Jurisprudencia Derecho Penal

Delitos de acción pública y privada, culpa y dolo, tipificación, antijuricidad de la conducta y culpabilidad, imputabilidad, tentativa, penas, reincidencia, tribunales de menores y otros temas relacionados.

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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Jue Ago 12, 2010 8:55 pm

PROCESO DE MENORES. Causas conexas. Acumulación. Finalidad. Acuerdo entre jueces de Menores en lo Correccional. EXCEPCIÓN: peligro de parcialidad. Actividad probatoria. Pronunciamiento jurisdiccional conclusivo. CAUSAL DE INHIBICIÓN.

El caso:El titular del Juzgado de Menores de 4ª Nominación de esta ciudad resolvió no avocarse al conocimiento de la causa en virtud de haberse expedido sobre el mérito de la prueba en el dictado de la privación cautelar de la libertad del menor y su prórroga, y de encontrarse clausurada la investigación penal preparatoria con decreto de citación a juicio, quedando a su entender comprendido en la causal de inhibición prevista en el art. 60, inc. 1, del CPP. Receptados los autos en el Juzgado de Menores de 7ª Nominación, su titular resolvió no avocarse al conocimiento de la causa, por considerar que no corresponde tal inhibición, invocando un acuerdo entre los jueces de Menores en lo Correccional. Elevada la presente controversia entre jueces, la Cámara resolvió remitir las actuaciones al Juzgado de Menores de 7ª Nominación a los fines de su prosecución.

1. En los casos de acumulación de causas conexas ante jueces de menores, será competente para juzgar el que corresponda por la comisión del primer hecho (art. 48, inc. a, ley 9053). En principio, la presente causa debería acumularse a la anterior y juzgar en ambas el Juez de Menores de 4ª Nominación. Ahora bien, la finalidad de la acumulación de causas debe ceder frente al peligro de parcialidad de los jueces, lo que se pretende neutralizar mediante los institutos de la inhibición y la recusación, pues ambos contemplan situaciones que, precisamente, objetivan un riesgo de parcialidad.

2. La intervención del Juez de 4ª Nominación en el dictado de la medida cautelar de privación de la libertad del imputado durante la investigación preparatoria, implica que se ha expedido sobre la situación legal del mismo. Existiendo tal valoración, es indiferente que se trate de una medida cautelar. Lo importante es que el juez que intervino en la etapa de la investigación preparatoria no puede intervenir también en la etapa del juicio, ya que esa identidad, además de desnaturalizar tales etapas, “coloca al juzgador en una situación de riesgo de parcialidad, porque antes del juicio ha resuelto cuestiones relacionadas con el mérito de las pruebas en vinculación con la probabilidad de la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado” (Cafferata Nores - Tarditti, Código Procesal…, Mediterránea, Córdoba, 2003, T.1, p. 229 y s.).

3. “…se trata de establecer una distinción clara y nítida entre lo que pueda haber sido actividad preparatoria, de índole investigativa o decisoria, con lo que hace al pronunciamiento jurisdiccional de fondo y conclusivo que, para ser plenamente tal, no debe encontrarse condicionado por ninguna hipótesis previa o posiciones precedentes” (Vázquez Rossi, citado por Cafferata Nores - Tarditti, ibídem, nota al pie Nº 447).

4. Ello fue postulado también, específicamente para el Fuero de Menores en lo Correccional, por el TSJ en el Acuerdo Reglamentario Nº 838, serie “A”, del 29/8/06, que trata acerca de la recusación o inhibición del juez de menores (citado en el presente caso por ambos jueces: el primero como base de su decisión; la segunda, como solución que no se aplica en el presente caso). En los fundamentos se describe la situación en los siguientes términos: “Si bien la ley Nº 9053 establece que corresponde al Juez de Menores practicar la investigación penal preparatoria en los delitos atribuidos a niños y adolescentes punibles (art. 10, a) y a la Cámara de Menores juzgarlos (art. 8, a); este órgano judicial hasta el presente no se ha implementado. Como consecuencia, en la actualidad el Juez de Menores -salvo en los casos en que hubieren intervenido también imputados mayores de dieciocho años, practica la investigación penal preparatoria y juzga en única instancia a los jóvenes punibles. Aunque el derecho penal juvenil se orienta hacia la no punibilidad conforme al principio constitucional de mínima suficiencia particularmente acentuado en la legislación vigente (Convención del Niño, art. 40, 3.4, de status constitucional, art. 75, 22°, C.N.), de modo que la declaración de responsabilidad no necesariamente conduce a la pena (ley 22.278, art. 4, último párrafo), es posible que la coexistencia de la competencia material para investigar y juzgar pueda generar apartamientos. Ello así pues conforme al alcance dado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la garantía constitucional de la imparcialidad del Juez en su actual composición y en reciente jurisprudencia, la intervención en el juicio del mismo Juez que actuó durante la etapa preparatoria puede generar planteos de las partes y poner en entredicho la legalidad del proceso”.

5. El solo paso de la etapa de instrucción a la del juicio, siempre que exista medida de privación de la libertad en la que se haya efectuado una valoración de la prueba, habilita al juez de menores a inhibirse por la causal prevista en el primer inciso del art. 60 del CPP.

