Jurisprudencia Derecho Civil

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Re: Jurisprudencia Derecho Civil

Notapor ariel armando » Dom Jul 11, 2010 12:32 pm

Recurso de queja. Recurso de apelación. Falta de fundamentación. Régimen de visitas provisorio. Incumplimiento. Caducidad.*

El caso El demandado interpuso recurso directo contra el proveído que denegó el recurso de apelación interpuesto en contra del decreto que denegaba la solicitud de nulidad de las actuaciones, en violación al derecho de defensa, de igualdad ante la ley y al debido proceso. La Cámara rechazó el recurso interpuesto.

1. En lugar de dirigirse a demostrar el error de este juicio de la magistrado al no conceder la impugnación, la queja vuelve sobre eventuales agravios que se habrían producido a raíz de decisiones anteriores. De este modo no se demuestra que la resolución (...) engasta en alguno de los supuestos del art. 147 de la ley 7676, al causar gravamen irreparable la decisión atacada; ello tornaría procedente la apelación poniendo en evidencia que la inadmisión por parte de la Juez era equivocada, en consonancia con la taxatividad legal que preside la ley foral (art. 133, LF).

2. La alegación genérica de deficiencias en el trámite, que resulta del impreciso y reiterativo escrito de la impugnante, no configura agravio y conforma, más que una crítica concreta y razonada, una discrepancia con lo decidido que no reúne los recaudos exigidos por los arts. 134 y 135 de la ley Nº 7676. Cabe recordar que dichas exigencias, por su ubicación metodológica entre las disposiciones generales de la Ley del Fuero (Título III, Capítulo I, ley 7676), se aplican a todos los remedios y recursos.

3. No existió agravio irreparable dado que el incumplimiento denunciado de un régimen de visitas provisorio no supone su caducidad.

Cám. de Flia. 1ª Nom. Cba., A.I. Nº 199, 12/11/2009, “O., A. y otro - Homologación - Recurso directo”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Civil

Notapor ariel armando » Mié Jul 14, 2010 11:02 am

CIVIL. DAÑOS Y PERJUICIOS. Accidente de tránsito, responsabilidad del titular registral del automotor, causa de eximición. Daños indemnizables, valor vida y daño moral, pautas para determinar la reparación.

El caso Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, interpuso recurso de apelación el codemandado titular registral del vehículo que provocó el daño. El apelante se quejó de la responsabilidad que se le imputó y del método utilizado para establecer el quántum de los daños valor vida y daño moral. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de grado.

1. El ordenamiento jurídico recepta y consolida inequívocamente en el art. 27 de la ley 22.977, la responsabilidad objetiva del dueño de la cosa con la cual se ha causado el daño resarcible, entendiendo por tal al titular de dominio registrado, resultando de ello un complemento normativo respecto del art. 1113 del Cód. Civil.

2. La única forma de eximir la responsabilidad del dueño, titular del dominio inscripto, en función de la eximente de "tercero por quien no debe responder", será invocando y acreditando mediante la comunicación al Registro haber hecho la venta y tradición del automotor al adquirente, o quienes de este último hubieren recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél. Recién entonces, y siempre que esta opción de denuncia de venta se cumpla con anterioridad a la producción de los daños con el automotor que motivan el reclamo quedará libre de responsabilidad.

3. La vida humana, tomada no como la mera actividad funcional y orgánica del hombre, sino como el desenvolvimiento pleno y armónico de esas actividades y de las del espíritu en una equilibrada conjunción, necesaria para su desarrollo y cumplimiento de su alto destino, constituye en sí un bien en el amplio sentido que le hemos atribuido a este vocablo, o sea, como “el de todo aquello que nos puede servir de algo”; como el “de todo aquello que nos reporta algún beneficio o utilidad, y que contribuye al bienestar del hombre sea cual fuere su naturaleza material o moral”. Todos esos bienes reciben el calificativo de jurídicos, en virtud de la protección que el derecho les dispensa; pero ello no basta por sí para que entren a figurar entre los “bienes económicos”, ya que, para que merecieren tal calificativo, fuera preciso que adquirieren un valor en cambio, que fueren apreciables pecuniariamente, que entraren a figurar en el mercado de los valores y la vida, por sí sola está fuera de él.

4. Los "valores económicos" que aparecen jugando en toda indemnización pecuniaria (conf. arts. 1068 y 1083 del Código Civil), están al servicio -por decirlo de alguna manera- de aquellos referidos a la personalidad humana en su unidad física y espiritual y solo pueden servir para lograr algunas comparaciones emergentes de las circunstancias y relaciones de ese yo con las actividades lucrativas o de bienes económicos que el extinto producía en beneficio de quienes han sufrido su pérdida, pero sería impropio, desproporcionado y absolutamente inadecuado utilizar los mismos valores económicos con que se miden los objetos materiales de uso y cambio y sustentar en ellos la indemnización del daño totalizante que produce la muerte en la realidad físico-espiritual subyacente del ser humano.

5. El daño moral reclamado debe tener acogida (conf. art. 1078 del Código Civil) en la acción que promueven los padres. El inconmensurable dolor que causa la pérdida de un hijo, está íntimamente relacionado al sufrimiento psicológico por la amarga experiencia de padecer la privación injusta de un bien espiritual que no tiene parangón. Sin embargo, esta íntima relación no convierte al dolor en la esencia del daño moral, sino en su consecuencia. El propio dolor, no es susceptible de valoración económica porque es una experiencia individual, única, irrepetible, insondable e intransferible, imposible de definir o dimensionar concretamente, pero que puede explicarse porque "el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa".

6. La vida es un bien fundante, el soporte necesario para el goce actual o potencial de los restantes bienes". Atendiendo al bien jurídico lesionado, compartimos con ella, que "lo relevante es el derecho al goce (material o espiritual) de la vida ajena, así como las consecuencias (materiales o espirituales) que del menoscabo de aquel derecho resultan para personas distintas del muerto.

7. Sabemos que la exacta y estricta justicia la imparte solamente Dios, pero esta verdad, en vez de impedirnos nos ha de iluminar para descubrir los caminos que nos lleven con honestidad y esfuerzo intelectual a las soluciones más justas al escuchar los reclamos de los damnificados. En este esfuerzo, ante la pérdida de una vida, no ha de olvidarse que "el hombre es por su esencia una realidad de orden espiritual", razón por la cual debemos alejarnos de la tentación de conceder una indemnización simbólica, divorciada de la entidad del daño. Desde esta óptica, es preponderante considerar las manifestaciones vitales de la "no-indiferencia" de la existencia del ser, dentro de la "vida de otro".

8. En el sub iudice, la pretensión abarca en forma separada el daño moral del valor vida. El juez, siguiendo el principio de congruencia los ha tratado de la misma manera. Sea que el valor vida se considere como integrante del daño moral o se adopte la doctrina que lo considera un daño autónomo, siempre es indemnizable en caso de muerte.

