, que respecto a la responsabilidad civil del empleador, planteaba la llamada"opción con renuncia", que obligaba a elegir al damnificado entre la reparacióntarifada o la emergente del derecho común, de tal modo que si percibía la primera,abdicaba del derecho a poder plantear la segunda. La opción de elegir una de las dos acciones es contraria a la doctrina expuestapor la Corte Suprema en los fallos "Aquino" y "Llosco" en el sentido de quetodos los habitantes sometidos a un daño injustamente sufrido, incluidos lostrabajadores, tienen derecho a una indemnización integral que, para que sea justa debe cubrir todos los perjuicios, no pudiendo quedar ningún daño sin reparar. En la hipótesis de eximirse, a los empleadores de toda responsabilidad civil, envirtud de la elección con renuncia del damnificado se consagra una excepción depersonas, solo por su modo de participación en el proceso productivo, con francatrasgresión del principio de igualdad ante la ley (art. 16, CN). De adoptarse este criterio implicaría un retroceso respecto del escenariojurisprudencial actual, en el que el trabajador tiene derecho a percibir lasprestaciones de la LRT -de carácter irrenunciables (art. 11, LRT)- y reclamar porla vía civil la reparación de todos los demás daños sufridos por el trabajo, sinningún otro límite que la acreditación de los presupuestos de responsabilidad civil Mientras la Corte Suprema sostuvo en "Aquino" que además de la reparación civilseguían subsistentes todas las obligaciones de las ART, la propuesta de un régimende accidentes estableciendo una opción con renuncia le impide al trabajadorpercibir la reparación tarifada y aspirar a una sentencia que reconozca el dañomayor también sufrido. El sistema especial y la apertura de las acciones civiles pertinentes noresultan, según la Corte Suprema, regímenes independientes e incompatibles. Porel contrario se complementan para la reparación del daño único originado enaquellas causas involucrando respectivamente a dos sujetos responsables: laaseguradora y el empleador.(15) Es más, se puede afirmar que en el ámbito del Derecho Civil más ortodoxo, se podríajustificar que los trabajadores tuvieran una indemnización superior a losrestantes habitantes, sin recurrir al art. 14 bis de la Constitución nacional,porque para los dependientes la capacidad laboral lo es todo y el daño a la saludadquiere una trascendencia distinta, ya que solo cuentan con su fuerza detrabajo para participar del proceso productivo y obtener como sustento laremuneración alimentaria.(16) Surge diafanamente de la causa "Llosco" que los trabajadores o derechohabientesno pierden el derecho de acceder a la Justicia para reclamar al empleadorresponsable los mayores daños y perjuicios no contemplados en las indemnizacionestarifadas de la LRT, siempre que concurran los presupuestos de laresponsabilidad civil.(17) 4.3. Irresponsabilidad del empleador en cumplir las normas de seguridad. El régimen de opción determina que el empleador no está obligado a asumirresponsabilidad personal alguna frente a la víctima cuando desatiende las normasde seguridad. Es similar al cuestionado artículo 39, párrafo primero, de la leyvigente. En la doctrina del Derecho Civil aun para quienes admiten un límite cuantitativo-que en la materia se traduciría en las indemnizaciones tarifadas- éste deberestringirse a los casos de responsabilidad objetiva. Es decir, casos que nopueden preverse pero que igualmente deben ser reparados por el sistema. Pero la mayor cantidad de infortunios son atribuibles a la culpa del empleadorpor incumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Sonsupuestos de daños que pudieron preverse y no se previeron, se podrían haberevitado y no se han evitado. En la culpa siempre se recae en un defecto deconducta, por falta de previsión o de precaución, ya sea por imprudencia, torpezanegligencia o desatención.(18) La tarifa en consecuencia cubre límites mínimos por los llamados riesgos deactividad, pero en los demás casos, cuando la violación de las disposicioneslegales es demostrable y es factor causal del infortunio, el responsable deberesponder ante el damnificado por sus propias conductas. Es inadmisibleentonces que tengan igual trato las responsabilidades objetiva y subjetiva. Lostopes cuantitativos de las indemnizaciones se ciñen exclusivamente a laresponsabilidad objetiva, o sea por riesgo de desarrollo o actividad y nunca alos supuestos de dolo o culpa. La justificación que sólo admite el límite en lasindemnizaciones de responsabilidad objetiva tiene un claro e innegable trasfondoético, porque no es posible tratar de igual manera al que dañó a otro sin incurriren incumplimiento alguno ni en negligencia reprochable por el sólo riesgo de suactividad, y al que produjo un perjuicio por su objetiva ilicitud, por su culpa,por el incumplimiento de las normas que se tornan exigibles, en atención a lascircunstancias de persona tiempo y lugar para no dañar (doctrina art. 512 y cctes Código Civil).(19) Cuando se diluye el costo de la reparación, al punto de liberar al dañante de susresponsabilidades por culpa, se corre el peligro de promover una conductaempresarial irresponsable. Si así sucede por lógica consecuencia aumentasensiblemente la accidentabilidad. La dispensa de una conducta negligente, descuidada e imprudente del obligadoatenta contra el concepto mismo de obligación. Si desde el principio se aseguraal deudor que cualquiera sea la magnitud de su indolencia no se lo haráresponsable, el vínculo obligatorio pierde seriedad, dándole carta blanca alobligado, excusándolo "ab inicio" de manera que sea una verdadera invitación alincumplimiento. En definitiva, en ningún caso, es constitucionalmente aceptable que se combinetarifación, con eximición de culpa subjetiva (art. 1109 C. Civil). 4.4. Cúmulo total. Existe otra propuesta sobre el tema de la responsabilidad civil del empleador emanada del Ministerio de Trabajo de la Nación, según versiones periodísticas nodesmentidas al elaborarse esta ponencia, que en principio coincide con ladoctrina emanada de la Corte Suprema en los casos "Aquino" y "Llosco". Se admite en la misma, que la percepción de las prestaciones de la ley especial noimplica renuncia de los damnificados a reclamar judicialmente los demás daños queestime se le adeude reparar. Sin embargo esta propuesta aparece fuertemente deslucida por cuanto se planteala deducción de las indemnizaciones civiles por la reparación integral de lasprestaciones por incapacidad laboral temporaria; la cuantificación de lasprestaciones en especie otorgadas y a otorgar y la gran invalidez. También se plantea la deducción de las indemnizaciones tarifadas por incapacidadlaboral permanente definitiva o la muerte, lo que es correcto, ya quecorresponden al primer tramo de la reparación y se remite al menoscabo de lacapacidad productiva que el daño le produce al trabajador. La disidencia es respecto a la proyectada deducción de los demás rubros referidosen el anteproyecto porque constituyen una forma de envilecimiento de lareparación integral. La valuación arbitraria de las prestaciones en especie puede convertir enirrisoria la indemnización resultante. Durante la vigencia de la ley 9688 y sus modificatorias en el ejercicio de laopción civil, nunca se dispuso la deducción de la asistencia médica yrehabilitatoria y menos aún los salarios por incapacidad temporaria, como sepropone ahora. Por otra parte, las prestaciones en especie no son susceptibles de serconsideradas como parte de la reparación dineraria integral que se reclama en laacción civil y, por ello, no corresponde deducirlas del importe de la condena. Estas prestaciones en especie como son la atención médica y farmacéutica, laprovisión de prótesis y ortopedia, la rehabilitación, la recalificación profesionaly el servicio funerario, no son rubros que se reclaman en las demandas, de modotal que no pueden ser descontadas respecto a otros que integran el daño emergente el lucro cesante o el daño moral. Son prestaciones que corresponden a las obligaciones que tienen las ART Artículo 20 LRT) y que la Corte dijo claramente que subsisten, con independenciade los demás daños a la persona del trabajador. Así lo dice textualmente el Juez Dr. Miguel Ángel Pirolo con la adhesión delsegundo vocal Dr. Miguel Ángel Maza en una reciente sentencia que con referenciaal agravio en torno de la deducción que el "a quo" ordena respecto de lasprestaciones otorgadas por las ART señala textualmente: "En cuanto a lasprestaciones en especie habida cuenta que no son susceptibles de serconsideradas como parte de reparación dineraria integral que se reclama en estosautos, estimo que no deben ser deducidas del importe de condena".(20) Hay quedestacar que dentro del rubro daño emergente en la reparación integral de un daño,el Código Civil reconoce el derecho al pago "de todos los gastos de curación yconvalecencia" (Art. 1086 del Código Civil). Quedan incluidos en este rubro losgastos de internación, intervenciones quirúrgicas, honorarios médicos, asistenciapsicológica, terapia física y también todos los desembolsos que sean necesariospara cumplir con al finalidad curativa y de rehabilitación del lesionado. Estosgastos constituyen un típico daño emergente, Pueden ser pasados, actuales ofuturos. También la víctima tiene un crédito a los aparatos de prótesis y ortopedia quesirven para suplir la falta de órganos afectados como consecuencia del accidente. También corresponde la renovación de esos aparatos cuando su uso normal así lorequiera. Ahora bien, en el marco del contrato de trabajo, la LRT determina que estasprestaciones, específicamente reguladas, están a cargo de la ART. De modo que eltrabajador en el juicio civil no reclama la reparación de este daño ya satisfechopor la aseguradora. En consecuencia no parece corresponder la deducción de los otros daños emergentes planteados en una demanda judicial, ni tampoco del lucro cesante, el daño moralo el daño psíquico ya que estos son rubros independientes de las prestaciones enespecie. Esta posición carece de todo fundamento jurídico. Distinto sería el caso de que el trabajador reclamara la provisión de algunas delas prestaciones en especie fijadas en el artículo 20 de la LRT. Sólo en esesupuesto cabría la deducción de rubros equivalentes. Respecto al descuento de las prestaciones por Incapacidad Laboral Temporariacabe hacer similares reflexiones. En primer lugar no constituyen una indemnización sino que tienen naturalezasalarial, incluyendo aportes previsionales, y vienen a sustituir lasremuneraciones que dejó de percibir el damnificado a consecuencia del siniestro. Estos salarios por ILT, vendrían a tener una función similar a los previstos enel art. 208 de la LCT, motivados por enfermedad inculpable del trabajador, yemergerían como una consecuencia de la suspensión de ciertos efectos del contratode trabajo, en este caso, producidos por la ocurrencia del infortunio laboral. Tampoco están demandados en los juicios por los damnificados por haber sidosatisfechos por las ART en cumplimiento de sus obligaciones, de modo que por losmismos argumentos vertidos con anterioridad no corresponde su deducción respectoa rubros diversos reconocidos en una sentencia de condena civil. En relación a la prestación mensual por gran invalidez prevista en elanteproyecto, que sería similar a la actual, es decir, una suma mensual nodefinida monetariamente que beneficiaría al incapacitado con mas de 66% deincapacidad, tampoco correspondería su deducción. En efecto, la mismacorresponde a la asistencia que debe tener el lisiado para afrontar su vidacotidiana, circunstancia que tampoco esta comprendida en los rubros que sereclaman en la acción civil. Con igual criterio que lo dicho anteriormente nocorrespondería su deducción. Por lo tanto, se reitera, sólo sería admisible deducir de la indemnización civillas sumas provenientes de las indemnizaciones tarifadas por incapacidad laboralpermanente definitiva o la muerte. 4.5. Rubros indemnizatorios que integran la reparación civil Cuando se resarce patrimonialmente un daño físico, si bien a primera vista es laprotección del ingreso de la víctima, tratando de evitar que no deje de ganar comohabitualmente lo hacía. Sin embargo estos bienes no son los que inmediatamentetutela el Derecho sino que resultan garantizados como consecuencia de queprimero hubo un agravio a la salud del individuo. De modo que el bien jurídicoprotegido es la salud como integridad psicofísica. El derecho resarce laincapacidad profesional que es la pérdida de aptitud para seguir percibiendo elmismo ingreso por no poder seguir desempeñando la misma ocupación que se ejercíaanteriormente. Pero también resarce la invalidez general que es la pérdida de lacapacidad de aprovechar cualquiera de las oportunidades que ofrece el mercado deempleo, aunque se esté dispuesto a cambiar de ocupación y aceptar un nivelprofesional más bajo. Estamos hablando en estos casos del daño emergente o daño actual, es decir de losdaños patrimoniales que sufre la víctima a consecuencia del accidente. El daño futuro, es el lucro cesante que implica la pérdida de provecho, ganancias utilidades, beneficios. El artículo 519 del Código Civil menciona el daño nacido de la "utilidad que hayadejado de percibir el acreedor de la obligación"; el artículo 1067 alude al dañoque puede causar y el articulo 1069 del Código Civil lo define como "la pérdida deganancia a la que fue privado el damnificado por el acto ilícito. Es decir queel resarcimiento por el lucro cesante, cubre la pérdida de la utilidad o gananciaesperada, por la suficiente probabilidad de sobrevenir. Pero también cubre elriesgo de un daño futuro que a lo mejor no ocurre jamás". En consecuencia corresponde computar todas las pérdidas de ingresos, y no sololas del empleo en que ocurrió el siniestro, siempre que exista un nexo decausalidad entre la pérdida y el hecho ilícito. (Artículo 1086 del Código Civil). Con relación a las pérdidas de ganancias pasadas rige claramente el principio dereparación plena, y no ofrece mayores dificultades. En cuanto al cómputo de los ingresos a calcular, no parece razonable limitarlo ala edad jubilatoria sino extenderlo hasta los 75 años que es la vida útil promedio Por otra parte es un dato de la realidad que todas las personas que llegan a sujubilación continúan trabajando, circunstancia de la que también se verá privado eldiscapacitado. El daño físico trae aparejado en la mayoría de los casos una pérdida de chance. Tal es el supuesto del obrero que no puede ascender de categoría, el profesionalque no puede obtener una mejor clientela o el estudiante que no puede obtener sutítulo. Todo ello sucede a consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro También existen lesiones físicas de repercusión patrimonial indirecta que erantradicionalmente morales y que hoy adquieren ciudadanía en el ámbito patrimonial. Por ejemplo la depresión tiene una repercusión laboral, el daño estético puedecausar un perjuicio patrimonial a quien usa su imagen en su labor o a cualquierotra persona. También el daño sexual como la pérdida de un testículo a edadtemprana, puede influir en el desarrollo corpóreo, en la estabilidad psíquica y lacapacidad de resistencia física propiamente viril y ello naturalmente en susposibilidades de triunfo social. Integra el resarcimiento la indemnización por daño moral, que es extrapatrimonialy tiene por finalidad reparar los padecimientos físicos y espirituales, lossufrimientos experimentados, las angustias derivadas de la incertidumbre sobreel grado de restablecimiento, la lesión a las afecciones; extremos que evidencianel carácter resarcitorio que se le asigna a esta indemnización. El daño moral tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación odisminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad espíritu, la libertad individual, laintegridad física, el honor, los más sagrados afectos, entre otros . En cuanto al daño moral, caber reiterar que su ponderación es totalmenteindependiente del cálculo y del monto de la condena por daño material. Según el Profesor Mariano N. Castex puede hablarse de daño psíquico en unapersona, cuando esta presenta un deterioro, una disfunción, un disturbio otrastorno, o desarrollo psicogénico o psico-orgánico que, afectando sus esferasafectiva y/o intelectiva y/o volitiva, limita su capacidad al goce individual,familiar laboral, social y/o recreativa, siendo oportuno tener presente que cadaser humano tiene su peculiar campo de "tarea" y/o cualquier "quehacer vital" o también - "capacidad de goce", diferenciándose éste de las demás personas, no soloen su extensión, sino también en cuanto a su comprensión, término este que, en lógicamenor -conforme lo propone el diccionario de la lengua de castilla en su segundaacepción-, implica al "conjunto de cualidades que integran una idea o concepto". También el siniestro puede producir un daño psicobiológico al producir unacortamiento de la vida, como lo ha comprobado la estadística médica en numerososcasos de lesiones graves. Este sería un daño moral, pero también material puestoque al reducirse la vida también impide obtener lucros durante de ese lapso devida.
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ariel armando
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Re: Doctrina- Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Vie Ene 23, 2009 12:11 am

Como puede verificarse en esta breve descripción de las distintas especies dedaños que la doctrina clasifica genéricamente como daño emergente, lucro cesante ydaño moral, existen una amplia gama de perjuicios que sufren los damnificados yque por lo tanto pueden reclamarse en una acción civil a consecuencia de unaccidente del trabajo. Dentro de estos daños están incluidos la incapacidad laboral temporaria, unamensualidad por invalidez y los gastos médicos farmacéuticos, médicos y ortopédicos. Pero es evidente que si estos rubros ya han sido satisfechos por la ART -comoobligación legal impuesta por la LRT- el accidentado no los reclama en la accióncivil. Consecuentemente, no existe fundamento para que en la sentencia condenatoria dela reparación integral, se deduzcan los importes de otros daños que si deben serreparados y no están satisfechos por la tarifa, ni por la ART. La falta de equivalencia en la deducción configuraría un nuevo supuesto deinconstitucionalidad al reducirse sin fundamento la reparación integral. 4.6. Lo dicho por la Corte Suprema en materia de reparación civil Cabe recordar en este sentido que la Corte Suprema ha señalado en sucesivospronunciamientos que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicaso psíquicas en forma permanente debe ser objeto de reparación al margen de lo quepueda corresponder por el menoscabo laborativo y por el daño moral pues laintegridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprendeademás que aquella actividad económica diversos aspectos de la personalidad quehacen al ámbito doméstico, cultural social con la consiguiente frustración deldesarrollo pleno de la vida. Así el Máximo Tribunal en el caso "Aquino" señaló que resultaba inconstitucionaluna indemnización que no fuera "justa", puesto que: "indemnizar es eximir de tododaño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento", lo cual no se logra "si el dañoo el perjuicio subsisten en cualquier medida" (Fallos 268:112,114, considerando4º y 5&) (citado en el considerando 4to. del voto de los Ministros Petracchi yZaffaroni )"; y que: "[...] Más aún, la incapacidad debe ser objeto de reparación,al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividadproductiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene unvalor indemnizable". En el caso "Arostegui" la Corte ratificó y profundizó los criterios anteriores enel sentido que deben repararse todos los daños sufridos por la víctima sinataduras a formulas matemáticas reduccionistas de las indemnizaciones. Señaló queen el contexto indemnizatorio del Código Civil debe tenerse en cuenta que "Laincapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicioen su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas,artísticas, etc., y que por el otro, debe ser objeto de reparación, al margen delo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por eldaño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizadle... En el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de "chance",cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascenderen su carrera". (Considerando 5to voto mayoría). Como puede verificarse, todos estos daños no se refieren a la ILTemporaria, lasprestaciones en especie, ni la asistencia por gran invalidez, que el sistemapone en todos los casos a cargo de la ART. De tal modo que en la medida que la aseguradora cumpla con estas obligacioneslegales, no corresponde su reclamo en el juicio civil y, consecuentemente,tampoco su deducción de los demás daños cuyo resarcimiento se condena en esainstancia. V.- Las enfermedades laborales en la reforma de la LRT. 5.1 Marco Internacional. En la experiencia internacional a la hora de establecer una definición deenfermedad profesional caben tres alternativas. La primera es la definiciónabierta: se define como enfermedad profesional "toda aquélla provocada por eltrabajo". Esta alternativa tiene un grado de flexibilidad y, para reconocer unaenfermedad profesional debe demostrarse que el trabajador está enfermo, que estáexpuesto a un agente capaz de causar la enfermedad y que realmente existe esarelación de causalidad (teniendo en cuenta las condiciones concretas del puestode trabajo). La segunda alternativa consiste en establecer una lista de enfermedadesprofesionales asociadas, cada una de ellas, a la exposición a un determinado agente causal". Si se produce la exposición y la enfermedad, se presupone que laprimera es causa de la segunda. Esta alternativa facilita el reconocimientocomo enfermedad profesional de las enfermedades incluidas en la lista, perocualquier enfermedad excluida de la lista no será considerada como profesional,aunque tenga origen laboral (con los inconvenientes que ello puede suponer parael trabajador afectado). La tercera -y mejor- alternativa es el establecimiento del denominado sistemamixto: una lista de enfermedades profesionales completada con una definiciónabierta, que permita el reconocimiento de las enfermedades excluidas de la lista si se prueba su origen laboral. La mayoría de los países de la UE tienen ya estesistema, siguiendo la Recomendación de la Comisión Europea de 1991 sobre estamateria, y coinciden también en considerar como profesionales, a efectos dereparación, las enfermedades que no tengan un origen exclusivamente laboral peroque hayan sido agravadas por el trabajo (en caso de que esto pueda probarse). En el 2003 la Comisión Europea elaboró una nueva Recomendación que no solo incluyeuna nueva y doble lista de EEPP (enfermedades "profesionales" y enfermedades sospechosas de serlo"), sino que establece además diez "recomendaciones básicas"para su prevención, reconocimiento y reparación. (21) La O.I.T. en el artículo 8vo. del Convenio 121, establece que en caso deestablecerse en la legislación nacional un listado en el que se establezca elpresunto origen profesional de ciertas enfermedades, se debería permitir laprueba del origen profesional de otras enfermedades o de las enfermedadesincluidas en la lista cuando se manifiesten en condiciones diferentes deaquellas en que se haya establecido su presunto origen profesional. 5.2. Las enfermedades en la LRT. Los redactores de la LRT eligieron la segunda opción referida, la másrestrictiva. A su vez esta opción implicó retroceder a la postura inicial de laley 9688 en el año 1915, al enumerar cada una de las enfermedades que sonconsiderables profesionales las que se registraron en un listado cerrado. Esta metodología también desconocía toda la evolución legislativa, jurisprudencialy doctrinaria, ocurrida durante más de 80 años antes de la sanción de la LRT. En este sentido el Art. 6 de la LRT estableció aplicando un criterio hermético,rígido y autosuficiente, que solo son enfermedades profesionales aquellas que seencuentran incluidas en el listado que elabora y revisa el Poder EjecutivoNacional anualmente conforme al procedimiento del art. 40, ap. 3. El listado fue aprobado por el decreto 658/96 y sólo fue modificado en unaoportunidad por el Decreto 1167/2003, que incluyó el Hantavirus y el Mal deChagas. El listado identifica al agente de riesgo, los cuadros clínicos y actividades,con capacidad para determinar por sí la enfermedad profesional. Las enfermedadesno incluidas en el listado, dice la norma, no serán consideradas resarcibles. La vocación restrictiva se acentúa porque el referido art. 40, ap. 3, LRT,establece que el listado de enfermedades profesionales deberá confeccionarseteniendo en cuenta la causa directa de la enfermedad en relación con las tareascumplidas por el trabajador y por las condiciones del medio ambiente de trabajo. La enfermedad no solo tiene que estar en el listado sino que también tiene queestar vinculada al agente de riesgo (químico, físico o biológico) que la provocó o ala actividad en la que ella se produjo. La LRT adoptó el criterio altamente restrictivo del listado cerrado de triplecolumna, para identificar y reparar a las enfermedades profesionales. También ha sido señalado que la lista confeccionada por el PEN prevé una causa dela afección y el efecto, pero no tiene en cuenta que una causa puede producirmuchos efectos, es decir, que distintas condiciones de trabajo (forma de prestarlas tareas, mecánica laborativa y ambiente laboral) pueden provocar diversosefectos sobre la salud del trabajador. Por ende, por un lado hay enfermedades no incluidas, y por otro, las que estánincluidas no lo están en cualquier relación causal, sino en una relación causalúnica y predeterminada. Como se ha dicho, muchas de las patologías reclamadas porlos trabajadores y que en realidad se vinculan causalmente con el trabajodesarrollado, quedaron fuera del listado cerrado de triple columna (22). Esta función legislativa impropia del Poder Ejecutivo se convirtió en absurdopor cuanto han quedado fuera del listado, numerosas enfermedades que conanterioridad tenían amparo legal y jurisprudencial. (23) Esta situación motivó fuertes cuestionamientos al Régimen de Riesgos del Trabajoque intentó ser revertido con el dictado con el Decreto de Necesidad y UrgenciaNro. 1278/00 ,no produjo una solución a la cuestión por cuanto la inclusión deotras enfermedades se limita al caso individual, y porque las condiciones deadmisibilidad son altamente restrictivas y se limitan a aquellas "provocadas porcausa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influenciade los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo (Art. 6 ap. 2, inc b, primer párrafo) 5.3. Reparación extrasistémica. El caso Silva de la CSJN Frente al criterio del listado cerrado de las enfermedades profesionales existíaun sector, minoritario de la doctrina, que aseveraba que el de la LRT era unsistema cerrado que no permitía fugas hacia otros esquemas reparatorios.(24) Esta postura valora la previsibilidad del sistema en orden a los costos dereparación y su aseguramiento, propiciando reglas taxativas que determinen en elpasado que daños tendrán reparación excluyendo otros no previstos en la norma.