Jurisprudencia Derecho Penal

Delitos de acción pública y privada, culpa y dolo, tipificación, antijuricidad de la conducta y culpabilidad, imputabilidad, tentativa, penas, reincidencia, tribunales de menores y otros temas relacionados.

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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Lun Sep 21, 2009 7:23 pm

HOMICIDIO CULPOSO. Actuar negligente. Concepto. PAUTAS DE MENSURACIÓN DE LA PENA. Pautas objetivas y subjetivas. ACCIÓN CIVIL EN SEDE PENAL. Culpa penal y civil. Concepto. Imprudencia o negligencia que concurre a producir el resultado dañoso. RESPONSABILIDAD OBJETIVA. Obligación de medios y de seguridad. Obligación “in solidum”. DAÑO MORAL. Adecuación constitucional. Legitimación activa. DEMANDADA CIVIL. Conducta ilícita o culpable. Relación causal determinante de la extensión y existencia de la responsabilidad. Causalidad adecuada. RESPONSABILIDAD CIVIL. Presupuesto.


El caso: Se le atribuye al prevenido haber actuado con negligencia en el ejercicio de su profesión de médico durante el transcurso de tiempo en que asistió a la occisa. En tal sentido, la víctima fue internada en la clínica en la que el imputado desempeñaba sus tareas a instancias de otro facultativo, con diagnóstico de hipertensión endocraneana, no siendo necesaria, a criterio del encartado, dicha internación y habiendo omitido realizar a su debido tiempo el estudio encefálico (tomografía computada o resonancia magnética) que los antecedentes clínicos de la paciente ameritaban y que le hubieran permitido detectar a tiempo la afección de hidrocefalia severa que padecía, efectuando así la intervención correspondiente a los fines de poner en funcionamiento la válvula de alta presión a nivel cerebral que el propio imputado había desactivado. Este obrar negligente del mismo ocasionó la muerte de la paciente, días después de producirse su internación. La Cámara resolvió, en lo que aquí interesa, declarar al encartado autor del delito de homicidio culposo (art. 84, C. Penal), e imponerle la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina por el término de cinco años, fijando una serie de reglas de conducta que se extenderán por el término de dos años. Además, no hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad del art. 1078 del CC y a la reparación del daño moral reclamado por las hermanas de la víctima.

1. Esta calificación surge del actuar negligente del imputado teniendo en cuenta las circunstancias del caso consistentes en el conocimiento que el profesional tenía de la paciente desde que era su médico tratante y él mismo fue quién en el año dos mil uno a raíz de una infección subcutánea, procede a evacuar el catéter ventrículo peritoneal.

2. La negligencia es una forma de desatención, de inercia psíquica. El negligente no hace algo que la prudencia aconseja hacer.

3. Corresponde fijar la sanción que deberá sufrir el encartado, teniendo en cuenta para ello como atenuantes, que se trata de una persona mayor, no tiene antecedentes, tanto penales como contravencionales y como agravantes la enorme magnitud del daño causado.

4. Concluimos con certeza en que el obrar del imputado, fue factor de producción del resultado. Esta culpa, que no graduamos por no ser necesario, se mantiene como demostrada, ubicados ahora en el ámbito estrictamente civil. Es prácticamente unánime la doctrina que enseña que tanto la culpa penal como la civil son en esencia inobservancias del deber de cuidado en el desenvolvimiento de la propia conducta para evitar daños a los terceros y que todas las formas de culpa tipificadas en los arts. 84 y 94 del CP son reductibles a dos: la imprudencia y la negligencia.

5. Es que no se reprimen la impericia o la inobservancia de reglamentos o deberes por la sola verificación de su existencia, sino en tanto y en cuanto ellas, por importar imprudencia o negligencia, efectivamente concurren a producir el resultado dañoso.

6. La acción fue dirigida en contra del imputado a título de culpa y de la Clínica en la que el mismo desarrollaba su profesión a título de responsabilidad objetiva. En relación a esta última el deber de seguridad en cuanto supone una prestación del médico enderezada a asistir con diligencia al enfermo, configura una obligación de medios, pues no se garantiza -salvo supuestos de excepción- la recuperación del asistido (curación definitiva o sanación, alivio, mejoría), sino el propio y conciente tratamiento (o intervención de cirugía).

7. En rigor la obligación de seguridad de la clínicas es objetiva, razón por la que al aludir a una obligación de medios, abreviamos pasos -por razones pragmáticas y de mejor entendimiento-, y nos referimos a la actividad del médico que se desempeña en la institución.

8. Podemos decir que entre ambos existe una obligación “in solidum” frente a los damnificados, lo cual significa que, no obstante responder uno a título subjetivo y el otro a título objetivo, están indistintamente obligados por el todo de la deuda. art. 1113 CC.

9. En cuanto al daño moral reclamado por la hermanas de la víctima, el Tribunal sostuvo: Al respecto ya nos hemos expedido en numerosos fallos en los que nos ha tocado resolver idéntico planteo y siempre hemos sostenido la adecuación de la norma en crisis con los postulados de la Carta Magna, entendiendo que es facultad del legislador limitar el universo de beneficiarios excluyendo a quienes no se encuentren comprendidos en él, por más que en determinados supuestos pueda presumirse que el daño existe, como en el caso de los hermanos, novios, amigos íntimos, etc.

10. Lo cierto es que el alcance de quienes se encuentran legitimados para solicitar el resarcimiento por este rubro está restringido a los herederos forzosos de la fallecida y también hemos sostenido invariablemente que no resultan de aplicación para determinar tal carácter el orden de exclusiones del derecho sucesorio, por lo que no dejan de estar legitimados aquellos ascendientes o descendientes en línea recta por existir otros herederos con mejor derecho, sino que todos ellos, con solo acreditar estar comprendidos dentro de ese universo, pueden válidamente efectuar el reclamo.

