Jurisprudencia Derecho Penal

Delitos de acción pública y privada, culpa y dolo, tipificación, antijuricidad de la conducta y culpabilidad, imputabilidad, tentativa, penas, reincidencia, tribunales de menores y otros temas relacionados.

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Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mié Jun 24, 2009 8:43 pm

JURISPRUDENCIA

ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR RESULTAR SACERDOTE, ENCARGADO DE LA EDUCACIÓN Y DE LA GUARDA DEL MENOR VÍCTIMA. CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADA POR SU CONDICIÓN DE ENCARGADO DE LA EDUCACIÓN Y DE LA GUARDA. Configuración. Concurso ideal. Conducta escalonada en su significación sexual. Valoración. Ley aplicable. INDIVIDUACLIZACIÓN DE LA PENA. Pena máxima en el sistema del C.P. Doctrina. Pena justa. Entidad asignada a las circunstancias agravantes. Proporcionalidad. SITUACIÓN AMBULATORIA DE UNA PERSONA TRAS EL DICTADO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA. Requisitos. Ausencia de peligrosidad procesal. Prueba. Valoración. Criterios. SANCIONA PROCESALES. Inconducta procesal. Petición de su aplicación luego de finalizado el debate. Improcedencia. Remisión de antecedentes al Colegio de Abogados


El caso: La requisitoria de elevación a juicio, en lo que aquí interesa, endilga al imputado los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado -dos hechos- en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda, en tanto éste habría efectuado sobre el menor tocamientos sexuales consistentes en besos en la boca y fellatio. El señor Fiscal de Juicio, estimando que la pena máxima a imponer era la de treinta y siete años y seis meses de prisión -al igual que el querellante, solicitó se aplique la de treinta años de la misma especie. El Tribunal resolvió condenar al encartado por los delitos mencionados a la pena de quince años de prisión, rechazar los pedidos efectuados por la defensa de aplicación de sanciones contra el abogado del querellante y rechazar la petición de las partes acusadoras de ordenar la inmediata detención del imputado.


1. La ley aplicable, por imperio de lo que determina el artículo segundo del código de fondo, es el ordenamiento vigente al momento de los hechos, según por Ley 23077, por resultar más benigna para el reo, por cuanto el hoy vigente reprime estas conductas con mayor severidad.


2. En este contexto el artículo 127 pena a quien "abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo" sin que haya acceso carnal, y remite al artículo 122, que contempla el agravamiento del delito cuando el autor fuera "sacerdote o encargado de la educación o guarda".


3. A su vez el artículo 125 contempla el supuesto de quien "...para satisfacer deseos propios.- promoviere o facilitare la...corrupción de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima...", remitiendo el último párrafo al agravamiento de la sanción cuando el autor fuera "persona encargada de la educación o guarda".


4. De acuerdo a la descripción de los hechos realizada en la primera cuestión del veredicto, resulta clara la orientación sexual de los tocamientos, beso en la boca y fellatio, por lo que el tema en trato no merece mayores comentarios.


5. Con respecto a la corrupción, evidentemente el incoado, para satisfacer sus bajos deseos, no trepidó en llevar adelante, con un menor de trece años de edad, conductas que no podía ignorar, eran aptas para desviar el normal desarrollo de su sexualidad.


6. Además, no solamente se trató de la ejecución de actos de connotación sexual con un menor de su propio sexo, sino de la influencia en la psiquis de la víctima mediante palabras y gestos que pretendían lograr en el menor la idea de que se trataba de una situación normal. Le decía que lo viera como su padre, o que era normal que los hombres se conocieran, mientras llevaba a cabo estas conductas, tratándose de algunos de los conceptos que según la víctima el autor trataba de inculcarle, con lo que se va evidenciando la idea aceptada de corromperla.


7. También se probó que en este camino el acusado fue avanzando gradualmente, proponiendo cada vez un avance con relación al paso anterior. Primero lo sentó sobre sus faldas, luego le tocó las piernas aproximándose al pene, después lo sorprendió dándole un beso en la boca. Otro día le propuso una fellatio a la que accedió antes de escuchar la respuesta de una víctima paralizada.


8. Esta conducta escalonada en su significación sexual es una clara muestra de la intención del autor de avanzar paso a paso logrando que la víctima la aceptara como normal, cuando no se le podía escapar que no lo era, camino éste a que el menor le puso fin con su fuga. Esto no es ni más ni menos que influir voluntariamente sobre la normal formación sexual del menor para obtener que aceptara estas relaciones homosexuales como si fueran lo que ocurre habitualmente.


9. Dejo en claro que no se trata aquí de la libre elección del objeto sexual de cada uno, que de por sí no tiene nada de reprochable y sólo pertenece a la esfera privada del individuo, sino de la influencia de un mayor sobre un menor para que éste acepte o permita la ejecución sobre su cuerpo de conductas homosexuales, que no son las que genéticamente debiera tomar normalmente según su condición, y además sobre un menor que por su desarrollo psíquico tiene la orientación sexual indefinida o en vías de definición.


10. Una conducta semejante exhibe claramente su intención de pervertir en la doble acepción del término: perturbar, alterar el orden o estado de las cosas, o viciar o corromper con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto, etc.


11. Con esto el autor hizo exteriorización de un dolo directo de promover la corrupción de la víctima para satisfacer sus deseos, que es lo que la ley reprime.


12. Teniendo en cuenta las pautas mensurativas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, entiendo adecuado a derecho condenar al imputado como autor penalmente responsable de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado -dos hechos- en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda.


13. No compartíamos la posición de la Fiscalía en cuanto a que, desde la inclusión del artículo 227 ter por el artículo 10 de la Ley 23077, la pena privativa de libertad máxima pasó de veinticinco a treinta y siete años y seis meses.


14. En todo caso hubiera podido pedir cincuenta años, ya que el mismo razonamiento podría mantenerse aludiendo al artículo 235 del CP, en su párrafo tercero, en función, por ejemplo, del artículo 226 segundo párrafo del mismo cuerpo legal.


15. La razón enunciada fue que la libertad condicional, según el artículo 13 del CP, en el caso de condena a pena privativa de libertad perpetua se podría lograr al cumplir veinte años de pena, y la de treinta y siete años y seis meses requeriría veinticinco años a los mismos efectos, y la de cincuenta años exigiría treinta y tres, por lo que en la economía del CP la pena máxima sería más grave que la perpetua, lo que obviamente resulta un absurdo.


16. Absurdo al que puso fin el legislador mediante la redacción actual del código de fondo, ya que mediante la Ley 25892 se modificó el artículo 13 requiriendo un mínimo de treinta y cinco años de encierro para lograr la libertad condicional en casos de condena a prisión o reclusión perpetua; y por la Ley 25928 se modificó el artículo 55, estableciendo el límite máximo de reclusión o prisión imponible en cincuenta años, como expresé más arriba.


17. Dejando de lado la interpretación doctrinaria de cuál era el máximo de pena aplicable al tiempo de los hechos, el requerimiento sigue siendo desproporcionada, exorbitante e inexplicable si nos atenemos a las atenuantes y agravantes meritadas.


18. Por más entidad que se le asigne a las circunstancias agravantes, condenarlo no ya a treinta y siete años de prisión sino a veinte sería injusto, ateniéndose a las penas que la justicia en general aplica por hechos similares, no sólo en esta Provincia sino en el país.- Los "fallos ejemplares", como se pidió que sea éste por varias vías, comúnmente se refieren en la intención de quien los pide a un elevado monto de pena.


19. Entiendo que se equivocan, porque un fallo puede o no ser "ejemplar" por sus fundamentos, por la claridad y justicia que trasunta, pero con respecto a la pena la "ejemplaridad" debe tener siempre relación con esta última, la sanción será entonces ejemplar cuando sea justa.