Cám. Acusación de Cba., A. N° 26, 18/02/2010, “C. E. E. p.s.a. Robo calificado en grado de tentativa”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Jue Ago 26, 2010 9:34 pm

QUERELLANTE PARTICULAR. Proceso penal incoado contra menor inimputable. Solicitud de participación como querellantes por parte de los progenitores de la víctima. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Reconocimiento supranacional. Art. 91 del CPP. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Rol de la víctima en el proceso penal. Atribuciones. Límites.

El caso: Los padres de la víctima solicitaron participación en el proceso incoado contra un menor inimputable en el carácter de querellantes particulares en los términos de los arts. 7 y 91 cc. del CPP. Corridos los traslados a los ministerios Pupilar y Fiscal, solo este último entendió que debía hacerse lugar a lo requerido. El a quo resolvió declarar la inconstitucionalidad del art. 91 del CPP, en tanto impide la constitución del querellante particular en el proceso incoado contra menores, entendiendo que tal prohibición resulta violatoria de la garantía de acceso a la jurisdicción consagrada por el art. 18 de la CN, 8, apartado 1, de la CADH incorporada a la CN a su mismo nivel -art. 75, inc. 22-, 40 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y 31 de la CN.

1. Al resultar de aplicación a la presente causa la normativa contenida en el Código Procesal Penal (art. 57, ley provincial 9053) surge del art. 7 del referido cuerpo legal la posibilidad de que el ofendido penalmente por un delito de acción pública o sus herederos forzosos puedan intervenir en el proceso como querellante particular.

2. En relación a la salvedad que efectúa el art. 91 del CPP respecto a procesos incoados contra menores, corresponde destacar que la misma se encuentra en crisis tanto desde la perspectiva jurisprudencial como doctrinaria. En efecto, mediante auto interlocutorio número setenta y dos, de fecha tres de noviembre de dos mil seis, en autos caratulados: “Carpinello Franco Albano y ots. - p.s.a. Lesiones graves”, el Juzgado de Menores de Séptima Nominación de esta ciudad, resolvió declarar la inconstitucionalidad del art. 91 del Código de Procedimientos Penal de la Provincia de Córdoba, en tanto impide la constitución del querellante particular en el proceso incoado contra menores, por violar la garantía de acceso a la jurisdicción consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, 8 apartado 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos incorporada a la Constitución Nacional a su mismo nivel, art. 75, inc. 22; 40 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y 31 de la Constitución Nacional y admitir la instancia de constitución de Querellante Particular. Dicha resolución fue confirmada por la Excma. Cámara de Acusación, mediante auto número doscientos veinte, de fecha 29 de octubre de 2007.

3. Desde los aportes doctrinarios a la cuestión, cabe referir lo expresado por el Félix A. Martínez (“Derecho de menores”. Algunas cuestiones procesales y constitucionales”, Ed. Mediterránea, pág. 102): “(…) no se advierte luego del estudio realizado, el fundamento que tuvo el legislador para impedir la constitución de la víctima en el proceso correccional de menores. No desconocemos que el trámite referido a menores transita por reglas especiales que tienen por fin la formación de éstos mediante su protección integral, y que es el interés superior del menor el que se deberá atender, tampoco se desconoce el trato reservado que tienen las actuaciones referidas a él; pero ninguno de los derechos relativos a los menores y consagrados por la Convención de los Derechos del Niño se contrapone o resulta incompatible con los derechos que posee la víctima. Creemos que corresponde reformar la norma que impide a la víctima, en el proceso de menores, constituirse como querellante particular, o al menos se impone como necesaria la creación de una ley, que regule, como en el derecho español, la participación que le corresponde a la víctima, aunque se deban imponer limitaciones para que dicha intervención no perjudique de ninguna forma el interés supremo del menor...”.

4. “(…) La primera y principal garantía que se puede relacionar con la víctima es la del debido proceso … Puede decirse que el ‘debido proceso’ ‘es una garantía que importa la protección o tutela que el Estado brinda para que el ciudadano pueda acceder al proceso y para que este, a su vez, se realice en forma regular y normal, respetando en ambos casos condiciones básicas de justicia’ (ref.: Bertolino, Pedro, ‘Marco constitucional del debido proceso’, ED, p. 855). Tradicionalmente, este derecho ha sido evaluado desde el ángulo del imputado, es decir, desde el sujeto que resiste la pretensión punitiva impulsada por el órgano publico dentro del proceso penal…Sin embargo, lo anterior no es óbice para analizar este principio desde la posición de otros sujetos que también y de modo esencial, quedan involucrados en el proceso penal. Este derecho no solo puede, sino que también debe predicarse respecto a la víctima de delito. También el acceso a la jurisdicción es una garantía primaria básica del estado de derecho. El artículo 18 de la Constitución Nacional da asiento a dicha garantía constitucional, esto es, a la capacidad de toda persona física o jurídica de tener la posibilidad real, concreta y sin excepciones de solicitar y obtener efectivamente, que el Estado por intermedio, entre nosotros del Poder Judicial, le garantice, en los hechos, el ejercicio de los derechos que poseen (ref.: Valcarce Arodin, ‘El derecho a la jurisdicción y el acceso a la justicia’, JA, 1996-1-737) … El verdadero alcance de esta garantía … consiste en un derecho cuya proyección se expande a todo el proceso, hasta su culminación definitiva”. Félix A. Martínez (“Derecho de menores. Algunas cuestiones procesales y constitucionales”, Ed. Mediterránea, pág. 92).

