Novedades Legislativas- Derecho Civil

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Novedades Legislativas- Derecho Civil

Notapor ariel armando » Vie Ene 16, 2009 10:47 am

Abro este post para incorporar todas las novedades en materia legislativa que se den en el Derecho Civil







LEY 26.449



Sancionada: Diciembre 3 de 2008



Promulgada de Hecho: Enero 5 de 2009



Fecha de Publicación: 15/01/2009.



El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:



ARTICULO 1º — Modifícase el inciso 5º del artículo 166 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:



5. Tener menos de dieciocho años;



ARTICULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.





DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.



— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.449 —



JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.
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Re: Novedades Legislativas- Derecho Civil

por Solo Derecho » Dom Oct 22, 2017 8:45 am

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Re: Novedades Legislativas- Derecho Civil

Notapor Gabriela Vanesa » Sab Feb 14, 2009 1:13 pm

Desalojo de la cónyuge del beneficiario que no aceptó la compra del inmueble hecha a su favor bajo la forma de una estipulación a favor de tercero.



Pavon Juan Domingo y otro c/ Ibarra Beatriz Del Carmen s/desalojo

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba - Sala Sexta

19-nov-08



ACEPTACIÓN - BIENES INMUEBLES - CONDOMINIO - DESALOJO



Cita: MJ-JU-M-41443-AR | MJJ41443



Microjuris: http://ar.microjuris.com:80/getContent? ... M-41443-AR







Sumario:







1.-Corresponde hacer lugar al desalojo incoado contra la cónyuge de uno de los condóminos del inmueble, pues en el caso ese derecho real no se había consolidado, ya que aquél era cotitular del bien en razón de una compra hecha por sus hermanos bajo la forma de una estipulación en favor de tercero cuando era menor de edad, y éste nunca aceptó la compra, por lo que el contrato nunca se perfeccionó.



2.-La falta de aceptación del beneficiario de la compra no puede suplirse por el hecho de que los actores le hayan reconocido al cónyuge de la demandada el carácter de condómino en la carta documento que le remitieran, pues se está ante un derecho real cuyo modo de constitución no queda librado a la voluntad de las partes, sino a lo que específicamente establece la ley atento la entidad y las características del derecho en cuestión.



3.-El beneficiario es un tercero ajeno al contrato de lo cual deriva como consecuencia, que mientras no acepte el beneficio y lo haya hecho saber al obligado, el contrato no se perfecciona a su favor y el estipulante puede revocarlo.







Fallo:



En la Ciudad de Córdoba a las horas del día 19 de Noviembre de dos mil ocho, se reunieron en Audiencia Pública los Señores Vocales de esta Excma. Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en presencia de la Secretaria autorizante, en estos autos caratulados: "PAVON, JUAN DOMINGO Y OTRO C/ IBARRA, BEATRIZ DEL CARMEN - DESALOJO - POR VENCIMIENTO DE TERMINO - RECURSO DE APELACIÓN- Expte N° 1034136/36" venidos a despacho a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la Sentencia Número Trescientos Ochenta de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, dictada por la Sra. Juez de Primera Instancia y Trigésimo Sexta Nominación Civil y Comercial, Dra. Sylvia E. Lines, quien resolvió: "I) Rechazar la demanda de desalojo del inmueble sito en calle Fernando Fabro Nro. 2558, B° Escobar de esta ciudad, promovida por los señores Juan Domingo Pavón y María Luisa Pavón en contra de Beatriz del Carmen Ibarra, con costas a los actores. II)Diferir la regulación de honorarios de los Dres. Estela M. Gandía y María Marta Meyer Paz para cuando exista base cierta para ello. Prot."



El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 1) ¿Es ajustada a derecho la sentencia dictada? 2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?



Previo sorteo de ley los Sres. Vocales votaron de la siguiente manera:



EL SEÑOR VOCAL DOCTOR WALTER ADRIAN SIMES A LA PRIMERA CUESTION DIJO:



I) Llegan las actuaciones a este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación que interpone la actora en contra de la Sentencia N° 380 dictada el día 05/12/07 que resuelve el rechazo de la demanda de desalojo por vencimiento de término.



A fs. 84/85 corre adjunto el escrito de expresión de agravios en donde el quejoso relata que la Sentenciare rechaza la demanda incoada por cuanto le da al Sr.Sergio Pavón, esposo de la demandada, la calidad de condómino y en consecuencia considera que no es procedente el desalojo atento que la demandada no habita el inmueble en virtud de un préstamo de uso.