20. De la atenta lectura del legajo y de la observación del comportamiento del imputado durante todo el lapso que duró este proceso hasta el cierre del debate, ninguna circunstancia se ha presentado como para hacer variar el criterio de la señora Jueza de Garantías para otorgarle la libertad vigilada, sin perjuicio que dentro de las obligaciones estatuidas oportunamente se incorpore otra.


21. El imputado ha dado muestras de acatar lo ordenado a en el Incidente de Solicitud de Prisión Preventiva, y cuando se le amplió el horario durante el cual se puede presentar en la Fundación, siempre acompañado de un mayor responsable.


22. Ello se debe a que el imputado posee arraigo, se hizo presente en sede tribunalicia en cuanta ocasión le fuere requerida, una vez que conoció sobre su orden de detención se presentó con su letrado en la Fiscalía a la mañana siguiente, si bien esa noche eludió públicamente a la comisión policial que lo buscaba para aprehenderlo.


23. No cambió de actividad laboral ni de residencia, si bien atiende sus obligaciones desde el establecimiento "La Blanquita" ubicado frente al predio de la Fundación, su estancia en la misma no pasó del hábitat laboral.


24. A esto debemos agregar que desde la publicidad mediática de sus actos, su ausencia sería difícil de disimular y que las absoluciones dispuestas disminuirán considerablemente el monto de pena a aplicar comparándolo con el que pretendía la Fiscalía y que motivó el pedido.


25. Este Tribunal, coherente en su forma de resolver cuestiones como la presente, sostuvo reiteradamente con anterioridad el mismo criterio: "...siendo que la potestad del artículo 371 del rito ha otorgado al Tribunal en cuanto a decidir sobre la situación ambulatoria de una persona tras el dictado de una sentencia condenatoria, encuentra como requisito no sólo que la pena impuesta sea de efectivo cumplimiento, sino evaluar también el aumento o no de peligro cierto de frustración del proceso”.


26. No obstante, a las obligaciones que le fueran impuestas propongo se agregue la de prohibirle la salida del país, para cuyo cumplimiento deberá oficiarse a la Dirección Nacional de Migraciones.


27. No dudamos que en un juicio puede admitirse que un letrado defienda con vehemencia los intereses que le fueron confiados, que puede incluso mostrar ironía en sus intervenciones, pero nunca perdiendo de vista que lo que está en juego es ni más ni menos que el serio deber del Estado de administrar Justicia sobre un conflicto que le es presentado para resolver, y que por más altos que sean los intereses que le hayan sido confiados eso no lo autoriza a la falta de respeto hacia ninguno de los que de una manera u otra intervengan en el proceso, pretendiendo convertir el ejercicio digno de un derecho en una pelea callejera.


28. No obstante, la tergiversación reiterada -por ello imposible de confundir con errores de interpretación, y pese a las recomendaciones del Tribunal en contrario- ante las cámaras de televisión y los medios gráficos de comunicación de lo que sucedía dentro del recinto; las sanciones a que alude el artículo 349 del ritual tienden a reprimir las faltas a las obligaciones de los asistentes que establece el artículo anterior, durante la realización del debate y para asegurar su continuidad, por lo que no resultan aplicables después de finalizado, como en este caso.


29. Entendemos entonces que deberán ser sus pares quienes sancionen, si así lo consideran pertinente, el malhadado ejercicio de la profesión de que ha hecho gala el letrado, por lo que se remitirá copia de las grabaciones sonoras de lo sucedido en la audiencia y de la presente al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados.


Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 Morón, 10/06/2009, “Grassi, Julio César”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

por Solo Derecho » Sab Jun 24, 2017 9:05 pm

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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mié Jun 24, 2009 8:50 pm

Un Tribunal mendocino "despenalizó" la tenencia de marihuana para consumo personal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Mendoza declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, que castiga la tenencia de droga para consumo personal, y absolvió a un imputado.

La sentencia recayó en un juicio abreviado, por una supuesta operación de compraventa de marihuana. Al presunto comprador, se le secuestraron 0,54 gramos de aquella sustancia y fue imputado por el delito de tenencia de estupefaciente para uso privado.

El fallo señaló que "si la ley 23.737 pretendió afectar el tráfico de estupefacientes (finalidad) mediante la incriminación del consumo personal (medio), y en concreto sólo ha propiciado el aumento del mismo… por lo tanto, no resulta razonable a la finalidad procurada, la incriminación y sanción punitiva al consumo personal", informó el Centro de Información Judicial.

Fuente: Será Justicia Digital.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Jue Jul 02, 2009 6:25 pm

JURISPRUDENCIA

MINISTERIO PUBLICO FISCAL. Funciones. PERSECUCIÓN PENAL. Principio acusatorio. Exclusividad del Ministerio Público Fiscal en la titularidad de la acción penal pública NULIDAD. Improcedencia. Proceder jurisdiccional notificando en todo momento al Fiscal. ALLANAMIENTO. Requisitos. Fundamento. Finalidad. NARCOTRÁFICO. Política criminal. Venta al menudeo o tráfico hormiga


El caso: La defensa interpone recurso de apelación en contra del auto que resolvió rechazar los planteos de nulidad articulados, dirigidos a cuestionar la validez del inicio de los actuados por ausencia de impulso Fiscal, como así también del decreto que ordenó la realización de los allanamientos tanto en la vivienda particular como en el local comercial de su pupilo, por falta de fundamentación. El Tribunal resolvió confirmar el pronunciamiento apelado.


1. Acusador, defensor y Juez conforman una relación triádica en la cual los dos primeros se hallaban confrontados procesalmente en una situación de paridad, mientras que el tercero, encargado de juzgar, es quien debe preservar desde una postura imparcial aquel equilibrio entre partes.


2. El principio ne procedat iudex ex officio, enarbolado por el recurrente en su intento nulificante, se erige como el reflejo de aquella relación funcional entre los protagonistas, y determina el impedimento del órgano judicial de actuar de manera oficiosa cuando el Ministerio Público Fiscal, exclusivo titular de la acción penal pública, no hubiese instado o promovido la maquinaria jursidiccional.


3. En el marco del debido proceso legal instaurado en nuestra CN la actividad del Tribunal juzgador deberá estar precedida en la totalidad de los casos por el impulso de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal, viéndose diferenciadas de esta manera las funciones de decisión y acusación.


4. En este contexto, se observa que en autos intranquiliza a la defensa la presunta ausencia del Ministerio Público Fiscal en el vértice acusador de aquel esquema triangular (art. 120 CN), subyaciendo en su planteo sospechas o temor de parcialidad en el juzgador. Sin embargo, tomando como punto de partida las apreciaciones volcadas precedentemente, debe concluirse que el agravio del recurrente fundado en la creencia de que el Magistrado de grado habría avanzado en el proceso de manera oficiosa y a espaldas del acusador público, no encuentra sostén objetivo ni se compadece con la realidad histórica del legajo.


5. El proceder jurisdiccional desencadenado a partir del arribo de la información que involucraba concretamente al imputado, estuvo en todo momento acompañado en cada tramo de su extensión por el representante de la vindicta pública. En efecto, las diligencias ordenadas por el a quo en dirección a detectar la presunta actividad ilícita desarrollada por el imputado dentro del barrio de emergencia referido e incluso la decisión de formar un expediente autónomo con lo actuado a su respecto, todo ello fue notificado por nota al Sr. Fiscal, quien ejerce la representación del Ministerio Público Fiscal en la presente causa.


6. El Magistrado de grado avanzó en la pesquisa acompañado por el interés persecutorio del representante del Ministerio Público Fiscal, quien en todo momento tuvo noticia de los pormenores del proceso y contó con la posibilidad de volcar su opinión o sentar su posición con respecto a cada una de las medidas probatorias dispuestas por el director de la encuesta.