5. Corresponde realizar una aplicación sistemática de la legislación vigente, otorgando supremacía a la normativa constitucional, la que se erige en norte respecto de la interpretación y aplicación de normas de rango inferior. Expresan en este sentido los Dres. Luis Higinio Ortiz, Daniel Enrique Otonello y Francisco Gilardoni: “(…) Debemos reconocer que la Constitución Provincial (1987) ha dado operatividad a la Convención Americana de Derechos Humanos (llamada Pacto San José de Costa Rica) al incluirla en ella mediante una disposición complementaria. En igual sentido pero con posterioridad (1994), la Constitución Nacional en su art. 75 inciso 22 incluyó esta convención, entre otros tratados, como integrantes del sistema jurídico nacional, otorgándole jerarquía constitucional. Ello significa -según interpretación de la CSJN- que no solo son operativas (no requieren de ley reglamentaría para su vigencia) sino que tienen la misma jerarquía de la Constitución Nacional. Esto equivale a decir que integran con ese rango el carácter de Ley Fundamental de la Nación y como tal prevalen jerárquicamente por sobre las leyes de la Nación y de las Provincias. Dentro de esa normativa y en armonía con los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional, la Convención internacional reconoce el derecho que tiene toda persona a una efectiva tutela judicial y a un recurso sencillo y su utilización. Siendo estas normas obligatorias para los estados signatarios, se infiere que toda legislación procesal, ya sea nacional o provincial debe necesariamente adecuarse a ellas y aunque no se dictaren leyes de adecuación, los jueces mediante sus sentencias están obligados a aplicarlas respetando el orden jerárquico que el más alto Tribunal de la Nación les ha reconocido…” (Cámara de Acusación, A.I. Nº 67, 27/5/05, en autos: “Denuncia formulada por Bellotti Carlos Emilio - Recurso de apelación dispuesto por el Dr. Miguel Ortiz Pellegrini”).

6. Teniendo en cuenta que la figura del querellante particular se limita a coadyuvar en la investigación con relación a la existencia del hecho delictivo y la participación en él del supuesto autor, no se vería afectado el interés del menor de autos, W. A. V., ya que las medidas tutelares serían resueltas en definitiva por el Juez de Menores, estando vedada para el querellante toda injerencia al respecto.

Juzg. Menores 1ª Nom. de Córdoba, A.I. Nº 8, 27/04/2010, “V. W. A. - p.s.a. Homicidio”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Vie Sep 03, 2010 7:29 pm

HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO. COMPETENCIA. Juez Federal en turno. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE EJECUCION. Posibilidad de tratar la cuestión como incidente de ejecución. PROGRESIVIDAD Y SALIDAS TRANSITORIAS. Ingreso al fondo de la cuestión. Nulidad del informe penitenciario administrativo que impide avance de fase.


El caso: El defensor oficial interpuso un hábeas corpus correctivo ante el Tribunal, órgano que tiene a su cargo la ejecución de la condena impuesta al interno. El motivo fue la queja de un informe penitenciario negativo que le obstaculizaba la progresividad y la ulterior obtención de salidas transitorias. El tribunal se declaró incompetente para resolver sobre el hábeas corpus, por corresponderle al juez federal. No obstante, y sin perjuicio del nomen juris que se le dé al pedido, le dio trámite de ejecución y declaró la nulidad del informe técnico cuestionado.

1. Conforme a lo dispuesto por el art. 3 de la ley 23.098, las causales para la procedencia de dicha acción están constituidas por limitación o amenaza actual de al libertad ambulatoria y agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de libertad. Asimismo, el art. 8 de dicha ley determina la competencia del juez federal de turno (juez de sección) para entender en el procedimiento de dicha acción.

2. Sin perjuicio de lo resuelto y no obstante el nomen iuris del escrito deducido, del contenido del mismo se desprende que el planteo se centra en un problema de progresividad en el tratamiento penitenciario, en tanto se discuten los criterios administrativos merced a los cuales el interno no ha accedido al beneficio de salidas transitorias lo cual es competencia del tribunal de ejecución, conforme a lo dispuesto por los arts. 3 y 4 de la ley 24660.

3. En el informe técnico se resuelve su incorporación a Fase de Consolidación y concepto regular, fundando tal decisión en su condición de reincidente, habitualidad delictiva y referenciación con pautas y grupos transgresores. Tal aserto se trata de un evidente error, por cuanto es primario, por lo que -más allá de la dudosa constitucionalidad de dichos argumentos para el caso de que fuera reincidente-, objetivamente no corresponden dichas condiciones al caso del interno.

4. El interno registra ausencia de sanciones disciplinarias y conducta ejemplar (10). Del informe laboral se desprende que ha desarrollado tareas en el Módulo MXI (Bower), no continuando con las mismas debido a un realojamiento y falta de vacantes de la administración. Luego ha cumplido con tareas voluntarias y gratuitas en el Complejo carcelario de Cruz del Eje y se encuentra inscripto en el Segundo ciclo de Nivel primario para el año 2010.