(25) Otro sector haciendo una lectura literal de la norma afirmaba que la únicasalida era la declaración de inconstitucionalidad del articulo 6to de la LRT, enla medida que impedía sin fundamento a que se repare el daño que es imputable aotra persona. (26) (27). Diferenciada de estas dos posiciones se fue abriendo paso una corrientedoctrinaria y jurisprudencial que resultó mayoritaria, que afirmaba que unaconsecuencia no querida ni prevista por los autores de la LRT, fue que lasenfermedades no contempladas en el listado cerrado, pero que guardaran nexocausal con las tareas cumplidas para las obligadas, igualmente serían resarciblesaunque por fuera del sistema de la Ley 24.557, a través del derecho común. De lo contrario se afirmaba que se produciría una verdadera autorización a losempleadores para dañar, en abierta conculcación con el referido art. 19 de laConstitución Nacional. Como contrapartida se produciría el contrasentido que eldaño, al no ser reparado, sería absorbido por la víctima del siniestro. (28) La expresión legal con respecto a que las enfermedades no contempladas en ellistado o los hechos no incluidos en la categoría de súbitos y violentos del art.6, no serán resarcidos por las prestaciones de la ley de Riesgos del Trabajo,solo tiene virtualidad dentro del estrecho marco legal. En este caso, la reparación de los daños extrasistémicos, fundado en laresponsabilidad extracontractual, no emerge de un incumplimiento convencional,sino de la omisión de una obligación legal, preexistente al contrato entre lavíctima y el empleador. La Corte Suprema en el caso Silva (29) cerró definitivamente el debate al sentarpor mayoría la doctrina de "aunque una enfermedad laboral no esté incluida en ellistado de enfermedades de la LRT confeccionado por el P.E.N., si se demuestraque dicha enfermedad esta vinculada causalmente a la actividad laborativa,corresponde la indemnización en base a las disposiciones del derecho Civil". Es decir que las enfermedades no incluidas en el listado cerrado del artículo 6de la LRT, igualmente debían ser reparadas, ya no en base a las disposiciones dela LRT, sino en base al derecho civil, en la medida que se comprobara que existeun nexo de causalidad adecuado entre el daño sufrido y la actividad laborativadesempeñada a favor de la empleadora. Así la Corte Suprema en su voto mayoritario sostuvo que "La cámara rechazó lademanda por aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo sin advertir que la acciónse fundó en el derecho civil". En virtud de esta falsa premisa, resolvió que debíaaplicarse el sistema de numerus clausus en cuanto a las enfermedades resarcibles en el que no estaba contemplada la situación del actor... Desde esta formarechaza y repugna la base de sustentación de cuerpo normativo de riesgos deltrabajo, al considerar que no resarcir las enfermedades que no están en ellistado -más allá de que reconozcan, en el caso puntual, nexo causal con el factorlaboral-, contradice un precepto constitucional ya que el legislador no puedeestablecer normas que violenten el principio de no dañar consagrado en el art. 19de la Carta Magna....Para la procedencia de la acción del derecho común debeprobarse la existencia de los presupuestos de la responsabilidad civil. Por lotanto si se demuestra que una enfermedad esta vinculada causalmente a un hechoantijurídico, la acción procede con independencia del listado que prevea la ley deriesgos del trabajo, que obedece a un régimen especial, diferente del derechocomún...". En este sentido, no sólo cabría la acción -siempre que se logre probar el nexocausal-, de la enfermedad profesional que no se encuentre en el listado queregula la Ley de Riesgos del Trabajo, sino también en el caso de agravamiento delas existentes, toda vez que las declaradas por el sistema, su agravamientoresulta ser extra-sistémico. Ello máxime cuando para ello no resulta necesario la declaración deinconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 de la Ley 24.557 "...en tanto se persiguela reparación de una enfermedad que no esta comprendida en el listado que debeelaborar y revisar el Poder Ejecutivo, dentro del sistema especial... CONSIDERANDO QUINTO voto de la mayoría)". En base al precedente judicial de la Corte Suprema que se analiza, es que sepuede afirmar que la situación jurídica sobre enfermedades laborales, tiene unmarco dado por la base del listado y la causalidad que regula la Ley de Riesgosdel Trabajo, que sigue siendo taxativo y limitado, y por otro lado tiene unmarco de derecho generado por la reparación del derecho común, sobre lasenfermedades no contempladas en el listado o sobre los agravamientos de lascontempladas. Esta sentencia de la Corte Suprema zanja definitivamente el debatejurisprudencial en el sentido que las enfermedades no tipificadas como talespor el restrictivo listado confeccionado por Poder Ejecutivo Nacional conformea las facultades que le otorga la LRT, deben ser igualmente reparadas, aunque yano en base a las pautas y requisitos de la LRT, sino en base al derecho civil. El caso "Silva" no solo cuestiona el listado cerrado del Articulo 6to párrafo2do de la LRT en su versión original, sino que también implícitamente descalifica la supuesta apertura, del Decreto de Necesidad y Urgencia 1278/2000. En efectoel DNU 1278/00 sólo admitía la apertura del listado respecto de la enfermedad que la Comisión Médica Central declare por excepción, como "consecuencia directa einmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factoresconstitucionales atribuidos al trabajador o que estén originados por causasajenas al empleo".(30) Para la procedencia de la reparación de los daños laborales en base al derechocomún la mayoría de la Corte estableció como único requisito, sin ninguna otralimitación, la existencia de los presupuestos de la responsabilidad civil. 5.4. Las enfermedades y la reforma legal. Parece necesario en el diseño del capitulo de las enfermedades laborales en lanueva ley de accidentes del trabajo producir un viraje significativo a efectosde recuperar derechos eliminados por la LRT y reinterpretarlos a la luz delnuevo escenario jurisprudencial. Si bien nadie niega la existencia del objetivo primario de la prevención, locierto que la reparación de dañosidad laboral por las enfermedades laboralesabarca un escenario muy amplio, que fue desdeñado por la LRT, por lo que cabe enla nueva etapa darle la importancia que corresponde a la magnitud del problema Como se ha visto el listado cerrado actual, tiene el inconveniente que sólodefine a un número limitado de enfermedades profesionales dejando de lado muchasafecciones que son también de origen indudablemente laboral. Parecería que el mejor sistema para definir las enfermedades laborales es eldel sistema mixto. Esto conduce a la confección de un listado no taxativo, indicativo quesirviera como presunción del origen profesional de la enfermedad, salvo laexistencia de prueba en contrario. A su vez, este listado sería complementado con la disposición a considerar tambiéncomo profesionales a las afecciones que no se encuentran allí mencionadas, peroque el damnificado tiene la posibilidad de obtener la reparación, si prueba la relación causal entre el daño y las condiciones de empleo. Es decir, que aquellas enfermedades no incluidas en el listado deberán serconsideradas de índole laboral en caso de encontrarse relacionadas causal oconcausalmente con la prestación del trabajo. Es necesario entonces redefinir las enfermedades laborales, superando ellistado cerrado de la ley vigente, y ampliándolo a los supuestos de que laafección sea "consecuencia inmediata o mediata previsible del tipo de tareasdesempeñadas por el trabajador o de las condiciones en que fueren ejecutadas poréste", según se afirmaba en el proyecto de reforma de la Comisión de Legislación delTrabajo de Diputados de la Nación de 1998. De acuerdo a este criterio en caso que el trabajador sufra una enfermedad nocontemplada en el listado indicativo de enfermedades laborales tendrá el derecho a reclamar y probar, ante la autoridad administrativa o judicial sucarácter laboral mediante .procedimientos rápidos y acceso judicial expeditivo. La predisposición constitucional del damnificado no podrá ser invocada paraexcluir a la enfermedad laboral de esta categoría, cuando el trabajo o lascondiciones ambientales donde este se desarrolla, hubieran obrado eficientementecomo factor relevante y/o reagravante y previsible de la dolencia. Esta opinión se fundamenta en que si el empleador y la ART efectúan losexámenes preocupacionales y periódicos pueden controlar la salud del trabajadordestinándolo a lugares acordes con su aptitud. De no tomar en cuenta algunapredisposición constitucional y destinar al trabajador a tareas nocivas que ledesencadenen la afección, surgiría una responsabilidad indemnizatoria, dada larelevancia que tiene el concepto de previsibilidad en materia de prevención yreparación de enfermedades del trabajo. La concausa previsible o estado anterior, que determina la responsabilidad delempleador, la constituyen aquellas circunstancias anteriores a la acciónefectivamente conocidas, que pudieron ser conocidas por el principal aplicandola debida atención y previsibilidad respecto de los efectos nocivos del riesgolaboral Parece también necesario sugerir que para que opere la exclusión de lasincapacidades preexistentes a la iniciación de la relación laboral, las mismas deberán haber sido identificadas en su tipo y grado en el examen preocupacional yhayan sido fehacientemente notificadas al trabajador y a la entidad sindicalcorrespondiente, a los fines de evitar maniobras fraudulentas. También es recomendable incorporar en la nueva norma la noción de reagravamientoque permita, en el caso de las enfermedades progresivas (sida o enfermedadespulmonares por polvo), que los trabajadores puedan actualizar su indemnizaciónconforme a la evolución de su incapacidad. Hoy sólo cobran en función del grado deincapacidad determinado en el momento del examen, aunque luego estasenfermedades progresen hasta la incapacidad o la muerte. Cualquiera sea la naturaleza de la reforma a la LRT, la doctrina del caso Silva" determina que siempre quedará abierta para los damnificados la vía delCódigo Civil para reclamar el resarcimiento integral por los daños producidos porlas condiciones y medio ambiente del trabajo, en la medida que se cumplan lospresupuestos de la responsabilidad civil. VI. El procedimiento. 6.1 La Jurisprudencia de la Corte Suprema Las Sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en loscasos "Castillo", "Venialgo" y "Marchetti" constituyen un conjunto armónico quedetermina, la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22, 46 inciso 1ero de laLRT y de las normas y correspondientes del decreto 717/96. En consecuenciasurge como doctrina de aplicación para todos los tribunales del país, que lascomisiones médicas creadas por la LRT, al constituir organismos de carácterfederal, son inconstitucionales y los trabajadores, o los derechohabientes,pueden ocurrir directamente ante los Tribunales del Trabajo para reclamar lasprestaciones dinerarias o en especie de la LRT, sin tener que atravesar ellaberíntico procedimiento ante las Comisión Médicas. Estos fallos determinan una instancia superadora de la notable desigualdad quesufren los trabajadores que debían presentarse solos, sin defensa letrada,enfrentando las estructuras de las compañías aseguradoras y sometiéndose a ladecisión de las cuestionadas comisiones médicas y, en caso de disconformidad,recorrer el largo camino ante órganos distantes, federales e inespecíficos comoson la Comisión Médica Central o la Cámara Federal de la Seguridad Social. Otra consecuencia del dictado de esta tríada de fallos es que resulta admisible,en el caso de enfermedades no incluidas en el listado de enfermedadesprofesionales aprobado por el Decreto 658/96, accionar judicialmente contra laART por las prestaciones dinerarias del sistema, reclamando la inclusión de laafección para el caso concreto, como enfermedad profesional (conforme artículos 2ºy 11 del DNU 1278/2000, que modifica el art. 6º de la LRT y el decreto 410/2001). Es decir que, al amparo de la nueva jurisprudencia, la Justicia laboral de cadajurisdicción es competente para dirimir la declaración de contingencia cubiertapor las prestaciones de la LRT, no debiéndose transitar previamente por lasComisiones Médicas.
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ariel armando
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Re: Doctrina- Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Vie Ene 23, 2009 12:15 am

6.2 La reforma del Procedimiento. La Corte ha definido en los tres casos referidos que la materia de accidentesdel trabajo es de naturaleza de derecho común y no federal. Por tal motivo nocorresponde al Congreso legislar el procedimiento en esta materia ya que sólopuede establecer los contenidos sustantivos del régimen de infortunios laborales. En este sentido, en el diseño del futuro régimen de accidentes del trabajo, seríaposible admitir en cada Jurisdicción algún régimen voluntario de Comisiones médicaslocales, designadas por las autoridades administrativas de cada Provincia, paraque en caso de diferendos respecto a prestaciones entre trabajador y ART, seemita un dictamen, que pueda luego ser revisado en forma amplia por la Justicialaboral competente, para el supuesto de ser cuestionado dentro de un plazorazonable. Las decisiones de las Comisiones Médicas voluntarias deben ser consideradas comomeros informes médicos periciales, con exclusiva facultad para determinar elcarácter y grado de la incapacidad y el contenido de las prestaciones en especiecon amplia facultad de revisión de su dictamen por parte de la Justicia. En consecuencia, con respecto al procedimiento en el Congreso, le cabría regularla intervención voluntaria de las Comisiones Médicas Locales sólo en el ámbito de laJusticia Nacional, ya que -como ha señalado la Corte Suprema-, le está vedadoafectar las facultades no delegadas de las Provincias de fijar el procedimientoy la jurisdicción dentro de su ámbito territorial (conforme artículo 75 inciso 12,30 y 121 de la Constitución Nacional). La Ley 24.557 violó las reglas constitucionales en materia de poderes delegadospor las Provincias al Estado Federal. No cabe repetir este error. Es aconsejable que estas comisiones médicas estén constituidas por médicos conestabilidad del empleo público y con dedicación exclusiva para afirmar suindependencia. Asimismo se deberá establecer en el trámite el patrocinio jurídico obligatoriopara los damnificados, a fin de asegurar el debido proceso y la garantía dedefensa en juicio. Esta propuesta significa que el trabajador también podrá optar por recurrirdirectamente ante la Justicia, sin ninguna otra intervención previa de instanciaadministrativa para obtener, a través de una vía sumarísima, las prestaciones que asu entender le corresponden y que sean reconocidas por los jueces. La Justicia ofrece garantías de objetividad en el marco de un proceso judicialque no brindan los órganos administrativos. Coincidimos con Oscar Zas en que uno de los componentes principales del accesoa la justicia es, precisamente, el acceso directo a un tribunal competente,mediante un recurso efectivo y rápido y el derecho a ser prontamente oído pordicho tribunal, independiente e imparcial, a niveles tanto nacional comointernacional (Artículos 25 y 8º de la Convención Americana de Derecho Humanos).31) Desde esta perspectiva la imposición de un procedimiento obligatorio previo enmateria de infortunios laborales vulnera el derecho al acceso a la justicia queforma parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.(32) El trámite administrativo no se justifica sino como una opción voluntaria deltrabajador, ya que las invocadas motivaciones de uniformidad de criterios parala fijación de incapacidades carecen de fundamento jurídico. La determinación delcarácter laboral de las enfermedades y accidentes, como la índole de las secuelas,se puede lograr con mayor certeza y garantía para los damnificados dentro delámbito jurisdiccional, con el debido respeto de las garantías constitucionales. Esto no impide que si el trabajador lo desea, en caso de no concordar con suART, elija recurrir, antes de ingresar al ámbito judicial, a la vía administrativaprevia. Por supuesto, en ambas hipótesis cabe garantizar la posibilidad de larevisión judicial amplia. Por otra parte, nada obsta a que las ART cumplan con sus deberes legales yreconozcan los siniestros que los empleadores afiliados o los damnificadosdenuncien, ni a que otorguen en forma automática las prestaciones en especie ydinerarias en los casos en los que las mismas correspondan. La duración del proceso judicial, que puede alegarse como un perjuicio para lostrabajadores, está compensada por los intereses que reconocen los jueces desdeque se originan las deudas. Por el contrario, hasta el presente, elprocedimiento de la LRT sólo reconoce los intereses desde el momento en que laprestación debió ser abonada o el capital depositado, es decir, cuando está firmela declaración de incapacidad -conforme la Resolución 414/99 SRT, publicada en elBoletín Oficial el 22 de noviembre de 1999. Esto implica que, durante eltranscurso del procedimiento administrativo y ante la Cámara de la SeguridadSocial no se computan intereses, produciendo un serio perjuicio a los acreedoresque ven licuadas sus deudas por el mero transcurso del tiempo.(33) Este cambio de escenario que se propone, no alentará el rechazo de accidentes oenfermedades por parte de las ART sino que, por el contrario, determinará unaacción responsable por parte de las mismas, ya que el rechazo sin fundamento deuna pretensión puede acarrearles un importante perjuicio económico. Por otra parte, las prestaciones en especie deben estar garantizadas altrabajador a partir de la denuncia del siniestro, mientras no exista unpronunciamiento denegatorio de autoridad competente, el que deberá dictarse en unplazo razonable. Esto no obsta a la posibilidad de establecer legislativamente algún tipo desanción más específica para los supuestos de rechazos infundados de cobertura delrégimen de accidentes o enfermedades del trabajo, medida que también coadyuvarápara la reclamada responsabilidad de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. No debe omitirse que a pesar de la reiteradamente invocada automaticidad delsistema creado en 1995, las ART y las Comisiones Médicas han sido renuentes areconocer las enfermedades laborales que sufren los trabajadores.(34) Estas circunstancias determinan que las víctimas de estas enfermedades causadaspor el trabajo deban recurrir a la justicia, porque se les ha cerradocompletamente el camino sistémico. De tal modo, que una parte significativa delos reclamos judiciales corresponden al resarcimiento de los daños producidos poreste tipo de infortunios de orden micro traumáticos. Son los jueces, a través dela aplicación del derecho civil, quienes ordenan resarcir los daños y perjuiciosrechazados por las ART y las Comisiones Médicas del sistema, lo que fuerareconocido por la Corte Suprema en el ya analizado caso "Silva"(35). Finalmente, frente a los defensores acérrimos de las Comisiones Médicas comomecanismos de aceleración del otorgamiento de las prestaciones de la LRT, cabereiterar que se ha construido un mito sobre el verdadero alcance de susactuaciones. En efecto, según informa la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en relación con el cuestionamiento de las decisiones de las ART por parte de lasvíctimas, "han existido más acuerdos que divergencias entre aseguradores ydamnificados, ya que en los últimos períodos, se han requerido intervención de lascomisiones médicas solo en el 6% del total de los siniestros denunciados yasistidos por la ART".(36) Es decir que el 94% son acuerdos suscriptos entre el trabajador y suaseguradora y sometidos a una "homologación" por parte de las "Oficinas de Visadoy Homologación" dependiente de las Comisiones Médicas. Estos datos demuestran que la mayoría de los trabajadores suscriben acuerdos conlas ART, sin cuestionar siquiera las propuestas indemnizatorias ante lascomisiones médicas, quedando, en definitiva, sometidos a la entera voluntad de laAseguradoras de Riesgos del Trabajo. La función de homologación de acuerdos entre ART y damnificados, que son lainmensa mayoría de los casos, puede efectivizarse, con mayores garantías y respetoa las pautas fijadas por el artículo 15 de la LCT, por parte de la JusticiaLaboral competente en cada Jurisdicción, sin necesidad de recurrir a heterodoxasinstancias administrativas que han sido fuertemente cuestionadas por suidoneidad e imparcialidad. En igual sentido, la dilucidación de las divergencias entre las partes, queconstituyen la minoría de los litigios, se efectivizará con mayores garantías paralas víctimas, mediante el acceso directo al Juez Natural, con el debido respeto alas garantías del debido proceso y la defensa en juicio. Por otra parte, los tiempos de funcionamiento actual de las Comisiones Médicasno son tan breves como se pretende generalizar. Según la SRT, la duraciónpromedio de los trámites ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales es decuarenta y nueve días y ante la Comisión Médica Central es de ciento setenta días. En definitiva, la actuación previa de las instancias administrativas obligatoriasno brinda la celeridad y automaticidad que satisfaga las necesidades yexpectativas de las víctimas laborales. Por el contrario, se convierten en unescollo para el acceso directo, rápido y oportuno a la jurisdicción a fin dedilucidar los diferendos derivados del régimen de accidentes y enfermedadeslaborales.(37) Por último cabe señalar que con posterioridad a la emisión de los pronunciamientoscomentados, se ha procedido a la reforma del Manual de Procedimiento ante lasComisiones Médicas mediante el dictado de la Resolución SRT Nº 460/08, publicada enel Boletín Oficial el 18 de abril de 2008. Ha señalado Miguel Angel Maza que esta reforma "en el tercer nivel normativo delrégimen procesal de la ley 24.557, sólo parece haber sido evaluada la experiencianacida del microcosmos administrativo de las comisiones médicas, sin aprovecharlas reflexiones, evaluaciones y decisiones que la doctrina y la jurisprudenciahan elaborado sobre esta temática, perdiendo una gran oportunidad para tener encuenta lo acontecido en el mundo jurídico durante los 12 años de vigencia de laley y procurar así acercar las comisiones médicas y sus procedimientos a lasexigencias de la Constitución Nacional".(38) Por estas razones esta reforma contiene dos vicios graves: a. por un lado, no considera que las declaraciones de inconstitucionalidaddictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Castillo", Venialgo" y "Marchetti" han tornado carentes de efectividad las normas derivadasde los artículos 21 y 22 de la LRT, y parece evidente que los conflictos deaccidentes de trabajo se derivaran hacia la justicia del trabajo; b. por el otro, a pesar del reiterado señalamiento de la doctrina yjurisprudencia acerca de la inconveniencia de la ausencia de patrocinio letradodel trabajador cuando se presenta ante las Comisiones Médicas, nada se dice omodifica sobre este aspecto esencial del procedimiento. En este sentido señala Maza que "efectuar una reforma procesal en esta materia a8 años de iniciado el siglo XXI y seguir omitiendo la exigencia del patrocinioletrado obligatorio para tramitar los pedidos de intervención ante las comisionesmédicas por parte de los damnificados constituye un grave error por omisión. Pero por añadidura, esa carencia constituye uno de los puntos más débiles del régimenadjetivo y que permite argumentar con firmeza que no garantiza el debido procesoadjetivo ni el derecho de defensa de los trabajadores y sus derechohabientes. Consecuentemente, si la SRT quería capitalizar la experiencia de esos años, sideseaba adecuar el régimen procesal a las reglas y garantías constitucionalesignoradas en los ignominiosos años 90, debió haber introducido ese recaudo quemejoraría la calidad del proceso administrativo".(39) Esta reforma al Manual de Procedimientos ante las Comisiones Médicas, tanto porsu falta de oportunidad, por las omisiones que contiene, como por su falta deconsideración sobre los pronunciamientos de la Corte Suprema, abre un seriointerrogante sobre la actitud del PEN frente a la futura reforma integral de laLRT. VII. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA S ART. Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación causas "Busto",(40) Galván" (41) y "Soria" (42) así como de la Suprema Corte de Justicia de laProvincia de Buenos Aires-(43) en torno a la responsabilidad civil de lasAseguradoras de Riesgos del Trabajo sobre la base del artículo 1074 del CódigoCivil e independientemente del otorgamiento de las prestaciones de la LRT,configuran un nuevo hito en el debate doctrinario y jurisprudencial. Estos casos adquieren trascendencia porque la Corte Suprema por mayoría a travésde la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad ratifica, en un casoimplícitamente, la aplicación del art. 1074 del Código Civil, dispuesto por elTribunal de Segunda Instancia y en otros dos casos descalifica las sentenciasque habían rechazado la condena a la ART en supuestos de responsabilidad civil. Como ha dicho el Dr. Eduardo Álvarez, es preciso analizar con sumo cuidado losfallos sustentados en la arbitrariedad, "porque en tales supuestos, en general,se limitan a señalar las falencias de la decisión y a describir porqué razón juzgaque no es una respuesta jurisdiccional válida y no avanza sobre la interpretaciónnormativa específica. En consecuencia no habría que identificar, al menos conligereza, el "resultado" con la "doctrina". Por otra parte, en la mayoría de losconflictos en los cuales la Corte analiza la posible existencia de arbitrariedad subyacen cuestiones de "hecho y prueba" y no siempre es posible comprender losalcances de lo acontecido sin conocer los detalles del expediente y aquello quealguna vez denominamos su "intransferible sustancia", a la que solo se accede entrance de juzgar sobre la responsabilidad civil de las ART".(44) Como se advierte, en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de laNación, salvo en el voto en minoría del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, al queadhiere el Dr. Fayt, no se ahonda en las consideraciones jurídicas acerca de laviabilidad de la acción en sus aristas de fondo. Sin embargo, es posible inferir que en los mismos subyace de una manera tácita,pero clara, la posibilidad de responsabilizar a la Aseguradora de Riesgo delTrabajo cuando existe un nexo de causalidad adecuada entre la omisión y elinfortunio laboral.(45) Es decir que, más allá de las cuestiones de hecho y prueba de cada causa, esevidente que los votos de la mayoría admiten la posibilidad de una condena plenaa las ART en coincidencia con la tesis amplia de la aplicación del artículo 1074del Código Civil a las ART. Las ART, no pueden limitarse a la percepción de las cuotas y al otorgamiento delas prestaciones del sistema, sino que deben desarrollar un auténtico rolpreventivo, controlador y supervisor de la higiene y seguridad en los lugares detrabajo y también capacitador del personal asegurado. Se aplica la doctrina de la responsabilidad solidaria de las ART con losempleadores por los daños en la salud que sufran los trabajadores asegurados,cuando las lesiones se hayan producido como consecuencia de incumplimientos delas ART a los deberes legales de prevención y contralor que la LRT les impone ysiempre que haya medido un nexo de causalidad adecuado entre el daño y lasconductas omitidas por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Esta condena no se limita a las indemnizaciones tarifadas del sistema a las quelas ART están inicialmente obligadas a pagar, sino que comprende la reparaciónintegral de todos los daños sufridos por la víctima, en forma solidaria yconcurrente con el empleador, basadas en el artículo 1074 del Código Civil. Se arriba a esta conclusión fundándose en que las ART, no son sólo compañíasaseguradoras, sino que la LRT las obliga además, a adoptar expresos deberes decontralor del cumplimiento, por parte de las empleadoras afiliadas a cada ART,de las normas de prevención y seguridad que la propia ley 24.557 y la Ley deHigiene y Seguridad disponen. Las ART tienen el deber legal de controlar ydenunciar ante la SRT los incumplimientos de las empleadoras, en una suerte dedelegación del poder de policía del trabajo. La ART es sujeto deudor del deber de seguridad como surge del texto de la LRT. (46) La normativa permite inferir entonces, a diferencia de los sistemas legalesprecedentes, que no sólo los empleadores están obligados a adoptar medidas paraprevenir los infortunios laborales, sino que las ART también son sujetos pasivosde esta carga. El deber de seguridad tal como se lo describe en la LRT, excedeel marco tradicional del contrato de seguro por accidente del trabajo, por lotanto el empleador y la aseguradora están obligados a implementar todas medidaspreventivas de los riesgos que la naturaleza de la actividad exija aplicar paraprocurar la indemnidad de las personas que bajo su dependencia trabajan.(47) Esto significa que verificada la existencia de un daño en la persona deltrabajador que responda a un incumplimiento por el empleador de las normaslegales relativas a higiene y seguridad en el trabajo sin que la aseguradora deriesgos del trabajo haya denunciado el incumplimiento conforme se lo impone laley, o haber omitido cumplir con sus obligaciones, será responsablesolidariamente con su asegurado, frente al trabajador de los daños y perjuiciossufridos por éste como consecuencia de esa conducta omisiva de la aseguradora deriesgos del trabajo y siempre que se verifique un nexo de causalidad adecuadoentre la omisión en la que se ha incurrido y el daño sufrido por la víctima. Si el diagnóstico y el control de la implementación del deber de prevención yseguridad, están a cargo de la ART, que "es la que sabe", no existe ninguna razónpara liberarla de responsabilidad y en particular si se tienen las referidasobligaciones legales previstas en el artículo 4to. de la LRT.(48) Las ART están obligadas a desarrollar una actividad diligente para cumplir conlos fines que le impuso el legislador en relación a la prevención de los riesgos. Por tal motivo surge evidente que para condenar civilmente a una ART el juzgadordebe encontrar acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil: laantijuridicidad, el daño y la relación de causalidad adecuada entre la omisión y eldaño. La verificación de estos presupuestos de responsabilidad remite a una cuestión dehecho y de prueba que debe analizarse caso por caso, debiendo desestimarse porarbitrarias las sentencias, como lo ha dispuesto la Corte Suprema, cuando seasienten en la mera invocación de argumentos dogmáticos para exonerar deresponsabilidad civil a las ART. La obligación de prevenir los riesgos laborales constituye una obligación demedio que, si no está cumplida, tiene como consecuencia lógica y legal (art. 1074)que la ART deba responder plenamente. Si cumple con las obligaciones que leasigna la LRT, verificando en forma efectiva el estado de las instalaciones ydenunciando ante la SRT el déficit e incumplimientos de la empleadora, estáexonerada de responsabilidad. No se pretende que la ART tenga que evitar todo accidente, se trata de exigirlea la ART un comportamiento diligente en relación con el caso. Su obligaciónconsiste en no actuar culposamente con sus deberes legales. En concreto sesanciona la inobservancia del deber general de conducirse con la prudencia,cuidado y diligencia para evitar daños al trabajador, conforme la regla generalestablecida en el artículo 1109 del Código Civil. Se exime de responsabilidad si prueba que cumplió con las obligaciones que leeran exigibles, que hubieran evitado el infortunio. El resarcimiento debido poreste motivo queda determinado por los parámetros de integridad previstos por lanormativa de derecho común y ajeno, por lo tanto, a las prestaciones de la Ley deRiesgos del Trabajo.