7. La normativa procesal, al exigir que el auto por el que se ordena el allanamiento de una morada sea fundado, lo que pretende es que tal manda sea producto de un acto reflexivo del juez y no de un simple hecho automatizado, bastando para que los jueces hagan mérito de elementos objetivos que permitieran sospechar que, en el lugar cuyo registro se ordena, puedan encontrarse cosas pertinentes al delito o que allí pueda efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad.


8. Desde la óptica propuesta, se aprecia que la diligencia cuestionada ha sido ordenada por el instructor respetando aquellos parámetros exigidos como condición de validez. En efecto, se dispuso registrar los domicilios investigados luego de haber recabado distintos indicios que señalaban la posibilidad cierta de hallar en su interior elementos de interés para la causa, vinculados con las actividades ilícitas por las cuales se encontraba sospechado el imputado. Los datos objetivos que sustentaron la presunción desencadenante de los allanamientos fueron detallados puntualmente por el Juez y se encontraron constituidos sustancialmente por los resultados de las tareas de investigación desarrolladas por la División Operaciones Metropolitanas de la Superintendencia de Drogas Peligrosas.


9. El Estado se orienta a desarrollar políticas criminales y propuestas de cursos de acción de tal manera que la persecución penal de consumidores y eslabones menores de la cadena de comercialización no encubra fenómenos de mayor magnitud. Sin embargo el sistema judicial está saturado de pequeños casos; carece de recursos tecnológicos que permitan cruzar datos en forma inteligente, observándose en la etapa de investigación preliminar los principales problemas.


10. Lo señalado no implica desconocer, como ha quedado expuesto a lo largo de la presente resolución y en numerosas causas, la pertinencia de perseguir conductas que, como en el caso, se llevan adelante en lo que comúnmente se conoce como venta al menudeo o tráfico hormiga.


11. Sin embargo, las estadísticas de este Fuero Federal no pueden estar cubiertas sólo por este tipo de acciones, dado que, de manera indirecta pero en definitiva, la dispersión de esfuerzos provenientes del Estado es aprovechada por el narcotraficante. Por último, con fundamento en la reseña efectuada, en aras a optimizar los recursos jurisdiccionales, y a todo evento, de resguardar el derecho de defensa de las partes involucradas, habrá de recomendarse al juez de grado que en lo sucesivo se sujete a las disposiciones de los artículos 348, 349 y concordantes del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (arts. 234 y 235 de la actual redacción).


Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal - Sala I, 10/06/2009. Trib. de origen: Juzgado Nº 12, “Espinoza Ocampo, Simeón s/rechazo de nulidad”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mar Jul 07, 2009 10:17 am

Probation para todos
La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó dictar una nueva resolución en la que se acepte la suspensión del juicio a prueba que había sido denegada por un Tribunal Oral en lo Criminal. Citando a la Corte Suprema, la máxima autoridad penal del país señaló que el principio pro homine “impone privilegiar la interpretación legal que más derecho acuerde al ser humano frente al poder estatal”.

Los jueces Augusto Diez Ojeda, Gustavo Hornos y Mariano González Palazzo, integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, en autos caratulados “Ribeiro, Guillermo Manuel s/recurso de casación”, revocaron la decisión de un Tribunal Oral en lo Criminal por negarle la suspensión del juicio a prueba al actor y ordenaron que un nuevo tribunal revise el expediente y vuelve a pronunciarse.

Los magistrados entendieron que fue “arbitrario el razonamiento esgrimido por el a quo, a partir del cual consideró que la falta de certeza de que en el caso concreto recaería una pena de ejecución condicional, debía ser resuelta, sin más, del modo más riguroso posible, a saber, optando por la realización del juicio oral y público”.

El Tribunal Oral Criminal (TOC) 9 había sostenido que si se mantenía la imputación fiscal la pena podía ser de un mes a seis años de prisión y por lo tanto no se podía acceder a una probation.

Los camaristas sostuvieron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Acosta” sostuvo que “el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derecho acuerde al ser humano frente al poder estatal”.

En esa línea, los jueces entendieron que la resolución del TOC “adolece de la debida fundamentación, toda vez que el sentenciante no ha brindado motivos de entidad suficiente como para considerar fundadamente que, en el hipotético caso de recaer sentencia condenatoria, no resultase probable que la pena a imponer fuese de ejecución condicional”.

El tribunal explicó que la suspensión del juicio a prueba es “una solución alternativa al ejercicio de la pretensión punitiva estatal” por lo que debe ser “una respuesta (no punitiva) prevista por el sistema legal, para aquellos supuestos donde resulte aconsejable -según la política criminal delineada por el legislador- resignar el interés de la vindicta pública, en aras de conseguir la reinserción social del imputado sin necesidad de afectar sus derechos personales mediante la imposición de una pena”.

“Así pues, si el instituto bajo estudio consiste en la posibilidad de que el encartado alcance los fines de resocialización, sin atravesar el riguroso camino de la condena (y subsiguiente pena), su procedencia debe ser analizada, precisamente, bajo las directivas interpretativas asentadas por el Alto Tribunal”, completaron.

Casación también criticó al TOC porque el fiscal porque el propio fiscal se había pronunciado a favor de la suspensión del juicio a prueba porque “en el caso de dictarse una condena, la misma sería de ejecución condicional”.

“Así pues, si el representante del Ministerio Público Fiscal prestó su consentimiento para la concesión de la suspensión del juicio a prueba, en la inteligencia de que, en el caso concreto, el interés punitivo del Estado -que esa parte representa, y no el juez- se satisfacería con la imposición de una pena de ejecución condicional, no se advierte motivo alguno para que el tribunal de juicio alegue, como razón obstativa para la viabilidad de la probation, su falta de certeza respecto del carácter y monto de pena que le correspondería al encartado”, concluyeron los camaristas.

Fuente: Diario Judicial.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Lun Jul 27, 2009 10:21 am

Internado por su seguridad
La Cámara del Crimen porteña rechazó el pedido de externación de un menor de edad de un instituto de menores, a raíz de “la carencia de lazos afectivos y de contención familiar por la que atraviesa, y por el contexto desfavorable para su salud en el caso de volver a la situación de calle que padecía con anterioridad a su internación”. Los jueces explicaron que se trataba de una medida de protección del menor de edad.

Los camaristas Jorge Luis Rimondi y Gustavo Bruzzone, de la Sala I, rechazaron el recurso interpuesto por la defensa oficial y rechazaron que el menor, actualmente internado en el instituto San Martín, recupere la libertad.

“Las opciones existentes para el joven cuya situación nos toca tratar son solo dos: el mantenimiento de la internación en el Instituto San Martín, arbitrando todos los medios al alcance de los órganos judiciales para lograr que la autoridad administrativa local logre su alojamiento en un hogar convivencial acorde con su problemática o que vuelva a la situación de calle en la que vivía con anterioridad a su internación, previo un breve paso por el parador Perla Negra”, explicaron los jueces, quienes optaron por la primera de ellas.

En la resolución, los camaristas recordaron que la ley 26.061 “autoriza a adoptar las medidas de protección integral de los derechos o garantías de los menores ante su amenaza o violación, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias, tal como ocurrió en el caso del joven”.

Además, tuvieron en cuenta informes producidos sobre la situación del menor, que dan cuenta que “se encuentra desamparado desde hace varios años por carecer de un núcleo familiar; que dos de sus hermanos se encuentran también residiendo en la vía pública como lo hizo él hasta su internación, y que el grupo de pares que frecuentó en la calle no resulta propicio para su crecimiento personal”. “En ese entorno, consideramos que su situación se vería agravada por el continuo consumo de sustancias tóxicas a las que hizo referencia, sumado a la circunstancia de su ingreso en tres oportunidades anteriores, a diferentes instituciones de las cuales por propia voluntad se retiraba hasta que nuevamente era aprehendido por un nuevo conflicto con la ley penal, y que el propio joven expresó en su momento su deseo de permanecer internado en el instituto”, añadieron.