Aduce que la Juez A-quo ha realizado una errónea aplicación del derecho cuando funda su resolución en los arts. 2680 , 2684 y 2699 del C.C.



Que en el presente caso, y tal como fuera planteado al entablar la demanda, los actores adquirieron el inmueble de calle Fernando Fabro 2558, declarando que la compra también la hacían para su hermano menor, quien a la fecha no ha aceptado la compra que se hiciera a su favor.



Que ese acto jurídico que la Dra. Méndez Costa denomina "Donaciones Ostensibles" refiriéndose a la donación de los padres a los hijos menores a través de una compra que aquellos efectúan con fondos propios para "que el hijo adquiera la cosa comprada".



En el caso que nos ocupa, esa donación no ha sido hecha de padres a hijos sino entre hermanos.



Siendo la donación un contrato, la denominada donación aún no aceptada es una oferta o propuesta de ese contrato. La trasmisión del dominio de la cosa objeto de la donación, tratándose de una adquisición de dominio privada requiere de la tradición. La intención de donar debe ser aceptada.



Que el derecho del Sr. Sergio Pavón, no está consolidado hasta tanto no se produzca la aceptación.



En tanto dicha situación subsista no se consolida su calidad de condómino y en consecuencia tal calidad no puede ser declarada.



Yerra la Sentenciante cuando dice que no procede el desalojo y que los comuneros pueden poner fin a la comunidad a través de la partición, toda vez que para realizar la partición el título de los condóminos debe ser perfecto y en este caso el título del Sr.Sergio Pavón debería perfeccionarse y para ello resulta imprescindible que acepte la compra que se hiciera a su favor.



La Sentenciante consideró que los accionantes reconocieron en la carta documento obrante a fs. 5 el carácter de condómino del esposo de la demandada, y ello, suple la falta de aceptación de la compra efectuada a su favor a los fines de considerarlo condómino.



Solicita en definitiva se acoja el recurso, con costas.



II) Corrido el traslado del art. 372 del C.P.C., no es evacuado dándosele por decaído el derecho dejado de usar a la parte apelada a fs. 92.



III) Los quejosos cuestionan, concretamente, el hecho que la Sentenciante haya considerado que el Sr. Sergio Pavón reviste la calidad de condómino del inmueble ocupado por su cónyuge, Sra. Beatriz del Carmen Ibarra, de quien, según relatan los actores se encuentra separada de hecho, y en base a ello concluir que jamás existió préstamo de uso sino una ocupación en carácter de cónyuge de quien fuera propietario de una cuarta ava parte del inmueble en cuestión.



IV) La pretensión de desalojo importa el acto por el cual alguien, invocando derecho al uso y goce de un inmueble, solicita al órgano judicial su restitución, y frente a quien lo ocupa sin título justificante, sea porque tiene una obligación reclamable de reintegro conforme los términos del contrato que los vincula o bien porque se trata de un simple intruso.



La parte actora, para estar legitimada, debe acreditar que tiene un derecho personal a exigir la entrega de la cosa, ello así, la acción asiste tanto al titular registral, a quien resulte ser poseedor, como así mismo a quien, sin ser poseedor o dueño, haya otorgado la tenencia y tenga derecho a requerir la restitución.



Basta que la parte actora acredite algún derecho a recuperar la tenencia.



Tal extremo ha sido satisfecho por los demandantes, por cuanto de la Escritura Pública Número Ciento Veintitrés de fecha 08/06/72 (fs. 20/22) se infiere que resultan ser propietarios en condominio del inmueble objeto de juicio.



Como contracara, pesa sobre quien pretende enervar la procedencia de la acción, probar el título o vínculo jurídico que justifica su ocupación y que autoriza a mantenerse en el inmueble.



En esta instancia, y habiendo la parte actora acreditado lo que a ella le compete, es la accionada quien debe extremar sus esfuerzos en aras a demostrar la existencia del derecho a la ocupación que invoca.



En atención a lo expuesto y conforme el tenor de los agravios vertidos en esta instancia, corresponde analizar las constancias de la causa para así decidir, si la carga procesal que pesa sobre la Sra. Beatriz del Carmen Ibarra ha sido satisfecha.