5. Conforme a todo lo expuesto, no existen elementos objetivos y mensurables que impidan el avance a Fase de Confianza y la elevación de su concepto a “Muy bueno”,reuniendo las pautas previstas por el art. 36, Anexo IV, decreto 344/08, por lo que corresponde declarar la nulidad del informe.

Tribunal Federal Oral Nº 1 Cba. Trib. AI 79 31/05/2010 “GARZON, Luis Alberto S/Legajo ejecución”
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

por Solo Derecho » Mar Ago 22, 2017 4:15 am

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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mié Sep 08, 2010 10:40 pm

EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO LEGÍTIMO DE UN DEBER. CONDUCTAS ABUSIVAS DEL PERSONAL POLICIAL. Desproporción del medio empleado en contra de la víctima. Falta de moderación que excede los límites de lo razonable. Imposición al condenado de realización de curso sobre derechos humanos por deficitaria internalización conceptual. Necesidad de incremento de la confiabilidad en la institución policial. PAUTAS DE MENSURACIÓN DE LA PENA. Pautas agravantes y atenuantes.

El caso: La requisitoria fiscal de citación a juicio le atribuye al imputado el delito de lesiones graves cometido con exceso en el legítimo ejercicio del cargo de empleado policial. Ello así, por cuanto el encartado durante un procedimiento tendiente a la ubicación de efectos sustraídos y a la consecuente aprehensión del/ los involucrado/s, efectuó dos disparos con una escopeta antidisturbios por la espalda y a corta distancia a la persona que ya estaba identificada y pretendía huir del accionar policial, los que impactaron en el cuerpo de la misma, produciéndole lesiones que, si bien no pusieron en peligro su vida, demandaron más de un mes de curación e inhabilitación. El tribunal resolvió declarar al imputado autor penalmente responsable del delito de lesiones graves cometidas con exceso en el ejercicio legítimo del cargo de empleado policial, imponiéndole la pena de mil pesos de multa, inhabilitación especial para la portación de arma de fuego por el término de un año y costas. Asimismo, y a pedido del querellante particular, le impuso la obligación de someterse al dictado de un curso sobre Derechos Humanos a cargo de los representantes de la Asociación Civil denominada “Agrupación Hijos” debiendo el encartado acreditar su cumplimiento con la certificación pertinente.

1. Como bajo la denominación cumplimiento de la ley el art. 34, inc. 4°, del C. Penal encierra las hipótesis del ejercicio de un deber, autoridad o cargo, el intento de aprehender al fugitivo evidentemente se adecua al cumplimiento de un deber legal previsto en la norma de fondo. Si bien la ley impone al agente el deber de prevención atinente a su función, el empleo del arma debió condicionarse a la existencia de un peligro personal o a la necesidad de rechazar actos violentos ó vencer una resistencia.

2. El encartado formaba parte de un procedimiento destinado a la ubicación de efectos sustraídos y la consecuente aprehensión de los involucrados. La presencia a la carrera de la víctima, a quien precedió la advertencia de uno de los uniformados respecto al escape, sumado al avistamiento y la orden verbal de detención formulada por el otro efectivo que estaba apostado en el paredón, pone de manifiesto el correcto despliegue de los uniformados y la consecuente desproporción del medio utilizado en contra de la víctima.

3. Las referidas circunstancias del caso debieron desaconsejar el uso del arma a tan corta distancia, pues aún cuando se trate de una escopeta antidisturbios, el resultado lesivo revela una gravedad incompatible con la finalidad del instrumento utilizado. En definitiva, la falta de moderación exhibida ha excedido los límites de lo razonablemente necesario.

4. Corresponde fijar la sanción que deberá sufrir el procesado, teniendo en cuenta para ello como atenuantes, que es una persona joven, funcionario policial sin ningún tipo de antecedentes, que ha reconocido el hecho tal como viene acusado y como agravantes la escasa serenidad y equilibrio emocional puesto de manifiesto por quien porta un arma en un operativo potencialmente complicado.

5. Resulta de utilidad la imposición de un curso de derechos humanos, ya que, independientemente de la formación que la institución brinde a los efectivos en esta materia, cuando se verifica en la conducta de alguno de sus miembros una deficitaria internalización conceptual como el que se pudo advertir en este caso, resulta imperioso reforzar la misma, dotando de un elemento calificante a la prestación del servicio en tanto y en cuanto le permitirá al incoado incorporar una visión distinta de las circunstancias a tener en cuenta al momento de enfrentar situaciones similares.

6. Lo expuesto tiene en miras el desterrar, en la medida de lo posible, conductas abusivas que no solo exponen a los ciudadanos a riesgos innecesarios sino que además importan para los propios agentes del orden la posibilidad cierta de verse involucrados en hechos como el presente -y otros similares que son de público conocimiento en esta jurisdicción-, con su consiguiente influencia tanto en la forma, negativa, en que la actividad policial es percibida por la ciudadanía como, en lo que hace a sus propios intereses, las consecuencias del antecedente en la foja de servicios del agente.

7. Una fuerza policial eficiente y comprometida con la sociedad a la que se debe no puede ir de la mano de acciones que revelen un desprecio por la integridad física de quienes violan las normas de convivencia, actuando abusivamente, sino que el respeto de los derechos y garantías de éstos individuos hará que se incremente la confiabilidad en la institución y por ende en quienes la integran.