Se “torna aconsejable mantener la medida tutelar dispuesta por el juez hasta tanto se pueda iniciar el tratamiento adecuado de acuerdo a la problemática que presenta el nombrado, siempre atendiendo al interés superior del niño, el que deberá estar a cargo de la autoridad administrativa local”, indicaron.

Si bien reconocieron que “la finalidad del ordenamiento positivo actualmente vigente es evitar la judicialización de los niños que carecen de capacidad de culpabilidad”, los jueces son “garantes de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, entre los que se encuentra la protección de los intereses de los niños”.

“En este sentido, no hablamos ya de una protección general, como la que le corresponde al órgano legislativo, sino de una protección concreta de los intereses de un niño (o joven) determinado, con nombre y apellido, en este caso: H. I. O”, abundaron.

Por último, afirmaron que “tampoco escapa al criterio de esta Sala que el conflicto suscitado en este asunto encuentra su génesis en el déficit de las políticas públicas adoptadas por la autoridad administrativa local en la materia, órgano político que tiene legalmente a su cargo el tratamiento de los niños en esta situación”.

Fuente: Diario Judicial.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mar Ago 11, 2009 11:59 pm

COMPETENCIA TERRITORIAL. Declinación total de la competencia federal a los juzgados provinciales. ROBO Y ENCUBRIMIENTO. Autonomía de los delitos. Investigación. Posible afectación al principio de ne bis idem. Solución


El caso: Ante el recurso incoado por el conflicto de competencia suscitado entre la justicia federal y provincial en la investigación de hechos calificados de robo y encubrimiento; el Tribunal resolvió confirmar la resolución debiendo la Sra. Juez de grado declinar la competencia en forma total a favor de las distintas jurisdicciones provinciales que intervienen en los hechos de robo denunciados.

1. Los delitos de robo y encubrimiento son tipos penales autónomos y no subsidiarios, considerando que son dos hechos escindibles - el robo y el posterior encubrimiento-, hacien referencia a dos momentos bien diferenciados en el acontecer causal.

2. Por lo tanto, si bien es correcto que la decisión que se adopte en la presente podría viciar la correcta solución del asunto, afectando potencialmente eventuales decisiones de la justicia provincial, puesto que de resolverse por calificaciones legales se afectaría el principio ne bis in idem, de ningún modo corresponde dictar un auto de falta de mérito y ordenar la reserva de las actuaciones supeditado a lo que pueda resolverse en otra jurisdicción, puesto que de ese modo podría dejarse la situación procesal del imputado librada a un estado de incertidumbre extendido en el tiempo; es así, que corresponde darle otro giro a la cuestión a fin de salvaguardar la garantía enunciada.

3. Lo que corresponde es que la Juez de grado decline la competencia total - y no parcial como lo hizo- a los juzgados provinciales que investigan los sucesos vinculados con los robos de la mercadería incautada en la presente causa, conllevando ello a homolgar el auto de falta de mérito a efectos que en las respectivas jurisdicciones se evalúe el hecho en su conjunto.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal - Sala I, 09/03/2009, “Interloc. 40/142”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mié Ago 12, 2009 12:07 am

PRISIÓN PREVENTIVA. Requisitos para su procedencia. Interpretación del Art. 281 del CPP. Posiciones doctrinarias. Jurisprudencia del TSJ. Precedente “Nieto”. Jurisprudencia de la Cámara de Acusación. Disidencia. Fundamento. SEGURIDAD JURÍDICA. Gradación jerárquica del ejercicio jurisdiccional. Función nomofiláctica del TSJ. PRUEBA TESTIMONIAL. Valoración. Situaciones emocionales traumáticas. Correlación entre los relatos


El caso: La defensa interpone recurso de apelación en cuanto de la resolución que dispuso no hacer lugar a la oposición a la prisión preventiva del encartado. Se agravia, en lo que aquí interesa, por el mantenimiento de la medida de coerción en contra de su defendido pese a no configurarse la peligrosidad procesal requerida para su procedencia. El Tribunal resolvió, por mayoría, revocar el auto apelado, debiendo disponerse la libertad del imputado bajo ciertas condiciones.


1. Los relatos no resultan en lo absoluto contradictorios, sino que, por el contrario, se muestran complementarios. Sabido es que en situaciones de tanta emergencia física y emocional como las que se corresponden con hechos delictivos, quienes finalmente resultan víctimas o simples testigos de éste no siempre tienen la misma y exacta visión de su ocurrencia (ya sea por características propias de cada uno de los sujetos mencionados, forma de reaccionar ante el accionar delictivo, e incluso por el lugar en el circunstancialmente se encuentren), por lo que será la mayor o menor correlación que exista entre los relatos lo que llevará, en última instancia, a su correcta y adecuada valoración. (Primer voto, en minoría, del Dr. Salazar)


2. En atención al fallo “Nieto” del TSJ, Sala Penal, S. nº 310 del 11/11/08), he expresado en otros precedentes que corresponde que este juez varíe su criterio jurisprudencial. Y ello no tanto por razones de economía procesal, como en aquellos indiqué, sino fundamentalmente a una cuestión que hace a la gradación jerárquica del ejercicio jurisdiccional, que tiene por fin evitar una anarquía de criterios y la inseguridad jurídica que de ello derivaría. (Primer voto, en minoría, del Dr. Salazar)


3. En orden a la expresión “medidas de coerción”, corresponde que nos refiramos, no solamente a la cuestión de la libertad durante el proceso penal, ya que pareciera ser que se pretende a esta materia, entonces, dividirla para su abordaje en dos partes aparentemente diferentes: por un lado, las referidas a las confirmaciones de las prisiones preventivas que pudieran resolverse, y por el otro –como si fuese algo absolutamente distinto y a ser resuelto a través de otros parámetros también diferentes–, las concernientes a las libertades que pudieran otorgarse desde este tribunal de instrucción. (Primer voto, en minoría, del Dr. Salazar)


4. Recurrir a criterios prácticos relacionados con la posibilidad casatoria que tienen cada una de estas variantes –a los fines, incluso, de la diferenciación que se realiza– constituye una fundamentación falaz que de forma alguna permite el sostenimiento de las posturas que de allí se derivan. (Primer voto, en minoría, del Dr. Salazar)


5. Con el carácter de obiter dicta, el máximo tribunal de la provincia habría desarrollado la crítica al criterio de esta cámara, señalando “...el vigor asignado por el Tribunal de Apelación a la presunción que emana del pronóstico de pena efectiva se aparta de la interpretación que pacífica y reiteradamente ha efectuado esta Sala acerca de dicho requisito...”. y más allá de que en el caso concreto confirmó la prisión preventiva que este tribunal, a su vez, había previamente confirmado, expresó con absoluta claridad, a mi juicio, cuál es el criterio a través del cual, fundadamente, entiende que deben analizarse las cuestiones que hacen a las medidas de coerción, cualquiera fuese su resultado: confirmando las prisiones preventivas, o revocándolas. La posibilidad o, mejor dicho, la distinta probabilidad de que estas posibles alternativas resulten luego casables, no le agrega ni le quita absolutamente nada a lo que aquí se viene discutiendo. (Primer voto, en minoría, del Dr. Salazar)


6. El hecho de que la concesión de libertades por parte de esta cámara no sea, en principio, revisable por el TSJ, no autoriza, de forma alguna, al no acatamiento de los lineamientos que la máxima autoridad judicial de la provincia exprese sobre ellos. Y si esos son los criterios sobre los cuales se va a disponer la libertad de una persona durante el proceso penal, no entiendo de qué forma pueden estos variar si es que lo que se va a resolver es la confirmación de la medida de coerción personal, la que sí es revisable vía casación. (Primer voto, en minoría, del Dr. Salazar)


7. Analizaré el tópico de acuerdo a la interpretación ratificada por el máximo tribunal provincial, que parte de la base de que en el primer inciso del artículo 281 del CPP el legislador estableció una presunción iuris tantum de peligrosidad procesal fundada en un pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo; de esta manera, “el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite” (TSJ, “Nieto). (Primer voto, en minoría, del Dr. Salazar)