11. En cuanto al planteo de la apoderada de la demandada civil (Clínica), la Cámara sostuvo: es necesario para que surja responsabilidad por daños, que no basta la configuración de una conducta ilícita o culpable como factor de imputación de responsabilidad; es menester, además, que el daño constituya una derivación causal de ese proceder.

12. Lo que define la existencia y la extensión de la responsabilidad es la relación causal; la culpa solo constituye un factor (hay otros de índole objetiva) que eventualmente muestra que es justo que asuma el daño quien lo ha causado o quienes responden por los agentes o cosas que lo han causado. Como esgrime en su obra Jorge Mosset Iturraspe, “El rol del Derecho por los siglos XVII y XVIII, de la mano del jusnaturalimo racionalista, de la ilustración, consistió en dar una 'respuesta científica', vincular a los daños, menoscabos o detrimentos del ser humano con una causa eficiente, productora: cuando algo malo nos ocurre, siempre existe alguien a quien culpar y alguien que puede pagar”.

13. De allí la importancia del presupuesto “causalidad adecuada”, que vincula el resultado perjudicial con el hecho de un agente; las “desgracias” no ocurren porque sí, al menos en un numero importante de casos; detrás de la mayoría de los daños hay un dañador, una persona a quien razonablemente, a partir de su accionar o de sus omisiones, puede señalarse como autor.

14. Es decir que la responsabilidad civil tiene como presupuesto una causalidad dañosa imputable al demandado, o a las cosas o personas bajo su control o dependencia. Entonces la estructura lógica para determinar la responsabilidad civil es la siguiente: la relacion de causalidad es el enlace entre el hecho antecedente y el resultado consecuente, que determinara a la postre el perjuicio.

Cám. 2 ª en lo Crim. y Correc. Río IV, Sent. Nº 47 del 16/06/2009, “Monchamp, Bernardo Francisco”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mié Oct 14, 2009 12:04 pm

ESTELIONATO. Acción típica. Finalidad. Tipo de fraude. Silencio calificado. Sujeto pasivo. Comprador que duda de la procedencia lícita del objeto a adquirir. Ausencia de error. ROBO CON ARMAS. Arma impropia. Concepto.


El caso: La defensa interpone recurso de casación a favor del imputado en contra de la sentencia que condenara, en lo que aquí interesa, como autor de los delitos de encubrimiento agravado (hecho primero), defraudación por estelionato (hecho segundo) y coautor de violación de domicilio y robo calificado por el uso de arma, en concurso real. Se agravia por cuanto el tribunal a quo aplicó erróneamente la figura penal de la defraudación por estelionato al hecho nominado segundo, siendo que la conducta que se le atribuye a su defendido no puede ser incluida en dicho encuadramiento ni en ningún otro previsto en la ley penal por ausencia de error. El Tribunal resolvió casar la sentencia y absolver a los imputados del delito de defraudación por estelionato.

1. El estelionato, bajo la hipótesis: “...del que vendiere... como propios, bienes ajenos”, demanda que el sujeto activo enajene, con las formalidades exigidas por la ley, la propiedad de una cosa mueble o inmueble por un precio, callando la condición ajena del bien como si ella no existiera o fuera distinta. Por ello, se requiere que el agente conozca la condición en que el bien se encuentra y aún así tenga la voluntad de negociar con él, a fin de recibir la prestación del sujeto pasivo, sin que éste conozca aquélla al llevar a cabo el negocio. Esa disposición discrecional de la cosa, a sabiendas de que era ajena, configura la ilicitud que acoge el inc. 9° del art. 173 del CP.

2. El silencio del vendedor, sobre la situación jurídica del objeto de la transacción, resulta suficiente para calificar su conducta en el tipo penal de estelionato; ya que, quien vende, se encuentra en posición de garante respecto a la transmisión de la propiedad y al pleno uso y goce de la cosa por parte del comprador, motivo por el cual resulta exigible al vendedor que exprese la situación jurídica en la que se encuentra el objeto de la transacción.

3. El estelionato es una estafa especializada por el fraude, el cual puede consistir en fingir que el bien ajeno que se vende es de propiedad del autor. Finge la propiedad del bien el que la afirma engañosamente, lo cual resulta compatible con el silencio calificado. Al igual que todo fraude, éste tiene que estar dirigido a inducir en error al sujeto pasivo sobre la condición del bien respecto del cual contrata. Así, la ocultación -disimulación que tiene como fin el engaño- está presente en el silencio: el agente calla para que el sujeto pasivo no conozca la condición del bien y contrate como si ella no existiera o fuera distinta.

4. El tráfico comercial y la buena fe que debe estar presente en toda transacción mercantil imponen a aquel que enajena una cosa el deber de informar sobre su titularidad y su situación jurídica; resultando atendible que, ante el silencio guardado, el comprador considere como integrante del patrimonio del vendedor y libre de todo gravamen el bien que le ofrece a la venta.

5. En cuanto al sujeto pasivo, atento que la finalidad de la figura está en proteger al tercero adquirente del perjuicio que engendraría para él la maniobra ardidosa del autor, para poder ser víctima de la estafa especial del art. 173, inc. 9°, es necesario que aquélla crea que adquiere la cosa porque el que se la vende es el dueño. Es ese error el que la lleva a poseer de buena fe, porque quien compra se halla convencido de su legitimidad.

6. No puede ser víctima ni ofendido por el delito de estafa (estelionato), no sólo el que sabe que compra una cosa que no pertenece al que se la vende, sino también aquel que duda de ello. El conocimiento cierto o incierto, impiden que el que compra sea engañado, porque la buena fe solo se tiene cuando, por error, se adquiere y se posee de buena fe. Así, cuando se constata la ausencia de buena fe del comprador, hay imposibilidad de engaño y por ende, resulta de inaplicabilidad el reproche.