9. Tratándose de la pérdida de la vida de una persona no existe forma de establecer el equilibrio perdido por el ilícito en la medida en que no puede utilizarse un parámetro al no haberse desquiciado una situación patrimonial, sino que han resultado afectados los más íntimos sentimientos; de allí que la determinación de la cuantía queda reservada al prudente arbitrio judicial, en la medida en que no puede hablarse de valor económico del perjuicio sufrido, ni sostenerse la eventualidad de un enriquecimiento sin causa.

10. La muerte de una persona puede ocasionar daños a sus familiares, pero ellos no dependen de la muerte en sí misma, sino de los daños actuales o eventuales que dicha muerte puede haber ocasionado. Si no hay daño económico, no existe ningún perjuicio económico que indemnizar, lo que hay es un daño moral y eso sí es indemnizable.

11. Una cosa es admitir que la vida humana y las aptitudes personales tengan un valor económico, en consideración precisamente a lo que producen o pueden producir en el orden patrimonial para el propio sujeto u otros y otra muy distinta es afirmar que la vida humana constituye de por sí un valor económico ya que no tiene valor alguno en sí misma, sino por su aptitud o posibilidad de producir beneficios económicos.

Cám. Civ., Com. y Min. de San Juan, Sala I, Expte. Nº 20.220, 15/12/2009, "Sosa de Ferreyra Rebeca c/ Mario Alejandro Pérez y otro - Daños y perjuicios".
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Re: Jurisprudencia Derecho Civil

Notapor ariel armando » Mar Jul 27, 2010 11:53 pm

CONSUMIDOR. BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA. Trámite. Intervención de organismos afectados. Improcedencia. Disidencia.

El caso:La actora apeló la resolución que, previo a dar trámite a la demanda, y como consecuencia del pedido de gratuidad en la tramitación en los términos del art. 53 de la ley 24.240, ordenó correr vista a la Dirección General de Administración del Poder Judicial, a la Caja de Abogados de la Provincia de Córdoba y al Ministerio Fiscal Córdoba. La Cámara admitió el recurso.

1. La cuestión traída a resolución gira en torno a la incidencia del beneficio de gratuidad previsto a favor del consumidor en el art. 53 de la ley 24.240 en el trámite de la causa. Concretamente, debe analizarse si corresponde darle intervención a la Dirección de Administración del Poder Judicial y a la Caja de Abogados. Todavía no se ha resuelto sobre el alcance del beneficio de gratuidad establecido en la ley 24.240, por lo que no es oportunidad de expedirse al respecto. (Del voto en mayoría de los Dres. Zarza y Palacio de Caeiro)

2. Si el Juez entendiera que en el caso no es aplicable el art. 53 de la ley, por los fundamentos que sea, se debería ordenar el pago de la tasa de justicia y aportes colegiales, o exigir que se acredite la iniciación de un beneficio de litigar sin gastos, y ante tal proveído discutir el alcance del art. 53. Pero en esta instancia, más allá de la correcta delimitación entre el beneficio de litigar sin gastos y el beneficio de gratuidad, lo cual no debe ser resuelto en esta oportunidad, lo cierto es que no corresponde dar intervención y correr traslado a la Dirección de Administración, la Caja de Abogados y el Ministerio Fiscal, pues ese trámite no está previsto en el ordenamiento procesal. Es por ello que no se encuentran razones para participar a los organismos que la providencia atacada cita. (Del voto en mayoría de los Dres. Zarza y Palacio de Caeiro)

3. Si bien es cierto que el del beneficio de gratuidad previsto en la Ley de Defensa del Consumidor y el beneficio de litigar sin gastos son dos institutos distintos, ello no significa que los involucrados no puedan defenderse. En nada obsta a que se le de intervención o se corra una vista, antes de resolver, a los posibles afectados patrimonialmente por la posible concesión del beneficio de gratuidad establecido en la Ley de Consumidor. (Del voto en minoría del Dr. Simes)

4. Sí existen razones para participar a los organismos que la providencia atacada cita, ya que al margen de control de prueba tienen intereses patrimoniales en que los aportes respectivos se efectivicen y podrían negarse a la concesión del mismo esgrimiendo las razones que crean oportunas. (Del voto en minoría del Dr. Simes)

5. No se trata de equiparar procesalmente ambos institutos, pero sí de permitir la defensa previamente de los posibles afectados. (Del voto en minoría del Dr. Simes)

Cám. 6ª Civ. y Com. Cba., A. Nº 81, 30/03/2010, “Bastianelli, María Constanza c/ Ticketek Argentina S.A. y ot. - Ordinario”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Civil

Notapor ariel armando » Sab Jul 31, 2010 3:42 pm

PRESCRIPCIÓN. Comienzo del plazo de prescripción, supuesto de mutuo pagadero en cuotas

El caso: Contra la sentencia del a quo que hizo lugar la demanda por cobro de pesos y rechazó la defensa de prescripción, interpuso recurso de apelación el condenado. La Cámara de apelaciones hizo lugar al recurso incoado.

1.. El artículo (3956) sienta un principio general solo aplicable a las obligaciones sin término fijo para el pago, o que pueden exigirse desde su otorgamiento.

2.La iniciación del curso de la prescripción ocurre cuando el titular pueda hacer valer, a través de la demanda correspondiente, el poder jurídico que el ordenamiento legal le confiere.

3.Tratándose de una obligación única -en el caso un mutuo-, fraccionada a los fines de su pago, y en donde se estipuló la caducidad de los plazos frente al incumplimiento del pago de una cuota, el plazo de prescripción debe computarse desde el vencimiento de la primera cuota no abonada.

4. Si el mutuo hipotecario acordado por las partes constituye una deuda única que debió ser restituida en cuotas con vencimiento escalonado, el principio general es que la prescripción corre para cada cuota desde el momento en que sea exigible, pero, cuando se estipula que el atraso en una de ellas determina la caducidad del plazo vigente para todas las no vencidas, la prescripción corre desde el momento en que se verifica tal contingencia, pues el acreedor se encuentra en condiciones de exigir el pago íntegro de la deuda, ya sea por vía extrajudicial u ocurriendo ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

5.Que en el caso de autos se pactaron 18 cuotas; la primera vencía el 10/11/93 y la última el 10-11-95; la demanda fue promovida el 30/12/04 por lo que solo quedaban sin haber prescripto las últimas cuatro, esto es, las de vencimientos en fecha 10/1/05; 10/2/05; 10/3/05 y 10/4/05; pero justamente éstas cuotas que coinciden aproximadamente con el monto de la demanda, han sido pagadas según el informe presentado por la pericial contable, quien suministró un informe del ex Banco Multicrédito basado en sus registros (fs. 49).