Realizando un análisis de las constancias de autos, se tiene que a fs. 43 la accionada opone la excepción prescripta en el art. 184 inc. 4 del C.P.C. y alega la inexistencia del préstamo de uso invocado por la actora.



Aduce que su esposo es condómino de la cuarta ava parte del inmueble y el hecho de que no haya aceptado, al llegar a la mayoría de edad, la compra que sus hermanos le hicieran, no le quita el carácter de propietario del inmueble.



Los términos de la litis, dejan en claro, que la demanda se intenta, no en contra del supuesto condómino sino de su cónyuge, que la compra no ha sido aceptada por el beneficiario y que la ocupación de la Sra. Ibarra no obedece a un préstamo de uso sino a un título diferente cuya existencia debe ser probada.



Así, el punto en conflicto se circunscribe a dilucidar, si en atención a los términos del contrato plasmado en la Escritura Pública arriba referida, y a lo expuesto por las partes en el presente proceso, es dable considerar al Sr.Sergio Walter Pavón como condómino del inmueble objeto del juicio, y en consecuencia, justificar la ocupación de la accionada atento revestir la calidad de cónyuge de uno de los propietarios y tener allí la sede de su hogar conyugal.



V) El condominio se encuentra definido por el art. 2673 del C.C como ".el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble".



La forma de constitución depende naturalmente de la fuente que tenga el condominio. Si se hubiera constituido por contrato y se refiriese a un inmueble se requiere escritura pública (art. 1184 inc. 1° C.C.).



Tratándose de un derecho real de los enumerados por el art. 2505 C.C. se adquiere y se pierde según las disposiciones del Código Civil.



El régimen de los derechos reales interesa de manera directa e inmediata al orden público.



De lo expuesto se sigue que el argumento utilizado por la Sentenciante a los fines de soslayar la trascendencia, que puede tener el caso, la falta de aceptación de la compra por parte del beneficiario, no resulta conteste al derecho en juego.



Dicha falta de aceptación no puede suplirse por el hecho de que los actores le hayan reconocido al cónyuge de la demandada el carácter de condómino en la carta documento que le remitieran (fs. 5), pues se está ante un derecho real cuyo modo de constitución no queda librado a la voluntad de las partes, sino a lo que específicamente establece la ley atento la entidad y las características del derecho en cuestión.



Desvirtuado el argumento fundante de la resolución dictada por la Juez A-quo, cabe entonces, tal como lo adelantara, dilucidar a la luz de los agravios expuestos, si en el caso existe el condominio alegado por la demandada en salvaguarda de su derecho.



Según consta en el Primer Testimonio- Escritura N° 123 del 08/06/72 (fs. 20/23), los Sres.Juan Domingo Pavón, María Luisa Pavón y Vicenta Sara Pavón adquieren el inmueble locado y ponen de manifiesto en el acto escriturario que la compra también la efectúan para el hermano menor de edad, Sergio Walter Pavón, en condominio y por partes iguales.



Los términos de la contratación la sitúan en el plano de una contratación a favor de un tercero.



La estipulación en cuestión esta prevista en el art. 504 del C.C y permite a los contratantes al tiempo de celebrar el acto, hacer nacer un derecho en beneficio de un tercero.



El beneficiario es un tercero ajeno al contrato de lo cual deriva como consecuencia, que mientras no acepte el beneficio y lo haya hecho saber al obligado, el contrato no se perfeccion a a su favor y el estipulante puede revocarlo.



Cabe precisar, que en este contrato quien decide un beneficio para un tercero no actúa en representación del mismo, razón por la cual, se requiere ineludiblemente su expresión de voluntad.



Se ha sostenido en doctrina que: "La adquisición de un inmueble para un tercero constituye una operación admitida en la legislación nacional, que puede ser encuadrada dentro de la figura de la estipulación a favor de terceros, y de ella dan cuenta los arts. 504, 1161 y 1162 Cód. Civil., configurándose de esa manera una adquisición contractual, por cuenta y orden de un tercero, beneficiario, que debe aceptar la adquisición mediante escritura pública, conservando el comprador el derecho de revocar el beneficio mientras éste no hubiera sido aceptado. En la adquisición de un inmueble a favor de un tercero, la aceptación del beneficiario es un acto unilateral que surte efectos desde su declaración, sin necesidad del consentimiento del comprador, producida ella el beneficio se torna irrevocable." (SALAS - TRIGO REPRESAS - LOPEZ MESA, Código Civil Anotado, T. 4-A, actualización, Depalma, Bs. As., 1999, p.211/212).