Cám. 2ª Crim. y Correc. Río IV, Sent. Nº 17, 04/05/2010, “Flores, Cristian Jesús”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mié Sep 15, 2010 6:14 pm

ECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS. Vista previa por Facebook. Validez.

El caso: Se agravia la defensa del imputado del procesamiento de su defendido por cuanto considera que el reconocimiento en rueda de personas se vio afectado por haber visto los damnificados previamente fotografías publicadas en Facebook.

La circunstancia de que los damnificados al inicio de la investigación hayan visto fotografías del imputado publicadas en la red social “Facebook” de ningún modo le resta importancia al resultado del reconocimiento efectuado.

CN Crim. y Correc., Sala IV, Causa Nº 837/10, 23/06/2010, “O. B., N. A. y otro s/ Robo con armas”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Jue Sep 23, 2010 12:48 pm

RECURSO DE CASACIÓN. Fundamentación. Motivo formal. Competencia del tribunal ad quem. Contralor de la fundamentación fáctica. Facultades discrecionales del tribunal de juicio. Valoración de la prueba. Arbitrariedad. DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO. Normativa legal. Defensa material. DECLARACIÓN DEL IMPUTADO. Ponderación: fuente eventual de pruebas. DECLARACIÓN DEL COIMPUTADO: Llamado en codelincuencia. Valor probatorio. DEBATE. Principio de oralidad. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Noción. Requisitos. Bien jurídico protegido. Diferencias entre el “jefe” y el “organizador”. Comparación con la participación criminal. PENA. Individualización judicial. Interpretación de los arts. 40 y 41 del CP. Carácter agravante y atenuante de sus criterios. Relación de los mismos con los principios de culpabilidad y peligrosidad delictiva. Fines de la pena. PRINCIPIO “NON BIS IN IDEM”. Prohibición de doble valoración.

El caso: La Cámara del Crimen resolvió, en lo que aquí interesa, condenar al imputado por los delitos de falsificación de documento público e impresión fraudulenta de sello verdadero (2 hechos) en concurso real -hecho nominado “primero”-, falsificación de documento público (3 hechos) en concurso -hechos nominados “segundo”, “cuarto” y “sexto”-; partícipe necesario del delito de estafa (3 hechos) en concurso real -hechos nominados “tercero”, “quinto” y “séptimo”- y coautor de asociación Ilícita, en calidad de jefe u organizador -hecho nominado “octavo”-, todo en concurso real, imponiéndole la pena de 8 años de prisión. La defensa interpone recurso de casación invocando el motivo formal diferenciando cuatro agravios; denuncian que el decisorio adolece de fundamentación lógica y resulta falso o aparente en sus conclusiones y que el a quo omitió considerar prueba decisiva o bien la ponderó defectuosamente, censuran la valoración realizada de la confesión de uno de los coimputados, argumentando que reconocen la potestad del juez para apreciar y meritar al acusado como órgano de prueba y sus declaraciones como medio de prueba, empero -reflexionan- la confesión impone un examen crítico y cuidadoso, que exige indagar sobre las condiciones de personalidad del sujeto y los motivos de su conducta y, por último, alegan la falta de fundamentación e individualización y mesuración de la pena. El Tribunal resolvió, por mayoría, hacer lugar parcialmente al recurso de casación y, en consecuencia, anular la sentencia recurrida únicamente en lo que respecta a la individualización judicial de la pena, imponiendo la de 7 años de prisión.

1. El recurso de casación exige, bajo condición de forma cuya inobservancia acarrea la inadmisibilidad, que se expresen los fundamentos (CPP, arts. 449 y 474), por ello, para ser formalmente admisible, debe bastarse a sí mismo, es decir, estar debidamente fundado conteniendo las razones de la impugnación, sea el error de derecho o el vicio anulatorio de la sentencia recurrida. En esa dirección, es necesario destacar que cuando la denuncia es la omisión de ponderar ciertas pruebas o de hacerlo ilegítimamente, ello se vincula con su pertinencia para acreditar cuestiones que se argumentan como trascendentes para lograr la absolución o una alternativa punitiva más beneficiosa para el imputado, pero si ello no logra demostrarse hábilmente, la legitimidad de la sentencia de mérito se mantiene.

2. La obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al Tribunal de mérito -entre otros recaudos- tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio y efectuar dicha ponderación conforme la sana crítica racional (art. 193, CPP), el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran -lógica, psicología, experiencia- debe también contraponer un análisis de todo el cuadro convictivo meritado, y en función de éste, a su vez, evidenciar la decisividad del vicio que se denuncia (art. 413, inc. 4°, CPP).

3. Resulta inconducente una argumentación impugnativa que se contente solo con reproches aislados que no atiendan al completo marco probatorio o que esgrima un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada de aquél. En tales supuestos, al no efectuar un abordaje que agote las distintas premisas que sostienen la conclusión que causa agravio, la crítica no alcanza a enervarla y la decisión transita incólume el control casatorio.

4. La atribución de determinado valor convictivo a los elementos de prueba colectados constituye una facultad discrecional del juez de mérito que solo es motivo de casación, en casos de arbitrariedad. Configura una variante de la arbitrariedad, la asignación de crédito o demérito irrazonable por parte del tribunal de juicio. En tales supuestos, el a quo desnaturaliza sus atribuciones y ese vicio se presenta con tal evidencia o palmariedad, que es apreciable por el tribunal de casación, aún cuando éste a diferencia de aquél no ha receptado la prueba (inmediación), límite que por supuesto se refiere a los testimonios y demás pruebas recepcionadas en la audiencia de debate.