(49) Frente a la reforma a la LRT, se considera indispensable que en el capítuloreferido a los deberes legales que se les impongan a las Aseguradoras de Riegosdel Trabajo, en cuanto se refiere a la prevención de los riesgos, deben estarsustentados en la responsabilidad plena frente a las víctimas, por los daños quesus conductas omisivas generen. VIII. PAGO EN RENTA Y TOPES. PISOS INDEMNIZATORIOS 8.1. Los casos "Milone" y "Suarez Guimbard" de la Corte Suprema. Poniendo fin al cuestionamiento que había tenido este sistema de pago en rentade las indemnizaciones superiores al 50% de la incapacidad laborativa la CorteSuprema en el caso Milone (50) declaró la inconstitucionalidad del pago medianterenta periódica. El fallo reprochó especialmente la imposición absoluta y sin distinciónimpidiendo en todos los casos la posibilidad de un pago único, sin considerarsiquiera la posibilidad de opción de la victima por un sistema de pago u otro. La Corte Suprema entre otros fundamentos señaló que la norma cuestionada: a)violenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que prescribe el principioprotectorio y condiciones equitativas de labor; b) afecta la libertad y porende la capacidad autónoma del individuo para elaborar un proyecto de vida comoconsecuencia de un acto que no le es imputable, e impedírsele la perdida dedisponibilidad y control de las indemnizaciones de la que es acreedor ; c)configura un trato discriminatorio (contraviniendo el principio de igualdad delarticulo 16 de la Constitucional Nacional) frente a las demás categorías de dañadosque pueden cobrar sus indemnizaciones en un pago único sin imposicionesarbitrarias como dispone la LRT, en su articulo 14.2. b.; y d) que las altasincapacidades no solo repercuten en la "esfera económica de la víctima sino tambiénen diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico cultural ysocial con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida", lo quelleva a una "reformulación del proyecto de vida" y opciones que se hallan drásticamente" reducidas por el sistema de pago periódico" (51) Las circunstancias fácticas sobre las cuales decidió la Corte en "Milone" sereflejan en la totalidad de los casos de altas incapacidades o la muerte yaque el perjuicio para las víctimas o sus derechohabientes se manifiesta siempre por cuanto las cuotas irrisorias del sistema son insuficientes para sobrevivir, como también para que el damnificado o sus derechohabientes, encaren unaactividad productiva autónoma. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "SuarezGuimbard"(52) declaró nuevamente la inconstitucionalidad del pago mediante rentaperiódica, pero el pronunciamiento en este caso se refiere a la muerte de untrabajador por un siniestro laboral sucedido durante la vigencia del Decretode Necesidad y Urgencia 1278/00, ratificándose la doctrina fijada conanterioridad en el caso "Milone" en que no era de aplicación el citado Decreto. Entre otros fundamentos la Corte Suprema refirió que: El monto de la renta establecido en la causa conduce a un pago mensual que nose muestra compatible con la finalidad reparadora que la LRT especifica en suartículo 1ero., ya que el resultado del cálculo actuarial determina una cuota muyinferior al sueldo del trabajador antes de ocurrir el siniestro. En segundo término señaló la Corte que se afecta el ejercicio de un "ámbito delibertad constitucionalmente protegido" al condicionar el proyecto autónomo devida de los derechohabientes del causante, que además ya está modificadotraumáticamente por la muerte del trabajador. En tercer término el fallo destaca que si bien la reforma introducida por eldecreto 1278/00, al establecer una compensación dineraria adicional de pago únicoque, para el caso del art. 18, apartado 1, será de $ 50.000, constituye unamejora al régimen original de la LRT, este paliativo no alcanza a conmover lasconclusiones precedentes, "toda vez que su percepción no deja de conculcar elderecho del beneficiario a disponer libremente de la totalidad de su crédito". Es decir que el cuestionamiento de la Corte al pago en renta es integral. No sólo reprocha el monto exiguo de las cuotas, muy inferiores al sueldo quetenía el trabajador mientras vivía, sino que también señala la incompatibilidadconstitucional de impedir a los derechohabientes disponer libremente de suindemnización para encarar su proyecto de vida, dentro del ámbito de libertad quela Constitución Nacional les brinda. En definitiva, puede concluirse que el sistema de pago en renta aun con losadicionales previstos por el Decreto 1278/00 avasalla en forma fragante ellibre albedrío de las víctimas de infortunios laborales, al no cobrar el totalindemnizatorio en un pago único, por lo que en momento de sus vidas que más lonecesitan, se ven así impedidas de, por ejemplo procurar su sustento por mediode un pequeño o mediano emprendimiento: invertir el capital en la instalación deun negocio, prestar algún tipo de servicio organizado, o en general encararalguna empresa con el dinero procedente de la indemnización que signifique unreformulación profunda de su proyecto de vida. 8.2. Fin del pago en renta. La ratificación de la inconstitucionalidad del pago fragmentado de lasindemnizaciones por las altas incapacidades o la muerte, por parte de la CorteSuprema esta señalando al Poder Legislativo que en la futura reforma legal dela LRT, no se insista con este sistema y se permita a las victimas o sus derechohabientes, la percepción íntegra y en un solo pago de las indemnizaciones, como lodispone el ordenamiento jurídico común vigente para el cobro de las demás indemnizaciones por daños. La Corte Suprema no ha cuestionado el sistema del pago en renta, sólo por lainsuficiencia del valor de la cuota, sino que ha descalificado por completo, porafectar el ámbito de libertad de las personas para disponer de un capital que lees propio. De tal modo que no bastaría para justificar el pago fragmentado que el monto dela cuota alcance algún nivel hipotético de razonabilidad, (calificación subjetiva) sino que el sólo hecho de la indisponibilidad integral y completa de la indemnización, constituye una respuesta irrazonable e inconstitucional para losdamnificados, por afectar su derecho de propiedad en un sentido amplio. Tampoco parece justificarse el pago en renta como una "opción" del trabajador aejercer al percibir su indemnización, como se había observado en algunosanteproyectos de ley que existieron en los últimos años, cuando es sabido que lavoluntad del damnificado es de fácil cooptación por los obligados del sistema. Aún así, en el supuesto -que no se propicia- de que se insista con una modalidadopcional del pago en renta deberá entonces otorgarse la facultad al trabajadorde poder revocar su decisión inicial, pudiendo disponer así del capital restante,desde el momento que decida el cambio. 8.3. Pisos indemnizatorios en vez de topes. También se considera conveniente la eliminación -en el cálculo de lasindemnizaciones de la LRT-, los topes legales, ya que lo único que han hechohasta ahora, es como se dijo, abusar de la técnica de la tarifación, cabiendo lasustitución de este criterio por el establecimiento de "pisos indemnizatorios"equitativos y razonables, determinando que las indemnizaciones nunca puedanser inferiores a una suma fijada por el legislador para la incapacidad total que se traslada proporcionalmente a las incapacidades parciales. Esto significa que si, por ejemplo, se dispone como piso indemnizatorio de laindemnización por incapacidad permanente total la suma de $300.000, por unaincapacidad del orden del 20% de la t.o. le corresponderá al damnificado unimporte mínimo de $60.000, aun cuando su indemnización de acuerdo al calculomatemático, diera un resultado menor a ese piso proporcional. Además, para los supuestos de incapacidades que oscilan entre el 50 y el 66%,supuestos en que el damnificado es muy difícil que acceda a un trabajo remuneradobajo relación de dependencia, dado que se trata de una persona lisiada, es aconsejable establecer en la modificación legislativa, que hasta tanto no alcancela edad para acceder a la jubilación ordinaria, se le brinde a través de su ObraSocial o el Pami, la atención médica respecto a las enfermedades inculpables quelo afecten y que no correspondan a las prestaciones en especie del articulo 20de la LRT, que la ART debe brindar de por vida al trabajador por haberseocasionado en el infortunio indemnizado. Finalmente cabe destacar que las indemnizaciones derivadas de un daño laboral son de propiedad del derecho habiente previsto en la legislación especial, demodo que ante su fallecimiento, se transmiten sin excepción a sus herederos. De lo contrario se produce un enriquecimiento sin causa del obligado al pago. IX.- OTRAS REFORMAS NECESARIAS. 9.1 Estabilidad contractual del damnificado. Para los casos de incapacidad parcial permanente, es conveniente reforzar elsistema de estabilidad del contrato de trabajo, estableciendo una puniciónespecial al empleador, que despida al trabajador sin causa en el períodoposterior al alta médica (un año), en forma similar que se establece en lossupuestos de maternidad o matrimonio,(Articulo 182 LCT) sin perjuicio de laprotección que le brinden otras normas del plexo normativo, como la ley 23.592,cuando la cesantía encubra una conducta discriminatoria en razón de la incapacidadlaborativa. . Asimismo se deberá arbitrar medidas en el ámbito de la Seguridad Social a losefectos de que el trabajador que ha sido despedido con incapacidad laborativapor accidente o enfermedad del trabajo, tenga una cobertura de salud por partede las Obras Sociales, sin perjuicio de las obligaciones de las ART de brindarasistencia por las secuelas provenientes del infortunio laboral. 9.2 Elevación de las indemnizaciones tarifadas. En lo que se refiere a las reparaciones tarifadas, ya nadie duda que las mismasdeban ser elevadas en forma sustancial. De mantenerse el sistema de coeficiente de edad, como es formulado por elrégimen vigente, el principio de progresividad determina que debería elevarse elmismo, al numero 100 como fue establecido en 1988 por la Ley 23.643. Se sugiere sustituir el coeficiente 53 por 100 a los fines de elevar lasindemnizaciones tarifadas. Cuando el infortunio se produzca como consecuencia de graves faltas delempleador a sus deberes de prevención, es aconsejable, como lo demuestra elderecho comparado (España), que se incremente la reparación tarifada. También es necesario considerar que el ingreso base para el cálculo de todaslas indemnizaciones tarifadas, se asiente en la real e íntegra retribución deldamnificado, incluyendo las llamadas prestaciones no salariales que beneficianlo benefician como contraprestación al débito laboral, y no solamente el "salarioprevisional" como establece el sistema vigente. A los fines del cómputo de losllamados beneficios sociales deberán computarse los que tienen aptitud decuantificación económica a los efectos de su valorización en el pago de la alícuota. Esta propuesta intenta corregir el carácter involutivo que tuvo la Ley 24.557en cuanto a la base de cálculo de todas las prestaciones dinerarias. En efecto,en el sistema vigente para la fijación del ingreso base, sólo se computan lassumas sujetas a cotización a la seguridad social. Es decir sólo se considera el salario previsional", que como dice el articulo 12 de la LRT es el "que resultade dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes ycontribuciones con destino al Sistema Integrado de jubilaciones y Pensionesdevengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante,por el número de días corridos comprendidos en el período considerado". Por lotanto en la LRT las prestaciones dinerarias se determinan en base a una cifradineraria inferior a la real remuneración del trabajador. La consecuencia del criterio actual es que las prestaciones por incapacidadlaboral temporaria (ILT) no reflejan la real pérdida que sufre el trabajador comoconsecuencia del infortunio. Sino tan sólo una porción de ese daño, lo queconstituye una anomalía, irrazonable. Además, es necesario incorporar en los cálculos de los salarios por incapacidadlaboral temporaria (ILT) y en las indemnizaciones permanentes, los aumentos ymejoras que hubieran beneficiado al damnificado, por aplicación de una normalegal, convención colectiva de trabajo o por decisión del empleador, en caso deno haber sufrido el siniestro. La utilización del Mopre como módulo de ajuste de las indemnizaciones por ILT ypor incapacidad provisoria y por gran invalidez ha demostrado ser absolutamenteineficaz ya que permanece inalterable desde 1997 en $80. (Art. 11, apartado 2 LR.T. y Decreto PEN 833/97) X. ACCIDENTE IN ITINERE. Recordemos que este tipo de infortunios tiene cobertura en el sistema vigente LRT 6 apartado 1ero. LRT) y corresponde genéricamente a los siniestros ocurridosa los trabajadores en el trayecto habitual entre su residencia y el límite deingreso al lugar de trabajo y viceversa, siempre que no lo hayan interrumpido oalterado por causas ajenas al trabajo. A su vez la indemnización por esta categoría de accidentes tiene en la LRT unareparación equivalente a los demás infortunios definidos por la ley. Según informaciones periodísticas existiría una propuesta oficial, tampocodesmentida hasta la fecha de elaboración de esta ponencia, que establecería queel resarcimiento por este infortunio ya no estaría a cargo del ART, sino que seabonaría al damnificado a través del sistema de seguridad social por intermedio dela Anses y consistiría en una prestación dineraria que correspondería sólo al 50%del valor establecido por la ley para las restantes prestaciones dinerarias poraccidentes de trabajo. Esta propuesta constituye un retroceso respecto de la ley vigente, en la cualla indemnización carece de disminución alguna respecto de los demás infortunios ysu pago corresponde a la ART como derivación de la alícuota de seguro que abona elempleador afiliado. Cabe también poner de relieve que, de prosperar este anteproyecto, las sumas quese extraen de la Anses para pagar accidentes, sin un aporte específico de losempleadores a fin de solventar estos infortunios, producen la disminución de losfondos asignados para el pago de las jubilaciones, conforme a la recientementeaprobada ley, llamada de "movilidad jubilatoria" . Es decir que por esta vía se desnaturalizan las indemnizaciones por accidentesdel trabajo y también se disminuyen los recursos asignados al pago de lasjubilaciones. Cabe destacar que esta propuesta reduccionista implica una ruptura de latradición legislativa de nuestro país en el cual la reparación de los accidentes detrabajo "in itinere" tiene un antiguo reconocimiento que viene desde la ley 9688pasando por todas sus reformas, incluyendo la ley 24.028 y la vigente 24.557. La cobertura integral de los accidentes de trabajo "in itinere" tiene un fuertearraigo en nuestra tradición jurisprudencial y legislativa basada en losconceptos de ocasionalidad y de "estar a disposición del empleador", teniendo encuenta que el traslado al trabajo y de éste al domicilio del empleado,constituyen un riesgo en sí, condicionado por el cumplimiento de su obligaciónlaboral. De tal forma que todo hecho que ocurra en dicho trayecto debe serreparado, pues basta que el accidente haya sucedido en ocasión o con motivo deltrabajo para que se aplique el criterio del riesgo profesional y responda elempleador, siempre y cuando el empleado no elija una vía distinta que la habitual En España, Chile, Suiza, Italia, Portugal y en muchos otros países los accidentes"in itinere" también son reconocidos como accidentes del trabajo. De modo que la inclusión del accidente del trabajo in itinere en el sistemaargentino no es una novedad, como tampoco lo son en países con tradicionessimilares como es el caso de España y Chile, que además han sido fuenteinspiradora de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. El fundamento -como se ha venido señalando- reside en que el trabajador paracumplir con su contrato tiene que asumir un riesgo específico al dirigirse deltrabajo a su domicilio y viceversa. El lapso que al trabajador le requieradesplazarse desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa se encuentradentro de la responsabilidad objetiva del empleador. No es por el hecho deltrabajo que responde el empleador, sino por el concepto de ocasionalidad. Eltrabajo ya ha terminado o no ha comenzado, pero en el supuesto bajo análisisreconoce que la ejecución del trabajo es la que ha llamado al damnificado a lascircunstancias del daño. Es la ocasión del trabajo aunque el trabajo no sea lacausa.

Quitarle el 50% de la cobertura a los accidentes de trabajo "in itinere", comouna forma de compensar el aumento de la alícuota del seguro a consecuencia detener que asumirse la responsabilidad civil empleadora constituiría un gravedesacierto legislativo. En primer lugar por que restringir su cobertura constituye un retroceso jurídicodespojando de una cobertura que el trabajador argentino tiene reconocida desdehace más de ochenta años, afectando los principios de protección y progresividadreconocidos por nuestra Carta Magna. En segundo término dado los actuales costos del seguro que determinan unaalícuota por trabajador del 2,80% del promedio de la masa salarial, permite laadmisión de la cobertura de la responsabilidad civil sin que se desborden loscostos empresariales, ni se quiten en compensación otros derechos adquiridos porlos trabajadores. El valor del aseguramiento actual está en niveles inferiores alos previstos por la SRT en el año 1996 al comenzar a funcionar el sistema,cuando se lo estimaba en un 3% promedio de la masa salarial. En tercer término si bien la reforma de la LRT en el sentido protectorio queenunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a determinar un razonableaumento de la cotización del seguro a fin de mejorar las prestaciones eindemnizaciones, al cabo de un tiempo de cumplirse con las normas de higiene yseguridad es probable que se reduzca la siniestralidad y como consecuencia deello dichos costos disminuirían a lo largo del tiempo. En cuarto término el sistema actual contiene la posibilidad de que la ART repitacivilmente del causante del infortunio lo abonado al trabajador como lo prevé elactual artículo 39 párrafo quinto de la LRT. Finalmente, transferirle a toda la sociedad a través de la Anses elresarcimiento de estos daños que corresponden a una responsabilidad empresaria,configura un desacierto de la política legislativa, que desfinanciaría el sistemade seguridad social. COLOFON Cabe esperar una reforma integral al régimen de accidentes y enfermedades deltrabajo, tanto en sus contenidos sustantivos como procesales, procediendo a suadecuación definitiva a las garantías constitucionales, en el sendero fijado porel Máximo Tribunal de la Nación y no limitar el dictado de una ley a retoquesmeramente cosméticos, que consoliden las cuestionadas disposiciones originariasde la LRT y den lugar a nuevos planteos judiciales de inconstitucionalidad. Notas al pie: 1) Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Derecho Laboral y IIEncuentro Nacional de Maestrandos, realizado en Mar del Plata los días 7 y 8 denoviembre, organizado por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y la Maestríaen Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UniversidadNacional de Tres de Febrero (UNTREF). 2) CSJN, 07.03.2006, "Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia SA". 3) ALVAREZ, EDUARDO, "El fallo "Aquino": El esperado retorno de la seriedadcientífica a la Argentina", Revista de Derecho Laboral (Número extraordinario:Fallos recientes de la C.S.J.N.), Rubinzal Culzoni, 2004, pág. 155. 4) SCHICK, HORACIO, Ley de Riesgos del Trabajo. Análisis Crítico y propuestas,Quorum, 2007, pág. 189. 5) MOSSET ITURRASPE, JORGE, Responsabilidad por daños, T. I, Rubinzal Culzoni,pág. 109. 6) Ibid., pág. 108. 7) CSJN, 14.09.2004, "Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA SA". 8) CSJN, 21/9/2004, "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA". 9) CSJN, 7 de marzo de 2006, Recurso de hecho deducido por la actora en lacausa "Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia SA". 10) CSJN, Recurso de Hechos, 28 de marzo de 2006. "Avila Juchani, NicolásUrbano c/ Decsa SRL y otros". 11) CSJN, 12/06/2007, "Llosco, Raúl c/ Irmi SA", L. 334. XXXIX. Recurso deHecho. 12) CSJN:"Cubas, Pablo c/ Reyes Francisco y otros". Sentencia del 3.07.1936,Fallos 175:362, J.A. 55-9. 13) Sobre otros comentarios de lo decidido por la Corte Suprema en la causa Aquino" y en "Díaz c/ Vaspia" ver lo expuesto en Schick Horacio, Ley de Riesgosdel Trabajo, Análisis Crítico y propuestas, Editorial Quórum. pp. 69 a 84 14) MACHADO, JOSÉ DANIEL, "La Corte limita el alcance de la doctrina de los'Actos Propios' en materia de Accidentes de Trabajo", Jurisprudencia anotada,Rubinzal - Culzoni editores. 15) RODRÍGUEZ MANCINI, JORGE, "Acciones habilitadas a partir de lainconstitucionalidad", en Riesgos del Trabajo, dir. por Jorge Rodríguez Mancini yRicardo Foglia, p. 697, Editorial La Ley. 16) ÁLVAREZ, EDUARDO, "El fallo Aquino: El esperado retorno de la seriedadcientífica a la Argentina", Revista de Derecho Laboral, Ley de Riesgos delTrabajo, nº 2, p. 159. 17) SCHICK, op. cit., pp. 166 y siguientes. 18) Álvarez, Eduardo, "La Responsabilidad Civil, Validez Constitucional del art.39 de la LRT", Revista de Derecho Laboral, 2001-2, Ley de Riesgos del Trabajo-I,164 y 165. 19) Álvarez, Eduardo, "La Responsabilidad Civil, Validez Constitucional del art.39 de la LRT", Revista de Derecho Laboral, 2001-2, Ley de Riesgos del Trabajo-I,164 y 165. 20) CNAT, sala II, 27.03.2008, "Lojko Francisco c/ Monarfil S.A. s/Indemnización acción civil y Art. 212". 21) Castella José Luis y Castejon Vilela, Emilio, "Aseguramiento y prevención delos riesgos del trabajo" (capítulo 12), en: BENAVIDES, FERNANDO G., RUIZ-FRUTOS,CARLOS Y GARCÍA, ANA M. Salud laboral. conceptos y técnicas para la prevención delos riesgos laborales, http://www.srt.gov.ar. 22) Grisolia, Julio Armando, Ponencia oficial. Cuestiones constitucionales enla Ley de Riesgos del Trabajo. Jornadas Nacionales de Riesgos del Trabajo,Villa María, Córdoba, 16/18 de marzo de 2000. 23) Con relación al listado no figuran las várices. No está contemplada larelación entre altas temperaturas y las enfermedades renales;. se excluyen lashernias abdominales, inguinales, de disco y las eventraciones, que quedarían sololimitadas a secuelas de accidentes del trabajo. Quedaron también excluidas dellistado, las afecciones columnarias en general. La espondiloartrosis en lacolumna lumbar se admite solo por vibraciones del transporte automotor depasajeros. El estrés está previsto únicamente como secuela postraumática de unaccidente del trabajo, con un exiguo porcentaje de incapacidad (0 a 10%),ignorándose toda la elaboración jurisprudencial que ciertas actividades producencomo ser el caso del conductor de transporte público de pasajeros, el periodista,y en general, las originadas por un ambiente laboral de excesiva presión,responsabilidad y tensión psíquica sobre el dependiente. 24) Giordano, Osvaldo, Torres, Alejandra y Bettiol, Mara. Riesgos del Trabajo,La modernización de las instituciones laborales en la Argentina, Buenos Aires:Fundación del Trabajo, 1996,T. I, p. 92. 25) Tosto Gabriel, en Riesgos del Trabajo, dirigida por Jorge Rodríguez Manziniy Ricardo Foglia, Capitulo 8vo.Contingencias, página 370 26) Vazquez Vialard, Antonio, Aspectos fundamentales de la Ley sobre Riesgosdel Trabajo, ,T y SS 1995-744. 27) Este criterio fue el adoptado por el Tribunal de Trabajo Nro 5 de Quilmes en el caso Yaman Gabriel R. c/ Dupont Argentino s/daños y Perjuicios fallado porla SCJBA,11.05.05, Expte 81.826, tema que, cabe aclarar no fue objeto detratamiento por Corte Provincial, porque no fue apelado 28) C.N.A.T., Sala I, Sentencia Nro. 79.784, 30.08.02, "Sandoval Eyzaguirre, Juan de la Cruz c/Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/Accidente";C.N.A.T., Sala X, en la sentencia Nº 9.231, del 26.02.2001,: "Fernández, Hipólitoc/Tecnucon S.A. y otro s/Accidente";CNAT Sala X, el 20.11.2002, "Pérez, ArturoNepomuceno c/Grinfa S.A."; C.N.A.T., Sala VII, "Rial, José María c/ DeckerIndelqui S.A. y Otros s/ Accidente- Acción Civil" Expte Nº 18.170/99, sentencia Nº36.039 del 18 de marzo de 2002: C.N.A.T. Sala IX, Sentencia Nº 9585/02. del 4/42002, Expte. Nº 8.532/99, autos: "Perrino, Juan c/Guillermo Decker S.A. sAccidente -Acción civil". C.N.A.T, Sala VI, autos: "Fernández, José Ernesto cDecker S.A. S/Accidente Acción Civil", 26 de marzo de 2.001, Dictamen Nro 33229 15.02.2002, del Fiscal General de Trabajo, en los autos caratulados: "BilbaoBeatriz Higina c/ Instituto Caip S.R.L. s/ Despido". 29) Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) ~ 2007/12/18 ~ Recurso de Hecho,Silva,Facundo Jesús c. Unilever de Argentina S.A. 30) Pereyra, Alejandro Fabio, "La Corte Suprema de Justicia de la Nación cierrael ciclo de la inconstitucional ley de riesgos de trabajo", LA LEY 2008-A, 460 31) ZAS, Oscar, El procedimiento ante las comisiones médicas del sistema deriesgos del trabajo a la luz de las normas de jerarquía constitucional, Revistade Derecho Laboral ,2008, 1 Procedimiento laboral III, p. 264, EditorialRubinzal Culzoni. 32) NESSI, ANDREA, "Las comisiones Médicas y el ejercicio de funcionesjurisdiccionales", Revista de Derecho Laboral, p. 330. Esta autora, desde otravisión que justifica la actuación de las Comisiones Médicas como instanciaadministrativa previa, admite sin embargo, la posibilidad de que el trabajadoropte por renunciar a esta vía, y acuda directamente a través de una demandaordinaria, en el supuesto de encontrarse en debate cuestiones de índole jurídica. 33) SCHICK, HORACIO, Ley de Riesgos del Trabajo, Análisis Critico y Propuestas,Buenos Aires: Editorial Quorum, pág. 95 34) En nuestro país, se reconoce de forma generalizada que el sistema oficial deregistro de enfermedades profesionales infravalora en gran medida el verdaderoimpacto de las enfermedades relacionadas con el trabajo. En este sentido laSuperintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) ha mencionado este infraregistrode enfermedades laborales. "Sí, tenemos un subregistro de enfermedadesprofesionales", admitió Héctor Oscar Verón, cuando era titular de laSuperintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) de la Nación, y reconoció que "el 1,7por ciento registrado en 2005 está muy lejos de la realidad". El funcionarioreveló un importante factor por el cual muchas enfermedades laborales no sedetectan: "Los exámenes médicos periódicos a los trabajadores, que son obligación delas ART, no se hacen como marca la ley, y no se cumplen las resoluciones de laSRT por las cuales, según los riesgos a que estén expuestos, los trabajadoresdeben ser revisados una o dos veces cada año". Además durante el años 2006 sedenunciaron sólo 12.229 enfermedades profesionales que representa 1,9% del totalde casos notificados, que asciende a 635.874 accidentes de trabajo yenfermedades profesionales, sobre una población cubierta en promedio de 6.647.654millones de trabajadores. El subdiagnóstico, es para evitar instanciasindemnizatorias, lo cual incrementa la "desprotección" de los empleados. 35) CSJN, 18/12/07, expte. 1789/04: "Silva, Facundo Jesús c/ Unilever deArgentina SA s/ Enfermedad - Accidente". 36) SRT, "Riesgos del trabajo. Informe Anual julio 2001 - junio 2002". 37) NESSI, ANDREA, "Las comisiones Médicas y el ejercicio de funcionesjurisdiccionales", Revista de Derecho Laboral, p. 330, hace referencia a estosplazos de duración de los trámites antes las comisiones médicas. 38) MAZA, MIGUEL ÁNGEL, "La derogación de la Res. SRT Nº 45/97 y la reforma alManual de Procedimiento ante las Comisiones Médicas por la Resolución SRT Nº 460/08 Un paso más en el barro de la inconstitucionalidad", Revista de Derecho Laboral Suplemento Actualidad, Ed. Rubinzal Culzoni. 39) Ibid. 40) CSJN, 17.04.2007, B.915.XLII, Recurso de Hecho. "Busto, Juan Alberto c/QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA". 41) CSJN, 30.10.2007, "Galván, Renée c/ Electroquímica Argentina SA y otro". 42) CSJN, 10.04.2007, "Soria, Jorge Luis c/ RA y CES SA y otro". 43) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 9 de mayo de2007, Causa L. 83.118, "S. V., J. contra 'Incido SRL'. Accidente". 44) ÁLVAREZ, EDUARDO, "La prevención de los infortunios laborales y laresponsabilidad de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en la recientejurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", Rubinzal-CulzoniEditores [Sección: Jurisprudencia Anotada]. 45) ÁLVAREZ, E., opinión citada en 19. 46) Así cabe referenciar el artículo 1ero. se establece que: "son objetivos de laLey sobre Riesgos del Trabajo (LRT) reducir la siniestralidad laboral a través dela prevención de los riesgos derivados del trabajo". A su vez en el art. 4, inc.1, se indica que "los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito dela LRT, así como las ART, están obligados a adoptar las medidas legalmenteprevistas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo". En el artículo 31 se prescribe que "las ART: a) denunciarán ante la SRT los incumplimientos de susafiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el Plande Mejoramiento, debiendo notificar a la SRT dentro de los 30 días corridos deverificado el incumplimiento (artículo 17 Decreto 170/96); c) Promoverán laprevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de losplanes y programas exigidos a las empresas". El Decreto 170/96 reglamentariodel art. 4 de la Ley 24.557 obliga a las ART a realizar actividades permanentesde prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo(art. 19). En especial, se fijan las siguientes: "1. vigilar la marcha del plande mejoramiento en los lugares de trabajo, y la verificación del mantenimiento delos niveles de cumplimiento alcanzados con el mismo [...]; 2. brindarcapacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos (art. 19, inc.c)". 47) ÁLVAREZ, op. cit., p. 79. 48) ÁLVAREZ, op. cit., p. 85. 49) Considerando 5to. voto del Dr. Hitters, SCJBA, causa L. 83.118, "S. V., J contra 'Incico SRL'. Accidente", citada en nota 4. 50) C.S.J.N. 2004/10/26 Milone Juan Antonio c/Asociart S.A. ART S/accidente M3724.XXXVIII 51) Schick Horacio, Ley de Riesgos del Trabajo, Análisis Crítico y Propuestas,Editorial Quorum. 2007, página 102 y siguientes. 52) CSJN, 2008/06/24, - Suárez Guimbard, Lourdes c. Siembra A.F.J.P. S.A