En el caso de autos, resulta un hecho fuera de toda discusión, la falta de aceptación por parte del Sr. Sergio Walter Pavon de la compra que sus hermanos hicieran a su favor.



Sólo la aceptación realizada con los recaudos legales, es lo que permitiría considerarlo condómino, y con ello, ingresar al análisis de la defensa intentada por la demandada en su carácter de cónyuge.



Desvirtuada tal premisa, deviene injustificada y sin respaldo en derecho la ocupación del inmueble por parte de la Sra. Ibarra y habiendo los actores demostrado acabadamente su derecho al recupero del uso y goce de la cosa, no cabe más que acoger el recurso de apelación y revocar la sentencia dictada.



Así voto.



EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ALBERTO F. ZARZA A LA PRIMERA CUESTION DIJO:



Que adhería a lo expresado por el Sr. Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.



LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO A LA PRIMERA CUESTION DIJO:



Que adhería a lo expresado por el Sr. Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.



EL SEÑOR VOCAL DOCTOR WALTER ADRIAN SIMES A LA SEGUNDA CUESTION DIJO:



Corresponde: 1) Acoger el recurso de apelación, revocar la sentencia dictada y en consecuencia hacer lugar a la demanda de desalojo intentada por los actores y ordenar a la Sra. Beatriz del Carmen Ibarra a desalojar en el término de diez días y bajo apercibimiento de lanzamiento, el inmueble situado en calle Fernando Fabro n° 2558 B° Escobar, conjuntamente con las personas y/o cosas puestas por ella o que de ella dependan. 2) Imponer las costas en ambas instancias a la parte vencida conforme lo dispuesto en el art. 130 del C.P.C. 3) Estimar los honorarios de la Dra. Estela M. Gandia por los trabajos realizados en esta instancia en el . % del término medio del art.36 Ley 9459, debiendo tenerse en cuenta el mínimo establecido por el art. 40 de la citada ley.



EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ALBERTO F. ZARZA A LA SEGUNDA CUESTION DIJO:



Que adhería a lo expresado por el Sr. Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.



LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO A LA SEGUNDA CUESTION DIJO:



Que adhería a lo expresado por el Sr. Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.
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Re: Novedades Legislativas- Derecho Civil

Notapor Gabriela Vanesa » Mar Abr 14, 2009 10:30 pm

Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Rige desde hoy la ley de proteccion integral a las mujeres.

Buenos Aires, 14 de abril (Télam).- La ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en su contra comenzó a regir hoy al publicarse su texto en la edición 31.632 del Boletín Oficial.
Tanto la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, como el director ejecutivo de Amnistía Internacional de Argentina, Rafael Barca, manifestaron su satisfacción por la entrada en vigencia de la norma.
"La nueva ley constituye un adelanto con relación a normativas anteriores, que proponían un tratamiento neutral en términos de género, de situaciones que repercuten diferencialmente en las mujeres", consideró Martínez.
Tras calificarla como un "avance positivo", Barca sostuvo que "es crucial que, de manera urgente, el Gobierno Nacional muestre su compromiso político con esta nueva ley a través de su reglamentación, la dotación de recursos y la rendición de cuentas".
La ley, sancionada el pasado 11 de marzo y promulgada el 1 de este mes, posee cuatro títulos y 45 artículos, el primero de los cuales indica que sus disposiciones son de "orden público y de aplicación en todo el territorio de la República".
El artículo segundo tipifica que la ley "tiene por objeto promover y garantizar", entre otras, "la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los ámbitos de la vida"; y el derecho "a vivir una vida sin violencia".
"La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres" "el acceso a la justicia" de las que "padecen violencia" y "la asistencia" a las que "padecen violencia en las áreas estatales y privadas", también son objetos de esta norma.
Además, garantiza los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas/os y Adolescentes.
El artículo tercero se refiere al derecho a "la salud, la educación y la seguridad personal" de las mujeres; a su "integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial", a "gozar de acceso gratuito a la justicia" y a "la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres".
Mención especial merece el inciso "e" de este artículo que les garantiza "decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable".
La defensora General abogó para que "los organismos vinculados a la protección de los derechos humanos y el acceso a la Justicia hagan uso de esta nueva herramienta y destinen esfuerzos para lograr la plena vigencia de la ley y garantizar el derecho a una vida libre de violencia".
"Tanto en el ámbito internacional como local, las mujeres son, en una mayoría abrumadora, víctimas de violencia familiar y sexual, de trata de personas con fines de explotación sexual, de prostitución forzada y de acoso sexual; además, tienen mayores dificultades para acceder al empleo y a puestos de decisión y, en términos generales, perciben salarios un 30% inferiores a los de los varones", sostuvo Martínez.
"Ante este panorama, el reconocimiento expreso del impacto diferenciado que tiene el ejercicio de la violencia por razones de género implica un adelanto significativo de la ley", indicó.
El Ministerio Público de la Defensa presta asesoramiento y eventual patrocinio jurídico a mujeres maltratadas que acuden a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y, a través del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico -dijo- "se acompaña a las víctimas para intervenir como querellantes en los procesos penales".
El titular local de Amnistía Internacional interpretó que "convertir la nueva ley en avances concretos, exige la acción y el liderazgo del Gobierno Nacional, en conjunto con los gobiernos provinciales y todo el Estado, a fin de garantizar que la nueva legislación se aplique de forma diligente y para que se asignen partidas presupuestarias suficientes para implementarla".
El reto que se enfrenta, dijo Barca, "es el de garantizar que la nueva legislación y las medidas que se derivan sirvan para eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a sus derechos, para proporcionarles seguridad, justicia y reparación".
"Esperamos que esta ley sea el punto de partida para poder generar en Argentina un plan de acción nacional en contra de la violencia de género", instó Barca. (Télam) amb-aem-mag 14/04/2009 16:38
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Re: Novedades Legislativas- Derecho Civil