8. Se trata de una presunción que, por ser iuris tantum, admite prueba en contrario, en la medida en que concurran circunstancias específicas que enerven la sospecha en el caso concreto, como ocurre –señala el T.S.J.– cuando se presentan condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito, que por sí resulten suficientes para desactivar la presunción legal. (Primer voto, en minoría, del Dr. Salazar)


9. En el caso, al imputado se le atribuye la participación, como coautor, de un hecho de robo calificado por el empleo de arma, en los términos de los arts. 45 y 166 inc. 2º, primer supuesto, del CP, y la escala penal conminada en abstracto para este delito parte de un mínimo de pena de 5 años de prisión, lo que torna improcedente la condena de ejecución condicional (art. 26 del CP). (Primer voto, en minoría, del Dr. Salazar)


10. Existiendo un pronóstico punitivo de condena efectiva, presunción iuris tantum de peligrosidad procesal, sólo resta analizar si ella se ve enervada en el caso concreto por alguna circunstancia específica, esto es, si el encartado presenta condiciones distintas del común denominador de los imputados por un delito, que no sean situaciones regulares (normales) en la generalidad de las personas sometidas a proceso, no advirtiendo el suscripto ninguna circunstancia particular que pueda excluirlo de tal presunción. (Primer voto, en minoría, del Dr. Salazar)


11. Para este tribunal, a partir de su nueva integración –por unanimidad hasta que el TSJ dictara su fallo “Nieto” (s. nº 310 del 11/11/08) y por mayoría a partir de entonces–, es la existencia de peligro procesal concreto, a inferir especialmente del inc. 2º y del último párrafo del art. 281 del CPP –y no el mero peligro procesal abstracto que puede surgir en función del inc. 1º del mismo precepto– lo único que puede justificar el dictado de una medida estrictamente excepcional como lo es la prisión preventiva. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


12. El indicio de peligro procesal abstracto constituido por el monto de la pena determinado por el legislador, o por la posibilidad prima facie de que ella sea o no de ejecución condicional, juega por cierto un papel importante en la determinación de la existencia de peligro procesal, el cual, con todo, ha de ser concretado, siempre, a partir de indicios específicos que surjan de cada caso. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


13. Así como una sanción penal extremadamente alta puede prácticamente por sí sola fundar la existencia de peligro procesal (siempre que por lo menos un indicio concreto adicional contribuya a esta prognosis), así también ha sostenido que, para el caso inverso, esto es, cuando el monto de la pena es muy bajo, “es posible que ese solo indicio baste para poder inferir ausencia de peligro” procesal. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


14. En el caso, la pena por el delito que es atribuye al imputado es relativamente alta (5 a 15 años de prisión, art. 166, inc. 2, primer sup., del CP). Ello significa que, al no tratarse de una pena alta en extremo, no nos encontramos ante un indicio en abstracto fuerte frente al cual baste sólo un indicio en concreto leve; estamos, pues, ante un indicio en abstracto de mediana intensidad. En consecuencia, débense sopesar los indicios y contra-indicios concretos a fin de juzgar si ellos permiten o no inferir la existencia de peligro procesal. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


15. Pues bien, analizados los indicios mencionados por el fiscal de instrucción y por el juez de control, estimo que son insuficientes para contrarrestar los contra-indicios de los que cabe inferir que el imputado, en libertad, no pondrá en peligro los fines del proceso. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


16. Es cierto que el imputado actuó a cara descubierta y a plena luz del día contra una persona a la que conocía y de la cual es vecino, y que ello es demostrativo de un desprecio por la víctima y de un sentimiento de impunidad, tal como afirma el juez de control en la resolución recurrida. Ahora bien, este es el único indicio en concreto que queda desvirtuado por los contra-indicios que mencionaré seguidamente. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


17. No quedan medidas probatorias que practicar, pues ya han declarado la víctima y la única testigo presencial, y la hermana de la víctima a quienes las anteriores acudieron a contar el hecho; se han realizado además los allanamientos de rigor y se han tomado todas las medidas de investigación respecto del automóvil en que el imputado ascendió luego del ilegítimo apoderamiento, obteniéndose pruebas que motivaron la libertad del conductor del vehículo por ser insuficiente la base probatoria para acreditar su participación en el hecho. Estimo que no es siquiera necesario realizar un reconocimiento en rueda de personas, pues la víctima ya individualizó al autor del hecho en el mismo momento de su acaecimiento, transmitiéndolo a su amiga y a su hermana. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


18. Como otro contra-indicio concreto de peligro procesal debe tenerse en cuenta que el imputado no tiene condenas anteriores, tiene domicilio fijo en el que vive con su madre y sus tres hermanos, lo que permite inferir que cuenta con una debida contención familiar. Y si bien los distintos oficios por él manifestados en diferentes oportunidades evidencia la falta de un trabajo estable, no puede desoírse la alegación defensiva acerca de que tales circunstancias permiten inferir que, a pesar de la crisis económica por todos conocida, se dedica a distintos trabajos (“changas”) que demuestran que no se encuentra inserto en el delito como modo de vida. Todo ello permite inferir que el imputado preferirá no arriesgar tales ventajas sociales con una fuga. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


19. Por otra parte no existe en la presente causa un cómplice prófugo que pueda entorpecer la investigación; en efecto, no sólo sucede que quien habría colaborado con la fuga del lugar del hecho como cómplice secundario fue dejado en libertad por insuficiencia probatoria acerca de su participación punible (de su conocimiento e intención de colaborar con la fuga al trasladarlo en su vehículo), sino que además se trata de un ilícito común y de sencilla investigación en la que la libertad de un coimputado por regla no sería inconveniente para la investigación o para el juicio. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


20. Los insultos que el imputado profirió al ser aprehendido –circunstancia mencionada por el fiscal de instrucción– no puede tomarse como indicio de peligro procesal, pues no es sino la reacción natural o espontánea de cualquier persona aprehendida en flagrancia o cuasiflagrancia tras la comisión de un delito: intentar zafarse de los aprehensores y proferir algún insulto. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


21. Si la ya mencionada relación de vecindad no es suficiente para inferir el peligro de entorpecimiento de la investigación de manera tal que torne necesaria la medida de coerción más extrema, sí lo es para imponer determinadas condiciones de cumplimiento necesario para el imputado. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


22. Para inhibir ese remanente de riesgo, su libertad deberá concederse bajo caución personal por la suma de $10.000 (arts. 288 y 268 del CPP) más las demás obligaciones y condiciones que el señor fiscal de instrucción estime pertinentes, entre las que deberá establecer una prohibición a que se acerque a un radio menor a los cien metros del lugar de residencia o de educación de la víctima, y a que mantenga cualquier clase de contacto con ésta y sus familiares, y con la testigo, siempre bajo los correspondientes apercibimientos de ley. (Del voto en mayoría de los Dres. Gilardoni y Perez Barberá)


Cám. de Acusación Cba., A. Nº 238 del 09/04/2009. Trib. de origen: Juz. Nº 6 Control, “Jara, Jonathan Javier y otro p.ss.aa. Robo calificado”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Jue Ago 13, 2009 12:44 pm

JURISPRUDENCIA

ACTAS. Acta de procedimiento secuestro y detención. Instrumento público. Valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional. CORTES DE RUTA. Manifestación de un grupo de personas. PARTICIPACIÓN CRIMINAL. Accesoriedad. Coautoría. Coautoría paralela o concomitante. INCENDIO e INTERRUPCIÓN DEL TRANSPORTE. Diferencia con los supuestos excepcionales del homicidio o lesiones en riña. Tipo subjetivo. Afectación del bien jurídico protegido. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD. Ausencia de individualización de los responsables. AUTO DE FALTA DE MERITO. Regulación. Alcance. Efectos


El caso: El Sr. Fiscal deduce recurso de apelación en contra del auto que resolvió declarar la falta de mérito respecto de los encartados con relación a los delitos previstos y reprimidos por los arts. 186, primer párrafo –Incendio-, y 194 – Interrupción del transporte- del C.P, sin perjuicio de proseguir con la investigación llevada a cabo (art. 309 del Código de forma). Se agravia por cuanto sostiene que la prueba acumulada resulta suficiente para acreditar la existencia de los hechos que les fueran imputados a los encartados, así como su participación. El Tribunal resolvió, por mayoría, confirmar el auto apelado.