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Re: Doctrina- Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Vie Ene 23, 2009 12:19 am

Las pautas para fijar las indemnizaciones por accidentes del trabajo fundados en el Derecho Civil. (1)
Ponencia presentada al VI Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL - IIº Encuentro Nacional de Maestrandos - Mar del Plata, 7 y 8 de noviembre de 2008. (Texto completo)
SCHICK, HORACIO
Publicación: www.saij.jus.gov.ar, NOVIEMBRE DE 2008
TEXTO

1. La reparación integral. Consideraciones generales. En materia de daños derivados de infortunios laborales, los operadores jurídicosse encuentran frente a la dificultad de estimar y cuantificar adecuadamente eldaño, pues con excepción de las prestaciones de la ley 24.557, el ordenamiento noprovee expresamente los parámetros necesarios para fijar el resarcimiento, por loque la cuantificación del daño depende en última instancia de la apreciaciónjudicial.(2) En cambio en derecho de trabajo la labor de los jueces es más sencilla porquelas indemnizaciones legales se encuentran tarifadas, de modo que una vez fijadoslos derechos y obligaciones de las partes cabe remitirse a las normas laboralesespecíficas (3) que fijan las tarifas indemnizatorias. En verdad unos pocos artículos del Código Civil constituyen la referencianormativa para abarcar el tema. Así se puede referir el artículo 1068 que define en forma general al daño yespecialmente a la persona. El artículo 1069 prescribe la reparación de "...laganancia de la que fue privado el damnificado...". Los artículos 1084 y 1085 enel caso de los daños que reclamen personas vivas, por muerte de otros y el 1086si están involucrados daños sufridos por el propio reclamante. Cuando se trata dedaños de naturaleza no patrimonial se invocan el artículo 1078 y 1079 para losperjuicios en el campo extracontractual y el 522 para los contractuales.i Sobre estas bases legales mínimas los jueces otorgan compensaciones porincapacidades físicas y muertes, de modo que es fácil advertir que se trata de unejercicio jurisdiccional de aristas harto complejas y hasta paradójicas. En este sentido, el Art. 165 del CPCCN, que también rige en el procedimientolaboral, faculta a los jueces a fijar el importe de los daños y perjuiciosreclamados, debiéndose ejercer dicha aptitud conforme a las reglas de la sanacrítica, con alusión de las pautas empleadas para arribar a la decisión (arts. 386y 163 inc. 5º y 6º CPCCN).(4) La reparación plena o integral por parte de los jueces ha levantado vocescontrarias fundadas en la imposibilidad empresaria de atender a un resarcimientoimprevisible, las dificultades que el monto desconocido trae para el seguro y laexistencia de condenas diferentes del más variado monto. Los juristas en generalhan sido desfavorables a indemnizaciones civiles limitadas en su cuantía, quizápensando en la mezquindad del legislador.(5) Por otra parte la historia del reiterado envilecimiento de los topesindemnizatorios regulados por las leyes especiales de accidentes del trabajo hademostrado la inconveniencia de adoptar estos sistemas, que en última instanciafavorecen la licuación de las indemnizaciones por daños laborales en perjuicio delos damnificados. Respecto a la valoración en dinero de la vida humana Mosset Iturraspe precisaque los temas deben analizarse en relación a esta cuestión respondiendo a lossiguientes interrogantes: (6) "¿Cuál es la indemnización que corresponde por la pérdida de la vida humana a favorde los herederos, y en sustitución o reemplazo de las sumas que el muertoaportaba-o podía llegaba a aportar- en beneficio de esas personas?" ¿"Cual es la indemnización por el detrimento o menoscabo en las aptitudes de unavida humana -incapacidad sobreviniente- a favor de esa persona víctima y enreemplazo de las sumas que lograba con su actividad o trabajo?" Responde Mosset Iturraspe que la primera hipótesis de la muerte se completa conel resarcimiento que los herederos tienen derecho al daño moral. La segundahipótesis tiene dos complementaciones una por los daños extrapatrimoniales a lapersona que van desde el dolor a la vida de relación y otra por los perjuiciospatrimoniales de la persona que sufre como menoscabo de sus aptitudes o chancesno vinculadas a la actividad lucrativa que desarrollaba la víctima.(7) Respecto a los criterios para cuantificar las indemnizaciones por daños puedenseñalarse los siguientes: 1) La prudencia judicial sobre la base de la sanacrítica; 2) las matemáticas puras; 3) los baremos de incapacidad;4) lascircunstancias particulares de la víctima: la proyección que la lesión pueda tenersobre el futuro, sobre la base de la edad a la época del accidente, estado desalud, actividad habitual, condición social familiar o económica. 2. La Corte Suprema desestima las fórmulas matemáticas En este contexto doctrinario y a fin de ajustar lo mas posible a los conceptosde reparación integral definidos en anteriores pronunciamientos, la Corte Supremade Justicia de la Nación ha reiterado, en la causa "Arostegui" la doctrina quepara evaluar el resarcimiento pleno del daño fundado en el derecho civil quepadece un trabajador víctima de un accidente del trabajo no se deben aplicar lasfórmulas matemáticas, ni son válidos los criterios comparativos con lasindemnizaciones tarifadas de la Ley de Riesgos del Trabajo.(8) En "Arostegui", el Supremo Tribunal de la Nación impugnó la utilización de lafórmula matemática, que era empleada por algunas Salas de la Cámara Nacional deApelaciones del Trabajo, por la cual, el monto del capital de la indemnizaciónpor daños -exceptuando el daño moral- era equivalente a una suma de dinero, quesurge de la operación matemática de los siguientes factores: edad, porcentaje deincapacidad, remuneración que por todo concepto hubiere percibido el damnificadodurante el año anterior al hecho y que devengando un interés puro, se amortice enel período que abarca desde el siniestro hasta la obtención de la jubilaciónordinaria. Este cálculo aritmético, conocido como fórmula "Vuoto" -por ser inicialmenteaplicada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en losautos caratulados:" Vuoto, Dalmero Santiago c/ AEG Telefunken Argentina SAIC s/Accidente de Trabajo - Acción Civil", fallo del 16 de junio de 1978 (9)- fueseriamente cuestionada por la Máxima Magistratura de la República en lareferida causa "Arostegui". En el fallo de Cámara en la causa bajo análisis, la evaluación del daño medianteesta fórmula, conllevó al rechazo de la demanda y a declarar en el caso laconstitucionalidad del artículo 39, párrafo 1ero. de la Ley de Riesgos del Trabajo fundándose en la doctrina del caso "Gorosito" de la Corte Suprema de Justicia dela Nación en su composición anterior. Esta decisión motivó el recurso federal porarbitrariedad de la sentencia. Recordemos que en el fallo de "Gorosito" de la Corte Suprema se estableció que,para eventualmente declarar la inconstitucionalidad del artículo 39 de la LRT, sedebía cuantificar las indemnizaciones de cada uno de los sistemas, compararlas y,en el caso que la indemnización que otorgara el sistema de la ley de Riesgos delTrabajo acarreara al trabajador un grave perjuicio, por su desproporcionalidadcon la incapacidad que padecía el actor, sólo en ese supuesto se debía declarar lainconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley 24.557. Como es sabido este criterio fue sustancialmente modificado por la actual CorteSuprema de Justicia de la Nación en el caso "Aquino" en el que se consagró elcarácter constitucional del principio "alterum non laedere" que llevaron a laCorte Suprema a declarar la inconstitucionalidad del artículo 39, párrafo 1ero. dela LRT. Volviendo al caso bajo análisis, el actor -un joven trabajador de 24 años de edad sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó la amputación parcial de cuatrosdedos de la mano derecha y tres dedos de la mano izquierda, determinándosele unaincapacidad parcial permanente y definitiva del sesenta y cinco por ciento de latotal obrera. Por tal motivo el trabajador promovió la demanda de indemnizaciónpor daños y perjuicios fundada en el derecho común. Por el grado de incapacidad, el trabajador debía percibir según las pautas de laLRT una indemnización que se abonaría en forma mensual, a través de una rentaperiódica equivalente al sesenta y cinco por ciento del valor mensual del ingresobase multiplicado por el porcentaje de incapacidad, sujeta dicha suma a lasretenciones por aportes previsionales y al sistema de seguro de salud (art.14,apartado 2do., inc. b de la ley 24.557), lo que equivalió a una renta detrescientos seis pesos ($ 306) mensuales. Basándose en estos cálculos la Cámara sostuvo que el accionante percibiría, según laLRT, desde la declaración de incapacidad parcial permanente y definitiva hasta lafecha de su jubilación, a valores constantes, el equivalente a ciento sesenta ytres mil noventa y ocho pesos ($ 163.098), que surge de multiplicar el monto dela renta mensual por los 13 cobros que percibe anualmente y por la cantidad deaños que le faltaban para jubilarse (41 años): 306 x 13 x 41 años. La Sala III, siguiendo la doctrina "Gorosito" de la Corte (recordemos que elfallo de Cámara es del 30 diciembre de 2003), adopta el criterio de comparación. A tales efectos toma como referencia la fórmula "Vuoto" utilizada por el Tribunalpara calcular la reparación integral, que le arroja como resultado la suma depesos cincuenta y siete mil ciento uno con sesenta y ocho centavos ($ 57.101,68)en concepto de lucro cesante, a lo cual se le adiciona cinco mil pesos ($ 5.000)por daño psíquico y diez mil ($10.000) por daño moral, resultando un total de pesossetenta y dos mil ciento uno con sesenta y ocho centavos. A juicio de la Sala III, la aplicación de la formula "Vuoto" para calcular laindemnización civil resultaba, en el caso, inferior a la reparación tarifada, razónpor la cual declara la constitucionalidad del artículo 39 párrafo 1ero de la LRT yrechaza la demanda. La Corte Suprema anuló este pronunciamiento, cuestionando en primer término quela Sentencia de Cámara no consideró en la comparación practicada que, restando 41años de vida útil al trabajador, el sistema le abonaba la indemnización en formafragmentada mediante una renta mensual irrisoria de $ 306, en los cuales, además,se encontraban incluidas las asignaciones familiares de $ 120, de naturalezaprevisional, de las que el trabajador era acreedor con independencia delinfortunio y por un tiempo limitado, hasta que el sistema de seguridad social selo permitiera. Por lo tanto, la Corte Suprema destacó que resultaba inválido el método de sumaren forma directa, como si fueran valores actuales de un pago único, sumas que sepercibirían a lo largo de 41 años en forma desmembrada. La Corte también cuestionóla referencia del fallo a valores "constantes" de las rentas "que no seencuentra acompañada de explicación alguna que la precise y justifique". Cabe recordar que el pago fragmentado de las indemnizaciones por incapacidadpermanente ya había tenido un fuerte reproche constitucional por parte de laCorte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Milone" (Fallos 327:4607) por entre otros motivos, resultar incompatible con el principio protectorio, asícomo afectar el ámbito de libertad y autonomía de cada persona para "elaborar suproyecto de vida".(10) La Corte Suprema, asimismo y es lo relevante a destacar en este análisis,cuestionó el criterio de la Sala de aplicar una fórmula matemática para el cálculode las indemnizaciones civiles, en algún sentido similar a la de la LRT, porconstituir también una tarifa que "sólo atiende a la persona humana en su fazexclusivamente laboral y salarial". Criticó este método reduccionista dado que elrégimen del derecho civil busca reparar el valor integral de la vida humana queno puede ser apreciada con criterios exclusivamente matemáticos y agregó que, enel cálculo de las indemnizaciones civiles, deben contemplarse los perjuicios enla vida de relación, social, deportiva, artística y todos los rubros que existanal margen del menoscabo de la actividad productiva. Dijo la Corte que "Tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resultaopuesto frontalmente al régimen jurídico que pretende aplicar, dada la comprensiónplena del ser humano que informa a este", reiterando la doctrina constitucionalde la Corte según la cual "el valor de la vida humana no resulta apreciable tansólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales" ya que "no se trata demedir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, loque vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de lasindemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producirbienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritutambién integran el valor vital de los hombres" ("Aquino", "Díaz", entre otros,citado en Arostegui, considerando 5 voto de la mayoría). Finalmente precisó el Superior Tribunal en el caso "Arostegui" que en elcontexto indemnizatorio del Código Civil debe tenerse en cuenta que "Laincapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicioen su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas,artísticas, etc., y que por el otro, debe ser objeto de reparación, al margen delo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por eldaño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable... En el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de "chance",cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascenderen su carrera". (Considerando 5to voto mayoría) Podría afirmarse que las fórmulas matemáticas como la llamada fórmula "Vuoto" -quesolamente cuantifica el lucro cesante- pueden tener un valor indicativo, puedeser empleado como punto de partida, pero la reparación debida en concepto de dañosen la salud del trabajador no puede estar restringida a la pérdida de capacidadde ganancias del trabajador ni se relaciona estrictamente con su vida laborativa sino que debe comprender "todo daño y perjuicio" derivado del infortunio. Por ejemplo la fórmula "Vuoto" permite apreciar la pérdida de ganancias deldamnificado para el lapso previsto de vida hasta alcanzar la jubilación, pero noposibilita evaluar el daño en su integridad, que como ha señalado la Corte Suprema excede la mera pérdida de aptitud productiva del trabajador. Cabe agregar que la aplicación de la fórmula Vuoto levantó resistencias conanterioridad por parte de la Corte Suprema. En 1987 la Corte en autos Puddu c Sequenza (11) había una critica la fórmula Vuoto". Pero en "Prille de Nicollini c/ Segba", (12) la Corte va mucho más alládecidiendo que: "..El valor de la vida humana no debe ser apreciado concriterios exclusivamente económicos, sino mediante la comprensión integral de losvalores materiales y espirituales". Finalmente en "Fernández c Vallejo" (13), sienta la posición de que "para fijarla indemnización por valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas, sinoconsiderar y relacionar las diversas variables y relevantes en cada caso enparticular tanto en relación con la víctima (edad, grado de parentesco, condicióneconómica y social, profesión, expectativa de vida, etc. como con los damnificados(grado de parentesco, edad de los hijos, educación, etc.).(14) También en el caso "Mosca" la Corte Suprema había señalado que, para evaluar elmonto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas y psíquicas noera necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco eran aplicables losporcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo -aunque puedan ser útilescomo pauta genérica de referencia-, sino que debían tenerse en cuenta lascircunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y losefectos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y ensu vida de relación.(15) También señaló el máximo Tribunal en el caso "Aquino" que resultabainconstitucional una indemnización que no fuera "justa", puesto que: "indemnizares eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento", lo cual nose logra "si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida" (Fallos 268112,114, considerando 4º y 5&) (citado en el considerando 4to. del voto de losMinistros Petra Chi y Sacaron)"; y que: "[...] Más aún, la incapacidad debe serobjeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo dela actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí mismatiene un valor indemnizable.(16) En el precedente "Coco" (17) la Corte Suprema había señalado que "Cuando lavíctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que puedecorresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, yaque la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesióncomprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de lapersonalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguientefrustración del desarrollo pleno de la vida. También se agregó en esta causa que: "Para evaluar el monto del resarcimiento porla disminución de las aptitudes físicas o psíquicas no es necesario recurrir acriterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados en la leyde accidentes de trabajo, aunque pueden ser útiles como pauta genérica dereferencia, sino que deben tenerse en cuenta las secuelas, los efectos que éstaspuedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación (Del voto de los ministros Petracchi, Belluscio, Boggiano, Vázquez, Maqueda yZaffaroni) Es decir que en "Arostegui" la Corte ratificó y profundizó los criteriosanteriores en el sentido que deben repararse todos los daños sufridos por lavíctima: la incapacidad física, laboral y psíquica; el daño moral, la pérdida deganancias y los perjuicios de la vida de relación social, deportiva y artística;la pérdida de chance de ascenso en la actividad profesional y la lesión estética;etcétera. Para no incurrir en arbitrariedad, el Juez debe expresar las pautas objetivasque se han tenido en cuenta para evaluar el valor vida, como son la edad de lavíctima, las circunstancias personales y su capacitación; su condición social, suformación y la gravedad de las lesiones; la totalidad de los ingresos, lasposibilidad de ascenso en la carrera profesional vedadas por las secuelas delinfortunio y las cargas familiares; sin verse obligado a limitarse a fórmulasmatemáticas. Así la Corte Suprema también había señalado que "La determinación del monto de losperjuicios si bien no deben vincularse a cálculos matemáticos que so pretexto deobjetivar el máximo el pronunciamiento, también pueden conducir a conclusionesapartadas de las circunstancias fácticas acreditadas en cada caso; esto no eximea las jueces de explicar tan siquiera mínimamente los elementos tenidos en cuentapara fincar su decisión".(18) Es más, los jueces de la Corte no descartan que las fórmulas indemnizatorias dela LRT puedan ser una pauta, una guía que oriente al Juzgador, pero, en absoluto,pueden agotar el análisis de la cuestión. En este sentido, en la causa "Aquino"en el considerando 6to. del voto de los doctores Petracchi y Zaffaroni, serefiere que las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo "[...] soloindemniza daños materiales y dentro de estos, únicamente el lucro cesante: pérdidade ganancias, que, asimismo evalúa menguadamente".(19). A lo que cabe agregarque en los casos de altas incapacidades y la muerte lo hace mediante el pagobajo la forma de renta. Cabe agregar asimismo que dentro de la Cámara Nacional del Trabajo también sepostula desde otra posición diferente a la de la Sala III, que el: "Juez seencuentra facultado para determinar tanto la reprobabilidad como el monto de lacondena ello de acuerdo a las pautas de la sana crítica y la prudencia sin estarobligado en modo alguno a utilizar fórmulas o cálculos matemáticos. De acuerdo contal criterio deberá apreciarse el evento generado por el hecho y en ocasión deltrabajo, la pérdida de la vida o bien la incapacidad que afecta al trabajador, sucondición social, formación y capacitación, como también su edad y estado civil, losvalores salariales y, finalmente la vida útil que le resta".(20) El criterio de cotejo entre la reparación tarifada y la de orden civil que seefectúa en el fallo de Cámara, también fue cuestionado por la Corte. En verdad, la indemnización tarifada constituye el primer tramo de la reparaciónintegral de acuerdo a los mayores daños que se prueben y reconozcan los jueces. Las indemnizaciones tarifadas son sólo un punto de partida que contempla elmenoscabo de la actividad productiva. Sin embargo, este punto de partida deninguna manera es una valla que impida que el trabajador tenga derecho a accedera la reparación completa de todos los daños que sufrió por el evento dañoso y quepueda acreditar sobre la base del derecho común, ante el Juez que examina el caso La experiencia tribunalicia demuestra que no existen supuestos en los que laindemnización tarifada pueda llegar a ser superior a la integral del derechocivil, ya que, como se dijo, las primeras reparan, en forma acotada y con topes,solamente la pérdida de ganancias futuras del trabajador por la incapacidadlaborativa. Las restantes prestaciones dinerarias y en especie de la LRT no son computablesen la comparación de regímenes, por que nada agrega a lo que el régimen civilhubiese exigido al empleador.(21) La LRT utiliza para el cálculo de la prestación dineraria por incapacidadpermanente el coeficiente de edad, tomando como referencia la edad jubilatoria 65 años), restringiendo el quantum indemnizatorio a lo que el trabajador percibiráen su vida estrictamente laboral, dejando afuera su expectativa de vida, quepara estos tiempos asciende por lo menos a 75 años. El cálculo del ingreso base del Art. 12 de la LRT se formula tomando en cuentasolo lo que percibe el trabajador por los conceptos remunerativos en susingresos, en su último año de trabajo anterior a la primera manifestacióninvalidante, congelando sus ingresos a esa fecha, sin considerar los aumentossalariales posteriores, así como los eventuales ascensos u otros ingresosadicionales.(22) El criterio comparativo tampoco es operativo en los supuestos de enfermedadeslaborales no enumerados en el listado cerrado del artículo 6to., apartado 2do. dela LRT, porque nunca podrían haber sido reparadas por el sistema; en cambio sonreparadas sobre la base del derecho civil.(23) Coincidimos con la interpretación mayoritaria del Máximo Tribunal -expresada enlos votos de los Dres. Petracchi, Zaffaroni y Highton de Nolasco en el caso Aquino" y de la Dra. Argibay en el caso "Díaz c/ Vaspia"- en que la limitaciónde acceso de los trabajadores a la vía civil, Art. 39, Párr. 1, de la LRT,constituye un distingo inaceptable entre aquellos y cualquier otro habitante dela Nación, respecto de los terceros que los dañan y perjudican. La falta deequivalencia matemática por el sistema implementado por la LRT no es por sí solademostrativa de la discriminación del Art. 39, sino que el agravio constitucionalse patentiza porque, lisa y llanamente, determina la cancelación del derecho delos damnificados a la reparación integral del daño. Cabe aclarar que la mayoría de los Magistrados del Alto Tribunal, descalificaronla sentencia dictada por la Sala III, como acto judicial válido, según la doctrinade la arbitrariedad, utilizada usualmente por la Corte Suprema. En cambio la Ministro Dra. Highton de Nolasco, no obstante hacer también lugaral recurso extraordinario, votó en disidencia, remitiéndose a los términos de lodicho por ella en el caso "Aquino", por considerarlas sustancialmente idénticas alas tratadas en aquella. El otro voto disidente fue el de la doctora Argibay, quien también postuló anularla sentencia en cuestión fundando su voto en la declaración deinconstitucionalidad del artículo 39, párrafo 1ro. de la Ley de Riesgos delTrabajo, conforme los términos en que lo había considerado en la causa "Díaz,Timoteo Filiberto" (Fallos 329:473). 3. El caso Méndez de la Sala III de la CNAT La doctrina de la Corte expuesta en el caso "Arostegui" determinó que rápidamentela Sala III en los autos: "Méndez, Alejandro Daniel c/ Mylba SA y Otro s/Accidente - Acción Civil",(24) modificara la fórmula matemática creada por esamisma Sala. El Dr. Ricardo Guibourg inspirador de la fórmula Vuoto, ratifica su convicciónde la necesidad de contar con una base aritmética para el cálculo de lasindemnizaciones, al afirmar en la causa "Méndez" que "Ante todo es preciso dejaren claro que, si se pretende llevar a cabo un razonamiento cuyo resultado sea unnúmero (por ejemplo, una cantidad de dinero en concepto de resarcimientomonetario), no hay modo alguno de llegar a ese resultado si no es por medio deun cálculo matemático. Este cálculo puede ser explícito, fundado en datosverificados y ordenado mediante un algoritmo previamente establecido yjustificado, o bien implícito y subconsciente, a partir de datos vagos ycambiantes y regido por un criterio puramente subjetivo, de contenido total oparcialmente emotivo" En concordancia con este criterio elabora una nueva fórmula que considera másaproximada a la doctrina de la Corte Suprema. En este sentido se cambia el concepto de vida útil, señalando: "La otraobservación se refiere a la edad tope con la que se aplique la fórmula. El empleode la fórmula "Vuoto" ha tomado en cuenta hasta ahora el fin de la "vida útil" dela víctima, estimable en 65 años. Pero el hecho es que la (presupuesta) merma desalario que el trabajador sufra como consecuencia de su incapacidad laboral sereflejará, en la etapa pasiva, en su haber previsional. Por esta razón, y frentea los señalamientos de la Corte, parece justificado ahora introducir estamodificación y elevar la edad tope a 75 años. El segundo cambio es que considerando críticamente la fórmula anterior "Vuoto"que "congelaba", el ingreso del trabajador al momento de producirse el accidenteo determinarse el grado de incapacidad de la enfermedad, sin evaluar losposibles cambios futuros de su haber. Por tal motivo incorpora en la nuevafórmula las "chances" por ascenso, por antigüedad, por cambio de categoría y otrascircunstancias por las cuales asciende el haber mensual del trabajador a travésde los años. Así se señala en el fallo Méndez: "Cierto es que, cuanto menor es la edad de lavíctima, son más probables en su conjunto las eventualidades favorables que lasdesfavorables. Es posible estimar que aproximadamente a los 60 años de edad eltrabajador medio ha culminado su desarrollo laboral y su ingreso se hallaestabilizado hacia el futuro. Estas circunstancias, en acatamiento a lodispuesto por la Corte en "Arostegui" y teniendo en cuenta los factoresaleatorios precedentemente mencionados (perspectivas de mejora y riesgo dedesempleo), pueden tomarse en cuenta mediante la siguiente fórmula, de tal modoque la disminución de la escala refleje la reducción de la probabilidad de mejorasrespecto de las opuestas, hasta el punto en el que pueda estimarse probable laestabilización del ingreso. En consecuencia, a los fines de ponderar el futuro aumento del salario porascenso laboral, se aplica la siguiente fórmula: el ingreso, por todo concepto,se multiplica por 60 (edad tope) y se lo divide por la edad que tenía la víctimaal momento del siniestro, o al momento de la toma de conocimiento de laenfermedad. La otra modificación es que el interés puro a aplicar no es del seis por ciento,como en el antecedente "Vuoto", sino que se lo reduce al cuatro por ciento,criterio fundado en la doctrina de la Corte que fuera expuesto en el caso "Masa Juan Agustín c/ PEN", del 27 de diciembre de 2006. Esta rebaja de los intereses no aparece muy lucida en la medida que es publicoy notorio que la nuestro país se encuentra afectado a un importante procesoinflacionario, que de acuerdo a los economistas no oficiales oscila entre el 20y 30% anual. Inclusive las cifras del poco creíble Indec indican un 8% anual esdecir el doble de la tasa fijada en Méndez. De modo que esta disminución de latasa de interés no aparece muy justificada. Dice el Dr. Guibourg en la sentencia en Méndez que: En el fallo "Arostegui" seadvierte la necesidad de valorar al trabajador como un ser integral y no sólocomo un productor de resultados económicos. Esto es enteramente exacto: lapérdida de resultados económicos corresponde sólo a la parte de la indemnizaciónllamada lucro cesante: todo el resto, la parte no económica del perjuicio, laparte puramente humana, afectiva, valorativa, se halla comprendida en el rubroque genéricamente, y por imperio de la tradición, se denomina daño moral y queexcede por cierto el estricto Premium dolores pero no se asimila a los restantessegmentos del perjuicio. Sigue diciendo el Dr. Guibourg que: "de acuerdo con las explicaciones ymodificaciones expresadas en los párrafos precedentes, considero que el monto delresarcimiento por daño material (lucro cesante) debe consistir en principio enuna suma de dinero tal que, puesta a un interés de 4% anual, permita - si eltitular lo desea - un retiro periódico y similar al que la incapacidad impidepresuntivamente percibir, y se amortice en el lapso estimado de vida útil de lavíctima. Esto puede obtenerse mediante la siguiente fórmula: C = a x (1 - V) x 1; donde v = ____1____ n i (1 + i) A su vez explica la fórmula de la siguiente manera: a: representa el retiro por período (equivalente a la disminución salarial anualprovocada por la incapacidad); n: el número de períodos (cantidad de años querestan al damnificado como expectativa de vida); i: el coeficiente de la tasa deinterés en el período (0,04). Entonces, la fórmula matemática que se aplicó en el caso "Méndez" tiene como finobtener un capital que repare el lucro cesante, y que el mismo es igual a lasuma anual con la incidencia de los aumentos que, colocada a un interés puro delcuatro por ciento anual, permita a la víctima un retiro mensual de una suma quees equivalente a la incapacidad que lo afecta, hasta que cumpla los setenta ycinco años, que se considera edad promedio de vida actual. Esta nueva fórmula, con la agregación y cambios de factores, mejora el resultadodel monto indemnizatorio porque comprende más adecuadamente el concepto de lucrocesante, al evaluar las pérdidas de chance o de aumentos de la remuneración, comoasí también, la disminución del haber previsional, al verse privada la víctima depercibir un mejor salario. Cabe destacar que la fórmula no incluye el daño moral que se determina en formaindependiente del monto del daño material y sin formulas matemáticas. Así señala elDr. Guibourg: "El daño moral es un rubro distinto del material, No tiene directarelación numérica con éste, por lo que la pretensión de estimarlo en porcentaje dellucro cesante carece de fundamento racional. Para fijar su cuantía debe tenerseen cuenta la evolución de las lesiones que constan en las historias clínicas, asícomo la incapacidad resultante en cuanto ella trae presuntivamente aparejadosperjuicios extrapatrimoniales". 