Notapor Gabriela Vanesa » Sab May 16, 2009 2:29 pm

Ley 13.986. Reforma C.P.C.C. Provincia Bs. As.

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL (P.L.P.)

B.O. 07/05/2009

Art. 1°. - Sustitúyase el artículo 310 del Decreto-Ley 7.425/68 y sus modificatorias Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 310: Plazos. Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:

1) De seis meses, en primera o única instancia.

2) De tres meses, en segunda o ulterior instancia, y en la justicia de paz.

3) De tres meses, en cualquiera de las instancias de los procesos sumarios. sumarísimos y en el juicio ejecutivo,

4) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente".

Art. 2°. - Sustitúyase el artículo 315 del Decreto-Ley 7.425/68 y sus modificatorias Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 315: Quiénes pueden pedir la declaración. Oportunidad. Intimación previa. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser solicitada por única vez en primera instancia, por el demandado. En los incidentes, por el contrario de quien lo hubiere promovido. En los recursos, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal y se substanciará previa intimación por única vez a las partes para, que en el término de cinco (5) días manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan la actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de instancia.

En el supuesto de que la parte intimada activare el proceso ante solicitud de caducidad; y posteriormente a ello transcurra igual plazo sin actividad procesal útil de su parte, a solicitud de la contraria o de oficio se tendrá por decretada la caducidad de instancia."

Art. 3º. - Comuníquese, etc. - González - Balestrini - Isasi - Rodríguez.
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Re: Novedades Legislativas- Derecho Civil

Notapor Gabriela Vanesa » Dom Jul 29, 2012 11:55 pm

LEY 14.365 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. JULIO 2012.


LEY 14.365

La Plata, 30 de mayo de 2012.
Fecha de publicación: B.O. 18/07/2012.

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con
fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1º : Modifíquense los artículos 29, 45, 46, 128, 130, 145, 320 inciso 1); 329, 372, 397, 429, 434, 444, 637 inciso 1), 726 y 734 del Código Procesal Civil y Comercial (Decreto-Ley 7.425/68) y sus modificatorias, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO 29 : Recusación maliciosa. Desestimada una recusación con causa, se aplicarán las costas y una multa de un valor equivalente de hasta quince (15) Jus por cada recusación, si ésta fuere calificada maliciosa por la resolución desestimatoria.

ARTÍCULO 45 : Temeridad y Malicia. Cuando se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, y no fuese aplicable el artículo 4° del Decreto Ley 4.777/63, el juez podrá imponer una multa a la parte vencida o a su letrado patrocinante o a ambos conjuntamente, según las circunstancias del caso. Su importe se fijará entre el tres (3) y el diez (10) por ciento del valor del juicio, o entre un valor equivalente de diez (10) Jus y setecientos cincuenta (750) Jus si no hubiere monto determinado, y será a favor de la otra parte.