7. Arma es todo objeto capaz de aumentar el poder ofensivo del hombre, tanto aquel cuya propia estructura es suficiente para aumentar el poder ofensivo o defensivo de la persona que lo utiliza, al que se denomina arma propia, como el que circunstancialmente aumenta el poder de mención, debido al efectivo empleo -como medio violento- que se realiza en el ataque contra la propiedad, el que recibe el nombre de arma impropia.

8. Para que el instrumento se convierta en arma impropia, si bien se exige objetivamente que posea cierta capacidad ofensiva, en definitiva es la voluntad del sujeto que la utiliza -como medio violento- lo que lo convierte en arma al cambiarle su destino.

9. La inclusión de las llamadas armas impropias no desborda el tenor literal de la expresión “arma”. Ello así porque la significación gramatical de ningún modo requiere que se trate de algo “fabricado para” los objetivos de ataque o defensa, sino que alcanza con que el sujeto lo haya ordenado -en tanto es una modalidad semántica de destinar- (usándolo) hacia dicho cometido.

TSJ Sala Penal Cba. Sent. Nº 99 del 29/04/2009. Trib. de origen: Cám. 3ª del Crimen Cba. “Ferreyra, Leonardo David y otro p.ss.aa. Robo calificado - Recurso de casación”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mar Oct 20, 2009 11:11 pm

JURISPRUDENCIA

DAÑOS Y PERJUICIOS. Daños resarcibles: “pérdida de la chance”, requisitos de procedencia, criterios de valoración.

El caso: Contra la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios contra un instituto de enseñanza que frustró la posibilidad que la actora obtuviera título habilitante de traductor de inglés, interpuso recurso de apelación la accionante, criticando el fallo de grado en tanto rechazó el rubro pérdida de la chance. La Cámara de Apelaciones, por mayoría de votos, rechazó el recurso incoado.

1. La Real Academia Española define a la chance como “Oportunidad o posibilidad de conseguir algo”. Desde lo cual tenemos que este “algo” la víctima no lo tiene incorporado en su patrimonio, perdiéndolo a partir del evento dañoso, merced a lo cual se la indemniza, sino que la indemnización es la compensación por haber perdido -propiamente- la oportunidad, pero tal pérdida debe necesariamente imputarse a aquel evento dañoso, en el necesario análisis de la relación de causalidad.

2. Aquellos resultados que esperaba el sujeto afectado deben haber sido impedidos por el hecho antijurídico de un tercero. Pero, como se verá, este impedimento a la posibilidad debe ser absoluto, por lo que si bien no se requiere certeza en cuanto a que el ofendido podría haber alcanzado la meta frustrada, si se requiere tal certeza en cuanto a que la posibilidad, la oportunidad, la chance ya se ha perdido.

3. Desde tal perspectiva se tiene en autos que lo que evidentemente se frustró en la actora es obtener el título que había contratado con la demandada, en el tiempo en que aquélla lo pretendía y emitido por esta última. Pero no que, definitivamente, la actora no pudiera obtener el título de traductora de inglés, cuya carrera preparatoria contrató con la demandada. Tanto es así que, si por vía de hipótesis se tuviera, que la actora hizo esta carrera y obtuvo el título, en otro instituto, nunca podríamos pensar en una indemnización por este tipo de daño. Pero, ahora saliendo de tal hipótesis, si la actora, luego de la frustración del fin del contrato que da pie a la presente, decide iniciar otra carrera, no cabe duda que más allá de aquel incumplimiento contractual que impide temporalmente alcanzar el resultado que la reclamante quería, lo que aparece es que la definitiva frustración ahora aparece, no por el incumplimiento aludido, sino por propia decisión de la actora, por lo que mal puede atribuirse a la demandada dicho resultado que, incluso, no puede ni siquiera calificarse como disvalioso si el nuevo rumbo ha sido decidido por la propia actora.

4. Cabe consignar que en materia contractual la indemnización de la chance es más limitada que en el campo aquiliano, por cuanto en el primero, la pérdida de una “chance” es una consecuencia mediata previsible y, por lo tanto, solo resarcible en caso de incumplimiento malicioso.

5. Debe acreditarse la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de convertirse en cierto, razón por la cual no es admisible el reclamo si versa sobre un daño puramente hipotético. (Voto en disidencia)

6. A diferencia de un lucro cesante efectivo que supone pérdida real de ingresos, lo resarcible en materia de chances económicas negativas es la privación de una oportunidad económica, regida por la probabilidad futura. (Voto en disidencia)

7. La indemnización por pérdida de chance no se identifica con la utilidad dejada de percibir; sino que lo resarcible es la chance misma, la que debe ser apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, sin que pueda nunca identificarse con el eventual beneficio perdido. (Voto en disidencia)

8. Toda chance es un interés legítimo, es decir protegido por la ley, porque es una expectativa patrimonial del titular de un patrimonio que, como tal, tiene certeza, y si aquella expectativa se realiza se obtiene la ganancia esperada. En cambio, si la posibilidad se frustra, existe una lesión actual al interés legítimo que ella representa y que constituiría un derecho subjetivo potencial, el cual se convierte en una facultad de actuar para reclamar en justicia el valor económico de aquella esperanza. (Voto en disidencia)

9. En el lucro cesante se pierden ganancias o beneficios materiales. En el caso de chance el objeto de la pérdida radica, en cambio, en la oportunidad misma de obtener esas ganancias o beneficios. En ambos casos existe un juicio de probabilidad, pero en la chance las ventajas se miran de modo mediato, porque no se analiza la mutilación de ellas, sino la de la ocasión de lograrlos. (Del voto en disidencia)