1. Si bien el acta guarda las formalidades de ley y en principio vale como instrumento público, resulta oportuno decir que la mayor adquisición y precisión de elementos que contenga, nos permite acercarnos a la materialidad de los hechos que verifica, aún cuando siempre quede a salvo la libre convicción del juzgador respecto de ella, valorando la totalidad de los elementos de prueba que se rindan e incorporen a la causa. Su adecuada aquilatación depende de todo ello en conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

2. En ese rumbo, cabe advertir que partiendo de los acontecimientos narrados en ese instrumento, los elementos de prueba incorporados con posterioridad, hacen que la sospecha inicial que llevó al juez a indagar a los imputados no haya sido confirmada en grado probable. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

3. Corresponde señalar que los encartados fueron indagados y se les imputó haber causado un incendio de considerables dimensiones, con peligro común para los bienes, afectando la visibilidad de la circulación. Asimismo haber interrumpido en forma total la circulación al paso de camiones y vehículos particulares. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

4. Con relación al hecho del incendio ninguno de los testimonios recabados puede identificar ni señalar persona alguna que lo haya iniciado, ni siquiera de modo indiciario. Sabido es que uno de los pilares básico de nuestro sistema penal es el principio de culpabilidad, del que deriva que los sujetos sólo responden por el hecho propio, lo que ha llevado a la CSJN a afirmar repetidamente que sólo puede ser penado aquél a quien el hecho le pueda ser atribuido tanto objetiva como subjetivamente. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

5. Para constituir el incendio a que alude el art. 186 del C.P., media otra razón que determina la confirmación del auto de falta de mérito por esa imputación. Es que, dado que no consta en autos qué personas fueron las que lo encendieron, tampoco es factible asignar responsabilidad por su producción -en forma genérica, por el solo hecho de haber formado parte del grupo manifestante- a todos los intervinientes en la protesta, ni siquiera a todos los que por no haber logrado alejarse a tiempo de la ruta, fueron finalmente aprehendidos por el personal de la Prefectura cuando se produjo la dispersión, ya que -se reitera- no aparecen identificados como provocadores del fuego. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

6. Aún en caso de coautoría, en nuestro ordenamiento se exige siempre la individualización del realizador del obrar punible, y que incluso en el excepcional supuesto del homicidio o lesiones en riña (art. 95 C.P.) cuando se desconoce quién es el concreto causante del resultado, sólo puede asignarse responsabilidad a los que -participando de la riña- ejercieron violencia sobre el damnificado. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

7. Por eso no es posible soslayar que la existencia del dolo (vigente para autores, coautores o partícipes) debe darse respecto a una conducta determinada cuya realización por el justiciable se haya acreditado (aunque sea en grado probable) ya que autores y coautores son -por definición legal- quienes toman parte en la realización del hecho, mientras que para que responda el partícipe debe demostrarse que incurrió en alguna conducta que constituya un concreto aporte objetivo al obrar punible, al que debe agregarse el subjetivo, equivalente conocimiento de colaborar con la comisión del delito. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

8. En cuanto a los cortes, corresponde advertir que las personas que resultaron imputadas lo fueron por el hecho de atribuírseles la interrupción en forma total de la circulación de camiones y vehículos particulares, con afectación del normal funcionamiento del transporte terrestre, tampoco surgen elementos concretos suficientes que resulten para procesar a los encartados; por señalarlos como directamente responsables por los hechos de autos. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

9. Los testimonios merituados y analizados en conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica o crítica racional -teniendo especial atención en el rol que le cupo a cada uno en los acontecimientos-, arrojan visiones parciales según los roles cumplidos. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

10. Aunque pudiera considerarse acreditado el corte de ruta que se investiga, éste habría ocurrido por quince o veinte minutos y en su caso en sólo uno de los carriles de la autopista. Ello pone en duda la aptitud del mismo para afectar en el grado requerido la regularidad y eficiencia de la circulación, interfiriendo el libre desarrollo de la comunicación. Cabe tener en cuenta que si existía un carril abierto, o en su caso si la autoridad prevencional estaba capacitada como lo demostró al disolver la manifestación sobre la ruta, o desviar el tránsito hacia donde se pudiera pasar, constituyen aspectos que deben ser tenidos en cuenta. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

11. Concatenado con la falta de probanzas demostrativas de la probabilidad de comisión de los hechos, debe advertirse que existe duda acerca de que las conductas imputadas hayan existido del modo como se la asentó en el acta y, en su caso, sobre si fueron eficaces para producir un trastorno o impedimento efectivo. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

12. El auto de falta de mérito es una medida intermedia de carácter meramente provisorio, que no causa estado y puede ser reformada de oficio durante la instrucción. No pone fin a la tarea instructoria, ni a la causa, y permite incluso el dictado posterior de auto de procesamiento. Implica la posibilidad real de ahondar el cauce de la investigación en aras de obtener precisión con respecto a la intervención del sujeto sometido a proceso en la comisión del hecho ilícito que se le atribuye. Dicho en otras palabras, supone la necesidad y la viabilidad de continuar con la averiguación de los acontecimientos. (Del voto en mayoría de Dres. Arribillaga y Carrillo)

13. El "Acta de procedimiento secuestro y detención" no ha sido impugnada, de modo que se impone asignarle validez. La infracción dirigida a los imputados encuadrable en el artículo 194 del CP, aparece consumada, o en el mejor de los casos para ellos, podría haber quedado en grado de tentativa en los términos del artículo 42 del mismo digesto sustancial. Partiendo para ello de apreciar la variante peculiar del caso en cuanto a la forma de autoría que habría mediado en los hechos, siguiendo a la doctrina conforme a la cual "Coautor será quien, en posesión de las cualidades personales del autor, es portador de la decisión común respecto del hecho y en virtud de ello toma parte en la ejecución del delito". (Del voto en disidencia del Dr. Barbará)

14. Aunque también podría hablarse de una coautoría paralela o concomitante, que se da "... cuando varios individuos, en función de una decisión común, realizan -cada uno de ellos - la totalidad de la conducta típica". (Del voto en disidencia del Dr. Barbará)

15. En lo que hace a la imputación del artículo 186 inciso 1º, siempre del CP, los mismos elementos probatorios que he referido precedentemente, tanto como los demás señalados por el Fiscal en su escrito de apelación, me llevan a disentir con la valoración que al respecto efectuara el a quo. Porque resulta innegable que el fuego existió y que hay elementos de convicción suficientes para inferir la responsabilidad de los encartados en la gestación de aquél, conforme lo prevé el artículo 306 del CPPN. (Del voto en disidencia del Dr. Barbará)

16. Más allá de grado o forma de autoría o participación que pudiera caber y aun teniendo en cuenta la accesoriedad de toda variante de la participación criminal, a la que obstaría la no identificación del autor directo del incendio. Porque, como lo ha señalado la mejor doctrina, "... el dolo del cómplice tiene que dirigirse a un hecho principal individualmente determinado, pero tratándose de acciones de favorecimiento en la fase previa, no se precisa que conste definitivamente la persona del autor". (Del voto en disidencia del Dr. Barbará)