ARTÍCULO 46: Justificación de la personería. La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. Sin embargo, los padres que comparezcan en representación de sus hijos y el marido que lo haga en nombre de su mujer, no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el juez, a petición de parte o de oficio los emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicio que ocasionaren.
Cuando el valor pecuniario de los juicios no supere un valor equivalente de ciento veinte (120) Jus la representación en juicio podrá instrumentarse mediante acta labrada ante el Secretario del Juzgado interviniente con la comparecencia del poderdante y el profesional que actuará como apoderado.

ARTÍCULO 128: Devolución. Si vencido el plazo no se devolviese el expediente, quien lo retiró será pasible de una multa de un valor equivalente de dos (2) Jus por cada día de retardo, salvo que manifestase haberlo perdido, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 130, si correspondiere. El Secretario deberá intimar su inmediata devolución a quien lo retenga, y si ésta no se efectuara, el Juez mandará secuestrar el expediente, con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de remitir los antecedentes a la Justicia Penal.

ARTÍCULO 130: Sanciones. Si se comprobase que la pérdida de un expediente fuere imputable a algún profesional, éste será pasible de una multa entre un valor equivalente de diez (10) Jus y cuatrocientos cincuenta (450) Jus sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal.

ARTÍCULO 145: Notificaciones por Edictos. Además de los casos determinados por este Código procederá la notificación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorase. En este último caso deberá justificarse previamente y en forma sumaria, que se han realizado sin éxito gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad, y será condenada a pagar una multa de un valor equivalente de dos (2) Jus a cuatrocientos cincuenta (450) Jus.

ARTÍCULO 320: Juicio Sumario. Tramitarán por juicio sumario: 1) Los procesos de conocimiento hasta la suma de un valor equivalente de cuatro mil quinientos (4500) Jus exceptuados aquéllos de competencia de la Justicia de Paz, que se regirán por la Ley respectiva.

ARTÍCULO 329: Responsabilidad por Incumplimiento. Cuando sin justa causa el interpelado no cumpliere la obligación del Juez en el plazo fijado, o diere informaciones falsas o que pudieren inducir a error o destruyere u ocultase los instrumentos o cosas cuya exhibición o presentación se hubiese requerido, se le aplicará una multa que no podrá ser menor de un valor equivalente a dos (2) Jus, ni mayor de la equivalente a ochenta (80) Jus, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que hubiere incurrido. La orden de exhibición o presentación de instrumento o cosa mueble que no fuere cumplida, se hará efectiva mediante secuestro y allanamiento de lugares, si resultare necesaria.

ARTÍCULO 372: Cargo de las Costas. Cuando ambos litigantes hayan solicitado el plazo extraordinario, las costas serán satisfechas en la misma forma que las demás del pleito, pero si se hubiese concedido a uno solo y éste no ejecutase la prueba que hubiese propuesto, abonará todas las costas, incluso los gastos en que haya incurrido la otra parte para hacerse representar donde debieran practicarse las diligencias. Podrá también ser condenado a pagar a su colitigante una multa de un valor equivalente de dos (2) Jus a ochenta (80) Jus.

ARTÍCULO 397: Retardo. Si por circunstancias atendibles el requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo, se deberá informar al Juzgado, antes del vencimiento de aquél, sobre las causas y la fecha en que se cumplirá. Si el Juez advirtiere que determinada repartición pública, sin causa justificada, no cumple reiteradamente el deber de contestar oportunamente los informes, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Gobierno, a los efectos que correspondan, sin perjuicio de las otras medidas a que hubiere lugar.

A las entidades privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente, se les impondrá multa de un valor equivalente a dos (2) Jus por cada día de retardo. La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente por separado.

ARTÍCULO 429: Audiencia. Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el Juez mandará recibirla en la audiencia pública que señalará para el examen, en el mismo día, de todos los testigos.
Cuando el número de testigos ofrecido por las partes permitiere suponer la imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias como fuesen necesarias en días seguidos, determinando cuáles testigos depondrán en cada una de ellas, de conformidad con la regla establecida en el artículo 437. El Juzgado preverá una audiencia supletoria con carácter de segunda citación, en fecha próxima, para que declaren los testigos que faltaren a las audiencias preindicadas. Al citar al testigo se le notificarán ambas audiencias con la advertencia de que si faltare a la primera, sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa de un valor equivalente de dos (2) Jus a veinte (20) Jus.