10. Tampoco se puede presuponer que la circunstancia de que la actora se encuentre cursando otra carrera y que ello “...le permitirá acceder al medio laboral al que aspira”, como se consigna en la sentencia, opere como una causal excluyente de la posibilidad concreta que debió resignar la actora al no poder continuar en la carrera que había encarado en el instituto la demandada persiguiendo una salida laboral, de modo que aunque se haya dicho que había iniciado una nueva carrera, evidentemente ello no obsta a las consideraciones anteriores en punto a las posibilidades laborales más concretas y cercanas en el tiempo, a las que aspiraba ciertamente en la carrera de traductora de inglés, ello en comparación con los eventuales beneficios que pudiese obtener en algún otro emprendimiento en post de determinados conocimientos. (Del voto en disidencia)

11. Cuando se persigue resolver el contrato, es sólo pertinente plantear, y en su caso, resarcir únicamente el denominado daño al interés negativo, que comprende al margen de la restitución, el reintegro de gastos efectuados por el acreedor, de pérdida de chances o de cualquier otro detrimento que tienda a situar las cosas en su juicio y que sea consecuencia necesaria e inmediata del incumplimiento y hasta la reparación del lucro cesante. (Del voto en disidencia)

12. Cabe poner de resalto que la apelante lo que reclama es la pérdida de una chance, o sea, la pérdida de una ganancia probable, y la indemnización, en ese caso, deberá ser de la chance misma y no de la ganancia, por lo que aquella deberá ser apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de posibilidad de convertirse en cierta, el valor de la frustración estará dado por el grado de probabilidad. (Del voto en disidencia)

13. En materia de lucro cesante y/o pérdida de chance, el juez deberá analizar la conducta de quien sufre el daño, la víctima, pues si estuvo en sus manos evitar la frustración de ganancias o la pérdida de la oportunidad o chance, o al menos atenuar el perjuicio, adoptando los arbitrios conducentes a ese fin, y nada hizo, puede imputarse culpa de su parte, “causa concurrens”, que obstaculice la admisión de la demanda o haga compartir el evento dañoso. (Del voto en disidencia)

14. Hay consenso en que lo resarcible es la eliminación de la chance misma, que algún valor tiene, y no del objeto al que la chance tendía. Ello, desde luego, supone un resarcimiento menor en comparación con el que cabe en el supuesto de daños ciertos (así su certeza sea relativa). Se trata de un ámbito en el que interviene fundamentalmente el prudente arbitrio judicial... Es la causalidad la que en nuestro sistema jurídico define la medida de la reparación, sólo que la relación causal en el caso de la chance se vincula con la intensidad o grado de la probabilidad mutilada por el hecho. Un criterio de orientación puede ser atender a lo que hubiese correspondido como indemnización de haber un daño cierto en lugar de una chance perdida, y aplicar un porcentual sobre el monto, porcentual más o menos elevado según la probabilidad de lo esperado. En otros términos, hay que deducir de la estimación pecuniaria del daño como si hubiese sido cierto el margen de incertidumbre característico de la chance. (Del voto en disidencia)

Quinta Cám. Civ., Com. y Minas de Mendoza, Expte. Nº 11.266 del 09/06/2009, “Fuentes Mancilla Guillermina c/ Blossom Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mar Nov 03, 2009 3:14 pm

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PROMOVER LA PERSECUCIÓN Y REPRESION DE DELITOS. Configuración. Policía que no inicia actuaciones. ENCUBRIMIENTO. Inaplicabilidad al caso. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. Radiograma policial. Conducta atípica.

El caso: La requisitoria fiscal le atribuye al imputado, en lo que aquí interesa, la comisión de tres delitos: violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento calificado y falsificación de documento público, por cuanto éste, Sub Comisario a cargo, al tomar conocimiento de un hecho de abuso de armas, no inició de oficio el sumario policial correspondiente, y omitió poner en conocimiento de la autoridad judicial tal hecho comunicándole a la misma (primero en forma telefónica y luego mediante radiograma policial) un hecho totalmente distinto al realmente acontecido, ayudando de esta manera al autor a eludir las investigaciones de la autoridad. El Tribunal resolvió declarar al incoado autor responsable de incumplimiento del deber de promover la persecución de los delitos en perjuicio de la administración pública.

1. A uno de los policías imputados, la requisitoria fiscal le atribuye la comisión de tres delitos: violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento calificado y falsificación de documento público, en concurso real. Pero su conducta encuadra exclusivamente en la primera figura mencionada, esto es, el art. 274 del CP, cuya denominación en doctrina se conoce como “incumplimiento de las obligaciones de promover la persecución y represión de los delitos”. Pues estando a cargo de una Sub-Comisaría, su obligación era, al tomar conocimiento a través de sus subordinados que uno de ellos había herido con su arma reglamentaria a un joven, iniciar las actuaciones correspondientes, en lugar de hacer lo que correspondía ideó una trama para culpar de lo sucedido a la víctima, tratando de engañar al fiscal interviniente y a sus propios superiores.

2. Se descarta que sea encubridor por no denunciar el hecho, pues no debe confundirse el deber del funcionario de denunciar la comisión de un delito conocido en el ejercicio de su cargo con este otro tipificado en el art. 274 del CP, que abarca a aquellos funcionarios que -como el imputado- están obligados a promover la persecución y represión de los delitos. “Tienen esta obligación los funcionarios encargados de practicar diligencias o instruir sumarios para comprobar la existencia de un delito y descubrir y aprehender a sus autores y cómplices”.

3. También se excluye que exista falsificación de documento público (art. 293, CP), pues el radiograma que el imputado reconoció haber redactado y enviado, nada prueba por sí mismo, pues sólo se trata de una comunicación -aunque mentirosa- sobre la comisión de un delito (art. 326, CPP). Y perfectamente podría haber sido reemplazada por otro medio, como una simple comunicación telefónica donde informase que el hecho sucedió de determinada manera. Por otra parte, el radiograma fue, justamente, la forma pergeñada por el imputado para incumplir su obligación de promover la persecución del delito cometido por su subordinado. Lo que demuestra que toda su conducta está atrapada en el art. 274 CP.