17. Habida cuenta de que el ya mencionado artículo 306 del CPPN impone valorar la culpabilidad de los imputados, siempre, claro está con la provisoriedad y precariedad propia de la etapa procesal, entiendo debe tenerse particularmente en cuenta la naturaleza del reproche que el tipo que nos ocupa. Y en tal sentido advierto una gravedad inusitada en el presunto hecho de haber provocado un incendio de pastizales sobre la autopista más importante del país desde todo punto de vista. Apreciación que se ve agravaba si se tiene en cuenta que los presuntos autores, por ser todos ellos vecinos del lugar, no pudieron haber desconocido los graves accidentes que venía generando, precisamente el humo sobre la autopista. (Del voto en disidencia del Dr. Barbará)

18. Así las cosas tengo para mí que la imputación que habría correspondido es la del inciso 4º del artículo 186 del CP, antes que la del inciso 1º del mismo precepto, ya que resulta harto evidente que de haberse desatado un incendio en el lugar de la protesta, tal como hasta ahora lo indica la prueba colectada, se habría incurrido en una mayúscula irresponsabilidad a sabiendas del inequívoco riesgo que para las vidas de semejantes con ello se generaba. Y si a esto le agregamos que el móvil de los autores fue la mera defensa de granjerías individuales, se advierte una franca desmesura en los medios con respecto al fin tenido en mira, que no puedo dejar de observar. (Del voto en disidencia del Dr. Barbará)

Cám. Federal de Apelaciones Rosario - Sala A, 14/05/2009, “Sumario Pta. Infracción Art. 186 y 194 C.P. -actuaciones en fotocopias”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Vie Ago 14, 2009 7:16 am

El TSJ de la Pcia. de Córdoba - Sala Penal sobresee a una mujer imputada por tentativa de aborto realizado por un médico


Sentencia Nº 190

En la ciudad de Córdoba, a los cuatro días del mes de agosto de dos mil nueve, siendo las once horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, con asistencia de las señoras Vocales doctoras Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos "MALDONADO, Ángel Eduardo y otra p.s.a. tentativa de aborto -Recurso de Casación-" (Expte. "M", 6/08), con motivo del recurso de casación interpuesto por el Dr. Rubén Darío Conti, a favor de la imputada María Isabel Salgado, en contra del Auto número once, del trece de febrero de dos mil ocho, dictado por la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Villa Dolores.

Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes: 1º) ¿Ha sido incorrectamente aplicado el art. 76 bis, cuarto párrafo del C.P.? 2º) En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar?

Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc. G. de Arabel.

A LA PRIMERA CUESTION:

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

I. Por Auto número once, del trece de febrero de dos mil ocho, la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Villa Dolores, resolvió: “I) No ha lugar a la solicitud de suspensión de juicio a prueba solicitada por el Dr. Rubén Darío Conti, en favor de los acusados Angel Eduardo Maldonado y María Isabel Salgado” (fs. 331).

II. El Dr. Rubén Darío Conti, en su condición de defensor de la imputada María Isabel Salgado, interpone recursos de casación a su favor e invoca el motivo sustancial de casación (C.P.P., art. 468 inc. 1), por entender que en la resolución en crisis se ha interpretado erróneamente el carácter vinculante del dictamen fiscal denegatorio del beneficio (art. 76 bis, cuarto párrafo, del C.P.).

Así, el recurrente considera que el mencionado dictamen resulta arbitrario por infundado. Al respecto, señala que el Fiscal de Cámara formula un análisis de los hechos según su particular punto de vista y no considera que, en autos, la imputada cumplimenta con todos los requisitos dispuestos por el art. 76 bis del C.P. Agrega que en dicho dictamen se aparta de la doctrina sentada por este Tribunal Superior, en lo relativo a la tesis amplia a partir de la cual se interpreta la pena a tener en cuenta en cada caso concreto.

Critica que el fiscal cuando analiza los presupuestos del art. 26 del C.P. (condena de ejecución condicional) en virtud de la remisión que realiza el art. 76 bis del C.P., emite opiniones y creencias meramente personales y subjetivas e incluso hace consideraciones en torno a los dos imputados, desconociendo las condiciones personales diferentes de cada uno de ellos.

También, repara que con dicha interpretación contraría lo argumentado por el Fiscal de Instrucción al tiempo de conceder la libertad a la imputada (fs. 58), sin manifestar los motivos y las circunstancias que lo llevan a disentir con el mismo.

Sostiene que el decisorio se sustenta en una inexacta hermenéutica de la norma y, además, contiene una fundamentación carente de lógica que rebasa los límites de la sana crítica racional, ya que tomó como decisivo el dictamen fiscal el cual, reitera, resulta arbitrario y contrario a la jurisprudencia de esta Sala Penal.

Cuestiona que el fiscal afirma que el delito enrostrado a la imputada (aborto) -al igual que el homicidio- afecta la vida, la cual configura el bien jurídico más valioso del Código Penal. Por ello, el recurrente argumenta que al considerar de igual manera al aborto y al homicidio, no advierte que en la legislación vigente se discrimina y determina diferentes tipos legales, a la vez que establece las formas de ataque distintas a dichos bienes jurídicos.

Refiere que resulta arbitraria la afirmación efectuada por el fiscal, relativa a que la improcedencia de la condena condicional ha sido demostrada por la naturaleza de la acción y los peligros causados. En este sentido, señala que no encuentra en qué consiste la naturaleza de la acción y los peligros causados enunciados por el fiscal como razones para sostener el rechazo de la condena condicional.

Añade que el Congreso tiene la facultad monopólica de legislar, por lo que el fiscal debe limitarse a aplicar el derecho existente.

Aduce que no deben valorarse, como lo hizo el fiscal, los fundamentos esgrimidos en el mensaje del Poder Ejecutivo (citados en el dictamen desfavorable de la ley que regula el instituto de la probation), siendo que si en el caso se dan los requisitos formales y sustanciales, debe concederse el beneficio.

Expresa que la probation configura un método de reeducación del delincuente, esto es, consiste en un plan de conducta en libertad, adaptando la respuesta del derecho penal a las circunstancias que rodean el hecho, las condiciones personales del imputado y a la posibilidades que brinda la comunidad o el sistema.

Por otra parte, reprocha que el fiscal remite a los fundamentos contenidos en otro dictamen anterior, en donde el caso era de abuso sexual con una escala penal diferente. Refiere que cada dictamen debe considerar las especiales particularidades de cada imputado y del delito atribuido en forma independiente. Sin embargo, la respuesta negativa de autos engloba a ambos y remite a otras meritaciones relativas a otros imputados y a otro delito.

En este sentido, entiende que en el dictamen fiscal no se debe hablar ni de abuso sexual, ni de delitos cometidos por funcionarios públicos pues a ninguno de los imputados se les atribuyó tal delito, así como tampoco revisten dicha calidad funcional, ya que en particular Salgado es empleada doméstica.

Finalmente, el impugnante efectúa una serie de consideraciones relativas a la interpretación jurídica y a la necesidad de una motivación racional de las resoluciones judiciales. Cita doctrina y jurisprudencia respecto de estos temas (fs. 342/349).

III.1. La discusión en torno a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, supone que no concurra una causa legalmente prevista que cancele la punibilidad respecto de la imputada.

La punibilidad de la mujer, en relación al aborto, se encuentra contemplada del siguiente modo: se pune con prisión de uno a cuatro años a “la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”, y a seguido se consigna: “La tentativa de la mujer no es punible”.

Esta exclusión de punibilidad, se denomina doctrinariamente excusa absolutoria para aludir a una situación en la cual a pesar que no se excluye el injusto ni la culpabilidad, no se impone pena por razones de política criminal.