5. La individualización de la pena configura el ejercicio de una potestad discrecional del Tribunal de mérito y por lo tanto es posible, a través del motivo formal, el contralor de la fundamentación de la sentencia cuando presenta los vicios de falta de motivación, motivación ilegítima o motivación omisiva (si se soslayan circunstancias atenuantes). Más recientemente, el estándar ha alcanzado también a la selección de la especie de pena, o al monto de la pena -posible entre el mínimo y el máximo de la escala-, cuando éste resulta manifiestamente desproporcionado o incongruente en relación a las circunstancias de la causa.

6. En esta evolución jurisprudencial tuvo influencia el llamado “derecho al recurso” contemplado en los tratados constitucionalizados, que -si bien con diferentes giros- se refieren claramente a la legitimación del imputado; a saber: el “inculpado de delito” tiene el derecho de “recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior” (CADH, 8, 2, h); o bien se alude al “declarado culpable”, quien tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena “sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la ley” (PIDCyP, 14, 5).

7. Por ello es que solo el imputado puede acceder al estándar de revisión judicial más amplio a través del recurso de casación. Se ha sostenido que el ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado solo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste, demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

8. Es claro que tal arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad, atribuida en principio a otro órgano judicial. El estándar al que se ciñe el contralor del tribunal de casación, tratándose de facultades discrecionales, es el del absurdo o arbitrariedad manifiesta, esto es cuando el monto de la sanción resulta notoriamente desproporcionado con las circunstancias objetivas de la causa individualizadas por el juzgador, así como la valuación positiva o negativa irracional de las circunstancias objetivas y subjetivas seleccionadas por el tribunal de juicio para la determinación del monto de la sanción. (Del voto en minoría del Dr. Rubio).

9. La garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio tiene su base en el art. 18 de la CN toda vez que, en forma implícita y explícita establece que “nadie puede ser condenado sin ser oído” y “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, igual reconocimiento tiene dicha garantía a través de los pactos y tratados internacionales incorporados por la misma Constitución Nacional en su art. 75, inc. 22º; al igual que en nuestra propia Constitución Provincial (arts. 39 y 40). Dichas normas aluden a la defensa material del imputado que se realiza mediante las manifestaciones que el mismo puede hacer en el proceso cuantas veces quiera con la única condición de su pertinencia (CPP, art. 266).

10. Así las cosas, nadie pone en duda hoy en día que la declaración del sometido a proceso, analizada desde la óptica del imputado, importa un medio idóneo para la materialización de su defensa en juicio. Y justamente, para alcanzar de manera eficaz tal significado, es que desde la perspectiva del juez en lo penal, se debe traducir dicho acto en una fuente eventual de pruebas, pues, de lo contrario, si las manifestaciones del imputado estuvieran ajenas a todo tipo de valoración, no pasarían de ser meras expresiones formales, ineficaces desde el punto de vista de la defensa material (art. 40, Const. Prov.).

11. Cuando el legislador local se propone diseñar un código adjetivo útil para la realización de la ley penal, establece el alcance de las garantías constitucionales que tutelan los intereses social e individual reconocidos en el proceso penal, de modo tal que se haga posible la realización de la verdad objetiva su fin inmediato. La declaración del imputado se puede plasmar de distintas formas, asumiendo el imputado distintas posiciones acto seguido de haber sido debidamente puesto en conocimiento del hecho penal que se le atribuye (intimado). Tiene como finalidad su defensa material y no la corroboración de la acusación.

12. En relación a los dichos inculpatorios de un imputado respecto de otro, se discute acerca del significado probatorio que puede otorgársele, advirtiendo sobre su peligrosidad o su escaso valor conviccional, cuando quien formula la declaración lo hace para excusar o aminorar su responsabilidad penal. Para que el llamado en codelincuencia adquiera verdadera gravitación en el proceso penal, se necesita la concurrencia de requisitos, tales como que el imputado denunciante con sus dichos no trate de atenuar su propia responsabilidad y menos aún excluirse de la imputación. Y aún en el caso de que se den estas circunstancias, ese llamado “en codelincuencia” requiere de hechos positivos e independientes que la corroboren.

13. La oralidad implica que toda la actividad del debate, la producción de las pruebas, las instancias y alegaciones de las partes y las decisiones de mero trámite del tribunal se cumplirán de viva voz. Dicha circunstancia es la que potencia “interactivamente” las virtudes individuales y combinadas de la publicidad, la inmediación, el contradictorio y la identidad física del juzgador integrándolas en una unidad de funcionamiento en la realidad. La oralidad cristalizará el derecho del acusado a ser oído públicamente por el tribunal que lo juzga, y el de aquél y su defensor luego de obtener la comparecencia de testigos de cargo y de descargo, peritos y “otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos” a interrogarlos en las mismas condiciones (arts. 8.2.f, CADH, y 14.3.e, PIDCP).