Cám. Criminal y Correccional San Francisco, Sent. Nº 217 del 28/07/09. “Moreyra, Marcelo Oscar y otros p.ss.aa. Violación de los deberes de funcionario público, etc”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Lun Nov 09, 2009 10:33 pm

RÉGIMEN PENAL DE LA MINORIDAD. SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA MEDIDA TUTELAR DE UN MENOR. COMPETENCIA. Tribunal competente. Cámara de Menores. Cámara de Acusación. Jurisdicción y delimitación a cada tribunal. PROCEDIMIENTO CORRECCIONAL. Ley adjetiva. Menores no punibles. Menores punibles. Tribunales competentes en cada caso.

El caso: Un juzgado de Control, Menores y Faltas del interior solicita se otorgue prórroga de la medida tutelar que pesa sobre un menor imputado. La Cámara de Acusación resolvió carecer de jurisdicción para intervenir y no avocarse al conocimiento de lo solicitado por el juez de Menores.

1. La jurisdicción de cada tribunal -entendida como potestad para actuar en concreto la ley- está delimitada por la Constitución Provincial, el Código Procesal Penal y los acuerdos reglamentarios emitidos por el Tribunal Superior de Justicia.

2. En ningún caso un órgano jurisdiccional puede arrogarse atribuciones que no le han sido otorgadas por esos instrumentos legales.

3. La actuación de este tribunal en el proceso de menores encuentra su base legal en lo dispuesto por el art. 79 de la ley 9053, que establece que hasta tanto sea instrumentada la Cámara de Menores sus funciones continuarán siendo ejercidas por los órganos que las desempeñen al momento de su sanción.

4. El procedimiento correccional en la citada ley adjetiva trata en forma separada la situación de los menores no punibles (art. 57 y ss.), la de los menores punibles (arts. 62 y ss.) y la de los mayores sometidos a proceso en el fuero referido (arts. 72 y ss.).

5. En tanto el juez de menores tiene competencia para conocer y resolver en los delitos atribuidos a niños y adolescentes que no fueren punibles por su edad y la sentencia que se dicte es susceptible de ser apelada (arts. 10 -inc. “d”- y 61 -4º párrafo-), esta Cámara de Acusación conserva jurisdicción para ejercer las facultades que los incs.“c” a “f” del art. 8, le reservan a la Cámara de Menores en todas las etapas del proceso.

6. Con respecto a los menores punibles, los arts. 8, inc. “a”, 68 y sgtes. de la ley provincial Nº 9053 le otorgan competencia al juez de menores para conocer y resolver en única instancia, con arreglo a lo dispuesto para el juicio común por el Código Procesal Penal, de los delitos atribuidos a aquéllos, por lo que esta cámara sólo conserva aquellas facultades durante la etapa de investigación penal preparatoria. Una vez que ella ha concluido y el proceso avanzó hacia el juicio, las decisiones del juez de menores no son apelables y el tribunal de alzada ya no es esta cámara sino el Tribunal Superior de Justicia.

7. Los mayores punibles, en tanto los arts. 10 -inc. b, 1ª parte- y 73 de la ley provincial Nº 9053 le otorgan competencia al juez de menores en lo correccional para el juzgamiento, en única instancia, de los delitos de incumplimiento de deberes de asistencia familiar en perjuicio de niños y adolescentes, bajo el procedimiento del juicio correccional (art. 414 del CPP).

8. Desde el momento en que se ha concluido la investigación penal preparatoria y el proceso avanzó hacia la etapa del plenario el juez de menores se encuentra actuando como tribunal de juicio (art. 10, inc. “a”, de la citada ley adjetiva de la minoridad), por lo que de ningún modo puede entenderse que su actuación o las decisiones que él adopte son susceptibles de ser revisadas por esta Cámara de Acusación.

Cám. de Acusación Cba., AI Nº 429 del 27/08/2009. Trib. de origen: Juzgado de Control, Menores y Faltas de Alta Gracia Cba., “Scalchi, Iván Antonio p.s.a. Robo calificado, etc. - Medidas tutelares”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

por Solo Derecho » Vie Mar 24, 2017 5:11 am

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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Lun Nov 16, 2009 10:22 pm

PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN DE MENORES DE EDAD. Voluntad de promover la depravación de la conducta sexual. ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE. Actos idóneos para pervertir y viciar. ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL. Consentimiento inválido. PAUTAS DE MENSURACIÓN DE LA PENA. Pautas objetivas y subjetivas. Sometimiento a tratamiento psicológico hasta el agotamiento de la pena impuesta. Fundamento. Peligrosidad que la desviación sexual representa para la sociedad.

El caso: La requisitoria fiscal de citación a juicio le atribuye al encartado los delitos de promoción a la corrupción de menores de edad en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real, toda vez que por el lapso aproximado de un año, en una vivienda en construcción en la que el imputado cumplía tareas de "sereno" o cuidador del lugar, en un sinnúmero de oportunidades y por su propia iniciativa proyectada sobre la víctima, ubicado tanto en la cama o en el propio recinto interior de una de las habitaciones de la vivienda, con la presencia de dos menores de edad, de 12 y 14 años, le practicó sexo oral al de 12 años, a quien previamente hacía desnudar al tiempo que obligó a participar presenciando el acto al restante menor, y a que éste filmara su accionar con una cámara fotográfica. Asimismo, durante un lapso que abarcó poco más de tres meses, en el mismo lugar referido anteriormente y con igual modalidad en cuanto a la presencia de los mismos menores y a la utilización de una cámara fotográfica a fin de que filmara el acto sexual, le practicó sexo oral al joven de 14 años de edad obligándolo a participar con su presencia, ocasionando de tal modo el encartado la deformación del sentido naturalmente sano de la sexualidad de ambos menores, despertando prematura y torcidamente sus instintos sexuales. Finalmente, durante un lapso de aproximadamente siete meses, en el mismo lugar, abusó sexualmente del menor de 12 años de edad, accediéndolo carnalmente, produciéndole lesiones en la región anal. La Cámara, en Sala Unipersonal, resolvió declarar al encartado autor de los delitos de promoción a la corrupción de menores de edad en concurso ideal con el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real, e imponerle la pena de dieciséis años de prisión, con la obligación de someterse a tratamiento psicológico.