2. Existe una controversia doctrinaria en torno al ámbito de la aplicación de esta excusa. Se discrepa si comprende exclusivamente la tentativa de aborto emprendida por la propia mujer (en tal sentido, la doctrina clásica: Soler, Sebastián Derecho Penal Argentino, T. III, p. 103, Ed. TEA, ed. 1970, Nuñez, Ricardo C., Tratado de Derecho Penal, T. III, p. 181, Ed. Bibliog. Argentina, Fontán Balestra, Derecho Penal, Parte Especial, -actualizado por A.C. Ledesma, p. 79, Ed. Lexis-Nexis; seguida contemporáneamente por Creus-Buompadre, Derecho Penal, Parte Especial, T. 1, p. 74, Ed.Astrea, Donna, Edgardo, Derecho Penal, Parte Especial, T. 1, p. 85, Ed. Rubinzal Culzoni), o si también la alcanza cuando el intento de aborto fue comenzado por otro con su consentimiento (Rusconi, Maximiliano, “Estudio de la dogmática de la legislación actual del delito de aborto en doctrina y jurisprudencia”, Lecciones y Ensayos nº 48, p. 192, 193, Ed. Astrea, opinión que comparte Lucila Larrandart en Código Penal y Normas Complementarias, Análisis doctrinal y Jurisprudencial, -bajo la dirección de Baigún-Zaffaroni, T. 3, p. 726, Ed. Hammurabi).

Se toma aquí parte a favor de esta última posición, aunque se reconoce que no es la mayoritaria en doctrina, por múltiples fundamentos.

Entre ellos, se destaca que la amplitud de la excusa de la no punibilidad de la tentativa de aborto para la mujer resulta congruente con el tenor literal de la disposición legal. En tal sentido, el Código Penal (art. 88) contempla las dos modalidades punibles para la mujer uniformando la pena (“la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”), y a continuación estatuye la no punibilidad de la tentativa de la mujer.

¿Por qué ante un texto que distingue entre las conductas punibles y no distingue entre ellas para el radio de aplicación de la excusa, podría recortarse su tenor literal ciñéndola a la tentativa emprendida sólo por la mujer?

Los argumentos doctrinarios en torno a las razones del legislador proporcionadas en el antecedente de la disposición, no parecen suficientes para reducir su aplicación en contra de una fórmula que no expresa este recorte. Repárese en que se reconoce el origen de la disposición en el Proyecto de Código Penal de 1891 (art. 119), en cuya Exposición de Motivos se señala que hay coincidencia en la inconveniencia de la punibilidad de “la tentativa de aborto ejecutado por la embarazada”, citándose en este sentido la opinión doctrinaria de Rivarola relativa a que si se la enjuiciara se “llevaría el escándalo y la turbación á una familia, sin utilidad apreciable para la sociedad, que no sentiría muy alarmada por una tentativa ineficaz” (Digesto de Codificación Penal Argentina, Zaffaroni-Arnedo, T. 2, p. 391, A-Z Editora).

Esta opinión, aunque compartida por los redactores del proyecto, no se plasmó claramente en las palabras utilizadas en el texto legal, por lo cual aparece como contrario con el principio de legalidad (C.N., 18, CADH, 9, PIDCyP, 15) y sus consecuencias en el ámbito de la interpretación de ley (máxima taxatividad), que se reduzca el ámbito de aplicación de la excusa. Y resulta contrario a tales límites constitucionales porque la reducción por debajo del tener literal posible, tiene como efecto la ampliación de la punibilidad de la mujer a la tentativa de aborto emprendida por otro y con su consentimiento.

A favor de no realizar la distinción concurren también muy buenas y mejores razones que aquellas seguidas por los redactores del P. de 1891. Así, se señala que desde la perspectiva ética no se advierte diferencia entre la punibilidad cuando la tentativa la realiza otro y la impunidad cuando es la mujer; asimismo se destaca que en ambos casos se trata de brindar un estímulo que evite otros intentos; y se resalta que dada la sobrevida del niño no se cancela la chance de contacto con la madre (Rusconi, ob. y lug. cit., p. 192).

3. Siendo ello así, se concluye que deviene inaplicable la suspensión del juicio a prueba (probation) por cuanto el hecho imputado a María Isabel Salgado, calificado como tentativa de aborto (art. 42 y 88 del C.P.), no es punible para ella y encuadra en la causal de sobreseimiento prevista en art. 350 inc. 3 del C.P.P. el cual, en su parte pertinente, sostiene que procederá cuando “media ... una excusa absolutoria”. Así voto.

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:

La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN:

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

Esta Sala, compartiendo la posición ya asumida por otra integración y por mayoría (A. nº 76, 29/6/93, "Cappa"; A. nº 60, 14/6/94, "Vivian"), ha sostenido que habida cuenta de la naturaleza sustancial de las distintas causales de sobreseimiento, las extintivas de la acción deben ser de previa consideración (T.S.J., Sala Penal, A. n° 26, 19/2/99, "Rivarola"; A. nº 201, 20/6/02, "Pérez").

Por ello, la sola presencia de una causal extintiva de la acción debe ser estimada independientemente cualquiera sea la oportunidad de su producción y de su conocimiento por el Tribunal, toda vez que -en términos procesales- significa un impedimento para continuar ejerciendo los poderes de acción y de jurisdicción en procura de un pronunciamiento sobre el fondo. Es decir, no queda librada a la voluntad del juzgador la posibilidad de optar por realizar un análisis objetivo o subjetivo de las causales, sino que la ley impone un camino a recorrer ("Pérez", cit.).

Cuando durante el trámite de la casación se declara el sobreseimiento por extinción de la acción, no corresponde que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo del recurso, en la medida en que aquella decisión le haya privado a éste de materia, tornándola abstracta (Pérez cit.).

Por ello y en virtud del resultado de la votación que antecede, corresponde sobreseer a María Isabel Salgado por el hecho contenido en la acusación, calificado como aborto en grado de tentativa (art. 42 y 88 del C.P.), por concurrir en su beneficio una excusa absolutoria prevista por la ley. Sin costas en la Alzada (arts. 550 y 551 C.P.P.).

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:

La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal; Resuelve:

Sobreseer a María Isabel Salgado por el hecho contenido en la acusación calificado como aborto en grado de tentativa (art. 42 y 88 del C.P.). Sin costas (arts. 550 y 551 C.P.P.).

Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y las señoras Vocales de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.

Fdo.: CAFURE DE BATTISTELLI - TARDITTI - BLANC G. de ARABEL.
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Re: Jurisprudencia Derecho Penal

Notapor ariel armando » Mié Ago 19, 2009 9:15 am

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
Vistos los autos: "Hinojosa Benavides, Isidro s/ extradición".
Considerando:
1°) Que el juez a cargo del Juzgado Federal de Primera
Instancia n° 1 de la Provincia de Mendoza declaró procedente
la extradición de Isidro Hinojosa Benavides a los Estados
Unidos de América para ser juzgado por el delito previsto
y reprimido en la Sección 2423 (c) del Título 18 del U.S. Code
(conf. sentencia de fs. 669 y sus fundamentos a fs. 671/674).
2°) Que la defensa del requerido interpuso recurso
ordinario de apelación contra lo así resuelto (fs. 676), que
fue concedido a fs. 677 y fundado en esta instancia a fs.
688/692. En lo fundamental, los agravios del apelante se circunscribieron
al incumplimiento del requisito de la "doble
incriminación" y a la violación del principio del non bis in
idem, en razón de la existencia de un pedido de extradición de
la República de Chile por hechos idénticos. Subsidiariamente,
solicitó que se le otorgara preferencia a este país para el
juzgamiento del caso.
3°) Que el pedido de extradición en análisis se
sostiene en el acta de acusación del 30 de septiembre de 2004,
del Tribunal del Distrito de Columbia, Estados Unidos de
América, formulada en los términos siguientes: "A partir del o
el 7 de octubre de 2003, hasta el o cerca del 16 de abril del
2004, fuera de Estados Unidos de América y dentro de la
República de Chile, (...) Isidro Hinojosa Benavides, un
ciudadano de los Estados Unidos viajó al extranjero por el
ramo de comercio a la República de Chile y en una y más ocasiones
se condujo en un comportamiento sexual ilícito tal como
está definido en el Código de Estados Unidos, Título 18,
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