14. La figura de la asociación ilícita (art. 210, CP) exige tomar parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para hablar de asociación ilícita se requiere la reunión de tres o más personas que participen en un hecho, siempre que dicha banda revista los caracteres de relativa permanencia y tenga por objeto cometer delitos indeterminados.

15. Tomar parte en la asociación o banda significa estar en el concierto delictivo a partir de su formación o en cualquier momento ulterior. La imputación de la participación en una asociación ilícita es autónoma de la de los delitos que constituyen su objeto pues para su punibilidad será suficiente con asociarse para cometer delitos en general. El CP castiga por la sola circunstancia de ser miembro de la asociación. El fundamento del tipo penal de asociación ilícita exige que la organización y los hechos cometidos deben producir alarma colectiva o temor de la población de ser víctima de delito alguno. El requisito de permanencia no significa que la asociación deba ser para siempre sino que exige cierta continuidad en el quehacer delictivo indispensable para cumplir los objetivos que sus integrantes se propusieron.

16. Jefes de la asociación ilícita son quienes ejercen el comando de la misma, cualquiera sea su jerarquía y el modo en que despliegan el mando, pero debe ser efectiva y no meramente nominal; lo cual implica contar con la obediencia de los demás integrantes en todos los actos de la asociación tendientes al cumplimiento de sus objetivos. Organizadores, son aquellos integrantes que participaron en los actos fundacionales de la misma: su establecimiento y ordenamiento.

17. El delito de asociación ilícita lesiona el bien jurídico orden público, por la inquietud social que produce la existencia de agrupaciones de individuos cuyo objetivo es la comisión de delitos. La existencia de la asociación lesiona el bien jurídico de la tranquilidad pública, al elevar el riesgo de que se produzca un número indeterminado de delitos. Además, la misma existencia de la organización delictiva disminuye el sentimiento de responsabilidad personal de sus integrantes, puesto que su dinámica grupal genera una disminución de los factores individuales de inhibición y, por otro lado, su estructura organizativa facilita a sus miembros la comisión de hechos punibles.

18. La sola existencia de la asociación ilícita es susceptible de poner en peligro el bien jurídico referido -y de ahí su constitución como un delito sui generis- a pesar de la naturaleza de los actos de conformación que, por ello, no pueden ser considerados, en rigor, como meramente preparatorios. El bien jurídico protegido puede definirse como la sensación de sosiego de las personas integrantes de una sociedad nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, por lo que los delitos que la afectan producen alarma colectiva al enfrentarlos con hechos marginados de la regular convivencia que pueden afectarlos indiscriminadamente; la criminalidad de éstos reside esencialmente, no en la lesión efectiva de cosas o personas, sino en la repercusión que ellos tienen en el espíritu de la población y en el sentimiento de tranquilidad pública, produciendo alarma y temor por lo que puede suceder.

19. Cuando se habla de participación criminal los requisitos que se exigen se reducen a: pluralidad de personas; comunidad de hecho y convergencia intencional. La figura de asociación ilícita requiere además un elemento de permanencia y exige pluralidad de planes delictivos y no meramente pluralidad de delitos. Es precisamente la circunstancia del acuerdo previo para la comisión de delitos indeterminados lo que caracteriza y diferencia a la asociación ilícita de la simple participación criminal. Así, en la figura del art. 210 del CP no se trata de castigar la participación en un delito, sino la participación en una asociación o banda destinada a cometerlos con independencia de la ejecución o inejecución de los hechos planeados o propuestos.

20. La obligación constitucional de motivar la sentencia, comprende también el ámbito del ejercicio de facultades discrecionales, como lo es la determinación de la pena. La motivación en esos casos, no solo significa que el juzgador debe explicitar el razonamiento sobre parámetros objetivos que pueda ser controlable, sino también que las pautas invocadas guarden congruencia con el monto que se fija al momento de la individualización. El estándar al que se ciñe el contralor del tribunal de casación en estos casos, es el del absurdo o arbitrariedad manifiesta, esto es cuando el monto de la sanción resulta notoriamente desproporcionado con las circunstancias objetivas de la causa individualizadas por el juzgador.

21. Para la individualización judicial de la pena deben tenerse en cuenta tanto las circunstancias que hacen al grado de culpabilidad del autor, como las relativas al grado de peligrosidad delictiva del mismo. Con respecto a la consideración de la culpabilidad del autor, la necesidad de su ponderación deriva de la opción por un derecho penal de hecho por la que se ha inclinado nuestro ordenamiento, incluso por razones constitucionales, y en su consiguiente adopción del principio de culpabilidad, cuestión sobre la que se ha pronunciado esta Sala, destacando la jerarquía constitucional de estos principios. Una opción política de dicha envergadura, no puede circunscribirse solo al ámbito de la conformación de la noción del delito como infracción punible, sin proyectarse también a los distintos fines que debe cumplir la sanción penal.

22. De otro modo, el hecho penal reduciría su papel al de un mero requisito formal para imponer una pena, cuando por las razones expuestas, también debe considerarse a los fines de su cuantificación, legitimándola. Los alcances del principio de culpabilidad que rigen en la teoría del delito, deben trasladarse al ámbito de la teoría de la pena y más concretamente al espacio relativo a los criterios para su determinación judicial.