1. Podemos decir que el despliegue puesto de manifiesto por el encartado desde que conoció al menor de 12 años de edad, la forma en que llevó adelante su plan de seducción, actividad en la que incluso involucró a la propia familia del incapaz, el sustraerlo del control de los padres llevándolo a la obra en construcción donde vivía y el filmar la actividad sexual demuestran de forma incontrastable la voluntad del sujeto activo de promover la depravación de la conducta sexual de la víctima, por lo que el accionar del encartado queda atrapado por la figura de promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.

2. Respecto del mismo delito cometido en perjuicio del menor de 14 años de edad, aprovechó la amistad existente entre ambos menores para desplegar idénticas conductas, con la única salvedad de que en este caso la familia del niño quedó al margen. Integrando estos actos capaces por su idoneidad de pervertir y viciar debemos incluir los episodios de sexo oral reconocidos por el encartado, relatados por los menores y filmado en una oportunidad, que en forma prácticamente unánime por doctrina y jurisprudencia han sido calificados como abusos gravemente ultrajantes, existiendo entre ambos un concurso ideal de delitos.

3. Sostuvo el Tribunal en relación al último de los hechos atribuidos: el mismo encuadra en la figura del abuso sexual con acceso carnal, ya que el consentimiento prestado por el joven de 12 años de edad, en razón de no haber cumplido aún los trece años, es inválido, presumido legalmente iure et de iure, sin que exista posibilidad de error sobre la edad del incapaz desde que el acusado asistió a su cumpleaños de doce, tal como obra documentado en la causa, delito éste que debe concursar materialmente con los anteriores.

4. Corresponde fijar la sanción que deberá sufrir el encartado, teniendo en cuenta para ello como único atenuante su carencia absoluta de antecedentes, y como agravantes la perversa naturaleza del hecho, su extensión en el tiempo, el enorme daño causado a los menores, especialmente al de 12 años de edad y la peligrosidad puesta de manifiesto al desarrollar su estrategia delictiva.

5. Además y en función de lo reclamado por la Fiscalía, debido a la innegable peligrosidad que la desviación sexual que presenta el encartado representa para sí -por su tendencia a la perduración y eventual reiteración de conductas que lo devolverían a la cárcel- y para la sociedad -por el riesgo que podrían correr los menores que estuviesen en contacto en él-, resulta absolutamente necesario al menos intentar terapéuticamente alejarlo de las tendencias puestas de manifiesto, función indelegable del Estado mientras el penado se encuentre bajo su órbita.

6. Por ello corresponde imponer al encartado la obligación de someterse a un tratamiento psicológico como medida de seguridad, el cual deberá ser proporcionado por el establecimiento penitenciario mientras dure la condena, debiendo informar al Tribunal de Ejecución mensualmente sobre la evolución del mismo. En caso de recuperar la libertad de forma anticipada, deberá proseguir con el tratamiento en institución pública o privada a su elección hasta el agotamiento total de la pena, cuya iniciación deberá dar cuenta al Tribunal de Ejecución, informando mensualmente la evolución del mismo.

Cam. 2ª Crim. y Correc., Río IV - Sala I, Sent. 23 del 13/04/2009, "Pelaitay, Julio Eduardo".
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Jue Nov 19, 2009 10:34 pm

Para la Cámara Federal, fumar marihuana en la calle es delito.
Cuatro sentencias limitan el fallo de la corte, que despenalizó la tenencia para consumo personal. También condenó a una persona que tenía pastillas de éxtasis en una fiesta pública.

Con cuatro fallos -tres procesamientos y un sobreseimiento- en causas sobre consumo de drogas, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal aportó ayer precisiones sobre algunos criterios que había determinado la Corte Suprema a fin de agosto cuando, con el caso "Arriola", despenalizó la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Fue fundamentalmente en dos fallos donde entendió que la actitud de los acusados afectó a terceros: en una de las causas, denominada "Roberto", la Cámara procesó a un hombre por fumar marihuana en la calle.

En otra, llamada "Acosta", hizo lo mismo con una persona que tenía pastillas de éxtasis en una fiesta de música electrónica.

En ambos casos, la Sala II consideró que "la actividad no estaba resguardada por la esfera de la intimidad", y que configuró situaciones "representativas de riesgo a la salud pública", un bien jurídico amparado por el artículo 14 de la Constitución.

Además, la Cámara procesó también a dos amigos por andar por la calle con 80 gramos de marihuana al considerar que superaba el límite de lo entendido como para consumo personal. Sin embargo, en otra causa, sobreseyó a un hombre que fue sorprendido en la villa 1.11.14 con marihuana y cocaína al determinar que, dadas las circunstancias y la cantidad, era para consumo en la intimidad.

Según le dijo a Clarín la fiscal y secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Expertos en materia de drogas, Mónica Cuñarro, todos los fallos son "totalmente ajustados al de la Corte" en el caso Arriola.

El defensor oficial Juan Martín Hermida no opinó lo mismo: "Los fallos condenatorios por la tenencia de éxtasis y por el consumo de marihuana en la vía pública llaman la atención. Sobre todo el primero, que marca un claro contraste con la causa Arriola.

Según mi punto de vista, no conserva el mismo espíritu".