4. Reservas respecto a "Méndez" Sin menoscabar el carácter mejorativo que sin duda tiene el nuevo cálculo de lacausa "Mendez", subsiste la observación que se le puede efectuar a la utilizaciónde fórmulas matemáticas para calcular las indemnizaciones por daños materiales enlos accidentes del trabajo fundados en el derecho civil, en el sentido de quesólo resarcen el llamado lucro cesante. En este sentido, la mencionada fórmula persiste en la omisión de evaluar el dañofísico y/o psíquico, cuando éstos son permanentes, como lo ha sustentado la MáximaMagistratura de la Nación en el ya referido caso "Mosca", en el que se consideró que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas enforma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de loque pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el dañomoral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y sulesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de lapersonalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguientefrustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 312: 752, 2412; 315: 2834;316: 2774; 318: 1715; 320: 1361; 321: 1124; 322: 1792, 2002 y 2658; 325: 1156;326: 847)".(25) La Corte ha criticado las fórmulas matemática indicando que se trata de una: "tarifa distinta en apariencia de la prevista en la LRT, pero análoga en suesencia pues, al modo de lo que ocurre con ésta, sólo atiende a la persona humanaen su faz exclusivamente laboral, vale decir, de prestadora de servicios, ya quelo hace mediante la evaluación del perjuicio material sufrido en términos dedisminución de la llamada 'total obrera' y de su repercusión en el salario queganaba al momento de los hechos proyectado hacia el resto de la vida laboral deaquélla. Tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resulta opuestofrontalmente al régimen jurídico que pretende aplicar, dada la comprensión plenadel ser humano que informa a éste. Al respecto, la doctrina constitucional deesta Corte tiene dicho y reiterado que 'el valor de la vida humana no resultaapreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales' ya queno se trata 'de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica delas víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria delas indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producirbienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritutambién integran el valor vital de los hombres' ('Aquino' votos de los juecesPetracchi y Zaffaroni, Maqueda y Belluscio, y Highton de Nolasco, Fallos: 3273753, 3765/3766, 3787/3788; y 3797/3798, y sus citas, y 'Díaz' voto de la juezaArgibay, Fallos: 329:473, 479/480, y sus citas )".(26) Desde otro punto de vista, cabe también cuestionar a las fórmulas matemáticas porno reparar el daño en su integridad, pues las personas que perciben un salario másbajo que otras, cuando sufren un accidente, sus gastos se incrementan en unasuma mayor a cuando gozaban de su plena capacidad. En efecto, el Dr. Emilio E. Romuald al respecto sostuvo que: "[...] lasfórmulas basadas en salario son profundamente injustas. No sólo por los aspectosdestacados en el precedente "Arostegui" sobre el que volveré sino también porquequien menos gana necesita la utilización de su cuerpo para su vida cotidianatanto en el aspecto laboral como en los de relación. Para graficar la idea quiengana $1000 viaja en colectivo, pinta su casa, hace los arreglos de plomería oalbañilería o corta el pasto. Quien gana $ 10.000 viaja en auto, lo que conllevamayor confort para soportar la discapacidad o el dolor y tercerizar la mayorparte -si no todas de las tareas antes mencionadas".(27) Por dicha razón es que la Corte Suprema ha reiterado que la determinación de laindemnización no se realice a través de fórmulas matemáticas o financieras y, a talfin, introdujo un nuevo concepto: 'proyecto de vida'. El Superior Tribunal ha definido este concepto al indicar: "Tal como lo hajuzgado la Corte Interamericana de Derechos Humanos 'el 'proyecto de vida' seasocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en lasopciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destinoque se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carecede opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial y su cancelación omenoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la paridad de un valorque no puede ser ajeno a la observación de esta Corte.(28) El autor, anteriormente citado, dice que: "[...] La idea de un proyecto de vidacomo finalidad de la existencia humana tiene en el siglo XX su expresiónfilosófica más acabada con los pensadores vinculados al existencialismo. En ellospodemos citar a Martín Heidegger, Jean Paúl Sartre y en habla hispana, José Ortegay Gasset. En todos la esencia del ser se consuma en su relación con los demás, yasí el proyecto de vida es, si bien personal, inter-subjetivo, dada la necesidaddel otro a partir del cual el sujeto puede reconocerse. El presupuesto básico dela relación con los demás es la libertad y para ella el presupuesto necesario esla integridad física, psíquica y moral. La afectación de cualquiera de ellosincide en la libertad del individuo y limita su vida de relación, en la que seconsuma la esencia del ser humano en su realización personal en búsqueda de lafelicidad.(29) Esta idea del proyecto de vida como fundamento de la reparación integral del serhumano no es nueva. La Corte Interamericana de Derechos Humano en el caso Loayza Tamayo" desarrolló esta idea dándole consagración jurisprudencial queconsolida en le precedente "Bulario" y, más recientemente, en el precedente Mapiripán". La Corte Interamericana además de reconocer esta idea, sostiene quela reparación concebida de este modo contribuye a "reorientar y enriquecer lajurisprudencia internacional en materia de reparaciones. Finalmente, es deconsiderar que en todos los precedentes La Corte Interamericana de DerechosHumanos no ha utilizado criterios matemáticos, y se limitó a establecer el montode la indemnización por rubro sin desarrollar el método de cuantificación. Esdecir, utiliza criterio subjetivo basado en los elementos de juicio y elcriterio del juez conforme a los elementos de juicio acreditados en la causa".30) De allí que el sistema de capital amortizable de la fórmula Méndez pueda serempleado como un punto de partida o marco referencial "mínimo", para el calculodel lucro cesante, pues tal como se ha visto precedentemente, la reparacióndebida en concepto de daños provocados a la salud del trabajador no ha delimitarse a la pérdida de capacidad de ganancias del trabajador, sino que debecomprender "todo daño y perjuicio" derivado del infortunio. En conclusión, en el caso "Arostegui" la Corte Suprema establece una orientaciónclara hacia los jueces de las instancias inferiores, en el sentido de que lascondenas por daños y perjuicios no se desnaturalicen, a través de la utilizaciónexcluyentes de fórmulas matemáticas o comparaciones con el sistema tarifado, queterminan siendo reduccionistas y contradicen el régimen del derecho común que seestá aplicando. Por el contrario el mandato es de calcular las indemnizaciones en base a unprudente arbitrio judicial que contemple las circunstancias particulares deldañado como son la edad, estado de salud, actividad laboral y extralaboral,aptitud artística, deportiva, repercusión en la actividad social, familiar yeconómica y las consecuencias que las lesiones pueden tener sobre su futuropersonal y profesional. 5. Algunas consideraciones sobre la ponderación de los daños Señala el Profesor Mosset Iturraspe que la "guerra de las etiquetas" o debateacerca de la denominación que corresponde dar a tales o cuales daños, así como la guerra de las autonomías" o debate sobre si estos daños integran la categoría demorales o patrimoniales, o, por el contrario, si tienen autonomía o forman unacategoría propia, distinta, es un quehacer menor , que no hace al fondo de lacuestión y en el que cual muchas veces se pierde la contemplación del tema central.(31) Sin perjuicio de compartir esta opinión del Profesor Mosset Iturraspe, pareceoportuno efectuar ciertas precisiones sobre los distintos rubros indemnizatoriosa los fines de un análisis mas pormenorizados de los mismos.
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ariel armando
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Re: Doctrina- Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Vie Ene 23, 2009 12:21 am

5.1. DAÑO POR INCAPACIDAD FÍSICA PROFESIONAL Y GENERAL Cuando se resarce patrimonialmente un daño físico si bien a primera vista es laprotección del ingreso de la víctima, tratando de evitar que no deje de ganar comohabitualmente lo hacía. Sin embargo estos bienes no son los que inmediatamentetutela el Derecho sino que resultan garantizados como consecuencia de queprimero hubo un agravio a la salud del individuo. De modo que el bien jurídicoprotegido es la salud como integridad psicofísica.(32) El derecho resarce la incapacidad profesional que es la pérdida de aptitud paraseguir percibiendo el mismo ingreso por no poder seguir desempeñando la mismaocupación que se ejercía anteriormente. Pero también resarce la invalidez generalque es la pérdida de la capacidad de aprovechar cualquiera de las oportunidadesque ofrece el mercado de empleo, aunque se esté dispuesto a cambiar de ocupación yaceptar un nivel profesional más bajo.(33) Una buena prueba de esta pérdida será si el damnificado puede aprobar el examenpreocupacional de un nuevo empleo similar o inferior al que trabajaba. Para la procedencia del lucro cesante por la privación de ganancias debencomputarse todas las pérdidas de ingresos, y no solo las del empleo en que ocurrióel siniestro, siempre que exista un nexo de causalidad entre la pérdida y elhecho ilícito. Con relación a las pérdidas de ganancias pasadas rige claramente el principio dereparación plena, y no ofrece mayores dificultades. Las complejidades aparecen con la privación de ingresos futuros, que debenresolverse a través de los criterios determinados por la Corte Suprema y laJurisprudencia que ya han sido mencionados.. En cuanto al cómputo de los ingresos a computar no parece corresponder sulimitación a la edad jubilatoria sino extenderlo hasta los 75 años que es la vidaútil promedio. Por otra parte es un dato de la realidad que todas las personasque llegan a su jubilación continúan trabajando, circunstancia de la que también severá privado el discapacitado. Así ha señalado la jurisprudencia que "A los fines de la reparación integralcuando el trabajador acciona por el Art. 1113 del C. C., la edad que debetomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización correspondiente es de 75 años pues no se trata de la edad base a la cual puede un trabajador acceder aldebito social jubilatorio sino a la expectativa de vida útil que como se sabe enel país se ha elevado sustancialmente.(34) El daño físico trae aparejado en la mayoría de los casos una pérdida de chance. Tal es el supuesto del obrero que no puede ascender de categoría, el profesionalque no puede obtener una mejor clientela o el estudiante que no puede obtener sutítulo. Todo ello sucede a consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro También existen lesiones físicas de repercusión patrimonial indirecta que erantradicionalmente morales y que hoy adquieren ciudadanía en el ámbito patrimonial. Por ejemplo la depresión tiene una repercusión laboral, el daño estético puedecausar un perjuicio patrimonial a quien usa su imagen en su labor. También eldaño sexual como la pérdida de un testículo a edad temprana, puede influir en eldesarrollo corpóreo, en la estabilidad psíquica y la capacidad de resistenciafísica propiamente viril y ello naturalmente en sus posibilidades de triunfosocial.(35) Como ha sido señalado por la Corte en los sucesivos pronunciamientos que fueronprecedentemente referidos cabe señalar que cuando la víctima resulta disminuida ensus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente debe ser objeto de reparaciónal margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo laborativo y por el dañomoral pues la integridad física tiene por si misma un valor indemnizable y sulesión comprende a más de aquella actividad económica diversos aspectos de lapersonalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural social con la consiguientelustración del desarrollo pleno de la vida.(36) A los fines de la valuación monetaria del daño material para el resarcimiento dela pérdida de ganancia es necesario determinar la entidad de ese daño parajustificar la indemnización. En este sentido debe tomarse en consideración lascondiciones personales de la víctima, como: la edad, el sexo, la profesión, losingresos, el tipo de dolencia y -primordialmente- el grado de minusvalíalaborativa. Pero asimismo en la acción judicial fundada en el derecho común nodeben contemplarse exclusivamente los daños laborales sino los otros efectos delperjuicio que se proyectan en la vida social, personal y familiar a más del dañomoral que tendrá reparación autónoma. También para evaluar la pérdida de incapacidad física debe atenderse a lasaptitudes de la víctima y a la repercusión que la secuela postraumática tiene opuede tener sobre la personalidad del damnificado. Es decir que debe repararseno sólo la incapacitación laborativa sino también la disminución de la aptitudgenérica del trabajador. En consecuencia además del importe exacto de lasremuneraciones que venía percibiendo antes del siniestro, es necesario ponderarla edad de la víctima, el porcentaje de incapacidad y las lesiones sufridas,conforme los Arts. 1068, 1069, 1077 y 1083 del Código Civil. 5.2 DAÑO MORAL La indemnización por daño moral, tiene por finalidad reparar los padecimientosfísicos y espirituales, los sufrimientos experimentados, las angustias derivadasde la incertidumbre sobre el grado de restablecimiento, la lesión a lasafecciones; extremos que evidencian el carácter resarcitorio que se le asigna aesta indemnización. El daño moral tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación odisminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad espíritu, la libertad individual, laintegridad física, el honor los más sagrados afectos (37). En cuanto al daño moral, caber reiterar que su ponderación es totalmenteindependiente del cálculo y del monto de la condena por daño material conforme ladoctrina plenaria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Nº 243 "Vieytes Eliseo c/ Ford Motors Arg. SA", del 25/10/82, "Es procedente el reclamo pordaño moral en las acciones de derecho común por accidente del trabajo, fundadasexclusivamente en el vicio o riesgo de la cosa según el Art. 1113 del C. Civil". En cuanto a la determinación de la existencia de daño moral y la determinación desu cuantía corresponde tener en el carácter resarcitorio, la índole del hechogenerador, la entidad del sufrimiento causado y que no tiene necesariamente queguardar relación con el daño material, las circunstancias laborales y personalespues no se trata de un daño accesorio a este.(38) Para evaluar el monto del dañomoral se debe tener presente que este rubro es independiente del daño material,inclusive se ha dado lugar al mismo, aún cuando la víctima no ha sufrido ningunaincapacidad, no estando sujeto a porcentaje alguno. La reparación del agravio moral comprende no sólo los daños físicos, psíquicos ymorales que el accidentado ha sufrido durante el tratamiento o convalescenciaposterior al accidente o enfermedad, sino también los que se padecen aún enaquellos casos en que luego del tratamiento médico o el agente sana completamentey no quedan secuelas incapacitantes para él.(39) En este mismo orden de ideas se ha señalado que: "El daño psíquico es una partedel daño material, mientras que el daño moral que corresponde aún en los casos enque no exista secuelas incapacitante, cubre los sufrimientos de la curación y losinconvenientes que la discapacidad produce en la vida laboral y la de relación" 40) También, se ha considerado que: "Aún en los casos en que las consecuencias delaccidente no hayan traído aparejadas para el trabajador pérdida en su capacidad deganancias, se lo deberá indemnizar en concepto de daño moral cuando las lesionescausaron sufrimientos, dolor, necesidad de tratamientos y dejaron su marcaestética. (41) La Corte Suprema señaló: "Que resulta procedente el reclamo de daño moral,detrimento que por su índole debe tenérselo por configurado por la sola produccióndel evento dañoso, ya que se presume la lesión por la índole de la agresión padecida la inevitable lesión de los sentimientos del demandante. A los fines de lafijación del quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimientocausado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material,pues no se trata de una daño accesorio a éste. (Fallos 316.2894, 321:1117, 3251156; 326820 y 847)(42) (CSJN Mosca, Hugo c/ Provincia de Buenos Aires, 6-320007) El doctor Mosset Iturraspe,(43) ha señalado que para cuantificar el daño moral,hay que apreciar la gravedad del daño, indicando que: "[...] un primer paso haciael esclarecimiento del tema analizado puede estar dado por la confección de uncatálogo de los daños que, actualmente, se ubican como morales:-alteracióndisvaliosa de los estados de ánimo, angustia, tristeza, etc.; -alteraciónoriginada en una disminución de la salud, de la integridad psico-física;-alteración por la pérdida de la armonía o belleza, de rostro o de partes del cuerpoque se muestran;- alteración por la frustración de los proyectos de vida;-alteración por la limitación de la vida de relación". En cuanto, como establecer la cantidad de este rubro cabe señalar que el dañomoral es un rubro distinto del material. No tiene directa relación numérica conéste, por lo que la pretensión de estimarlo en 20 % del lucro cesante o encualquier otro porcentaje de este tipo carece de fundamento racional. Parafijar su monto debe partir se del nivel de ingresos de la víctima, que expresa elmarco subjetivo de los valores monetarios, y corresponde tener en cuenta laevolución de las lesiones, así como la incapacidad resultante y los perjuiciosextrapatrimoniales que ella trae presuntivamente aparejados.(44) Para los casos de muerte el daño moral resarce las alteraciones disvaliosas delos estados de ánimo por la muerte del ser querido. Por ejemplo será especialmente relevante el daño moral en el caso de los hijosmenores, privados en forma prematura como consecuencia del fallecimiento delprogenitor, de su asistencia espiritual y material a una edad en la que el sosténasume particular significación. 5.3 DAÑO PSÍQUICO Según el Profesor Mariano N. Castex puede hablarse de daño psíquico en unapersona, cuando esta presenta un deterioro, una disfunción, un disturbio otrastorno, o desarrollo psicogénico o psico-orgánico que, afectando sus esferasafectiva y/o intelectiva y/o volitiva, limita su capacidad al goce individual,familiar laboral, social y/o recreativa, siendo oportuno tener presente que cadaser humano tiene su peculiar campo de "tarea" y/o cualquier "quehacer vital" o también - "capacidad de goce", diferenciándose éste de las demás personas, no soloen su extensión, sino también en cuanto a su comprensión, término este que, en lógicamenor -conforme lo propone el diccionario de la lengua de castilla en su segundaacepción-, implica al "conjunto de cualidades que integran una idea o concepto".45) Esta situación se agrava si tenemos en consideración el temor cierto que sepresenta en muchas ocasiones sobre la imposible reinserción laboral deltrabajador accidentado. Cuando se sufre una lesión severa en cualquier parte del cuerpo y se enfrentasituaciones límite la psiquis acusa el impacto e inmediatamente comienza con elproceso de elaboración con la finalidad de lograr nuevamente el equilibriomomentáneamente perdido. Este proceso por lo general es lento y trabajoso, y requiere que el accidentadose someta a un tratamiento terapéutico - psicológico con la intención de ayudarlo yprevenirle futuras complicaciones, como así también la reinserción social.- El daño psicológico como secuela postraumática de índole patológica que produce laperturbación del equilibrio emocional y espiritual de una persona víctima de unhecho ilícito, debe ser indemnizada en su totalidad teniendo en cuenta no solo laincapacidad psicológica que ha dejado como secuela en el agente sino también losgastos del tratamiento al que deberá someterse a fin de superar la misma.- Se ha dispuesto que "como toda disminución de la integridad física humana esmateria de obligado resarcimiento, ha de reconocerse que cualquier merma de lasaptitudes psíquicas de un individuo constituye también un daño resarcible, lasneurosis postraumáticas - específicas o inespecíficas - médicamente encuadran en lassecuelas posibles de un accidente, siendo variables según los casos ypudiéndoselas clasificar más allá del área neurológica, en neurosis de angustia,obsesivas y depresivas" (46) Respecto de la reparabilidad de los gastos quedeparará el tratamiento psiquiátrico, se ha resuelto que "el detrimentopatrimonial que supone un tratamiento psiquiátrico, indispensable para repararlesiones en la salud suficientemente comprobadas y además económicamentemensurable, configura un daño cierto, aunque las erogaciones respectivas puedan odeban tener lugar en todo o en parte, en tiempo ulterior" (47)También, el fuerodel Trabajo, en un reciente fallo, ha recepcionado el reclamo por daño psicológico y lo ha diferenciado del daño moral. En efecto, el Tribunal de Alzada ha considerado que: "El daño psicológico tiendea reparar la erogación que los accionantes deberán efectuar para recuperar lasalud psíquica afectada, mediante tratamiento médico y psicoterapéutico adecuado,teniendo en cuenta que el trabajador fallecido era padre de cinco hijos menoresy existe en la causa un informe psicológico que aconseja la necesidad de taltratamiento para los derechohabientes, el cual no fue cuestionado por lasdemandadas. La suma por daño moral, por su parte, cubre el dolor o padecimientoque sufre el núcleo familiar ante la repentina, brusca y súbita desaparición de sujefe de familia, es decir, cubre la afección espiritual que padecen los miembrosdel grupo familiar. "(48) 5.4 DAÑO PUNITIVO Será de mucha utilidad que en determinados casos de empleadores recalcitranteso reiterativos en su quehacer dañoso, los jueces además de la reparación integralincluyan en la indemnización un plus sancionatorio conforme el modelo del dañopunitivo norteamericano, ya que se trata de un mecanismo eficaz que apunta aproteger la vida y la salud de los potenciales damnificados, tiene un efectodisuasivo sobre los agentes que tienen aptitud para producir daños y funcionaadecuadamente como advertencia para quienes están en condiciones de tomarprecauciones para prevenir daños. Reafirmando esta conclusión la Dra. Kemelmajer de Carlucci expresó que elresarcimiento del perjuicio no silencia las repercusiones de iniquidad y deinseguridad que acarrean algunos hechos antisociales e irritantes cuyos autoreslucran a costa de la desgracia ajena: la reparación integral deja entoncesinsoluta la lesión al sentido de justicia(49) Cabe mencionar que el artículo 1587 del Proyecto de Código Unificado Civil ycomercial de 1998, había receptado esta figura del daño punitivo, pero al no sersancionado quedó librada su aplicación a una decisión judicial fundada 5.5 OPINIÓN DE LOS CIVILISTAS Finalmente parece oportuno cerrar este capitulo trayendo a colación lasrecomendaciones del II Congreso Internacional de Derecho de Daños, cuya ComisiónNiro 1, trató el tema Daño a la persona: de la tesis de la inviolabilidad delpatrimonio a la inviolabilidad de la persona, llegando a las siguientesrecomendaciones.(50) "I. La inviolabilidad de persona humana como fin en si misma, supone suprimacía jurídica como valor absoluta (unánime) "II.-La persona debe ser protegida no sólo por lo que tiene y pueda obtener,sino por lo que es y en la integración de su proyección. (unánime) "III.- Debe jerarquizarse la esfera espiritual, biológica, social del hombre,sin dejar de tener en cuenta que los bienes materiales son necesarios parapreservar su dignidad. (unánime) "IV.- El daño a la persona configura un ámbito lesivo de honda significación ytrascendencia en el que pueden generarse perjuicios morales y patrimoniales unánime). "V. a)- El daño a la persona no constituye una categoría autónoma (mayoría) "V. b) La lesión a la persona psicofísica constituye un daño autónomo (minoría). "VI- Corresponde ampliar el contenido del daño patrimonial y moral a fin desalvaguardar eficazmente la intangibilidad de la persona (unánime) "VII. El daño moral se extiende mas allá de la afectación psíquica (unánime) "VIII. El menoscabo de la persona causa en general, un daño patrimonialindirecto. "IX. Es indispensable y urgente hacer efectiva la prevención de los daños a laspersonas. (unánime) "X. La reparación del daño a la persona debe ser plenamente adecuada a lamagnitud de lo que ésta representa, descartando las indemnizaciones simbólicas unánime). "XI.- El enfoque meramente patrimonialista del daño se encuentra en trance dequedar divorciado de las pautas axiológicas que informan el derecho en nuestrosdías (unánime)". 5.6 REPARACIÓN INTEGRAL Y ASEGURAMIENTO. En definitiva según surge de lo hasta analizado es que el camino más apropiado para evaluar la reparación es el tradicional, de la cuantificación judicial deldaño, aplicando la doctrina del caso Arostegui y demás precedentes de la CorteSuprema, a las circunstancias del caso concreto. En relación a la inquietud por las condenas por la responsabilidad civil por losdaños sufridos por los trabajadores en la futura reforma a la LRT, laprevisibilidad de dichos costos se resuelve a través del aseguramientodiferenciado de la responsabilidad civil respecto de la tarifada, de la mismaforma que se aseguran los siniestros por accidentes de tránsito, también decarácter masivo, y cuyas víctimas gozan del derecho a la reparación integral y elacceso irrestricto a la justicia. No es exacto que la limitación cuantitativa del monto indemnizatorio, a través dela obstaculización del acceso a la reparación integral, como se postulaba enalgunos anteproyectos oficiales de reforma a la LRT, constituya una necesidadindispensable a los fines de viabilizar la contratación de seguros, que cubran alos eventuales responsables de las consecuencias de la actividad laborativa. Se quiere atribuir consecuencias exageradas a las indemnizaciones como si estastuvieran la aptitud de tornar imposible el aseguramiento de la reparación civilpor los riesgos del trabajo. Los mismos argumentos y fines podrían ser válidospara propiciar limitaciones generalizadas en materia de responsabilidad integralde los siniestros de otras actividades. El Dr. Julián de Diego coincide con este enfoque. Al analizar el Art. 39 de laLRT argumenta que el sistema elegido es imperfecto lo que a su entender reclamaráreformas, afirmando que "si en el pasado fue asegurable con topes y confranquicias lo reclamado por la vía del Código Civil, no se advierte ningúnimpedimento para que las ART asuman las mismas responsabilidades, como unaalternativa libre y adicional al marco establecido por la LRT".