Primera Cám. Civ., Com., Minas, de Paz y Trib. - Primera Circ. Jud. de Mendoza, Expte. Nº 41.659, 19/04/2010, “Banco Central de la República Argentina c/ Moscetta Daniel Armando y ots. p/ Cobro de pesos”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Civil

Notapor ariel armando » Mar Ago 10, 2010 7:56 pm

CONSUMIDOR. TELEFONÍA CELULAR. Incumplimiento del acuerdo homologado en sede administrativa. DAÑOS PUNITIVOS. Concepto. Naturaleza jurídica. Procedencia. DAÑO MORAL. Concepto. DAÑO PSICOLÓGICO. Concepto.

El caso:Un consumidor promovió juicio ordinario contra una empresa a fin de que se la condene al pago de $ 20.000 en concepto de los perjuicios sufridos por incumplir el acuerdo conciliatorio homologado por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. En primera instancia se admitió parcialmente el reclamo condenando a la demandada al pago de $ 2000 (pesos dos mil) en concepto de daño moral, con costas al actor vencido. Para así resolver el A quo meritó que: a) la gravedad de las consecuencias del inadecuado accionar de la empresa demandada pudo evitarse con un mínimo de diligencia (arts. 512, 902, 909 y concs., CCiv.); b) la composición del conflicto en sede administrativa fue incumplido, lo que importó el estado de impotencia del cliente frente a la entidad, y c) dicho incumplimiento genera por sí solo consecuencias en el ánimo del perjudicado que deben compensarse. Ambas partes apelaron. La Cámara elevó el monto de condena.

1. El art. 42 de la CN plasma estos nuevos derechos relacionados al consumo, relación que supone un convenio del cual habrán de derivar los derechos protegidos y las responsabilidades consecuentes, comprendiendo además en algunos supuestos, la responsabilidad extracontractual prevista en el Código Civil.

2. La defensa del consumidor se abre en dos campos: a) el de los derechos patrimoniales -la seguridad de no sufrir daño, los intereses económicos, la libertad de elección, el trato equitativo y digno, la mayor protección para la parte más débil, etc.-, y b) el de los derechos personales: la protección de la salud y la seguridad de no sufrir un menoscabo en aquélla o en la vida.

3. Los medios habilitados por la CN para salvaguarda de los usuarios y consumidores, comprenden las acciones privadas que tienen derecho a emprender las personas físicas y jurídicas. Y, entre las acciones privadas, se incluye el derecho a peticionar a las autoridades para que arbitren los medios de protección (legales y jurisdiccionales) de usuarios y consumidores. La instrumentación de estos medios implica que corresponde al poder judicial aplicar las sanciones pertinentes y amparar los derechos reconocidos de usuarios, consumidores y asociaciones creadas para su defensa, efectuando en los casos concretos el eventual control de razonabilidad de las leyes de protección al consumidor que se dicten, así como el control de legalidad y razonabilidad de las medidas o sanciones que pudieran imponer los organismos administrativos.

4. Lo que sanciona la ley de defensa del consumidor es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-consumidor. Se trata por tanto de infracciones formales donde la verificación de tales hechos hace nacer por sí la responsabilidad del infractor. No se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley.

5. El art. 49 de la LDC establece que para la aplicación y graduación de las sanciones se tendrán en cuenta: 1) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor; 2) la posición en el mercado del infractor; 3) la cuantía del beneficio obtenido y el grado de intencionalidad; 4) la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, y 5) la reincidencia y demás circunstancias relevantes del hecho (CNCont.Adm.Fed., Sala III, 02.12.97, “Berta, Pomp c/ Sec. de Comercio e Inversiones -Disp. DNCI Nº 3427/95”).

6. En materia de contratos de consumo -y más precisamente en el caso de servicios telefónicos- corresponde a la parte que en mejores condiciones se encuentre acreditar extremos fácticos controvertidos, siendo ésta la empresa prestataria del servicio telefónico. Ello así, por tener el monopolio del control unilateral de la facturación y de los contratos; mientras que el usuario carece de tales posibilidades, ya que es quien adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final de relación de consumo o en función de ella.

7. La responsabilidad de la demandada respecto del cumplimiento tardío de lo acordado en sede administrativa supone que ésta deba indemnizar al usuario del servicio que se ha visto perjudicado por su accionar, máxime si este cumplió en tiempo oportuno con lo acordado en tiempo pretérito.

8. El nuevo art. 52 de la LDC incorpora la figura del “daño punitivo” en los siguientes términos: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan... La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley”. Se trata de una multa civil a favor del consumidor que puede establecer el Juez en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, aclarando la norma que es independiente de otras indemnizaciones que puedan otorgarse a favor del consumidor. De hecho, la multa civil puede llegar a ser superior a la indemnización que pueda corresponder por daño moral y/o patrimonial, pues el art. 47, inc. b), al que remite el nuevo art. 52 de la LDC, establece una multa máxima de $ 5.000.000.

9. Si bien es cierto que el daño moral es una alteración emocional profundamente subjetiva e inescrutable, la apreciación por el juez para aplicar en dinero su compensación debe ser necesariamente objetiva y abstracta. Para ello debe tomarse en consideración cual pudo ser hipotéticamente el estado de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se halla la víctima del acto lesivo. Se llegará así a la determinación equitativa de la cuantía de este daño. Es decir, que así como la existencia del daño moral debe ser probada, dicha prueba operará normalmente por vía de presunciones judiciales u hominis, atento a la imposibilidad de dimensionar económicamente el rubro en forma material, rotunda y directamente perceptible por los sentidos como en el daño patrimonial.

10. El daño psicológico no es autónomo dentro de la categoría daños materiales y morales, pudiendo incluirse en uno y otro o en ambos a la vez. Ello, porque en sentido técnico jurídico solo existe en nuestro ordenamiento daño patrimonial (al que refieren los arts. 519, 1068 y 1069 del CC) y moral extrapatrimonial. No hay un tercer género (conf. CNCom., esta Sala, “Ceglia de Maiolino, Rosa c. Obra Social del Personal Industrial del Plástico y otros s/ Resp. médica”, del 29.12.03). El referido daño consiste en la perturbación del equilibrio espiritual preexistente y tiene carácter patológico; es una alteración de la personalidad, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento con un adecuado nexo causal con el hecho dañoso (art. 1068, CC). Es un daño material cuando causa un grado de incapacidad psíquica mensurable en dinero o se reclaman los costos de tratamiento psicológico de futuro, y puede constituir una incapacidad permanente o transitoria que siempre deberá probarse. También puede producir daños espirituales.

CNCom., Sala B, 09/12/2009, “Díaz Cisneros, Adriano Patricio c. CTI PCS S.A. s. Ordinario”.
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Re: Jurisprudencia Derecho Civil

Notapor ariel armando » Vie Ago 20, 2010 7:31 pm

RESPONSABILIDAD. Gastos médicos. Repetición de la obra social frente al autor del ilícito. Art. 768, inc. 3, del Código Civil. Interpretación en caso de tercero interesado.