En los referidos al caso de tenencia de éxtasis y al del hombre que fumaba un porro en la calle, la Cámara repitió que "resulta entendible atender al contexto en que se verificó la tenencia de droga destinada al uso personal, para determinar si la actividad concreta (...) puede reputarse representativa del riesgo para la salud pública".

En esta última situación, lo que sostiene el documento firmado por los camaristas Horacio Cattani, Martín Iruzun y Eduardo Farah es que "configuró una situación representativa de ese riesgo a la salud pública", ya que el acusado fue encontrado por un policía "mientras fumaba, a media tarde, y en la vía pública, un cigarrillo de armado casero del cual provenía 'el típico olor a marihuana'".

Al hombre, además, se le incautaron dos envoltorios con esta sustancia.

En los tres fallos condenatorios, Farah se había inclinado por el sobreseimiento, ya que "la escasa cantidad (...) no trasciende la esfera de custodio personal ni afecta a terceros".

Para Cuñarro, se están marcando fronteras. "Así como no se debe perseguir al usuario o al adicto, sino al que comercializa o trafica, también se fijan los límites en que no se permite la ostentación ni la trascendencia a terceros", explicó.

De alguna manera permite suponer -y fue inferido por fuentes cercanas a la Comisión- que el anteproyecto de ley que enviarán los expertos (entre los cuales figura Cattani) al Ejecutivo, contemplaría estas limitaciones.
Fuente: El Consultor Web
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mar Nov 24, 2009 6:54 am

POLANO, ALEJANDRO HÉCTOR DELFOR S/ RECURSO DE CASACIÓN", CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL, SALA I.

Fecha : 13/11/2009
Considera que vejámenes de militares contra conscriptos argentinos en Malvinas no son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, que las acciones penales por esos hechos están prescriptas.

http://www.saij.jus.gov.ar/news/files/polano.pdf
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Lun Nov 30, 2009 6:06 pm

AUDIENCIA DE CONCILIACION OBLIGATORIA en Juicio Oral. Art. 59 CP. Delitos de Acción privada. Carácter personalísimo de la Audiencia. Art. 399 CPP de Formosa. QUERELLANTE: representante (Art. 389 CPP). Principio de Inmediación del Jugador en el debate. Pena Máxima prevista para el delito: apartamiento. Principio de Legalidad. Colaboracionismo: alcances del término. Función pública del Estado. LIBERTAD DE EXPRESION: Garantía constitucional. Implicancias. Derecho de defensa.

El caso: El demandado interpone, ante el STJ de Formosa, Recurso de Casación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4, que lo condenó a prisión por el delito de injurias en concurso real y le impuso una pena accesoria de prohibición de formular manifestaciones por medios públicos de difusión que inciten a terceros a formarse mala opinión sobre cualquier persona. El Tribunal Superior confirmo la sentencia en su condena por el delito de injurias, readecuando la pena; pero la revocó en lo referido a la regla de conducta establecida como medida accesoria.

1- La audiencia de conciliación, en tanto obligatoria para los querellantes constituye un requisito de procedibilidad de la acción, y por lo tanto indisponible por los mismos y para el Juzgador. Dicha audiencia contemplada por el CPP en su artículo 391, en concordancia con el artículo 59 del CP en cuanto establece que la acción penal se extinguirá en los casos de delitos de acción privada por renuncia del ofendido, atendiendo al principio de disponibilidad de la acción en los delitos de acción privada, constituye la oportunidad otorgada a las partes de llegar a un acuerdo para evitar desembocar de manera directa en la materialización de una persecución penal que la ley trata de evitar buscando desde un principio la composición de intereses de las partes en pugna. Es por ello que la audiencia de conciliación debe realizarse en forma tal que la misma no conspire contra lo que el legislador ha querido preservar, esto es que la persecución punitiva opere como “última ratio” en los delitos de acción privada.

2- La audiencia de conciliación es personal y por lo tanto exige la presencia de quienes se sienten ofendidos por las expresiones del querellado. Dicho carácter personal de la audiencia surge ya de la sola lectura del art. 391, en cuanto dispone que el Tribunal convocará a la audiencia de conciliación a las partes, a la que podrán asistir los defensores. Una interpretación teleológica de dicha disposición legal nos indica que si el objetivo practico perseguido por la misma es el de dar a las partes la oportunidad de poner fin al conflicto a través del avenimiento, y uno de los motivos previsibles para ello es que quien se siente agraviado acepte las explicaciones dadas por el querellado, siendo evidente que al no imponer la norma que el querellante acepte una explicación puramente objetiva y fundada en las pruebas materiales agregadas a la causa, el juicio que haga el mismo sobre las explicaciones dadas puede consistir en una valoración de conciencia, la cual posee un carácter netamente personalísimo y por lo tanto intransferible al representante legal del mismo, lo que convierte a tal circunstancia en un obstáculo insalvable para la idea de delegar la facultad de conciliar en los delitos de acción privada, en los que lo que se discute no es el cumplimiento de obligaciones contractuales sino la aflicción del honor y el buen nombre de las personas.

3- Debe interpretarse que la exigencia contenida en el articulo 389 inciso 2º del CPP con respecto al mandatario, es que el mismo, en caso de que el querellante no pueda asistir a la audiencia de conciliación, debe concurrir a dicha audiencia a dar explicación suficiente del motivo que actúa como impedimento para ello, a los fines de que no opere el supuesto de desistimiento tácito.

4- Si el Juez no está presente y no interviene en la discusión entre las partes como conciliador, tratándose de una audiencia oral, ¿cómo va a valorar, por ejemplo, si el querellado dio o no a quien se siente agraviado explicaciones suficientes que puedan importar una retractación, de acuerdo con las previsiones del artículo 392 del C.P.P.?, deber que tiene el juez por imperio del ejercicio de la jurisdicción que le es propia en la audiencia de conciliación, y puede ser ejercido naturalmente gracias a la inmediación que implica su presencia e intervención en la discusión entre las partes.