23. Las referencias del texto del art. 41 del CP a agravantes y atenuantes, solo resultan comprensibles si la medida de la pena depende de algo más, distinto a la peligrosidad. La consideración de la culpabilidad a los fines de determinar judicialmente la pena, no debe llevar a desconocer la necesidad de analizar también, en ese proceso, circunstancias que hacen a la peligrosidad del autor, a las que incluso refiere expresamente el art. 41 del CP.

24. Ello porque tales pautas constitucionales liberales, deben conciliarse con las contempladas con igual jerarquía en relación con los fines de resocialización que también debe cumplir la sanción penal. Como se desprende de lo normado por el art. 5, inc. 6, de la CADDHH (Pacto de San José de Costa Rica), incorporado a nuestro ordenamiento con jerarquía constitucional (CN, art. 75, inc. 22), que es absolutamente claro al señalar que las penas privativas de la libertad “...tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados...”. Lo que conduce a que la referencia de dicha disposición a la peligrosidad, debe entenderse en términos de peligrosidad delictiva, como ha propiciado la doctrina dominante y surge de los criterios particulares que la disposición enuncia.

25. Esto es, la “...capacidad delictiva...” del autor. En consecuencia, culpabilidad y peligrosidad delictiva, habrán de armonizarse en términos que ni los fines resocializatorios vinculados a la idea de peligrosidad delictiva sean negados, ni la aceptación de estos últimos termine desvinculando la magnitud de la pena, de la gravedad del injusto y de la culpabilidad del autor. Lo que importa dar cabida, tanto a la dimensión de garantía propia de la consideración individual de la persona, como a la dimensión de prevención que surge del reconocimiento de la función social del derecho penal.

26. Es clara la relevancia de la peligrosidad en el proceso de individualización judicial de la pena desde que el art. 1° de la ley 24.660 establece que todas las modalidades de ejecución de la pena privativa de la libertad tienen por finalidad “...lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad...”, disposición que encuentra pleno respaldo constitucional por cuanto el art. 10.3 del PIDDCCyPP, reconocido con jerarquía constitucional (CN, art. 75, inc. 22), establece que será “...finalidad esencial del régimen penitenciario...”, “...la reforma y readaptación social de los penados...”.

27. La naturaleza prudencial de la determinación de la pena y de las circunstancias que el Tribunal examina no permite ocurrir a parámetros numéricos para fijar en tiempos -única forma de mensurar las sanciones temporales- un valor aritmético de las condiciones personales del imputado contenidas en el art. 41 del CP.

28. La enumeración que efectúa el art. 41 del CP es puramente enunciativa y explicativa y no excluye circunstancias referentes a la persona o al hecho dignas de ser consideradas. La pauta interpretativa que surge de esa división en objetivo-subjetivo es destacar que la pena debe ser decidida tomando en cuenta la gravedad del hecho y la personalidad del autor. El art. 41 deja en claro los límites al principio de individualización de la pena: la sanción debe adecuarse a la personalidad del autor pero solo en la medida que continúe reflejando la gravedad del ilícito concreto.

29. La individualización judicial de la pena encuentra como límite que una circunstancia fáctica prevista normativamente para agravar la escala penal no puede valorarse doblemente: como calificante en el tipo penal y como agravante en la individualización judicial. Ello obedece a que su consideración más gravosa ya fue motivo de valoración por parte del legislador a los efectos de la estructuración del respectivo tipo penal, y por ende, cometido el delito, su nueva selección por el Juzgador a la hora de acrecentar la sanción importa una vulneración de la prohibición de la doble valoración, comprendida actualmente como un aspecto de la garantía del non bis in idem.

30. Analizada en concreto la pena impuesta en el caso, se advierte que le asiste razón a los recurrentes y ésta resulta excesiva. Debe destacarse que la calidad de jefe u organizador de una asociación ilícita está considerada por el legislador al momento de delinear las escalas penales de dicha figura legal, agravando su situación en relación a los restantes integrantes, y elevando en dos años el mínimo de la escala penal (art. 210, segundo párrafo, CP), luego, dicha calidad no debería volver a considerarse como agravante al momento de graduar la sanción, pues ello lesiona la prohibición de doble valoración. (Del voto en mayoría de los Dres. Sesín y Andruet).

TSJ Sala Penal Cba., Sent.. Nº 124, 10/05/2010. Trib. de origen: Cám. 4ª del Crimen Cba., “Pérez Aragón, Enrique Alberto p.s.a. Asociación ilícita, etc. -Recurso de casación-”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor Seb_rgs » Vie Nov 19, 2010 11:17 am

Que buen nivel del foro, los felicito ! no saben como me ayudan para estudiar.
abrazos
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Sab May 28, 2011 5:18 pm

RECURSO DE CASACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO - PEDIDO DE ABSOLUCIÓN - QUERELLANTE PARTICULAR - FACULTAD DE REQUERIR CONDENA - PROCEDENCIA - SENTENCIA - FUNDAMENTACIÓN - PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE - VALORACIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS - USURPACIÓN - IMPOSIBILIDAD DE PROBAR EL DESPOJO DEL INMUEBLE - ABSOLUCIÓN - IN DUBIO PRO REO.

Autos caratulados "AREVALO, Graciela del Valle y otros p.ss.aa. usurpación –Recurso de Casación-” (Expte. “A", 55/08)

http://www1.justiciacordoba.gov.ar/site ... sp?ID=3462

Fuente: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
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