ARTÍCULO 434: Testigo Imposibilitado de Comparecer. Si alguno de los testigos se hallase imposibilitado de comparecer al Juzgado o tuviere alguna otra razón atendible a juicio del Juez para no hacerlo, será examinado en su casa, ante el Secretario, presentes o no las partes, según las circunstancias.
La enfermedad deberá justificarse en los términos del artículo 417, párrafo 1. Si se comprobase que pudo comparecer, se le impondrá una multa de un valor equivalente de dos (2) Jus a treinta (30) Jus y se procederá a fijar audiencia de inmediato, la que deberá realizarse dentro del quinto día, quedando notificado en ese mismo acto el testigo y las partes que estuvieren presentes.

ARTÍCULO 444: Interrupción de la Declaración. Al que interrumpiese al testigo en su declaración podrá imponérsele una multa que no exceda de un valor equivalente de veinte (20) Jus. En caso de reincidencia, incurrirá en doble multa sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieren.

ARTÍCULO 637: Incomparecencia injustificada del alimentante. Efectos. Cuando, sin causa justificada, la persona a quien se le requiriesen alimentos no compareciese a la audiencia prevista en el artículo anterior, en el mismo acto el Juez dispondrá:
1) La aplicación de una multa, a favor de la otra parte, que se fijará entre un valor equivalente de dos (2) Jus y cuarenta (40) Jus y cuyo importe deberá depositarse dentro del tercer día contado desde la fecha en que se notificó la providencia que la impuso.

ARTÍCULO 726 : Simplificación de los procedimientos. Cuando en el proceso sucesorio el Juez advirtiere que, la comparecencia personal de las partes y de sus letrados podría ser beneficiosa para la concentración y simplificación de los actos procesales que deban cumplirse, de oficio o a pedido de parte, señalará una audiencia a la que deberán concurrir personalmente, bajo apercibimiento de imponer una multa de un valor equivalente de dos (2) Jus a treinta y uno (31) Jus en caso de inasistencia injustificada. En dicha audiencia el Juez procurará que las partes establezcan lo necesario para la más rápida tramitación del proceso.

ARTÍCULO 734: Providencia de apertura y citación a los interesados. Cuando el causante no hubiere testado o el testamento no contuviese institución de heredero, en la providencia de apertura del proceso sucesorio, el juez dispondrá la citación de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que dentro del plazo de treinta (30) días corridos lo acrediten.

A tal efecto ordenará:
1) La notificación por cédula, oficio o exhorto a los herederos denunciados en el expediente que tuvieren domicilio conocido en el país.
2) La publicación de edictos por tres (3) días en el Boletín Judicial y en otro diario del último domicilio del causante o, no habiéndolo en ese lugar, en uno de la ciudad donde tramita el juicio, salvo que el monto del haber hereditario no excediere, “prima facie”, de un valor equivalente de novecientos (900) Jus en cuyo caso sólo se publicarán en el Boletín Judicial. Si el haber sobrepasare, en definitiva, la suma precedentemente indicado, se ordenarán las publicaciones que correspondan.”

ARTÍCULO 2º. Modifíquense los artículos 74 y 91 de la Ley 5.827 -Orgánica del Poder Judicial- (T. O. por Decreto 3.702/92) y modificatorias, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“ ARTÍCULO 74: Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los Jueces y Tribunales, sin perjuicio de lo establecido en los Códigos Procesales podrán aplicar a los profesionales intervinientes las siguientes correcciones disciplinarias:
1) Apercibimiento.
2) Multa, lo que no podrá exceder de un valor equivalente de diez (10) jus.
3) Suspensión hasta un máximo de sesenta (60) días, que se limitará a la actuación del profesional en la causa en que se dispone.
4) Separación de la causa, en los casos de reincidencia.