5- Al aplicar el sentenciante una pena mayor al máximo de la prevista para el delito de injurias por el Código Penal en su artículo 110, sin explicar porqué razón considera válida tal decisión, incurre en una manifiesta arbitrariedad por apartamiento de la norma expresa, afectando al principio de legalidad. Máxime cuando, al analizar la cuantificación de la pena en el concurso real de delitos, la pluralidad de hechos motivados en la misma norma penal justifica el aumento de los injustos y no la suma de las culpabilidades, la que está reservada para aquellos casos en que los hechos delictivos se encuentran motivados en diferentes normas penales.

6- La función contextual del discurso es, en términos pragmáticos, una función ideológica en sí misma, en cuanto todas las proposiciones de una representación semántica, tanto en términos globales como locales, se orientan hacia la formulación de las proposiciones claves de la ideología, o su aplicación en un evento específico. Todo lenguaje lleva implícita una interpretación del mundo. Todo saber se encuentra cimentado sobre el lenguaje. La expresión verbal no sólo contiene una significación o fija una representación; la fuerza de las palabras activa la voluntad, violenta el orden, mueve la materia, produce reacciones, a veces inesperadas.

7- El termino “colaboracionista” ha estado asociado a la traición o a la expectativa de obtener favores o ganancias de un régimen que se sabe ilegitimo o a la directa afinidad ideológica con un régimen espurio. En nuestro país, se comenzo a utilizar el termino, para categorizar – por cierto que despectivamente – a la dirigencia sindical argentina que, entre 1967 y 1968, buscaba conciliar con el gobierno militar de Juan Carlos Ongania, procurando pactos en contra del movimiento obrero argentino. El concepto en si mismo, desde sus orígenes y sobre todo en el ámbito político, contiene una fuerte carga de descrédito, una notoria descalificación hacia la persona a la que va dirigido. El diccionario de la Real Academia Española, define el término “colaboracionista” como un ”comentario despectivo”, y luego puntualiza que es la “persona que presta colaboración con un régimen político que la mayoría de los ciudadanos considera antidemocrático”.

8- Una cosa es el desempeño de una función publica cualquiera, remunerada por el Estado y que en si misma no implica la simbiosis ideológica con el régimen que ejerce el poder, y otra muy distinta, es atribuir connivencia colaboracionista, con toda una carga de descalificación, porque el término en si mismo, y sobre todo en el campo de la política, contiene una fuerte dosis de desacreditacion que no es desconocida para quien ha ejercido funciones publicas de relevancia.

9 - El art. 14 de la CN garantiza la libertad de expresión, y especialmente el art. 13.2 de la Convención Americana sobre DDHH, cuando señala que el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, “no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores...”, lo cual implica que el sistema constitucional vigente garantiza el derecho a la expresión de manera absoluta en lo preliminar, sujetando su eventual sanción, a una evaluación posterior sobre los daños que la expresión pueda llegar a producir, pero siempre después, nunca antes.

STJ de Formosa – 29/05/2009 – “Cabrera Ricardo Alberto – Ibañez Jorge Oscar s/ Querella p/ Injurias Reiteradas en Concurso Real c/ Parmetler Humberto Felipe”
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mar Dic 01, 2009 8:19 pm

Fallo histórico: 25 años de prisión a menor que abusó y mató a una beba recién nacida.
La condena recayó sobre un muchacho que ahora tiene 18 años y que deberá cumplir su castigo en una unidad carcelaria. Es el primer juicio oral desde que entró en vigencia la nueva ley penal juvenil.

Un tribunal oral de Lomas de Zamora, integrado por jueces penales juveniles, condenó a 25 años de prisión a un joven acusado de haber violado y matado a golpes a una beba recién nacida, con la complicidad de su pareja, en momentos en que era menor de edad.

El histórico fallo, dispuesto por las juezas Isabel Ación, Miriam Buzzo y Marta Pascual, presidenta del tribunal, recayó sobre un muchacho llamado Santiago, que ahora tiene 18 años y que deberá cumplir su castigo en una unidad carcelaria y no en un instituto de menores.

Así lo determinó la Justicia, tras el aberrante crimen que el acusado cometió junto a su pareja mayor de edad en Longchamps hace menos de un año y que conmovió a esa localidad de la zona sur del conurbano bonaerense.

Se trata del primer juicio oral que un tribunal juvenil le sigue a un menor en el departamento judicial de Lomas de Zamora desde que entró en vigencia la nueva ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, en noviembre de 2008, precisó la jueza Pascual.

Las tres magistradas penales juveniles que leyeron el veredicto trabajan habitualmente en forma unipersonal, pero en esta ocasión se constituyeron en tribunal debido a la gravedad del delito, tal como lo establece la normativa vigente.

La Justicia tomó intervención en el asunto tras una denuncia del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué por un caso de maltrato y abuso sexual seguido de muerte en perjuicio de una beba de menos de un año de vida.

Luego, un juez de Garantías privó de su libertad a Santiago, que fue condenado al cabo de un juicio oral en el que declararon varios testigos, incluidos peritos del sanatorio de Adrogué, que indicaron que las lesiones que presentaba la recién nacida evidenciaban "uno de los maltratos más graves" que habían visto en los últimos tiempos.

El tribunal no aceptó el pedido de reclusión perpetua de la fiscalía, pero sí castigó al acusado con prisión de cumplimiento efectivo en alguna unidad carcelaria que cuente con un régimen especial para menores adultos, de 18 a 21 años, indicó Pascual.

El joven cometió la violación seguida de muerte junto a su pareja, que se encuentra esperando juicio.

El histórico fallo se conoce en momentos en los que desde el Poder Legislativo nacional se busca fijar un tope de 10 años a las penas para menores y al mismo tiempo bajar a 15 años la edad de imputabilidad, según comentó la jueza.
Fuente: Cadena 3
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