El caso: La Corte debió verificar si es normativamente correcta la resolución que hizo lugar al reclamo articulado por una obra social al autor del evento dañoso, por los gastos de asistencia médica y sanatoriales efectuados a la víctima afiliado de la accionante con sustento en la subrogación legal prevista en el art. 768, inc. 3º, del CC. El Superior Tribunal rechazó el recurso de casación deducido con fundamento en que el responsable del daño causado es deudor de la indemnización en razón del hecho o acto ilícito que le es imputable y la entidad mutual es deudora de la prestación por pago de gastos de asistencia a su afiliado en razón del vínculo contractual o convencional, la prestación tiene carácter indemnizatorio y, al ser pagada por la obra social, opera la subrogación legal prevista por el art. 768, inc. 3, del CC.

1. El art. 768 del CC dice: "La subrogación tiene lugar sin dependencia de la cesión expresa del acreedor a favor: 1º ... 2º … 3º. Del tercero no interesado que hace el pago, consintiéndolo tácita o expresamente el deudor, o ignorándolo".

2. Constituyen hechos definitivamente fijados en la instancia de grado los siguientes: a) El Sr. Billaros afiliado de OSEP a raíz del accidente de tránsito protagonizado, inició demanda por los daños por él padecidos en el Décimo Cuarto Juzgado Civil contra el conductor y titular registral Sr. Giunta y la Caja de Seguros S.A. El proceso concluyó por carta de pago del accionante y sus profesionales, extendido a favor de la Caja de Seguros S.A. b) La OSEP inició demanda contra el autor del ilícito y la aseguradora a fin de recuperar los pagos por los gastos médicos realizados para la recuperación de su afiliado, sustentó su pretensión en el art. 768 inc. 3 del CC. c) Ha quedado establecido que el evento dañoso ocurrió por la exclusiva responsabilidad del demandado Giunta. d) También quedó probado que los montos reclamados por la Obra Social se ajustan a los que efectivamente debió realizar para la curación de las dolencias del afiliado padecidas en el accidente de tránsito ya referido.

3. El impugnante sostiene la inaplicación al caso del instituto de la subrogación legal (art. 768, inc. 3, C.Civ.) y el consiguiente rechazo de la demanda porque la Obra Social reclama la prestación efectuada a su afiliado en cumplimiento de una deuda propia emanada de un contrato oneroso y, la subrogación requiere que el subrogante abone una deuda que no es propia.

4. Coincido con el Sr. Procurador que en su dictamen afirma: "El recurrente no logra demostrar el error en la aplicación del derecho, toda vez que frente al autor del daño ajeno a la relación contractual (entre afiliado y ente actor), la Obra Social reviste el carácter de tercero. El pago hecho por la Obra Social, es un pago equiparable al de un tercero interesado" que obviamente si el no interesado está legitimado para hacerlo aún en ignorancia por parte del deudor, con mayor razón podrá hacerlo quien tenga un interés legítimo para pagar, consistente en el cumplimiento contractual precedente que le es propio".

5. No hay razones valederas para negar la legitimación sustancial de la obra social que, invocando el pago con subrogación hecho a favor de su afiliado, reclama del responsable civil por el reembolso de lo erogado"; interpretando que "la figura comprometida es la del art. 768 inc. 3 del CC a contrario sensu, vale decir, la del pago con subrogación de rango legal hecho por el tercero interesado" y, que "Axiológicamente la figura es sustentable en tender a evitar el enriquecimiento sin causa del dañador, que si no es demandado directamente por la víctima (que puede desinteresarse de hacerlo si su obra social cubre los gastos), se ve injustamente liberado de resarcir un daño injustamente causado.

6. Según Llambías "Es igualmente indiferente que el pagador sea un tercero interesado o no interesado. Desde luego, la ley concede la subrogación al tercero no interesado, sin mentar al tercero interesado, tal vez por considerar que éste ya estaba contemplado en los demás incisos del art. 768. Pero en esto hay equivocación porque esos otros incisos no agotan la lista de posibles interesados. Ahora bien; si el pago ha sido hecho por un tercero interesado, distinto de los mencionados en los incisos 1º, 2º, 4º y 5º del art. 768, hay que concluir que ese pagador goza de subrogación en los derechos del acreedor, en base a lo dispuesto en el inc. 3º del art. 768: es una conclusión impuesta por el argumento "a fortiori". En efecto; si un tercero no interesado logra subrogación, con mayor razón ha de conseguirla el tercero interesado: sería absurdo que así no fuese".

7. Así lo entiende con respecto a las asociaciones mutuales u obras sociales la Dra. Zabala de González quien luego de aclarar que la entidad mutual "no reviste la calidad de damnificada indirecta", plantea que cabe indagar si la legitimación de la misma podría sustentarse en otro título que el de perjudicada por el hecho y si el supuesto podría quedar encuadrado en las disposiciones generales de la "subrogación legal", concluyendo que en tanto que la víctima tenía dos derechos: uno contra el ente mutual, en razón del contrato, y otro contra el responsable con motivo del acto lesivo, "al quedar desinteresada por la primera vía, nada más lógico y justo que el pagador reemplace al ofendido, haciendo valer su desmedro económico que, en definitiva y en la raíz de la cuestión, ha sido ocasionado por un hecho jurídicamente imputable a otro" (Zavala de González, M., "Resarcimiento de daños", t. 2 b, "Daños a las personas. Integridad sicofísica", págs. 666/9).

8. También la obra social es tercera interesada, porque si el responsable no cancela su obligación indemnizatoria aquélla tiene que hacer frente a la reclamación del afiliado. Téngase presente que si el primero hubiese satisfecho de inmediato, como correspondía, los gastos derivados de la atención de la víctima, la mutual no habría tenido que asumirlos, a pesar del contrato afiliatorio.

9. La víctima tenía dos derechos: contra el ente mutual (en razón del contrato) y con el responsable (con motivo del acto lesivo). Desinteresada por la primera vía, nada más lógico y justo que el pagador reemplace al ofendido, haciendo valer un desmedro económico que, en definitiva y en la raíz de la cuestión, ha sido ocasionado, por un hecho jurídicamente imputable a otro. Sin que éste pueda invocar el pago de las cuotas afiliatorias que desde luego, no se efectúa para la liberación del responsable del daño.

10. El responsable del daño causado es deudor de la indemnización en razón del hecho o acto ilícito que le es imputable y la entidad mutual es deudora de la prestación por pago de gastos de asistencia a su afiliado en razón del vínculo contractual o convencional, la prestación tiene carácter indemnizatorio y, al ser pagada por la obra social, opera la subrogación legal prevista por el art. 768, inc. 3, del Código Civil.