(51) En este sentido las voces que hoy se alarman por las condenas de los jueces enbase a las normas del Código Civil, omiten mencionar que las disposicionesvigentes sobre seguros todavía hoy, prohíben el aseguramiento por responsabilidadcivil de los accidentes laborales. Esto requiere una revisión categórica en elnuevo régimen a diseñar, con la posibilidad que el empleador tenga dos pólizas delseguro con diferentes cotizaciones: una por el sistema tarifado y otra por laresponsabilidad civil. Pero también hay que efectuar una aclaración adicional y es que el seguro no essuficiente resguardo, por el comportamiento perjudicial para las víctimas yasegurados, como se pudo verificar en los años 90. Esto requiere de las empresasmucha atención acerca del contenido de las pólizas de seguro que suscribenrespecto a su personal, pero por sobre todo corresponde una diligente función decontralor del Estado, a los fines de evitar las maniobras financieras,liquidaciones, quiebras y vaciamientos de aseguradoras que fueron tan comunes enaquellos años. JURISPRUDENCIA (52) Indemnización. Pautas de determinación. Valoración de la cuantía del perjuicio. Valor vida. Daño moral. La valoración de la vida humana es la medición de la cuantía del perjuicio quesufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicosque el extinto producía desde el instante en que esta fuente de ingresos seextingue. Para la fijación de la indemnización por el valor vida no han deaplicarse fórmulas matemáticas, sino que es menester computar las circunstanciasparticulares de la vida y de los damnificados: edad, grado de parentesco,profesión, posición económica, expectativa de vida, etc. Para la determinación deldaño moral ha de jugar de manera fundamental la situación de los hijos menores,privados en forma prematura como consecuencia del fallecimiento del progenitor,de su asistencia espiritual y material a una edad en la que el sostén asumeparticular significación (CSJN, Fournier Patricia M. c/ Cáceres Héctor y otro, 27/994, JA 1995-II-193). CNAT, S.I. S.D. 83736 del 18/07/06. Exp.7247/00, "Casiva, María Antonio P/Si yen Rep. de sus hijos menores Gisela Guadalupe y María del Carmen Mansilla y otroc/ DAGWARD SA y otros s/ Accidente-Acción civil". Daños resarcibles. Valor de la vida humana. El valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamenteeconómicos. Tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensiónintegral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente enla vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No setrata pues de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de lasvíctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de lasindemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producirbienes económicos con el trabajo. Resulta incuestionable que en tales aspectosno se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestacionesdel espíritu in susceptibles de medida económica integran también aquél valor vitalde los hombres. CSJN, A 2652 XXXVIII, "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA", 21/904. (Fallos 327: 3753) Daños resarcibles. Reparación. El principio alterum non laedere configura una regla constitucional de vastoalcance, entrañablemente ligada a la idea de reparación de los daños causados y que si bien constituye la base de la reglamentación que hace el C. Civil en cuantoa las personas y las responsabilidades consecuentes, no las arraiga con carácterexclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principiogeneral que regula cualquier disciplina jurídica. (Del voto de la Dra. Hightonde Nolasco). CSJN, A 2652 XXXVIII, "Aquino, Isacio c/ Cargo ServiciosIndustriales SA", 21/9/04. (Fallos 327: 3753) Daño patrimonial. Padres del trabajador fallecido. El juez a quo fijó el importe indemnizatorio teniendo en cuenta la edad de lavíctima, sin embargo corresponde tener en cuenta también, siendo el reclamo de lospadres del causante, el aporte que hacía a su hogar (lo que supone descontar losgastos propios) y la expectativa de vida útil de los progenitores con ciertadependencia económica del trabajador fallecido y que tienen derecho a percibir laindemnización (art. 1084 del C. Civil, esta Sala "Cunilla Vargas, Asunción c/Talamo Hnos SRL s/ accidente" sent. 70529 30/4/97). CNAT, Sala I, Expte nº 881501, sent. 82067, 25/10/04, "Soto, Ramón y otro c/ Hipermac SA y otros s/Accidente-Acción civil". Daño patrimonial. Valor vida. Hijo soltero fallecido. A los fines de cuantificar los daños cuando la acción instaurada involucra lapetición de la reparación plena del perjuicio padecido por los padres deltrabajador fallecido, en un incendio en la empresa donde laboraba, debe tenerseen cuenta la reparación de la pérdida de asistencia del causante a susprogenitores. Para ello es necesario partir de la premisa de que toda vidahumana -amén de sus aspectos trascendentes- tiene correlato en factores económicosmensurables, en principio, según su fuente actual o potencial de bienes,debiéndose considerar las circunstancias que surgen de la causa, vinculadas conla víctima (capacidad productiva, cultura, edad, ingresos, entre otras) como conlos damnificados (edad, necesidades asistenciales, posición económica y social,vida probable, entre otras). CNAT, Sala VI, Expte. nº 25649/03, sent. 60271, 5/308, "Torrillo, Atilio y otro c/ Gulf Oil Argentina SA y otros s/ Daños yperjuicios". Daño patrimonial. Valor vida. Hijo soltero fallecido. Cabe considerar reparable la pérdida derivada de la muerte de un hijo, en cuantoimporta para sus padres la frustración de una legítima esperanza de ayuda, unachance cierta de ser apoyados en el futuro, que encuentra sustento en el Art.277 del C. Civil que impone a los hijos el deber de prestar servicios yalimentos a sus padres, ello sin dejar de tener presente la probabilidad de queesté supeditada y limitada por la atención de la propia persona y la de constituirla propia familia. CNAT, Sala VI, Expte. nº 25649/03, sent. 60271, 5/3/08, Torrillo, Atilio y otro c/ Gulf Oil Argentina SA y otros s/ Daños y perjuicios". Daño patrimonial. Valor vida. Hijo soltero fallecido. Edad de los padres. A los efectos de determinar el "quantum indemnizatorio" que corresponde a lospadres en razón de la muerte de su hijo, debe considerarse el tiempo de vida delos reclamantes y no del fallecido, pues de seguirse el criterio contrario seadmitiría un enriquecimiento y no una reparación del perjuicio sufrido (arts. 1078y 1079 del C. Civil). CNAT, Sala I, Expte. nº 7457/98, sent. 82668, 23/5/05, García, Santiago c/ Estado de la Nación Argentina s/ Accidente-Acción civil". Daño patrimonial. Valor vida. Trabajador fallecido. Divorcio. Cuotasalimentarias. Seguros e ingresos obtenidos por los herederos de la seguridadsocial. Exclusión. El daño patrimonial por el fallecimiento de un trabajador con divorcio en trámitey que abonaba cuota alimentaria a su esposa e hijos menores, no comprende losingresos obtenidos por los actores de la seguridad social y de los seguros devida colectivos obligatorios pues no está previsto en el ordenamiento legal queel deber jurídico de indemnizar recaiga sobre la propia víctima (en el caso elcausante tenía una cuenta de capitalización individual) o que el resarcimientodisminuya por haberse cobrado los seguros de vida colectivos obligatorios, puesestos no están destinados contractualmente a sustituir en todo o en parte lareparación prevista en el art. 1113 del C. Civil. A su vez tampoco resultaapropiado limitar dicha indemnización, que implicaría apartarse de la concepciónreparadora integral que la Corte puso de relieve en el fallo "Aquino", alporcentaje que se fijó en concepto de cuota alimentaria para la esposa delcausante y sus tres hijos (por entonces menores) en el juicio respectivo en razónde los ingresos del dependiente a esa época, las necesidades de los alimentados ydel alimentante. (Del voto del Dr. Catardo, en mayoría). CNAT, Sala VIII,Expte. nº 12765/01, sent. 34222, 29/6/07, "Bertelli, Elba por sí y en rep. de suhija menor y otros c/ Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SA s/ Accidente". Daño patrimonial. Valor vida. Trabajador fallecido. Divorcio. Cuotasalimentarias. El daño patrimonial de los pretensores, damnificados indirectos, (cónyuge e hijosmenores del trabajador fallecido durante trámite de divorcio), equivale alimporte de las cuotas alimentarias pactadas entre el causante y su esposa, queen el caso ascendía al 30% del sueldo que percibía el trabajador en la época delsiniestro. Su muerte frustró la expectativa de los cuatro legitimados a percibirdicha cuota alimentaria mensual, por lo que debe establecerse el capital que ala tasa usual del 6% anual rinda un interés equivalente a dicha cuota y en él sedebe incluir el de la renta vitalicia contratada en los términos del art. 18 dela ley 24557. (Del voto del Dr. Morando, en minoría). CNAT, Sala VIII, Expte.nº 12765/01, sent. 34222, 29/6/07, "Bertelli, Elba por sí y en rep. de su hijamenor y otros c/ Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SA s/ Accidente". Daño patrimonial. Valor vida. Padres del trabajador soltero. La muerte de un hijo importa para los padres la frustración de una legítimaesperanza de ayuda, una chance cierta de ser apoyados en el futuro, situación queencuentra sustento también en los arts. 367 y 372 del C. Civil que establecen eldeber de darles alimentos. En el caso de los padres, no resulta necesario queacrediten que su hijo colaboraba económicamente con ellos, ya que aunque ello nohubiera ocurrido hasta el momento del deceso, lo que se reclama es lo que endoctrina se llama chances ciertas y esperanzas frustradas (CNAT Sala X "Aranda,Raquel c/ Trenes de Buenos Aires SA" 5/5/05). Por su parte, la cuantificacióndel daño material debe ser considerada en relación con la capacidad productiva,condición social, edad e ingresos de la víctima y de sus padres. CNAT, Sala VIII,Expte. nº11311/99, sent. 34808, 29/2/08, "Cardozo, Manuel y otro c/ Ersa SA s/Accidente".
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ariel armando
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Re: Doctrina- Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Vie Ene 23, 2009 12:23 am

Daño patrimonial. Madre del trabajador soltero. Legitimación. Entre los legitimados para reclamar los gastos y daños por el homicidio de unapersona, se encuentran los ascendientes, por cuanto la muerte de un hijo importapara los padres la frustración de una legítima esperanza de ayuda, una chancecierta de ser apoyado en el futuro, y ello encuentra sustento también en el art.277 del C. Civil que impone a los hijos el deber de prestar servicios a suspadres y los arts. 367 y 372 que establece el darles alimentos. (En el caso, eltrabajador fue embestido por una formación mientras realizaba trabajos en las víasde TBA). CNAT, Sala X, Expte. nº 20755/00, sent. 13593, 5/5/05, "Aranda, Raquelc/ Trenes de Buenos Aires SA y otros s/ Accidente-Acción civil". Daño patrimonial. Valor vida. Hijos menores. La jurisprudencia ha señalado en reiteradas oportunidades que deben ponderarsediversos factores -todos los cuales quedan librados al prudente arbitriojudicial-, entre los que pueden citarse, respecto de la víctima su sexo, edad ytiempo probable de vida útil, su educación, profesión y oficio, caudal de susingresos a la época de su fallecimiento, sus probabilidades de progreso y ahorro,aptitudes para el trabajo, nivel de vida y condición social; mientras que, desdeel punto de vista de quien reclama la indemnización -en el caso hijos menores-,habrá de meritarse el grado de parentesco, la ayuda que recibía de aquélla, elnúmero de miembros de la familia, etc. (Conf. LL 1988-C-106 y causas 66005-1990y 80205 -1991, con citas de Cazeaux y Trigo Represas, "Derecho de lasObligaciones"). Asimismo, se destaca que no cabe aplicar en la especie fórmulasmatemáticas, pues más allá del derecho a ser resarcido en plenitud que emana delprincipio "alterum non laedere", de raigambre constitucional, la norma dejalibrada la determinación del monto a la prudencia de los jueces (ver art. 1084del C. Civil). JNT nº 4, Expte. nº 21667/03, sent. 38996, 17/5/07, "Carballo,Evangelina por sí y en rep. De su hijo menor y otro c/ Molina, Julio y otros s/daños y perjuicios". (Sentencia confirmada por La CNAT, Sala I, sent. 84768, 2210/07) Reclamo por daño moral. Es procedente el reclamo por daño moral, que por su índole espiritual debetenérselo configurado por la sola producción del evento dañoso, ya que por la índolede la agresión padecida, se presume la inevitable lesión de los sentimientos deldemandante. (Del voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda, Zaffaroni, Hightonde Nolasco). CSJN, M 802 XXXV, "Mosca, Hugo c/ Pcia. de Bs. As. s/ Daños yperjuicios", 6/3/07. (Fallos 330:563) Determinación del quantum. A los fines de la fijación del quantum, debe tenerse en cuenta el carácterresarcitorio del daño moral, la índole del hecho generador de la responsabilidad yla entidad del sufrimiento causado, que no tiene que guardar relación con el dañomaterial, pues no se trata de un accesorio a éste. (Del voto de los ministrosLorenzetti, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco). CSJN, M 802 XXXV, "Mosca,Hugo c/ Pcia. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios" 6/3/07. (Fallos 330:563) Daños resarcibles. Daño moral. Reparación integral. En los supuestos en que el reclamo ha sido encauzado por la vía del derecho común la indemnización por daño moral debe compensar los perjuicios originados por lasituación dañosa, así como la afectación de la capacidad de ganancia hacia el futuro o sea la reparación debe ser integral, comprendiéndose la totalidad de los dañosque incluyen el lucro cesante y el daño emergente, y es en tal inteligencia quela empleadora deberá abonar los gastos pretendidos por el accionante que sederiven del accidente sufrido. CNAT, Sala II, Expte. nº2359/00, sent. 89475, 216/01, "Pellegrini, Rubén c/ Editorial Sarmiento SA s/ Accidente-Acción civil". Daños resarcibles. Indemnización por muerte de un hijo. Es necesario tener presente que, ante la muerte de un hijo, no existeposibilidad alguna de proveer un resarcimiento que permita reposicionar lascosas a su estado anterior (conf. art. 1083 del C. Civil). Por otra parte, siel daño moral es el menoscabo de los sentimientos, la pena moral, las inquietudeso cualquier otra dificultad que pueda ser consecuencia del hecho perjudicial ¿cómollevar a cabo la estimación objetiva que se exige de una sentencia, cuando dichodaño es el producido por la muerte de un hijo? Al respecto se ha sostenido que el dolor, la pena, la angustia, la inseguridad etc., son sólo elementos quepermiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido. Pero todo ellodebe ser valorado prudencialmente por el juez, tomando en cuenta lascircunstancias objetivas del caso concreto (conf. Pizarro, Ramón "Valoración deldaño moral" LL 1986-E-828). CNAT, Sala VI, Expte. nº 28658/02, sent. 59676, 13/707, "Saldívar, Guillermo y otros c/ Figuera, Alfredo y otros s/ Accidente-Accióncivil". Daños resarcibles. Daño moral .Muerte del trabajador soltero. Legitimación delos herederos. Solamente están legitimados para reclamar el daño moral quienes efectiva yconcretamente resulten ser herederos forzosos como consecuencia de la muerte dela víctima, y no quienes tuvieran la eventual posibilidad de serlo por estarincluidos en la remisión del art. 3592 del C. Civil (conf. Código Civil y leyescomplementarias comentado, anotado y concordado, Director Belluscio, art. 1078pág 116, ed. Astrea Bs. As 1984). Si el trabajador fallecido, en este caso,era soltero, habiéndose presentado sus padres como demandantes desplazan a loshermanos de la víctima en el carácter de herederos forzosos. CNAT, Sala VI, Expte nº 28658/02, sent. 59676, 13/7/07, "Saldívar, Guillermo y otros c/ Figuera,Alfredo y otros s/ Accidente-Acción civil". Daños resarcibles. Daño moral. Independencia. La determinación y cuantía del daño moral forman parte del arbitrio judicial,conforme el antiguo adagio latino "quae a lege non sun determinata iudicediscretione conmittuntur". Asimismo corresponde memorar que "el daño moralconsiste en una pretensión autónoma e independiente del despido, vale decir, tienesu causa fuente en un ilícito ajeno al contrato de trabajo que desborda loslímites tarifarios y que debe ser resuelta en consecuencia, acudiendo a losprincipios generales del derecho de daños" (Goldemberg, Isidoro "El daño moral enlas relaciones de trabajo" Revista de Derecho de Daños ed. Rubinzal Culzoni, Sta Fe 1999 pág 265). CNAT, Sala VII, Expte. nº 17145/00, sent. 40931, 28/5/08, Weigel, Guillermo y otros c/ LAPA SA y otro s/ Accidente-Acción civil". Daños resarcibles. Indemnización por muerte. Reparación integral. Cuando se acciona por la ley civil debe tenerse en cuenta el principio de lareparación integral -máxime en el sub lite en el que el trabajador falleció comoconsecuencia del accidente y su grupo familiar se hallaba conformado por suesposa y dos hijos menores a cargo-, corresponde analizar pormenorizadamente lassecuelas que la desaparición física del causante generó en su grupo familiar y lasque seguirá generando en consecuencia. Para graduar la indemnización quecorrespondería adjudicar en base a las pautas del C. Civil he de ponderar laedad de la víctima al momento del accidente fatal, el tiempo de vida útil hasta suedad jubilatoria, su categoría profesional, su antigüedad en el empleo, el nivelremuneratorio del que gozaba, para determinar con ellos en forma más o manosaproximada y justa la indemnización a la que resultan acreedores loscausahabientes del trabajador. Tampoco puede perderse de vista la incidenciadel tiempo, desde que no existe duda que es distinto percibir un capital quepueda multiplicarse en forma geométrica y, en su caso, actuar como factorproductor de una renta normal que reemplace el aporte, que recibir ese aporte enforma periódica o normal, a medida que fuera produciéndose, lógicamente disminuidocon los gastos propios y necesarios para la subsistencia. CNAT, Sala X, Expte.nº 7528/01, sent. 13351, 7/2/05, "Cristaldo, Yolanda, por sí y en repr. de sushijos menores c/ Cons. de Prop. Malabia 2460 y otros s/ Accidente-Acción civil". Daño moral. Cuadro irreversible y definitivo. Corresponde reconocer el daño moral frente a la gravedad del cuadro -en granmedida irreversible y definitivo- y sus secuelas de importantísimos padecimientosespirituales originados por la frustración de todo proyecto personal, eldeterioro de la vida afectiva y la repercusión estética de las lesiones sufridas. CSJN, S 36 XXXI, "Sitjá y Balbastro, Juan c/ Pcia de La Rioja s/ daños yperjuicios", 27/5/03 (Fallos 326: 1673) Daño moral. Estimación. La estimación del daño moral no debe necesariamente guardar relación con el dañomaterial pues no se trata de un daño accesorio a éste. CSJN, S 36 XXXI, "Sitjá yBalbastro, Juan c/ Pcia de La Rioja s/ daños y perjuicios", 27/5/03. (Fallos 326 1673) Daño moral. Resarcimiento. La incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que puedecorresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral,pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable. CSJN, A 2652XXXVIII, "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ Accidente", 21/904. (Fallos 327:3753) Daño material. Gastos médicos y de farmacia. Obra social. La reparación del daño material debe incluir los gastos de asistencia médica,curaciones y gastos de farmacia, pues aún teniendo en consideración que eltrabajador tuviera obra social tales erogaciones resultan verosímiles, aunque noexista prueba específica sobre el monto y aunque el trabajador haya sido asistidopor una obra social, pues todos los tratamientos y medicamentos nunca songratuitos, aún cuando sobre sus costos se obtengan descuentos. CNAT, Sala II,Expte. nº2359/00, sent. 89475, 21/6/01, "Pellegrini, Rubén c/ Editorial SarmientoSA s/ Accidente-Acción civil". Daño material. Disminución en la capacidad de ganancia. Enfermedad latente. Brucelosis. Si bien el accionante no padece en forma activa la enfermedad brucelosis, laposee de manera latente al haberla contraído y luego curarse. Esta circunstanciale ocasiona una disminución en su capacidad de ganancia o pérdida de chancelaboral ya que tiene restricciones para volver a desempeñarse en las tareas queantes desarrollaba, y aún de superar el examen previo, correría el riesgo de larecidiva de dicha enfermedad. Es innegable que no puede reputarse al trabajadorcomo enteramente capacitado desde el punto de vista psicofísico. CNAT, Sala II,Expte. nº 18821/00, sent. 95348, 31/10/07, "Bracamonte, Gustavo c/ CompañíaElaboradora de Productos Alimenticios SA s/ Accidente-Acción civil". Daño material. Gastos médicos y traslados. Improcedencia. No procede el reclamo de la parte actora referido al reintegro por gastosmédicos y de traslado porque la demandada acreditó haber solventado los gastosmédicos ocasionados por la emergencia y en la demanda el accionante no explicó,siquiera sumariamente, cuáles fueron los gastos por él asumidos y cuyo reintegropretende. La petición, formulada en tales términos ambiguos, incumple con laexigencia de explicación clara de los hechos que impone el art. 65 de la L.O. CNAT, Sala IV, Expte. nº 23429/98, sent. 91292, 31/3/06, "Ríos, Carlos c/Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio s/ Accidente-Acción civil". Daño material. Traslados durante la atención médica. Gastos médicos yfarmacéuticos. Resulta procedente el reintegro de las sumas que el accionante debió afrontarcon motivo de los traslados que realizó durante el período de atención médica, yaque se trata también de un daño emergente y es verosímil que por la índole dedesembolsos extraordinarios de movilidad, por la utilización de taxis y remisesetc. Asimismo también deben reintegrársele al actor los montos que pagó enconcepto de gastos médicos y farmacéuticos que aunque el trabajador contara con lacobertura de una obra social, es público y notorio que estas entidades no cubrentales gastos en su totalidad, por lo que los afiliados asumen una parte de suvalor. (En el caso se habían acompañado facturas que constituían un indicio seriode las erogaciones realizadas por el trabajador). CNAT, Sala III, Expte. nº16756/05, sent. 89181, 31/10/07, "Urcola, Sergio c/ Coto CICSA s/ despido". Daño material. Rehabilitación para uso de prótesis. Corresponde que la demandada asuma el costo del tratamiento de rehabilitaciónnecesario para la correcta utilización del nuevo brazo protésico cuya provisión seordenó oportunamente ante el desgaste de la primera implantación. Dicha sumadeberá ser estimada por el perito actuante, junto al valor de la prótesis, concarácter previo a practicarse la liquidación definitiva. CNAT, Sala IV, Expte. nº23429/98, sent. 91292, 31/3/06, "Ríos, Carlos c/ Yacimientos Mineros Aguas deDionisio s/ Accidente-Acción civil". Daño material. Incapacidad sobreviviente. Vida de relación. A fin de establecer la indemnización por incapacidad sobreviviente, lasconsecuencias de la lesión no sólo se miden por la ineptitud laboral, sino tambiénpor la incidencia de la misma en la vida de relación de la víctima y en suactividad productiva, ya que los daños a la vida de relación también repercutenperjudicialmente en el plazo patrimonial (Conf. CNCivil Sala F 15/3/94 "Romero,Victoria c/ Transporte Automotor Varela SA" DJ 1995-1-317, entre muchos otros). En ese orden, cuando se habla de "vida de relación" se está refiriendo a unconjunto de actos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los actoscotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a lafamilia, tareas normales en la vida del ser humano, como conducir, transitar etc, actividades tales que, en la medida que se ven dificultadas o impedidas, comoconsecuencia del accidente, constituyen daño indemnizable (CNCivil Sala F 15/5/00"NN c/ Municipalidad de Bs. As" LL 2000-F-11, del voto de la dra. Higton deNolasco). (Del voto de la Dra. Vázquez, en mayoría). CNAT, Sala VIII, Expte. nº914/06, sent. 34989, 30/4/08, "De la Cruz, Antonio c/ Chilavert Paredes, Martín yotro s/ Accidente-Acción civil". Daño material. Incapacidad física. Aptitudes genéricas de la víctima. La incapacidad física debe compensarse atendiendo a las aptitudes genéricas de lavíctima y a la proyección de la secuela que el infortunio tiene o puede tenersobre la personalidad integral de aquélla; en otras palabras, debe repararse nosolamente la minusvalía de carácter laboral sino también la disminución de laaptitud genérica del sujeto pasivo. Por ello, al margen de cuál era el importeexacto de los salarios que venía percibiendo al momento del hecho y de que elmismo no hubiera experimentado ninguna disminución, es necesario ponderar la edadde la víctima, el porcentaje de incapacidad y las lesiones sufridas - en el casola amputación de los dedos de la mano derecha- (arts. 1068, 1069, 1077 y 1083 delC. Civil). CNAT, Sala X, Expte. nº 27443/97, sent. 9162, 29/12/00, "Carmona,Orlando c/ Klokl Metal SA s/ Accidente". Daño material. Entidad del daño. Indemnización. Proporcionalidad. En relación a la cuantificación dineraria del daño material, es doctrina de laCSJN que si lo que se busca es fijar una suma que permita resarcir el dañocaracterizado como pérdida de ganancia, es indispensable precisar la entidad deese daño, a fin de justificar la proporción entre el mismo y aquella indemnización cfr. Fallos 285:55; 297:305; 309:1269). En orden a ello debe tomarse enconsideración las condiciones específicas de la víctima, esto es, la edad, el sexo,la profesión, los ingresos, el tipo de dolencia y -primordialmente- el grado deminusvalía laborativa. En la égida de una acción con fundamento en el derecho comúnno deben contemplarse exclusivamente los daños laborales sino los otros efectosdel perjuicio que se proyectan en la vida de relación y además las característicasparticulares de la causa, los padecimientos morales que el daño material leprovocará a la víctima en su vida personal, social y familiar. JNT nº 66, Expte. nº25556/05, sent. 3666, 29/2/08, "Caro, Víctor c/ Hijas de Amelia F. de Pierre Soc.de Hecho y otro s/ Accidente-Acción civil". Daño en la salud. Daño moral. Pautas. El daño moral no requiere una prueba especial y, en tal sentido, los juecesgozan de un amplio criterio para su determinación, teniendo en cuenta lospadecimientos presuntamente sufridos por el trabajador afectado. Es necesariotener en cuenta la dolencia padecida así como también las circunstanciaspersonales de la víctima, la existencia de hijos menores a su cargo, así como ladificultad para reinsertarse en el ámbito laboral y el menoscabo que las secuelasfísicas generan en el ámbito social, familiar y espiritual. CNAT, Sala II, Expte.nº 22328/05, sent. 95802, 30/5/08, "Prieto, Liliana c/ Carrefour Argentina SA s/Accidente-Acción civil". Daño en la salud. Daño moral. Procedencia. El daño moral es la dimensión no económica del perjuicio padecido por la víctima. Comprende el dolor sufrido por el daño, las molestias del tratamiento médico y ladisminución afectiva que el perjuicio proyecta hacia el resto de la vida delafectado. Cualquier disminución física - una vez computados el daño emergente y ellucro cesante, y con total independencia de ellos- genera perjuicios que seadvierten en el ámbito mental y afectivo (que en una época fue llamado moral) dela víctima: pena, incomodidad, desazón, sensación de disminución, frustraciones,dificultades para desempeñarse en los más diversos aspectos de la vida. Y, si eldaño consiste en la muerte de la víctima, una vez computados los elementosanteriores, y también con independencia de ellos, el perjuicio moral semanifiesta en el ámbito psíquico de los deudos: pena, frustración, pérdida de un serquerido, falta de guía y ejemplo parentales, desgarramiento afectivo por lapérdida de un hijo, por dar algunos ejemplos. CNAT, Sala III, Expte. nº 27593/04,sent. 89654, 28/4/08, "Méndez, Alejandro c/ Mylbas SA y otro s/ Accidente-Accióncivil". Daño en la salud. Daño moral. Procedencia aunque no haya daño material. Procede la reparación por daño moral aún cuando no se compruebe la existencia dedaño material porque aquél resarcimiento es de carácter autónomo y la indemnización ala que se hace acreedor el accidentado alcanza a los padecimientos y molestiasque debió soportar como consecuencia de las características del evento dañoso y deltratamiento al que fue sometido, y el único requisito de procedencia es lacomprobación del hecho dañoso que originó la pretensión. CNAT, Sala III, Expte. nº24832/99, sent. 84779, 30/4/03, "Arellano, Julio c/ Curtarsa CurtiembreArgentina SA y otro s/ Despido". Daño en la salud. Daño moral. Características del caso. La ley civil reputa que toda persona que soporta los efectos de un acto ilícitotiene derecho a la reparación del agravio moral cuando así lo pide, cuyo monto nonecesariamente debe guardar relación con el daño material (conf. BustamanteAlsina "Teoría General de la Responsabilidad Civil" 3º ed. Abeledo Perrot pág 210211). Para su determinación será necesario tener en cuenta las particularescaracterísticas del caso, es decir, los padecimientos sufridos por el accionantey las vicisitudes por las que debió transitar el actor para paliar y curar el dañosufrido. CNAT, Sala IV, Expte. nº25547/04, sent. 93086, 14/3/08, "Herrera, Pedroc/ DYCASA SA y otros s/ Accidente". Daño en la salud. Daño moral. El daño moral es una lesión en los sentimientos por el sufrimiento o dolor quepadece la persona. La indemnización tiene por objeto reparar el quebranto quesupone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen el valorfundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad del espíritu,la libertad individual, la integridad física, el honor y los demás carossentimientos (Llambías "Tratado de Derecho Civil Obligaciones" T. 4). Desdedicha perspectiva de análisis el daño moral debe admitirse por aplicación de lodispuesto por el art. 1074 del C. Civil y la doctrina del fallo plenario 243 Vieites, Eliseo c/ Ford Motor Argentinos SA" del 25/10/82. En especial si loshechos demostrados evidencian que el actor debió afrontar padecimientos a raíz dela minusvalía detectada y sus consecuencias. CNAT, Sala IV, Expte. nº 14443/05,sent. 92390, 27/6/07, "Alvarez, Ricardo c/ La Ganadera Nueva Escocia SA s/Accidente-Acción civil". Daño en la salud. Daño moral. Procedencia. Pautas. Para la determinación indemnizatoria del daño moral es necesario tener en cuentala edad de la víctima, el menoscabo que las secuelas físicas le implican no sólodesde el punto de vista laboral, sino también social y familiar, y lospadecimientos sufridos con motivo de su curación (conf. art. 1078 del C. Civil yPlenario 243 de la CNAT). CNAT, Sala X, Expte. nº 6246/06, sent. 15412, 16/7/07,"Arroyo, Luis c/ Bruzzi, Antonio y otro s/ Accidente-Acción civil". Daño moral. Procedencia. Inexistencia de daño patrimonial. El mero hecho de no existir daño patrimonial resarcible, no implica laimprocedencia del reclamo por daño moral, ya que si bien éste tiende a graduarseen proporción a la indemnización del daño material, no es un accesorio de ella nidebe guardar, necesariamente, una determinada relación. Sin perjuicio de que altrabajador, en virtud del tratamiento recibido, no le haya quedado incapacidadalguna, es evidente que, desde la manifestación de su enfermedad y hasta sucompleta curación, padeció una serie de inconvenientes, molestias y temores porlas derivaciones futuras que pudo haber tenido su dolencia, trastornos éstos queafectan la personalidad y la vida de relación, por lo que deben englobarse en elconcepto de daño moral e indemnizarse debidamente (CNAT Sala IV sent., 57259 22/986 "Viveros c/ Frigorífico Minguillón"). CNAT, Sala X, Expte. nº 23299/86, sent.9286, 15/3/01, "Barrera Ojeda, René c/ Empresa Rojas SA s/ Accidente-Acción civil". Daño moral. Procedencia. Inexistencia de daño patrimonial. Aún cuando el dependiente no presentare secuelas invalidantes que determinen unareparación de índole material, tal circunstancia no impide indemnizar altrabajador en virtud del daño moral por él padecido. Ello es así por cuanto el dañopsíquico es una parte del daño material, en tanto que el daño moral -quecorresponde aún en aquellos casos en que no existen secuelas incapacitantes-cubre los sufrimientos de la curación y los inconvenientes que la discapacidadproduce en la vida laboral de relación (CNAT Sala III sent. 63073 14/6/92 "RamírezAyaviri, Edgard c/ Taller Mecánico Service Palermo s/ accidente"; Sala IV sent.66789 27/12/91 "Salinas, Carlos c/ Noworks y otros s/ accidente", entre otros). CNAT, Sala X, Expte. nº 6884/00, sent. 14070, 15/12/05, "Madrid, Pablo c/ IngotarSA y otro s/ Accidente-Acción civil". Daño psicológico. Indemnización autónoma. Daño permanente. Para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidada resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración anivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso. (Del voto delos ministros Petracchi, Belluscio, Boggiano, Vázquez, Maqueda y Zafaroni). CSJN C 742 XXXIII, "Coco, Fabián c/ Pcia. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios", 29/6/04. (Fallos 327:2722) Daño psicológico. Incapacidad. Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físicas como psíquicasesta incapacidad debe ser reparada, en la medida en que asuma la condición depermanente. CSJN, S 36 XXXI, "Sitjá y Balbastro, Juan c/ Pcia de La Rioja s/daños y perjuicios", 27/5/03. (Fallos 326: 1673) Daño psicológico. Trastorno de estrés post traumático. Frente al informe que estableció que las funciones psíquicas están globalmenteconservadas pero teñidas por un trastorno de estrés post traumático, correspondereconocer el pago de un tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico, que deno llevarse a cabo podría conducir a un deterioro mayor de la calidad de vida delactor. CSJN, S 36 XXXI, "Sitjá y Balbastro, Juan c/ Pcia de La Rioja s/ daños yperjuicios", 27/5/03. (Fallos 326: 1673) Daño psicológico. Indemnización autónoma. Si de la pericia psicológica realizada al actor se determina la existencia de untrastorno psicopatológico post traumático objetivable, que lo limita en suaccionar, incapacitándolo en un 15%, ello constituye una lesión de naturalezadiferente a los padecimientos espirituales a cuya reparación tiende elotorgamiento de una suma en concepto de daño moral. CNAT, Sala VI, Expte. nº 460305, sent. 56368, 8/2/07, "Maidana, Emilio c/ Cerámicas Argentinas PublicitariasSA s/ Accidente-Acción civil". Daño psicológico. Demostración. Necesidad de asistencia profesional. El daño psíquico tiene una entidad propia y autónoma, que no debe confundirse conlos padecimientos morales, y se manifiesta con síntomas psicopatológicosevidenciables y objetivables, física y materialmente. El daño moral representa laafrenta espiritual que objetivamente se verifica en todo ser humano a partir deun hecho cuya entidad lesiva resulta social y culturalmente incontrovertida. Encambio, en el supuesto de daño psíquico se requiere demostración del desborde delplano simbólico por el padecimiento derivado de las consecuencias del accidentede trabajo, que el afectado no puede superar ni asimilar sin asistenciaprofesional. CNAT, Sala V, Expte. nº 18139/00, sent. 68279, 28/3/06, "Basualdo,Carlos c/ Provincia ART SA y otro s/ Accidente-Acción civil". Daño psicológico. Tratamiento. Indemnizaciones excluyentes. Resulta improcedente indemnizar un daño psíquico o psicológico y el tratamientorespectivo, ya que debe concederse uno u otro cuando la psicoterapia tieneprobabilidades serias de remitir la patología psíquica derivada del accidente, yaque de otra forma se duplicaría el resarcimiento. (En sentido análogo CN CivilSala C "Cisneros, Evaristo y otro c/ González Mario" del 3/12/98). CNAT, SalaIII, Expte. nº 12361/00, sent. 16/7/04, "García, Ricardo c/ Alto Paraná SA y otro s Accidente". Stress. Daño moral. Sabido es que la ausencia de incapacidad física y síquica no obsta a laprocedencia del rubro daño moral, si se demuestra la existencia de daños que no seencuentren incluidos en la tarifa, como acontecería de corroborarse elpadecimiento de acoso moral o de stress laboral y los requisitos para suviabilización en cada caso. El daño moral no requiere prueba especial y losjueces gozan de un amplio criterio para su determinación teniendo en cuenta lanaturaleza de los padecimientos sufridos, de acuerdo a la naturaleza de lasituación vivida y a las circunstancias personales de la víctima. La estimacióndel daño moral no debe necesariamente guardar relación con el daño material, ya queno se trata de un daño accesorio a éste. JNT Nº 66, Expte. nº 8991/05, sent. 3614,29/10/07, "Steochich, Beatriz c/ Banco Patagonia SA y otros s/ Daños y perjuicios. Stress. Configuración. Si de las prueba colectadas a lo largo del proceso no surge que la trabajadorahaya sido objeto de acoso moral o mobbing, sino que en realidad estuvo expuestaa un ambiente laboral con una sobrecarga inusual de tareas, que se vio agravadopor los modos y exigencias de un superior jerárquico que si bien no cuadra en lascaracterísticas de un mobber (acosador) sí tenía un carácter y conducta capaces deperjudicar el ambiente laboral donde se desempañaba la actora, puede concluirseque tal situación resultó generadora de stress laboral. Dicha situación estárelacionada con distintas enfermedades en el ser humano (alteraciones en laconducta, trastornos gastrointestinales, cefaleas, migrañas, problemas nerviososetc.) y condujo a que la OMS lo incluyera en su lista de enfermedades. A losfines de la cuantificación del daño en estos casos, es necesario tener en cuentael carácter resarcitorio del rubro, la índole del hecho generador de laresponsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tienenecesariamente que guardar relación con el daño material, pues el daño moral no esaccesorio a aquél. JNT Nº 66, Expte. nº 8991/05, sent. 3614, 29/10/07, "Steochich,Beatriz c/ Banco Patagonia SA y otros s/ Daños y perjuicios". Daño o lesión estética. Daño permanente. El daño o lesión estética no es autónomo respecto al material o moral, sino queintegra uno u otro o ambos, según el caso. Si bien cuando la víctima resultadisminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas esta incapacidad debe ser reparada ello es en la medida que asuma la condición de permanente. (Del voto de losministros Petracchi, Belluscio, Boggiano, Vázquez, Maqueda y Zaffaroni). CSJN, C742 XXXIII, "Coco, Fabian c/ Pcia. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios", 29/6/04. Fallos 327:2722) Daño estético. El daño estético no es autónomo respecto al material o moral, sino que integra unou otro o ambos, según el caso. CSJN, S 36 XXXI, "Sitjá y Balbastro, Juan c/ Pciade La Rioja s/ daños y perjuicios", 27/5/03. (Fallos 326: 1673) Daño o lesión estética. Daño permanente. Daño material. Sufrimientos. Daño moral. Debe compensarse también el llamado "daño estético" pues corresponde equilibrar,entro de un nivel de razonabilidad, la desventaja que todo ser humano padececuando exhibe cicatrices o mutilaciones que afectan el sentido estético propio yajeno. No hay duda, entonces, de que el daño estético es indemnizable y puedetraducirse en daño material o daño moral. Constituye daño material el derivado deuna mutilación permanente porque incide sobre las futuras posibilidades económicasde la víctima y sobre su vida de relación y ello con independencia de laincapacidad sobreviviente que contempla otro aspecto del deterioro físico,pesando sobre el patrimonio en planos distintos y singulares. El daño estético setraduce en daño moral, en cambio, por los sufrimientos de ese orden que puedanengendrar. CNAT, Sala III, Expte. nº 16756/05, sent. 89181, 31/10/07, "Urcola,Sergio c/ Coto CICSA s/ despido". Daño estético. Trabajador de la construcción. Pérdida de miembro inferior. Si bien el daño estético, en principio, forma parte del daño moral, ello no es asícuando por la profesión de la víctima o por su gravedad se traduce en unaverdadera pérdida de ganancia (Conf. CNAT Sala V sent. 20/5/02 "Mourelle y Lemac/ Pastas Factory SA"). Este es el caso de un trabajador de la construcción queperdió su miembro inferior izquierdo por lo que los trabajos en altura o dondetenga que utilizar escaleras no le serán posibles de realizar por su nuevo estadofísico, dificultándose a su vez inexorablemente toda posibilidad de contratacionesfuturas. Tal como lo afirma el perito médico en este caso "el actor ha perdidola armonía estética corporal provocándole una pérdida de su capacidad de goce de lavida de relación" por lo que debe ser compensado. (Del voto de la Dra. Guthmann en minoría). CNAT, Sala IV, Expte. nº 18575/04, sent. 93156, 31/3/08, "CaballeroEsquivel, Magin c/ Ottomano, Horacio y otros s/ Accidente-Acción civil". Daño estético. Trabajador de la construcción. Pérdida de miembro inferior. Conforme jurisprudencia reiterada de la CSJN el daño estético no es autónomorespecto del daño material o moral, sino que integra uno u otro (o ambos) según elcaso (CSJN 28/4/98 "Martínez, Diego c/ Pcia de Corrientes"; 27/5/03 "Sitjá yBalbastro, Juan c/ Pcia de La Rioja" Fallos 326:1673).

En el caso, no hay indicios de que el daño estético le haya provocado una pérdidade capacidad de ganancia al actor u otro perjuicio de índole patrimonial, por loque debe considerarse subsumido en el daño moral (que en el caso equivale a algomás del 30% del daño material) y que parece suficiente como para reparar latotalidad de las afecciones de índole espiritual, incluida la pérdida de lacapacidad de goce en su vida de relación. (Del voto del Dr. Guisado, en mayoría) CNAT, Sala IV, Expte. nº 18575/04, sent. 93156, 31/3/08, "Caballero Esquivel,Magin c/ Ottomano, Horacio y otros s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Disminución en aptitudes físicas o psíquicas. Independencia del desempeño o no de actividad productiva. Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas demanera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen deque desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en símisma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de lapersonalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con laconsiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida. CSJN, S 36 XXXI, "Sitjáy Balbastro, Juan c/ Pcia de La Rioja s/ daños y perjuicios", 27/5/03. (Fallos326: 1673) Cuantificación del daño. Determinación de la indemnización. Valoración amplia. Las gravísimas insuficiencias que -según los especialistas en las diversas ramasde la medicina- acompañarán al actor a lo largo de su vida, afectándolo no sólo enel aspecto laboral sino también en la esfera de la vida doméstica y social, unidasa las condiciones personales de la víctima, determinan que para la fijación deldaño emergente por incapacidad física se utilice un marco de valoración amplio, noregido por criterios matemáticos, ni ajustado a los porcentajes fijados por laLCT. CSJN, S 36 XXXI, "Sitjá y Balbastro, Juan c/ Pcia de La Rioja s/ daños yperjuicios", 27/5/03. (Fallos 326: 1673) Cuantificación del daño. Indemnización. Principio "alterum non laedere". La CSJN ha expresado reiteradamente que la indemnización integral debe ser justa alcanzando sólo este estatus cuando exime de todo daño y perjuicio mediante uncabal resarcimiento, lo cual no se logra si el perjuicio persiste en cualquiermedida. Es que debe haber protección indemnizatoria psíquica, física y moralfrente a supuestos regidos por el "alterum non laedere", como consideración plenade la persona humana teniendo en cuenta los imperativos de justicia de lareparación seguidos por nuestra Constitución Nacional. En definitiva, debeabarcar el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño al proyecto devida, el daño estético - si se ha producido- y cualquier otro menoscabo que hayasufrido la víctima. En base a ello se deben valorar el tipo de tareas querealizaba el trabajador, su riesgo, el grado de incapacidad que le quedó comoconsecuencia del infortunio, los valores salariales para su actividad, suantigüedad en el trabajo, la edad a la fecha de consolidación del daño, el tiempode vida útil que le resta, etc. CNAT, Sala VII, Expte. nº 9455/03, sent. 40892,16/5/08, "Guzmán, Américo c/ Miavasa SA y otro s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Daño emergente y lucro cesante. En los accidentes de trabajo -y, en general, en los casos en que resulta un dañoa la persona o a las facultades del sujeto- no suele presentarse el dañoemergente -ya que los sistemas de protección de los trabajadores respecto de lacontingencia, prevén el suministro, a cargo del empleador o de un asegurador, deasistencia médica, provisión de medicamentos, gastos de pruebas de diagnóstico,internación, honorarios, etc., ni el lucro cesante (porque la imposibilidad detrabajar que suele resultar en forma inmediata de un siniestro importante, nogenera pérdida correlativa del salario, ya que las mismas normas prevénprestaciones en dinero sustitutivas de la contraprestación del trabajo, noadquirida, en el caso como consecuencia de la imposibilidad de prestarlo). Porello en los casos de accidentes de trabajo que generan secuelas incapacitantesde carácter permanente, se indemniza el daño patrimonial indirecto, consistente enque "la mutación física hecha a la persona puede significar una pérdida patrimonialpara ésta" (Cámara Civil Sala B LL 1985-B-554). CNAT, Sala VIII, Expte. nº 2292105, sent. 34280, 11/7/07, "Padelin, Pedro c/ CEAMSE SE s/ Nulidad". Cuantificación del daño. Pérdida de chance. Valoración amplia. Tal como lo señalara la CSJN en la causa "Arostegui, Pablo c/ Omega ART SA" sent. Del 8/4/08) "...los porcentajes de incapacidad estimados por los peritosmédicos -aunque elementos importantes que se deben considerar- no conformanpautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no sólocabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten ala víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo quele confiere un marco de valoración más amplio" (Fallos 310:1826, 1828/1829). Enel ámbito del trabajo incluso corresponde indemnizar la pérdida de chance, cuandoel accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en sucarrera (Fallos 308: 1109, 1117)...". CNAT, Sala I, Expte. nº 7367/01, sent.85120, 30/4/08, "Villalba, Ramón c/ Nuevas Cristalerías Avellaneda SA y otro s/Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Pérdida de chance. Reingreso al mercado laboral. La circunstancia apuntada por la demandada en cuanto a que el trabajadorcontinúa ejerciendo idénticas funciones en la categoría desplegada como obrerográfico, en este caso, no la exime de la responsabilidad resarcitoria en laespecie, toda vez que cabe considerarse que, quizás, en determinado lapso, eldamnificado pueda mantener el vínculo laboral sin desmedro de su remuneración,pero en la hipótesis de tener que reingresar al mercado de trabajo, laposibilidad de obtener un nuevo empleo puede verse dificultada en grado tal quepodría implicar una afectación muy superior o incluso total, del nivel de ingresos CNAT, Sala II, Expte. nº 2359/00, sent. 89475, 21/6/01, "Pellegrini, Rubén c/Editorial Sarmiento SA s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Pérdida de chance. A los fines de decidir cuál será el resarcimiento definitivo que se le reconoceráal trabajador afectado, deben considerarse las pautas que habitualmente seadoptan para el cálculo del resarcimiento por daño material, en las accionesfundadas en las disposiciones del derecho común (salario del pretensor,porcentaje de incapacidad del accidentado y edad de éste a la fecha delinfortunio), a lo que se agrega la indudable dificultad con que se enfrentará elaccidentado al momento de pretender reinsertarse en el mercado productivo, elimpacto que provocará la importante disminución que padece en el seno familiar etc, a lo que cabe agregar también el resarcimiento por daño moral. CNAT, Sala II,Expte. nº 15860/00, sent. 92588, 31/5/04, "Gómez, Rubén c/ Osvaldo Freier SRL yotro s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Pérdida de chance. Muerte del hijo. No es atendible el argumento que afirma que no puede presumirse per se que elhijo debería haber mantenido a su padre en el futuro. Es reiterada lajurisprudencia que sostiene que es reparable la pérdida de "chance" derivada dela muerte de un hijo, en cuanto importa para sus padres la frustración de unalegítima esperanza de ayuda, una "chance" cierta de ser apoyados en el futuro,que encuentra sustento en el Art. 277 del C. Civil que impone a los hijos eldeber de prestar servicios y alimentos a sus padres, ello sin dejar de tenerpresente la probabilidad de que esté supeditada y limitada por la atención de lapropia persona y la de constituir la propia familia (Conf. López Mesa y TrigoRepresas "Tratado de Responsabilidad Civil. Cuantificación del Daño" págs. 94/95 yjurisprudencia citada en nota nº 235 La ley Bs. As, 2006). Ello no impide lanecesidad de fundamentación que requiere la suma que en definitiva se derive acondena para reparar el concepto mencionado. Constituye una pauta importante deanálisis la edad de la víctima en el momento del infortunio, el nivel educativoalcanzado y el que potencialmente hubiera llegado a lograr, y la remuneraciónmensual reconocida en la sentencia y respecto de la cual deben considerarse losmontos con los que proporcionaba ayuda a sus progenitores. CNAT, Sala VI, Expte nº 28658/02, sent. 59676, 13/7/07, "Saldívar, Guillermo y otros c/ Figuera,Alfredo y otros s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Pérdida de chance. El concepto de incapacidad laborativa excede de la simple medición, más o menosarbitraria, de la incidencia anátomo-funcional de una lesión para proyectarse a lavida de relación, en la que aparece como disminución potencial de la capacidad deganancia, que se objetiva en la inelegibilidad del sujeto para ocupar puestos detrabajo afines con su entrenamiento profesional. Es -el grado de incapacidad-un valor residual, subproducto de una predicción, fundada en un juicio deprobabilidad acerca del grado de elegibilidad remanente. Es decir, la medida dela pérdida de una chance". CNAT, Sala VIII, Expte. nº 22921/05, sent. 34280, 11/707, "Padelin, Pedro c/ CEAMSE s/ Nulidad". Cuantificación del daño. Pérdida de chance. El daño patrimonial resarcible debe ser cierto, no eventual ni conjetural, auncuando -como es frecuente en los casos de daño patrimonial indirecto- no aparezcasino como una posibilidad futura (no existe certeza respecto de lo por venir);se exige, entonces, cierto grado de razonable certidumbre acerca de laposibilidad de obtener una ganancia o evitar una pérdida. Esto constituye una chance", cuya frustración es indemnizable como tal -no por el equivalente albeneficio esperado o de la pérdida evitable, sino por el valor estimativo de lachance misma, que constituye un daño actual y cierto. La sentencia, en el caso,ha mandado indemnizar el daño patrimonial indirecto. No corresponde agregar unpresunto "lucro cesante" -privación de la ganancia esperada- distinto de aquel,cuya existencia y medida resultan del grado de incapacidad laborativa. CNAT,Sala VIII, Expte. nº 25481/04, sent. 33293, 31/5/06, "Almirón, Juan c/ Carlos C. Ingolotti A y otro s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Pérdida de chance. Madre del trabajador soltero. No resulta necesario que la accionante, madre del trabajador soltero fallecidoa consecuencia de ser embestido mientras laboraba en las vías de la empresa TBA,acredite que su hijo colaboraba económicamente con su sustento con anterioridad asu deceso, ya que aunque esto no hubiera ocurrido hasta ese momento, lo que seestá reclamando es lo que en doctrina se conoce como "chances ciertas yesperanzas frustradas" (Orgaz "El daño resarcible" Tomo 5 Código Civil Comentado,dirigido por Belluscio, pág 110). Se trata de chances cuya resarcibilidad debefijarse en función de su probabilidad, de acuerdo a las circunstancias de cadacaso. Asimismo debe recordarse que si quien reclama la indemnización porfallecimiento del trabajador es uno de los herederos necesarios (art. 1085 C. Civil) se considera innecesaria la demostración concreta de los daños derivados detal deceso y se puede fijar la indemnización aún en caso de ausencia de prueba porconsiderarse que los arts. 1084 y 1085 del C. Civil crean una presunción deperjuicio a favor de aquellos, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. CNAT, Sala X, Expte. nº 20755/00, sent. 13593, 5/5/05, "Aranda, Raquel c/ Trenesde Buenos Aires SA y otros s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Formulación matemática. Sólo indicativa. A los efectos de la determinación del monto resarcitorio, las pautasestablecidas por el sistema de "capital amortizable en el período de vida útil" cfr. Doctrina jurisprudencial CNAT Sala III in re "Vuoto, Dalmero c/ TelefunkenArgentina SA sent. 3610 16/7/78) sólo merece tenerse en cuenta como un indicativomás toda vez que cuando se acciona por las normas del derecho común no estamos enpresencia de indemnizaciones tarifadas. CNAT, Sala I, Expte. nº 7367/01, sent.85120, 30/4/08, "Villalba, Ramón c/ Nuevas Cristalerías Avellaneda SA y otro s/Accidente-Acción civil". Cuantificación del año. Formulación matemática. Insuficiencia. La fórmula matemática financiera que la Sala III de esta Cámara hiciera conocida apartir del caso "Vuoto, Dalmero c/ AEG Telefunken SA" (SD 36010 16/6/78) sólocuantifica una parcela del daño material consistente en la merma que el daño aindemnizar provocará exclusivamente en el plano puramente salarial referente alempleo para la empleadora en cuyo marco contractual se produjo la contingencia,sin merituar otras facetas del daño material. En este sentido deben recordarselos señalamientos efectuados por la CSJN en el caso "Aquino, Isacio c/ CargoServicios SA" (21/9/04 Fallos 327:3753) cuando estableció que "...no se trata,pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de lasvíctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de lasindemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producirbienes económicos con el trabajo. Resulta incuestionable que en tales aspectosno se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestacionesdel espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquél valor vitalde los hombres", recordando que "en el ámbito del trabajo, incluso correspondeindemnizar la pérdida de chance, cuando el accidente ha privado a la víctima de laposibilidad futura de ascender en su carrera (Fallos 308:1109, 1117,considerando 9)". CNAT, Sala II, Expte. nº 5286/06, sent. 95588, 5/3/08, "Avalos Aurora c/ Taluden SA y otro s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del año. Formulación matemática. Insuficiencia. Aunque el valor de la vida humana no es susceptible de ser apreciado a través deun cálculo matemático, a fin de establecer el quantum indemnizatorio debeutilizarse como pauta orientadora la fórmula que desde antiguo aplica la Sala IIIa partir del caso "Vuoto, Dalmero c/ Telefunken" (sent. 36010 del 16/6/78) paradeterminar cuál es la suma que , puesta a un interés puro del 6% anual, amorticedurante el período estimado de vida útil de la víctima, mediante el retiro periódicode sumas similares a las que su incapacidad lo priva de recibir. Ello nosignifica atenerse estrictamente a su resultado numérico, sino como modoorientador. También será necesario tener en cuenta las pautas de valoración quesurgen de los fallos de la CSJN en los casos "Audicio de Fernández c/ Pcia deSalta" (4/12/80), "García de Alarcón c/ Pcia de Bs As" (Fallos 304:125) y "Badialic/ Gobierno Nacional" (LL 24/2/86). Deben tenerse en cuenta la disminuciónpsicofísica ocasionada por el infortunio, la edad de la víctima, su categoríaprofesional, su remuneración y la incidencia presunta de su ingreso en el núcleofamiliar, los gastos que ocasionalmente causó el accidente, así como el dañoemergente y el lucro cesante. También se tomarán en cuenta si el accidentesufrido por el actor, razonable e indiscutiblemente, ha debido generarleaflicciones y padecimientos íntimos que, aunque de naturaleza extramatrimonial,constituyen un daño moral resarcible en virtud del principio de la reparaciónintegral y de conformidad con lo establecido por los arts. 522 y 1078 del C. Civil y por la doctrina plenaria de la CNAT nº 243 (25/10/82). CNAT, Sala II,Expte. nº 13786/05, sent. 95627, 27/3/08, "Lojko, Francisco c/ Monarfil SA s/ ind Art. 212 y accidente". Cuantificación del daño. Fórmula Vuoto. Meramente indicativa. La fórmula empleada por la Sala III de esta Cámara a partir del caso "VuotoDalmero c/ Telefunken SA" es una pauta más, tomada como meramente indicativa,entre otras muchas, por determinado segmento de la magistratura, en esta cuestióntan ardua de justipreciar en importes meramente monetarios el valor de la vidahumana. Pero ello no implica que sea de aplicación mayoritaria y además esnecesario tener en cuenta la serie de precisiones que al respecto de suaplicación expresó la CSJN en el reciente fallo "Arostegui, Pablo C/ Omega ART SA"en cuanto sólo atiende a la persona humana en su faz exclusivamente laboral, valedecir de prestadora de servicios, ya que lo hace mediante la evaluación delperjuicio material sufrido en los términos del salario que ganaba en el momentode los hechos proyectado hacia el resto de la vida laboral, criterio que resultareduccionista, opuesto frontalmente al régimen jurídico que pretende aplicar, dadala comprensión plena del ser humano que informa a éste. CNAT, Sala VII, Expte. nº5934/99, sent. 40869, 30/4/08, "Correa, Elida por sí y en rep. de su hijo c/ NiroConstrucciones SA y otros s/ accidente". Cuantificación del daño. No se debe atender en el caso a la rigidez de la fórmula matemática "Vuoto", quesi bien puede ser útil para objetivizar el cálculo correspondiente, requiere de unacomodamiento de sus resultados a las notas específicas del entorno configurado afin de compatibilizarlo en proporción razonable con la realidad económica general. Una clara manifestación de ello, se pone de resalto en el cómputo del salarioescogido al momento del accidente, el cual debió calcularse en base a unincremento salarial presuntivo que hubiera experimentado el trabajador duranteel resto de vida útil si aquél hubiera preservado su total capacidad, ya que,difícilmente el ingreso de una persona se mantenga intacto durante toda suactividad, excluyendo la posibilidad de cualquier progreso laboral y económico. CNAT, Sala VIII, Expte. nº 16557/01, sent. 34842, 14/3/08, "Roa Mira, Felipe c/Basigaluo, Oscar y otros s/ Accidente-Acción civil".