ARTÍCULO 91 : Cuando se requiera la intervención del Defensor de Pobres y Ausentes o del Asesor de Incapaces, el Juez de Paz Letrado procederá a desinsacular un letrado de la lista que al efecto confeccionarán anualmente los Colegios de Abogados Departamentales para cada partido, con los Abogados que voluntariamente se inscribieren para desempeñar tales funciones, constituyendo domicilio en las ciudades cabeceras de los partidos en los que deseen hacerlo.
Si en un partido no hubiere al menos tres (3) Abogados inscriptos, el Juez de Paz Letrado comunicará tal circunstancia al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, que arbitrará los medios para solucionar el problema.
En caso de urgencia, o cuando ninguno de los letrados inscriptos en la lista, ya sea por excusación fundada o licencia, pudiere desempeñar el cargo en un proceso determinado, deberá hacerlo el Defensor de Pobres y Ausentes o el Asesor de Incapaces en turno del Departamento Judicial a quien se le notificará o citará por vía telegráfica u otro medio de igual eficacia.
El desempeño en las funciones precitadas será obligatorio e inexcusable, para el letrado designado y con las responsabilidades que la legislación vigente establece para dichos funcionarios, debiendo presentarse en el expediente dentro de las setenta y dos (72) horas de ser notificado de la designación.
Quien resulte elegido no integrará la lista para desinsaculaciones posteriores hasta tanto no haya sido agotada la totalidad de los integrantes de la nómina. Por su intervención, el letrado percibirá una remuneración con cargo al Presupuesto del Poder Judicial, en la forma que establezca la reglamentación de la Suprema Corte de Justicia, que deberá prever una escala de honorarios a valores de la unidad arancelaria prescripta por el Decreto -Ley 8.904/77 a fin de que el Juez de Paz Letrado regule los honorarios en orden a la importancia y complejidad del trabajo realizado.
El incumplimiento de lo prescripto en el cuarto párrafo de este artículo o el mal desempeño de la función, autoriza al Juez de Paz Letrado a aplicar al infractor una multa de un valor equivalente de diez (10) Jus hasta ochenta (80) Jus, y su reiteración configura falta profesional grave que da lugar a enjuiciamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5.177.
Los profesionales nombrados como Defensor o Asesor Oficiales quedan relevados durante el año en que se haya producido su designación de las obligaciones de representar y patrocinar gratuitamente a los declarados pobres ante el respectivo Juzgado de Paz Letrado, según lo establecido por los artículos 114 al 126 de la Ley 5.177 (T. O. por Decreto 180/87).
El Poder Ejecutivo podrá crear Defensorías o Asesorías Oficiales o el cargo necesario para desempeñar ambas funciones en aquellos Partidos o Agrupamientos de Partidos que de acuerdo al índice de litigiosidad, número de designaciones de Letrados para cumplir dichas funciones y el gasto que éstos representen para el Presupuesto del Poder Judicial lo hagan aconsejable, siempre que así lo solicite la Suprema Corte de Justicia y previa conformidad de ambas Cámara de la Legislatura.”

ARTÍCULO 3º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil doce.

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Re: Novedades Legislativas- Derecho Civil

Notapor Gabriela Vanesa » Dom Jul 29, 2012 11:59 pm

LEY 14.363 - MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

LEY 14.363

La Plata, 30 de mayo de 2012.
Fecha de publicación: B.O. 18/07/2012.

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con
fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1º: Modifícase el artículo 627 del Decreto-Ley 7.425/68 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires -, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 627: Sentencia. Recursos. Antes de pronunciar sentencia el Juez hará comparecer al presunto insano a su presencia o se trasladará a su domicilio o lugar de internación. La sentencia se dictará en el plazo de quince (15) días y se comunicará a los registros de incapaces y del estado civil de las personas.
Si no se declarase la incapacidad, cuando el Juez estimare que del ejercicio de la plena capacidad pudiere resultar, presumiblemente, daño a la persona o patrimonio del que sin haber sido hallado demente presenta disminución de sus facultades mentales, podrá declararlo inhabilitado en la forma y con el alcance previstos en el artículo 152 bis del Código Civil.
La sentencia será apelable dentro del quinto día, por el denunciante, el presunto insano o inhabilitado, el curador provisional y el asesor de menores.”

ARTÍCULO 2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil doce.



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Novedades Legislativas Derecho Civil

Notapor Vitopi » Vie Jul 10, 2015 2:44 pm

gracias dra furriol, aun no lei el proyecto, pero escuche que se elimina la culpa en el divorcio, una duda de los previsionalistas, hasta ahora el coyuge no culpable del divorcio conserva el derecho a pension por fallecimiento del conyuge culpable, ?desaparecera entonces ese derecho?
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