SCJMza., Sala 1ª, Causa Nº 96.841, 16/04/2010, "Caja de Seguros S.A. y ot. en Jº 112.883/31.865 O.S.E.P. c/ Giunta Guillermo Luis F. p/ D. y P. s/ Cas.".
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Re: Jurisprudencia Derecho Civil

Notapor ariel armando » Jue Ago 26, 2010 9:57 pm

"M. C. C/ M.H.R. S/ ALIMENTOS", CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DE DOLORES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Fecha : 08/07/2010
Obliga a un hombre a abonar a su hija de 22 años una cuota alimentaria equivalente al 10 por ciento de sus ingresos jubilatorios

http://www.saij.jus.gov.ar/news/files/mcc.pdf
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Re: Jurisprudencia Derecho Civil

Notapor ariel armando » Vie Ago 27, 2010 11:23 pm

DAÑOS Y PERJUICIOS. Responsabilidad por cosas viciosas o riesgosas. Causales de eximición de responsabilidad: uso contra la voluntad del dueño o guardián, valoración judicial, régimen probatorio.

El caso: La demanda por daños y perjuicios incoada por los derechohabientes de quien falleció electrocutado a causa de una hidrolavadora en mal estado de propiedad del demandado, fue desestimada por el juez de grado con fundamento en la procedencia de la eximente de responsabilidad consistente en el uso de la cosa que produjo el daño contra la voluntad del accionado. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora. La Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso de apelación impetrado.

1. La eximente uso o empleo de la cosa contra la voluntad del dueño o guardián debe necesariamente ser encuadrada en el segundo párrafo, segunda parte del mentado art. 1113 del Cód. Civil, que establece dos supuestos que funcionan en forma independiente: la responsabilidad del principal por el hecho de dependiente, con fundamento en el factor de atribución garantía, y el deber de responder del dueño o guardián por los daños causado debido al riesgo o vicio de la cosa.

2. En su demanda, ante un pedido concreto por parte del iudex a quo los sujetos activos de la litis precisaron que el artículo 1113 del Cód. Civil, en su segundo párrafo impone la responsabilidad al dueño o guardián cuando el daño es producido por las cosas. Tal como señalara precedentemente, la omisión de no agregarle al término cosas, por el riesgo o vicio de la misma, no empecé el encuadramiento normativo, dado que el segundo párrafo prevé dos supuestos los daños por las cosas y también en su última parte el producido por riesgo o vicio de la misma. El no indicar segundo párrafo, segunda parte, nada quita, ni pone a la cuestión debatida, porque en definitiva lo que definirá la cuestión son los " hechos" tal como fueron expuestos en la demanda, a través de una interpretación racional y fundamentalmente de evaluación de la prueba, los que decidirán la solución jurídica .

3. Lo expuesto es demostrativo que la Empresa y el titular de la misma, sabían que la hidrolavadora tenía un problema eléctrico (cortocircuito, debido a la precariedad de la instalación eléctrica a la que aludió la Policía Científica), lo que exigía en quien pretende prevalerse de la eximente, la acreditación fehaciente de haber informado al potencial usuario, del riesgo concreto que asumía al usar la hidroelavadora, lo que no se satisface simplemente con anoticiarlo de que " estaba rota" o que "andaba mal", no por parte del titular responsable, sino de los empleados . Es que, la causal de liberación "uso contra la voluntad expresa", también atrapa los supuestos en los cuales la cosa ha sido usada por un tercero -en este caso el actor- contra la oposición manifiesta del dueño o guardián, exteriorizada a través de medidas concretas orientadas a impedir su utilización.

4. El uso contra la voluntad presunta de él o los potenciales responsables, plantea mayores dificultades al momento de analizar la cuestión. En este supuesto, la causal exime de responsabilidad, solo cuando de las circunstancias concretas del caso, debidamente comprobadas, se pueda conocer con certidumbre la oposición del dueño o guardián al uso de la cosa, no siendo suficiente para su operatividad la simple falta de autorización. En consecuencia, en los casos de uso contra la voluntad tácita del dueño o guardián, la prueba deberá brindar un estado de certeza absoluta sobre la oposición virtual del sindicado responsable respecto de la utilización de la cosa.

5. Sobre el dueño o guardián recae la carga de acreditar fehacientemente que la cosa causante del daño, ha sido usada en contra de su voluntad expresa o presunta, quien debe adoptar, todas las medidas necesarias para evitar la utilización indiscriminada de la cosa, o si se quiere el dueño o guardián debe demostrar en forma inequívoca la existencia de una oposición tácita a la utilización indebida, que considero no acreditado en autos.

6. Desaparece como posible la prohibición del uso de la cosa riesgosa como manifestación de voluntad expresa o tácita, si se demuestra -como en el caso- que aquella ha sido utilizada reiteradamente por el dependiente, de lo cual surge la presunción del habérsele autorizado para ello; y es notorio, por otra parte, que aunque la intención del dueño hubiera sido la de que la cosa no fuera utilizada, es la falta de diligencia en la elección del cuidador y modalidades de la guarda, la que posibilitó su uso, y con ello la producción del siniestro.

7. La habitualidad del uso de las instalaciones por parte de la víctima, con el consentimiento del propietario demandado, hecho no controvertido en autos, unido a la deficiente instalación eléctrica que tenia la hidrolavadora, que se encontraba en corto circuito, sin señales, ni avisos determinantes para los posibles usuarios, con mayor razón de alguien que utilizaba reiteradamente las instalaciones, determina la responsabilidad exclusiva del dueño o guardián en el accidente por electrocusión que sufriera la víctima, por aplicación del art. 1113, segundo párrafo, segunda parte del Cód. Civil.

Tercera Cám. Civ., Com., Minas, de Paz y Trib. - Primera Circ. Jud. De Mendoza, Expte. Nº 31.778, 21/05/2010, "Buscema, Ester Yolanda p/ sí y por sus hijos menores y ots. c/ Transporte de Pasajeros Luján y Salatino Follino, Pedro Ramón p/ D. y P.".
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Re: Jurisprudencia Derecho Civil

Notapor ariel armando » Vie Sep 03, 2010 7:32 pm

DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ESCRIBANO. Presupuestos. Requisitos de procedencia. DAÑO MORAL CONTRACTUAL. Requisitos de procedencia. Interpretación normativa.


El caso: En primera instancia se hizo lugar a la excepción de falta de acción y consecuentemente se rechazó la demanda. La Cámara admitió parcialmente la apelación.