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ariel armando
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Re: Doctrina- Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Vie Ene 23, 2009 12:25 am

Cuantificación del daño. Para fijar el daño patrimonial este Tribunal utiliza de ordinario y como primeraorientación, el método denominado en doctrina "cálculo de un capital amortizabledurante el resto de vida útil", pauta que es confrontada con la situaciónespecífica del actor. Dicha fórmula no se aplica mecánicamente sino que constituyeuna guía más para la ponderación del daño en cuestión. CNAT, Sala VIII, Expte. nº12765/01, sent. 34222, 29/6/07, "Bertelli, Elba por sí y en rep. de su hija menory otros c/ Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SA s/ Accidente". Cuantificación del daño. Comprensión integral de la proyección existencial humana. La reparación juzgada a la luz del derecho civil no está sujeta por elordenamiento sustantivo a ninguna fórmula matemática o tarifa preestablecida, sucuantificación debe relacionarse con las particularidades del caso y orientarse ala integralidad. Se trata de reparar la incapacidad genérica y no la meramentelaboral para lo cual debe partirse de una comprensión integral de la proyecciónexistencial humana pues la persona no constituye un capital que se midesolamente por lo que pueda rendir o ganar. Así cuando se trata del daño a lasalud es válido que ésta sea concebida no sólo como la ausencia de enfermedad, sinocomo un estado de completo bienestar físico, mental y social, que consiste en laausencia de impedimentos para gozar de los bienes de la vida independientementede la capacidad de trabajar o de ganar dinero. (Del voto de la Dra. Vázquez, enmayoría). CNAT, Sala VIII, Expte. nº 914/06, sent. 34989, 30/4/08, "De la Cruz,Antonio c/ Chilavert Paredes, Martín y otro s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del año. Fallo "Arostegui". No aplicación de fórmulas. En un reciente fallo recaído en la causa "Arostegui, Pablo c/ Omega A RT SA yotro" ( 8/4/08) la CSJN descalificó en el ámbito normativo de la reparación basadaen el derecho civil, la aplicación de fórmulas de cálculo sustentadasexclusivamente en el porcentaje de incapacidad, salario y expectativas de vidalaboralmente activa del damnificado, sosteniendo que "tal criterio de evaluación,por lo reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico quepretende aplicar, dada la comprensión plena del ser humano que informa a éste. Asimismo agregó que la incapacidad del trabajador proveniente de infortunioslaborales en el contexto indemnizatorio del derecho común, suele producir unserio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relacionessociales, deportivas, artísticas, etc. y debe ser objeto de reparación, al margende lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y porel daño moral, pues la integridad física en sí misma, tiene un valor indemnizable. Incluso corresponde indemnizar la pérdida de chance, cuando el accidente haprivado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera (Fallos308:1109, 1117). CNAT, Sala IX, Expte. nº 9144/06, sent. 14958, 2/6/08, "Medina,Daniel c/ Heredia, Marina y otro s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Fórmula Vuoto. No aplicación. Teniendo en cuenta las disposiciones del C. Civil, la determinación del quantumindemnizatorio no es forfataria sino integral y relativa a las particularidadesdel caso y, por lo tanto no está sujeta a la aplicación de una fórmula matemáticalegalmente establecida. CNAT, Sala IX, Expte. nº 29067/05, sent. 14932, 26/5/08,"Pérez Rocha, Carlos c/ Liberty ART SA y otros s/ Accidente". Cuantificación del daño. Fórmula "Vuoto" sólo orientadora. Para la determinación del daño material, puede tomarse como pauta orientadora ladenominada fórmula "Vuoto" desarrollada por la Sala III de la CNAT y de usotradicional en este fuero, consistente en la fijación de una suma de capital que,puesta a un interés puro del 6% anual, se amortice en un período calculado comoprobable de vida de la persona con derecho a indemnización mediante la percepciónde una suma similar a la que hubiera percibido de no mediar el evento. Sinembargo se debe tener presente asimismo la doctrina de la CSJN en cuantopropugna la flexibilización de la mentada fórmula matemática y su adaptación al casoconcreto ("Puddu c/ Sequenza" DT 1987 pág 2144) para lo cual cabe tomar en cuentapara la determinación del monto resarcitorio las particulares y específicascircunstancias del daño indemnizable en cada sujeto. Especialmente si el actorno conservó el empleo como así también si el tipo de dolencia padecida dificulta sureinserción laboral en la calidad de oficio que desempeñaba y también si poseíacargas de familia. CNAT, Sala X, Expte. nº 9982/02, sent. 15174, 7/5/07, "Ramos,José c/ INCA SA y otro s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Elementos a tener en cuenta. Para cuantificar el daño material (omnicomprensivo del lucro cesante y del dañoemergente) se deberán tener en cuenta, entre otras cosas, la edad del actor almomento del infortunio, el salario (haber bruto) que percibía, la índole y elporcentaje de incapacidad que porta el trabajador, así como las característicasdel infortunio y los padecimientos (físicos y psicológicos) afrontados. La CSJNtiene dicho que el valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobrela base de criterios exclusivamente materiales ya que "... no se trata de mediren términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo quevendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizacionessegún el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos conel trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valorvital de los hombres" (Fallo "Aquino" votos de los jueces Petracchi y Zaffaroni,Maqueda y Belluscio, y Highton de Nolasco Fallos 327:3753, 3765/66, 3787/88 y3797/98 y "Díaz" voto de la jueza Argibay, Fallos 329:473, 479/80, y sus citas). CNAT, Sala V, Expte. nº 3316/04, sent. 70692, 22/5/08, "Calderone, Alfredo c/Estado Nacional y otros s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Elementos a tener en cuenta. En lo atinente a la cuantía de los resarcimientos (por año material, lucrocesante, moral y psicológico) cabe precisar que por la vía del derecho común, eljuez se encuentra facultado para determinar tanto la reprochabilidad como elmonto de la condena, ello de acuerdo con las pautas de la sana crítica y laprudencia, sin estar obligado en modo alguno a utilizar fórmulas o cálculosmatemáticos. De acuerdo con este criterio es necesario tener en cuenta lascircunstancias del infortunio, la edad del trabajador, sus cargas de familia, elporcentaje de incapacidad, su condición social, formación y capacitación, susvalores salariales, la vida útil que le resta etc. Nuestro más alto Tribunal, enel fallo "Aquino c/ Cargo Servicios Industriales "puntualizó que el valor de lavida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos. Talconcepción materialista debe ceder frente a la comprensión integral de los valoresmateriales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuyareparación debe, al menos, tender la justicia. CNAT, Sala VII, Expte. nº 27369/04 sent. 40200, 20/6/07, "Gil, Félix c/ Dema SA y otros s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Elementos a tener en cuenta. Si bien la edad de la víctima, sus expectativas de vida, de ganancia y losporcentajes de incapacidad constituyen valiosos elementos referenciales paracuantificar los daños padecidos, debe seguirse un criterio flexible, apropiado alas circunstancias singulares de cada caso y no asirse a cálculos basados enrelaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que eljuzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (art. 165 delCPCCN). CNAT, Sala VIII, Expte. nº 5456/06, sent. 34886, 28/3/08, "Pucheta,Patricio y otro c/ Disco SA s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Elementos a tener en cuenta. Teniendo en cuenta las disposiciones del Código Civil, la determinación delquantum indemnizatorio no es forfataria sino integral y relativa a lasparticularidades del caso y, por lo tanto, no está sujeta a la aplicación de unafórmula matemática legalmente establecida, por lo que es necesario tener en cuentalas condiciones personales del actor, la minusvalía detectada, su edad yvulnerabilidad física, psíquica y espiritual en la que quedara sumido elreclamante como consecuencia directa de los infortunios padecidos. CNAT, SalaIX, Expte. nº 16608/01, sent. 14194, 10/5/07, "De Souza, Julio c/ Alto Paraná SA yotro s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Elementos a tener en cuenta. Para graduar la indemnización ha de ponderarse la edad de la víctima, elporcentaje de incapacidad atribuido, la naturaleza de las lesiones y también laremuneración que percibía el trabajador al momento del infortunio. Asimismo debetenerse en cuenta el perjuicio extrapatrimonial que la minusvalía le ocasiona alactor, las dificultades que puede acarrearle en su vida de relación en general,así como los sufrimientos padecidos , por lo que procede el daño moral (conf. art.1078 del C. Civil y Plenario 243 de esta Cámara). CNAT, Sala X, Expte. nº 845700, sent. 14806, 30/11/06, "Brizuela, Antonio c/ Phonex Isocor Cía. Sudamericade Cielorrasos SA s/ Accidente-Acción civil". Cuantificación del daño. Elementos a tener en cuenta. A los efectos de la cuantificación del daño es relevante señalar que desde laperspectiva del ordenamiento común la entidad de un resarcimiento integral nopuede responder a pautas fijas, ni generales, ni subordinadas exclusivamente alrol del demandante como sujeto activo en el mercado de trabajo, debiendo serfijada prudencialmente por el juzgador de acuerdo a un test de razonabilidad, enel que se conjuguen diversos elementos de juicio tales como el índice deincapacidad determinado, la edad del actor al momento del siniestro, laremuneración que percibía, sus condiciones personales, sociales y familiares, comoasí también el menoscabo que las secuelas físicas conllevan, no sólo desde el puntode vista laboral, sino también social y familiar y los padecimientos sufridos conmotivo de la intervención quirúrgica y el tratamiento. JNT nº 32, Expte. nº 1412105, sent. 11717, 30/5/08, "Jerez, Diego c/ Akitom SA y otro s/ Accidente". Notas al pie: 1) Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Derecho Laboral y IIEncuentro Nacional de Maestrandos, realizado en Mar del Plata los días 7 y 8 denoviembre, organizado por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y la Maestríaen Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UniversidadNacional de Tres de Febrero (UNTREF). 2) CASTAGNINO, LAURA, Accidentes de trabajo y cuantificación de daños: Lainsuficiencia de la fórmula "Vuoto" a los fines del "resarcimiento integral",Edición de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. 3) ACCIARI, HUGO, "Deben emplearse fórmulas para cuantificar incapacidades",Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, mayo 2007, p. 9, Editorial La Ley. 4) CASTAGNINO, op. cit. 5) MOSSET ITURRASPE JORGE, Responsabilidad por daños, I, Parte General, p. 388. 6) Ibid., p. 418. 7) Ibid. 8) CSJN, "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SAy Pametal Peluso y Compañía SRL", del 8 de abril de 2008. 9) "La reparación del daño material causado por un fallecimiento consiste en elpaso de un capital que, aplicando un interés del 6%, se amortice en un períodocalculado como probable de vida de la persona o personas que tienen derecho a laindemnización, mediante la percepción de una suma mensual similar a la quehubieran recibido de no haber mediado el evento". Para los supuestos deincapacidad laboral, se trata de determinar el importe que, colocado a un interéspuro, se amortice en el período de vida útil que reste a la víctima, mediante elretiro de sumas periódicas equivalentes a la incidencia que sobre la remuneraciónde la víctima proyecta el menoscabo irrogado por el infortunio. La fórmula: C = ax ( 1 - Vn ) x 1 ; donde Vn = 1 i ( 1 + i ) n C es el capital; a = retiro por período, n = número de períodos, i = tasa deinterés (coeficiente) en el período. 10) Ver lo comentado en el capítulo 6 de esta obra. 11) CSJN, "Puddu c/ Sequenza SA", Fallos 310:1591, JA,1987.IV-528. 12) CSJN, "Prille de Nicolini c.Segba y otro", Fallos:310-2103,La Ley 1988-A.218. 13) CSJN, "Fernandez c/ J. Ballejo y Pcia. de Bs. As.", Fallos 316:912. 14) ACCIARRI, op. cit., 11. 15) Fallos 320:1361 y 325:1156; CSJN "Mosca, Hugo c/ Pcia. de Buenos Aires" (0603/2007). 16) CSJN, "Aquino, Sacio c/ Cargo Servicios Industriales SA" (21/09/04). Fallos 308:1109, 1115. 17) CSJN C 742 XXXIII "Coco, Fabian c/ Pcia de Bs As s/ daños y perjuicios" 29/604 Fallos 327:2722. 18) CSJN, "Garcia, Raúl c/ Papelera Quilmeña Zacilla", sentencia del 29/10/1985. En idéntico sentido, CSJN (03/05/1984): "Sobral, Osvaldo c/ Caja Nacional deAhorro y Seguro". 19) CSJN "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA" (21/09/04). Fallos 308:1109, 1115. 20) CNAT, Sala VII, Expte. 9452/01, sentencia 38450 (27/04/05): "Guiral, Ana c/Laurenzano, Ernestina y otro s/ Accidente". En idéntico sentido, "CNAT, Sala IX,Expte. 20133/01 Sent. 12458 (19/05/05): "Rebozio, Juan c/ Julio Garcia e HijosSA" ; CNAT, Sala X, Expte. 8457/00, sentencia 14806 (31/11/06): "Brizuela,Antonio c/ Ponex Isocor Cía. Sudamericana de Cielosrrasos". 21) CSJN, "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA" (21/09/04). Fallos 308:1109, 1115. (Considerando 5to. Voto de los ministros Petracchi yZaffaroni). 22) CSJN, "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA" (21/09/04). Fallos 308:1109, 1115. (Considerando 6to. Voto de los ministros Petracchi yZaffaroni). 23) CSJN, "Silva, Facundo Jesús c/ Unilever" (18/12/07). En este caso, la Cortereconoció la reparación de las enfermedades extrasistémicas al afirmar "que si unaenfermedad esta vinculada causalmente a un hecho antijurídico la acción procedecon independencia del listado que prevea la LRT". 24) CNAT, Sala III, sentencia nº 89.654 del 28de abril de 2008, "Méndez,Alejandro Daniel c/ Mylba SA y Otro s/ Accidente - Acción Civil". 25) Fallos 320:1361 y 325:1156; CSJN "MOSCA Hugo c/ Pcia. de Buenos Aires" (0603/2007). 26) "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA yPametal Peluso y Compañía SRL", considerando 5to. del voto de la mayoría. 27) Romualdi, Emilio E., "La reparación del daño a las personas en lajurisprudencia de la Corte Suprema", Revista de Derecho Laboral y SeguridadSocial, Nº 10, mayo de 2008, págs. 868/871. 28) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Loayza Tamayo vs. Perú (reparacióny costas) sentencia del 27 de noviembre de 1998, Serie C nº42 párr. 48) citada enCSJN "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA yPametal Peluso y Compañía SRL"., considerando 6to. 29) ROMUALDI, op. cit., p. 869. 30) ROMUALDI, op. cit., págs. 868/871 31) MOSSET ITURRASPE, JORGE, opinión citada, 342. 32) LORENZETTI, RICARDO LUIS, "La Lesión física a la persona, el cuerpo y lasalud. El daño emergente y el lucro cesante", Revista de Derecho Privado yComunitario, Daños a las Personas, 1 p. 108. Editorial Rubinzal. 33) LORENZETTI, op. cit., p. 113. 34) CNAT, Sala VI, sentencia 33.918 del 22/08/1990, "Mamani Trinidad c/ SADEOBRELMEC". 35) LORENZETTI, op cit., p.115. 36) CSJN, 1992 "Pose, Jose Daniel c/ Chubut" La Ley 1994, B 434. 37) SCBA, JA-1966 V-446; Ac. y Sent. 1967 III-171;1968-370. 38) Cam, Civ. y Com. de San Isidro, Sala I, causa 70.691, RSD 391, 5/12/1996, Kunhle, Graciela c/ Rivas, Víctor s/ Daños y Perjuicios". 39) CNAT, Sala IV, sentencia Nº 55.288 del 24/02/1986, "Alegre, Juan C/Frigorífico Minguillon SA s/ ART 1113 C.C". 40) CNAT, Sala III, Sentencia 63073 del 14706/1992, "Ramírez Ayaviri, Edgard c/Taller Mecánico Service Palermo s/ Accidente". 41) CNAT, Sala V, sentencia 35.850, del 20/02/1986, "Villegas, Marcos c/ MassuhSA". 42) CSJN, "Mosca, Hugo c/ Provincia de Buenos Aires", 6-3-20007. 43) MOSSET ITURRASPE, JORGE, "Diez reglas sobre cuantificación del daño moral", LL., T. 1994-A, pág. 729. 44) CNAT, Sala III, Sentencia 30-06-1992, "Eiras Varela, Rubén c/ FerrocarrilesArgentinos s/ Accidente". 45) CASTEX, MARIANO N., "Hacia una definición del daño psíquico", comentario alSeminario sobre el traumatismo de cráneo-encefálico en Medicina y PsicologíaForense, Academia Nac. de Ciencia, Nov. 1989, Bs. As. y en actualizaciones enMedicina y Psicologías Forenses, nº 3, Academia Nacional de Ciencias de BuenosAires, 1989/90. 46) Conf. CNCiv. Sala B, 28.11.74, LL 1975 A-688. 47) CNFed. Civ. y Com. Sala II, 10.04.81, JA 1981-IV-470. 48) CNAT, Sala I, "Barraza, Maria c/ Electrolaser SA s/ Indemnizacion porfallecimiento", 28 de mayo de 2004. 49) Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Disertación sobre daños punitivos", citado enel Tratado de la Responsabilidad Civil, T. I, Trigo Represas, Félix A. y LópezMesa, Marcelo J., La Ley, p. 557. 50) II Congreso Internacional de Derecho de Daños, cuya Comisión Niro 1, citadopor Mosset Iturraspe, Jorge, en opinión citada Tomo I, pp. 314 y 315. 51) De Diego, Julián Arturo, Manual de Riesgos del Trabajo, 4.a ed. act., LexisNexis - Abeledo-Perrot, p. 271. 52) Esta jurisprudencia ha sido seleccionada del Boletín de Jurisprudenciatemática elaborada por la Prosecretaria General de la Cámara Nacional deApelaciones del Trabajo.

DATOS DE PUBLICACION

Publicación: www.saij.jus.gov.arFecha: NOVIEMBRE DE 2008: Editorial:

REFERENCIAS

Referencias Normativas: Ley 340 Art.522Ley 340 Art.1068Ley 340 Art.1069Ley 340 Art.1077Ley 340 Art.1078 al 1079Ley 340 Art.1083Ley 340 Art.1084 al 1086Ley 340 Art.1113Ley 17.454 Art.163Ley 17.454 Art.165Ley 17.454 Art.386LEY 24.557LEY 24.557 Art.6LEY 24.557 Art.12LEY 24.557 Art.14LEY 24.557 Art.39 Ref. Jurisprudenciales: "Pellegrini, Rubén c/Editorial Sarmiento SA s/Accidente - Acción civil ", CNAT, 21/06/2001."Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA s/Accidentes ley 9688 ", CSJN, 21/09/2004."Soto, Ramón y otro c/Hipermac SA y otros s/Accidente - Acción civil", CNAT , 25/10/2004."García, Santiago c/Estado de la Nación Argentina s/Accidente - acción civil ", CNAT, 23/05/2005 "Díaz, Timoteo Filiberto c/Vaspia SA", CSJN , 7/03/2006."Almirón, Juan c/Carlos C. Ingolotti SA y otro s/Accidente - Acción civil ", CNAT, 31/05/2006 "Casiva, María por sí y en rep. de sus hijos menores c/Dagward SA y otros s/Accidente - acción civil", C.N. de Apel. de Trab., 18/07/2006."Bertelli, Elba por sí y en rep. de su hija menor y otros c/Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SA s/Accidente", CNAT , 29/06/2007."De Souza, Julio c/Alto Paraná SA y otro s/Accidente - Acción civil", CNAT, 10/05/2007. "Arostegui, Pablo Martín C/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y Pametal Peluso y Compañia SRL", CSJN, 8/04/2008."Avalos, Aurora c/Talyden SA y otro s/Accidente - Acción civil", CNAT, 5/03/2008."Roa Mira, Felipe c/Basigalup, Oscar y otros s/Accidente - Acción civil", CNAT, 14/03/2008."Lojko, Francisco c/Monarfil SA s/Indemnización Art. 212 y Accidente", CNAT, 27/03/2008. "Méndez, Alejandro Daniel c/Mylba SA y Otro s/Accidente -Acción civil", C.N. Apel de Trabajo, 28/04/2008."Torrillo, Atilio y otro c/Gulf Oil Argentina SA y otros s/Daños y perjuicios", CNAT, 5/03/2008"Vuoto, Dalmero Santiago c/AEG Telefunken Argentina SAIC s/Accidente de Trabajo-acción civil", CN de Apel.del Trab. , 16/06/1978."Prille de Nicolini c/Segba y otro", CSJN, 15/10/1987
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