1. La actuación del escribano se cumple mediante diversos actos que están legalmente autorizados a ejecutar, consistiendo su tarea específica en autorizar las escrituras que extiendan en sus libros de protocolo, estando además facultados a realizar otros diversos actos (confr. Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría general de la responsabilidad civil”, Abeledo-Perrot, 9ª edición, pág. 548 y sgtes.). (Del voto del Dr. Flores)

2. La tarea documentadora en la actividad del escribano es única y comprende diversos aspectos: 1) el asesoramiento de las partes; 2) la confección del documento sin vicios extrínsecos o intrínsecos actividad que demanda un apropiado estudio de títulos; 3) la labor fedante o autenticadora; 4) la conservación del protocolo y el deber de expedir copia, y 5) el quehacer registral que al margen de los actos previos necesarios para que se otorgue un documento eficaz demanda una tarea ulterior correcta en orden a la inscripción del documento en el Registro en forma oportuna. (Del voto del Dr. Flores)

3. El quehacer registral que al margen de los actos previos necesarios para que se otorgue un documento eficaz demanda una tarea ulterior correcta en orden a la inscripción del documento en el Registro en forma oportuna es esencial en vista del sistema de reserva de prioridad que rige en nuestro ordenamiento (CNCiv., Sala D, 17/05/1984, ED, 1985-692). (Del voto del Dr. Flores)

4. La intervención del escribano no se limita solamente a llevar a la escritura el contrato de compraventa del inmueble, sino que también se extiende a obtener la inscripción de ese título, por lo que su deber no concluye con la presentación de la documentación ante el Registro. Dicha obligación impone la realización de requerimientos y gestiones anteriores y posteriores al acto. (Del voto del Dr. Flores)

5. El deber jurídico de prestación complementaria constituye una obligación de fines o de resultado, razón por la cual, probado el incumplimiento el factor de imputación no se discute y, por consecuencia, incumbe al deudor como eximente válido la prueba de una causa ajena. (Del voto del Dr. Flores)

6. El escribano no puede limitarse a dar forma a los actos pasados ante su registro, sino debe ilustrar a las partes acerca de los alcances del negocio, de su conveniencia, inconveniencia, etc. La obligación de asesorar a las partes es de fines. El escribano, al igual que el abogado, se compromete a observar un plan de prestación enderezado a que se obtenga un consejo jurídico eficaz (deber de resultado).” (Alberto J. Bueres, “Responsabilidad civil del escribano”, pág. 85). (Del voto del Dr. Flores)

7. La responsabilidad del escribano es de fuente contractual en relación al cliente encontrándose regida por los arts. 520 y 521 del C.C., ello en virtud que “desde el momento en que el cliente requiere la intervención de un escribano y éste acepta prestar el servicio propio de su profesión, está claro que entre ambos queda concluido un contrato que obliga a éste a cumplir la obligación de hacer que comporte su servicio y a aquél a pagar el honorario correspondiente.” (confr. Bustamante Alsina Jorge, obra citada supra, págs. 549/551). (Del voto del Dr. Flores)

8. Si el deudor “cumple con la obligación después de la mora y por definición con retardo, es siempre responsable de los perjuicios originados hasta el momento del cumplimiento” (v. ED, 394-44; ED 76-176); habiéndose recalcado que la obligación de indemnizar el perjuicio proveniente de la tardanza en cumplir la prestación debida, es una obligación accesoria a la principal. (Del voto del Dr. Flores)

9. Indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento. Y esa cabal reparación no se logra si el daño o el perjuicio subsiste en cualquier medida (CSJN, 22/6/76, ED 70-169). El resarcimiento es una reparación que corresponde a la medida del daño. (Del voto del Dr. Flores)

10. La regla general es que tratándose del incumplimiento de un contrato con terceros la responsable es siempre la sociedad, ya que los representantes del ente celebraron el acto a nombre de aquélla, no comprometiendo con esa actuación su responsabilidad personal. (Del voto del Dr. Flores)

11. Si los administradores y representantes del ente no obraren con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios responden ilimitadamente por los daños que ocasionaren, conforme lo prescribe el art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales. Cuando se hubieran apartado de los estándares de conducta fijados por dicha normativa, produciendo con la misma un perjuicio. (Del voto del Dr. Flores)

12. Resulta improcedente el daño moral en el supuesto de incumplimiento contractual cuando no existe elemento demostrativo de su existencia La ley no consagra una presunción, sino exige la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones de tranquilidad anímica, que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos y de los negocios. (Del voto del Dr. Flores)

1. No puede rechazarse la indemnización de perjuicios escasos, si existen y son inmerecidos: no hay vacunas contra la injusticia y el Derecho renuncia a la paz social cuando deja sin solucionar los asuntos de menor cuantía. (cfr.: Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de daños 5. Cuánto por daño moral (La indemnización de desequilibrios existenciales), pág. 190). (Del voto del Dr. Remigio)

2. Las molestias y contrariedades que padece la víctima de un siniestro ocurrido sobre su vehículo a raíz de un hecho ilícito, tales como ver su rodado detenido destruido en parte, a lo que se agrega todo el espinel a realizar en esos casos, como tener que desplazarse hasta la comisaría próxima a realizar la correspondiente denuncia, también a la aseguradora y todo el trastorno que deriva de la necesaria variación de la estructura y método diagramado para enfrentar un día laboral sin mayores inconvenientes, lastiman la esfera espiritual del damnificado y, por ende, merecen resarcimiento a título de daño moral. Aun cuando no se hubiera probado la existencia de lesiones a raíz de la colisión de los vehículos, ello no obsta la procedencia del daño moral, porque la causa fuente de la que deriva el menoscabo espiritual es el hecho ilícito cometido, y la entidad de los sufrimientos será en todo caso valorada para su extensión (menor que si se hubiesen demostrado lesiones físicas), mas nunca en contra de la existencia misma del daño moral (CNCiv., Sala G, 22/5/02, JA, 2002-IV-327, con nota aprobadora de Todesca Mendelewicz, “La reparación del daño moral frente a la lesión de bienes patrimoniales”) Observación. Monto de la condena por daño moral: $ 1800” (pág. 194). (Del voto del Dr. Remigio)

3. Hay daños morales de variada gravedad pero, si se producen y son injustos, no están fuera de la tutela resarcitoria bajo el pretexto de ser “mínimos”. Antes bien, lo “menos” que legítimamente puede pretender cualquier persona es vivir con básica normalidad, sin otros inconvenientes que los aparejados por su naturaleza humana y la convivencia. Bastante difícil es ya afrontar esa vida en sociedades fríamente impiadosas para que, además, deban soportarse sin remedio agresiones externas que desbordan una elemental tolerancia y que frecuentemente pudo evitar el dañador. Nunca es jurídicamente minúscula la nocividad injusta, porque tampoco es mínima humanamente” (págs. 194, 195 y 201). (Del voto del Dr. Remigio)

4. Indemnizar es, en suma eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento. Y ese cabal resarcimiento no se logra si el daño o el perjuicio subsiste en cualquier medida (CSJN, 22/6/76, ED, 70-169). (Del voto del Dr. Remigio)

5. El daño moral contractual, al igual que el daño material y, tal vez, aquí con mayor razón todavía, también puede quedar plasmado “res ipsa loquitur”; fluye de los propios hechos, máxime si como en marras, es consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación (art. 520, Cód. Civ.). Más allá del “podrá” utilizado en el art. 522, Cód. Civ., el Juez “deberá” mandar abonarlo, cuando el mismo fuese procedente; es decir, si según el curso ordinario de la vida y de la experiencia, el incumplimiento puede ocasionar este tipo de daños. No se barruntan motivos para efectuar una distinción, que puede aparecer odiosa, en relación al daño material. (Del voto del Dr. Remigio)

6. Si el daño moral es consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento, debe ser siempre indemnizado, cualquiera sea el factor de atribución: culpa, riesgo, garantía, etcétera (art. 520, Cód. Civil) En la responsabilidad extracontractual el daño moral suele presumirse, a partir de la acción antijurídica y del curso normal y ordinario de las cosas. En cambio, el daño moral contractual debe ser probado. No se advierte razonabilidad en dicha distinción. (Del voto del Dr. Remigio)

7. Desde la perspectiva probatoria, no aparece diferencia entre el daño moral de un menor incapacitado por incumplimiento contractual donde regía una obligación de seguridad (prestación de servicios educativos o de recreación) o por otro suceso lesivo al margen de un convenio anterior (policías que lo hieren cuando persiguen a delincuentes). En la práctica, son más limitados los supuestos de daño moral contractual que en la esfera extracontractual. Pero la mayor o menor frecuencia de ciertos hechos perjudiciales no equivale respectivamente a regularidad o excepcionalidad del resultado nocivo. Si se ocasiona un daño injusto, así sea escasa su ocurrencia, es viable según las circunstancias que se presuma “iuris tantum” la producción de aquél. (Del voto del Dr. Remigio)

8. A los efectos de la carga probatoria, no es esencial la índole del deber incumplido (previamente asumido o el genérico de no perjudicar), ni el consiguiente encuadramiento de la responsabilidad como contractual o aquiliana, sino las características del perjuicio en confrontación con el suceso fuente. Cuando, acorde con el curso natural y ordinario de las cosas, dicho resultado se presenta habitualmente en situaciones análogas (así éstas no sean comunes), bastará al actor poner de relieve la acción antijurídica para que el daño indemnizable se repute configurado “in re ipsa” (por la fuerza de los hechos mismos” (Matilde Zavala de González, “Doctrina judicial. Solución de casos 6”, págs. 127/129). (Del voto del Dr. Remigio)

9. No es necesario que el afectado tenga que probar el estado de aflicción en que se ha visto sumergido por el incumplimiento contractual, ni que pruebe a través de la prueba de peritos que a consecuencia de aquél, se ha visto o se ve afectado de alguna patología psicológica o psiquiátrica. Basta con que el daño moral, sea verosímil, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso (art. 522, Cód. Civ.). (Del voto del Dr. Remigio)

10. El daño moral ha sido caracterizado como “una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (Pizarro, Ramón Daniel, “Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del Derecho”, pág. 47, Ed. Hammurabi, Bs. As., año 1996). (Del voto del Dr. Remigio)

11. El daño moral “es toda ofensa que hiere la sensibilidad moral de una persona y que aun cuando menoscabe derechos cualesquiera siempre escapa a toda apreciación pecuniaria. (Del voto del Dr. Remigio)

12. El daño moral no es otra cosa que el sufrimiento, el pesar, la congoja, que oprime el ánimo del ofendido, que solo vive dentro del recinto íntimo de la conciencia y que de ninguna manera tiene precio. La reparación en dinero del daño moral. es un sucedáneo. (Del voto del Dr. Remigio)

13. El incumplimiento de las obligaciones de los contratos, genera para la parte incumplidora responsabilidad y el deber de responder por los daños e intereses que sean consecuencia de tal actitud omisiva. Ello comprende también la indemnización del daño moral sufrido por el cocontratante. (Del voto del Dr. Remigio)

14. La actual redacción del art. 522, Cód. Civ., introducida por ley 17.711, puso fin a dicha controversia suscitada respecto a si corresponde o no conceder la indemnización por daño moral generado por incumplimiento de obligaciones emergentes del contrato (confr. Pizarro, Ramón Daniel, “Daño Moral”, p. 184, Hammurabbi, Bs. As., 1996). Así, el nuevo dispositivo legal, prevé que en los casos de incumplimiento contractual el Juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de responsabilidad y las circunstancias del caso; se reconoce así positivamente un daño moral contractual. (Del voto del Dr. Remigio)

15. Respecto a las facultades de apreciación del Juez y el carácter facultativo del resarcimiento que la norma le confiere al Juzgador merituando la índole del hecho generador y demás circunstancias del caso, se sostiene, mayoritariamente, que a pesar de la alocución empleada por el art. 522, Cód. Civ. (el Juez “podrá”) el Juez “deberá” acordar la indemnización, si se acredita la existencia de un daño moral ya que, caso contrario, se estaría obrando arbitrariamente (confr. III Congreso Nacional de Derecho Civil, y en igual línea de pensamiento las II Jornadas Sanjuaninas). (Del voto del Dr. Remigio)

16. El Juez debe hacer el estudio del caso, y valorar mediante el mismo la posibilidad que tuvo el incumplidor de evitar el daño moral causado, pues no debe olvidarse que en materia contractual el eje meridiano de la responsabilidad que tiene el obligado pasa por el concepto de previsión que este debe tener al contraer la obligación (arts. 901, 513, 514, 905, concs. y corrs., Cód. Civ.) y por eso en principio solo se extiende la responsabilidad a las consecuencias inmediatas (arts. 520 y 901, C.C.) y solo ante una inejecución maliciosa o dolosa se amplía el margen a las consecuencias mediatas (art. 521, C.C.). (Del voto del Dr. Remigio)

17. En cuanto a la prueba del daño moral derivado de la inejecución contractual, se ha considerado que aún ante su falta de prueba debería hacerse lugar al mismo. Desde este perfil, y con apoyo en la doctrina expuesta por Alfredo Orgaz, se sostuvo que la existencia del daño moral se tiene por probada por el solo hecho de la acción antijurídica y por la titularidad de accionante. Trátase de una prueba “in re ipsa”; esto es, una prueba que surge de los hechos mismos: es al responsable a quien incumbe probar que media una situación objetiva que excluya la posibilidad del daño moral. (Del voto del Dr. Remigio)

1. El art. 522 del Cód. Civil establece que “En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso. (Del voto de la Dra. Molina de Caminal)

2. El podrá del art. 522 debe ser entendido como deberá en los supuestos en que se tenga certeza sobre la existencia del daño moral, y la reparación del mismo haya sido peticionada judicialmente (v. Zavala de González, Matilde, comentario al art. 522 Cód. Civil en Bueres (Director) Highton (Coordinadora), Código Civil y normas complementarias Análisis doctrinario y jurisprudencial, T. 2 A, Hammurabi, 1998, p. 233). (Del voto de la Dra. Molina de Caminal)

3. El daño es cierto cuando cualitativamente resulta constatable su existencia. La certidumbre del daño se relaciona con la consecuencia que genera la acción lesiva y también con la índole del interés lesionado. Un daño puramente eventual o hipotético no es idóneo para general consecuencias resarcitorias.” (Pizarro, Ramón Daniel, Daño moral, 2ª ed., Hammurabi, ps. 122/123). (Del voto de la Dra. Molina de Caminal)

4. Lo que la doctrina y jurisprudencia parecen sugerir cuando señalan que el daño moral contractual no se presume, es que dicho perjuicio no resulta acompañante necesario de todo incumplimiento negocial, y que no radica en las molestias e inconvenientes que de suyo ocasiona esa situación: se requiere la efectiva lesión de intereses espirituales o de afección del acreedor. Pero este principio atañe a la certeza del daño. A pesar de que la inejecución de un contrato provoca incertidumbre e inquietudes, ello no es suficiente para condenar al deudor a una reparación en concepto de daño moral. Y que deben descartarse reclamaciones que respondan a una susceptibilidad excesiva o carezcan de significativa trascendencia jurídica.” (v. Zavala de González, Matilde, ibíd., p. 232). (Del voto de la Dra. Molina de Caminal)

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Re: Jurisprudencia Derecho Civil

por Solo Derecho » Mar Ago 22, 2017 3:30 pm

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Re: Jurisprudencia Derecho Civil

Notapor ariel armando » Vie Sep 03, 2010 7:34 pm

LEY 26.061. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. GUARDA JUDICIAL. Patria potestad. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. Medidas trascendentes adoptadas por parte del organismo administrativo. CONTROL DE LEGALIDAD DEL JUEZ.


El caso: La abuela paterna de dos niños -uno de ellos reconocido por ambos padres y otro solo por su madre- solicitó su guarda judicial provisoria. El Juez de Primera Instancia rechazó in limine el pedido y comunicó a la peticionante que debía ocurrir ante el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara revocó el fallo apelado.

1. Si bien de la ley 26.061 surge la intención de “desjudicializar” la adopción de medidas trascendentes para la protección de los menores, en el caso, teniendo en cuenta que las necesidades básicas de los niños se encuentran resueltas desde la convivencia con la peticionante, la decisión recurrida solo tendrían como resultado obligar a ésta a realizar tramitaciones administrativas innecesarias, que finalmente desembocarían en la instancia judicial, manteniendo a los menores en la precaria situación jurídica en la que se encuentran.

2. Ni la ley nacional 26.061 ni la ley 114 de la jurisdicción local han modificado las normas reguladoras de la patria potestad contenidas en el Código Civil, ni las atribuciones conferidas al Ministerio Público Tutelar tanto por el mismo Código como por la ley 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público). Más aún, y pese a la intención de “desjudicializar”, no se ha escapado al legislador que la adopción de medidas trascendentes por parte del organismo administrativo deben quedar sujetas al control de legalidad del juez, quien sigue siendo el garante último de los derechos de los niños.

3. No cabe pues admitir que el órgano judicial abdique de sus responsabilidades en la materia, que ciertamente emergen de una normativa de rango superior, cual es la propia Constitución Nacional y la Convención sobre de los Derechos del Niño, que por el art. 75, inc. 22, de la Constitución la acompaña con igual jerarquía en el vértice de nuestro ordenamiento, máxime cuando, como en el caso, no se advierte que exista colisión alguna con las normas legales de rango inferior.

4. “En cambio, frente a aquellos casos que importan la adopción de medidas definidas por la ley como excepcionales, y que pueden implicar la separación del niño de su familia en función de su protección, se habilita la intervención de la instancia administrativa, dado que es la instancia en la que se denuncian las situaciones de amenazas o vulneración de derechos; pero considerando la trascendencia jurídica que presenta tal medida, por comprometer derechos y garantías personales de las niñas, niños y adolescentes, la ley prevé la intervención de la instancia judicial a efectos de garantizarlos, mediante el debido control de legalidad de la medida, estableciendo las pautas del procedimiento a seguir para tales efectos en el párr. 4º del art. 40” (Burgués, Marisol B. y Lerner, Gabriel, “Alcances, límites y delimitaciones de la reglamentación de la ley 26.061. Desafíos pendientes...”, Lexis Nexis, SJA 20/9/2006).

5. Nuestra Corte Suprema ha sostenido con meridiana claridad que “Todos los órganos del Estado deben asumir los roles de garante (art. 1.1, Convención Americana), que a cada uno, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales, les corresponde. Así, entre ‘las medidas de otra índole’ que el Estado debe arbitrar para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención (art. 2°) se inscriben las sentencias judiciales. Los tribunales están obligados a atender como consideración primordial al interés superior del niño, sobre todo cuando es doctrina de esta Corte que garantizar implica el deber de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que pudiesen existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la Convención” (Fallos 318:514) (conf. CSJN, 02-12-2008, “G. M., E. y M., L. C. s/ Causa Nº 7537”, Fallos 331:2691; LL, 2008-F, 705).

6. Los órganos judiciales, así como toda institución estatal, han de aplicar el principio del interés superior del niño “estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo las que no se refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente” (Comité, Observación General Nº 5. Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44), 2003, HRI/GEN/1/ Rev. 7, párr. 12, p. 365) (CSJN, 16/09/2008, “G., M. G. s/ Protección de persona”, Expte. G. 617. XLIII, LL, 2009-A, 450).

7. “Los menores, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del niño, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de estos casos, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la cual, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde aplicar -en la medida de su jurisdicción- los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado, con la preeminencia que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional les otorga” (CSJN, 19/02/2008, Expte. G. 1551. XLII., “G., H. J. y D. de G., M. E. s/ Guarda preadoptiva”, Fallos 331:147; LL, 25/03/2008, 7).

8. El interés superior del niño es un principio constitucional con fuerte anclaje, además, en el derecho internacional de los derechos humanos, que deben incluso prevalecer sobre la ley cuando, en un caso concreto, sus circunstancias conducirían a una solución “legal” intrínsecamente injusta. Cuando los jueces saben emplear estos standarts mediante una interpretación aplicativa a las circunstancias del caso que resuelven, muestran que en la apertura de las fórmulas hay espacio para cuantos contenidos hagan falta de acuerdo a la singularidad de cada situación (Bidart Campos, Germán J., “El interés superior del niño y la protección integral de la familia como principios constitucionales…”, LL, 1999-F, 623).

CNCiv., Sala J, 03/06/2010, “R., A. B. y G., C. J.”.
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